BRECHA 20 JULIO 2012   

Se produjeron dos instancias que vuelven más opaco y viscoso todo el episodio de la liquidación de PLUNA S.A. Una es la decisión del Ministerio de Economía, a través de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), de declarar confidencial la información “relativa a la gestión económica, financiera y comercial” del socio privado de la aerolínea.

Otra es la decisión de los senadores del Frente Amplio de bloquear la instalación de una comisión investigadora parlamentaria para analizar todo el proceso de la crisis, desde la asociación con VARIG, en la mitad de los noventa, hasta el vaciamiento instrumentado por Leadgate y su cabeza visible, el empresario Matías Campiani.

Ambas iniciativas clausuran la posibilidad de establecer responsabilidades, políticas y administrativas, que por cierto no serán consideradas en la investigación judicial impulsada tanto por el oficialismo como por la oposición.

Las confesiones del ex presidente Tabaré Vázquez y del ex ministro de Economía Danilo Astori, admitiendo que se equivocaron al impulsar la asociación del Estado con una ignota corporación dirigida por un empresario argentino sin mayores títulos (salvo el autoconferido de “reflotador de empresas fundidas”) puede aceptarse como expresión de un gesto que los enaltece –en opinión de algunos de sus compañeros de partido  pero no contribuyen en nada al esclarecimiento de los hechos y la identificación de las intenciones.

Los 350 millones de dólares a los que trepa por ahora el costo de la aventura de convertir la empresa estatal de aeronavegación en un paquete de acciones por el 25 por ciento del total, más la angustiosa situación de los trabajadores sin fuente de trabajo, más la postración de otras actividades comerciales vinculadas, más la amenaza de pérdida de las frecuencias del puente aéreo, son una expresión acabada de esa equivocación, que no se supera ni se remedia con la simple confesión para la platea.

Así, sin investigadora, bloqueado el acceso a la información, los uruguayos no podrán saber por qué razón, en base a qué consideraciones, el ministro Astori aceptó la sugerencia de la consultora Ficus, que proponía a Leadgate como candidato para la privatización; ni por qué, en función de qué beneficios calculados (ciertamente no concretados) decidió otorgar una garantía hipotecaria del Estado por la totalidad de la compra de nuevos aviones; y por qué, a pesar de esa garantía, aceptó que las nuevas autoridades tuvieran control ilimitado sobre la gestión (que comenzó desarticulando la “conectividad” con Europa al eliminar los vuelos a Madrid); no se podrá saber, tampoco, qué intereses confluyeron para impulsar la “solución” que se desplomó cinco años después; ni se tendrá idea de por qué el gobierno, con la evidencia del desastre, se apuró ahora a conceder “indemnidad” a los directores de Leadgate.

La determinación de “cortar la sangría” del déficit mensual no justifica el desenlace, cuyos detalles podían perfectamente preverse con sólo acudir a la memoria de los vaciamientos bancarios más recientes.

La resolución de la AIN que declara confidencial la información de PLUNA S.A. (cuya fundamentación no pudo aportar el director de la Auditoría en su conversación con La Diaria) y la aplanadora de una mayoría que desestimó la investigadora para evitar que se montara un “circo político”, deja sin respuesta una ristra de preguntas.

 VIEJOS CONOCIDOS

 En el episodio de PLUNA aparecen numerosos vasos comunicantes con la crisis de 2002, particularmente los vaciamientos de los bancos.

Los detalles de esa historia perversa se conocen no tanto por la acción de la justicia como por la persistente y minuciosa investigación de una comisión parlamentaria cuyos resultados, claro está, no fueron tenidos en cuenta por las mayorías parlamentarias del momento. En el episodio de Leadgate-Pluna se repiten corporaciones, intermediarios, consultores, “ejecutivos”; y aparece un mismo modus operandi: el Estado termina pagando.

A los “viejos conocidos”, J P Morgan y Paul Elberse, accionando en las distintas instancias del desplome del viejo Banco Comercial de los hermanos Rohm­ y en el surgimiento del Nuevo Banco Comercial, se le suma un nuevo protagonista, la consultora CPA Ferrere y el estudio de abogados del mismo nombre.

Impúdicamente, en su página web la consultora describe los “logros” de sus ejecutivos; aunque extensa, vale la pena citar: “La ‘muy talentosa’ Sandra González se hizo cargo del área de Litigios y Arbitrajes de la firma desde que Cerisola asumió el liderazgo.

Este año, ella y Cerisola asesoraron a un consorcio de entidades financieras, incluyendo a J P Morgan, para liberar 11 millones de dólares en una corte uruguaya a partir de un laudo arbitral ICC.

Otro importante triunfo de González fue ayudar a Crédit Suisse a ganar un juicio en un caso relacionado con la bancarrota del Banco Comercial. Los bancos son usuarios frecuentes de la firma, tanto de su práctica financiera (BBVA es el más reciente ejemplo) como de su trabajo en disputas, donde Cerisola ha actuado exitosamente para grandes entidades financieras (Crédit Suisse, Dresdner Bank, J P Morgan) en arbitrajes (ICC) y acciones civiles contra el Estado uruguayo”.

Esa particular eficiencia en litigios contra el Estado, en especial representando a los “dueños externos” del Comercial, no impidió que CPA Ferrere pudiera anudar nuevas relaciones profesionales con los gobiernos del Frente Amplio. No es menor que algunos de sus socios y consultores estuvieran, simultáneamente, antes o después, en cargos de gobierno.

Los más notorios son Bruno Gilli, socio de CPA Ferrere, quien a su vez era delegado, en 2008, del Ministerio de Economía y Finanzas en la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas; el actual ministro de Economía, Fernando Lorenzo, quien mantuvo una relación profesional con CPA Ferrere como consultante sénior, hasta marzo de 2005 en que pasó a desempeñarse como director del Área Macroeconómica del MEF, durante la gestión de Danilo Astori en el gobierno de Tabaré Vázquez; en 2009 renunció al ministerio y retornó a CPA Ferrere, mientras oficiaba como asesor de Astori en la campaña electoral.

Pero también mantuvieron vínculos con el gobierno otros altos ejecutivos de CPA Ferrere, como Diego Rodríguez, contratado por el Banco Central del Uruguay para el proceso de rediseño de toda la normativa aplicable a las instituciones financieras, empresas de seguros, fondos de pensión y al mercado de capitales.

EL ROL DE CPA Ferrere

 En el esquema de la privatización de PLUNA, la consultora Ficus desempeñó el rol de “introductor” del comprador, Leadgate-Matías Campiani; pero el operativo era una triangulación donde confluyen los intereses de la fábrica canadiense Bombardier, que vende los aviones a la nueva PLUNA; y del banco canadiense Scotiabank, que financia la operación. Hasta donde es posible saber, en todas las instancias de la privatización de PLUNA está presente la consultora CPA Ferrere.

Desde el comienzo mismo de las negociaciones, la consultora asesoró a Leadgate en temas financieros, contables e impositivos, además de encargarse del soporte legal del proceso. El asesoramiento incluyó la participación en la elaboración del plan de negocios que Matías Campiani elevó a los ministerios de Economía y de Transporte en los primeros meses de 2007; y en las auditorías en el período de la llamada Due Diligence, que obligó al Estado a cubrir “pasivos ocultos”, millonarios en dólares, para que se concretara la firma definitiva del traspaso del 75 por ciento del paquete accionario.

Seguramente CPA Ferrere manejaba, desde el comienzo, la opción del Estado de extender una garantía que sustituyera la promocionada inversión de 170 millones de dólares que el ministro Astori anunció con bombos y platillos, en enero de 2007, cuando los uruguayos comenzaron a pronunciar el nombre de Campiani.

Seguramente también CPA Ferrere manejaba la información privilegiada sobre la compra de los aviones a Bombardier y la negociación que se entablaba con el Scotiabank.

Más difícil de determinar es si la operación de compra de las acciones del Nuevo Banco Comercial por parte del Scotiabank –operación que culminó en 2009– se inició antes del proceso de privatización de PLUNA. De ser así, resultaría que la presencia del Scotiabank y de Bombardier en la privatización de PLUNA sería apenas una pata del negocio de adquisición del Nuevo Banco Comercial. Podría suponerse que el actual ministro de Economía, Fernando Lorenzo, debía estar al tanto de los detalles, puesto que en el período señalado estuvo directamente vinculado a CPA Ferrere y a la vez ocupó el tercer cargo en jerarquía del ministerio.

Sin embargo, consultado por Brecha, Lorenzo negó enfáticamente cualquier vinculación personal con el proceso de PLUNA. “No estuve al corriente. Jamás tuve contacto con este tema”, dijo.

Sea como fuere, CPA Ferrere, que se jacta de haber concretado el negocio del Nuevo Banco Comercial (NBC) para el Scotia, mantiene su presencia en el banco: Bruno Gilli, Diego Rodríguez y Nelson Mendiburu, tres de los socios de la consultora, son los miembros de la Comisión Fiscal del directorio del NBC; Rodríguez, según se señala en la página web de la consultora, participó directamente en la transacción que otorgó al Scotia el control del NBC.

A la vez, ejecutivos de CPA Ferrere aparecen vinculados a la estructura de PLUNA S.A., y de Leadgate: Magdalena Olazábal, especializada en CPA en financiación de empresas y proyectos de gestión de riesgo en el sector bancario, pasó a desempeñarse como analista de Leadgate Investment Corp, encargándose de la Oficina de Transformación de PLUNA. Y los letrados Nadia Yavitz y Nicolás Costábile, de Ferrere Abogados, asistieron a Matías Campani en el juicio por plagio entablado por Buquebus.

A su vez, Sandra González y Bruno Gilli, socios de CPA, integran el staff de ef Asset Management, administradora de fondos de inversión, que maneja un fideicomiso de garantía con PLUNA S.A., cuyos beneficiarios son Rospide Sociedad de Bolsa y Rentmax Sociedad de Bolsa.

La privatización de PLUNA terminó siendo un buen negocio para la fábrica Bombardier y para Scotiabank, después que el gobierno logró apurar en el Parlamento la ley sobre la liquidación de PLUNA S.A., que modifica las normas concursales, con lo que el Scotiabank podrá cobrar en primer término sus créditos por la financiación de la compra de los aviones. Y fue también un buen negocio para el J P Morgan, principal sostén financiero de Bombardier.

Quien termina pagando es el Estado, no importa quién tenga la batuta ocasional. Parece una fatalidad genética esto de hacerse cargo de los desastres privados, reales o fabricados: el Estado pagó cuando la compraventa de carteras en 1984; pagó cuando se desplomaron el Pan de Azúcar, el Comercial, el Banco de Crédito y La Caja Obrera; pagó cuando renunció al cobro del endeudamiento interno de los principales grupos económicos nacionales; pagó cuando Stephane Benhamou vació el reflotado Pan de Azúcar, cuando los hermanos Rohm vaciaron el reflotado Comercial y cuando se desplomó el Banco Montevideo de los Peirano; y paga ahora, cuando los gobernantes cometen una “equivocación” con PLUNA, que cuesta apenas el 1 por ciento del PBI anual.

CARRETEO CON EQUIVOCACIONES

 BRECHA 20 JULIO 2012  

Tres hechos han revuelto más el agitado panorama.

El primero, la carta del vicepresidente de la República, Danilo Astori, en la que afirma que se equivocó en el momento de elegir el socio para la aerolínea uruguaya.

El segundo, otra misiva, esta vez redactada por el ex presidente Tabaré Vázquez, en la que se solidariza con Astori y utiliza el plural para afirmar “nos equivocamos”, señalando que compartió la decisión de su entonces ministro de Economía. Por último, la decisión de pasar todos los antecedentes a la justicia, resolución tomada con los votos oficialistas, y con la negativa del fa a conformar una comisión investigadora parlamentaria.

“Si alguien afirma que asumir sus errores no le cuesta ningún esfuerzo, o miente o no tiene amor propio. A mí me cuesta y mucho. He seguido con mucha atención y tensión toda la situación que se vive en torno a PLUNA y quiero asumir plena y totalmente mi responsabilidad: me equivoqué”, afirma el vicepresidente en el primer párrafo.

Luego detalla la herencia negativa que dejó la anterior asociación con VARIG, recordando “que corría el año 2007 y PLUNA estaba en manos del Estado, con cuatro aviones 737-200 desvencijados y al borde de su vida útil.

Las pérdidas mensuales alcanzaban a los 2 millones de dólares. La empresa estaba vaciada y fundida. Era la herencia que nos dejó VARIG, luego de una desastrosa gestión que había comenzado en 1995. Las decenas de millones que perdimos en ese período y que pagamos todos los uruguayos tienen sus responsables.

¿Alguien asumió sus responsabilidades? El gobierno buscó una salida pensando en el interés nacional y lo hizo con una perspectiva de Estado. ¿Todos actuaron de esa manera?”.

Al responder a esa pregunta se desliza hacia otras afirmaciones que cuestionan el accionar de la oposición en el tema que está en el orden del día. Así, sostiene que “la oposición decidió sacar réditos, olvidando absolutamente sus responsabilidades y llevando el debate a niveles difíciles de calificar.

Cuando la política alcanza ciertos niveles de ferocidad, nos pone ante la alternativa de asquearnos y apartarnos, que es lo que –lamentablemente– hace mucha gente, o bien contribuir con serenidad a mejorar la seriedad, la calidad y el respeto con los que hay que encarar esta actividad superior de los seres humanos. Yo elijo este camino”.

Por su parte, Vázquez señaló que la resolución tomada en 2007 no fue exclusiva responsabilidad de Astori “sino que por el contrario ‘nos equivocamos’, y que el principal responsable de esa equivocación es de quien suscribe este comunicado ya que en ese momento ejercía la Presidencia de la República por mandato soberano.

En efecto, todas y cada una de las acciones que se tomaron para concretar la unión de PLUNA con Leadgate me fueron informadas por el entonces ministro de Economía contador Danilo Astori, y contaron con mi respaldo y aprobación explícita.

De la misma manera, era de mi conocimiento la deplorable historia anterior de esta empresa en su asociación con VARIG. Es de orden, entonces, manifestar nuevamente mi apoyo y respaldo a lo actuado por el compañero Danilo Astori”.

 REACCIONES

El senador frenteamplista Luis Gallo (Asamblea Uruguay) dijo a Brecha que cuando se “afirma ‘me equivoqué’, la equivocación estaba en el hecho, a mi entender, de no haber advertido o no haber tenido los elementos necesarios para prever que en definitiva no era la mejor asociación a la luz de los hechos.

El error es un poco en retrospectiva en una decisión que, si se hubieran tenido todos los elementos, no se debería haber tomado. Pero creo que fue una decisión que se tomó de buena fe, en el sentido de que se creía que podía ser a través de Leadgate la solución del problema.

El plan de negocios que empezó a esbozar fue a más, a pesar de que no se cumplió en algunos aspectos (los vuelos a Madrid se suspendieron) pero se compraron aviones, los vuelos empezaron a funcionar, la venta de pasajes había aumentado

. Pero claro lo que empezó a fallar fue la gestión y el gerenciamiento, eso fue lo que no se previó. No creo que Danilo y Tabaré, si hubieran presentido que el socio iba a tener este comportamiento, hubieran tomado esa determinación”.

Gallo, al igual que otros dirigentes frenteamplistas, señaló la “hidalguía” de reconocer el error, advirtiendo que no ocurrió lo mismo con los responsables del “ruinoso negocio con VARIG”.

Sin embargo, algunos legisladores del fa reconocieron en privado a Brecha que el mea culpa que declararon Astori y Vázquez no hace más que demostrar que la asociación con Leadgate fue un pésimo negocio, además de poner en duda que se hubiera actuado con las prevenciones necesarias a la hora de elegir el socio. Incluso, advirtieron que el “me equivoqué” restó importancia a la argumentación de que no había otra salida posible para mantener una aerolínea de bandera uruguaya.

Esto porque la equivocación puede surgir de apresuramiento, mal asesoramiento y falta de rigor a la hora de estudiar al socio.

Obviamente, la lectura que hace la oposición de ambas cartas es distinta. El senador blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) dijo a Brecha que el “me equivoqué singular de Astori y el plural de Vázquez encierran un reconocimiento a medias, muy a medias, en particular del vicepresidente, ya que tiene referencias excusatorias.

Empresas similares quebradas en el mundo, disyuntiva de PLUNA en cuanto a su quiebra o permanencia, excusas sobre la situación de VARIG, son algunos de los elementos para justificar lo actuado por ambos”.

Para el dirigente blanco hay otro aspecto negativo: “el último párrafo, el más lamentable de todos, donde intenta colocar a la oposición como que ha llevado un debate enfurecido y difícil de calificar, que lo pone en la disyuntiva de asquearse e irse de la política o permanecer y luchar aportando con serenidad.

El valor inicial que tiene el reconocimiento de la equivocación queda desmerecido por las inculpaciones que tiene, por las excusas que implica, es una forma de justificación huyendo hacia adelante”.

Tabaré Viera, senador del Partido Colorado y de Proba, sostuvo en diálogo con Brecha que “la carta de Astori me parece que es una muy bien estudiada misiva, que debe leerse detenidamente.

No en vano fue publicada en primera instancia en Uypress, que es el sitio del asesor de imagen del vicepresidente.

Tras una aparente posición valiente, humilde, que conmueve, inmediatamente, si se la sigue leyendo, pasa a exculparse y a buscar explicaciones, es decir a pararse en la eterna herencia maldita”. Viera dijo a Brecha que cuando se menciona que se buscó la mejor medida para una situación que venía de antes ­–la pérdida de los 2 millones mensuales–, “lo que se hace es buscar compartir esas responsabilidades”.

Por último, sostuvo que Astori la emprende contra la oposición al decir que ha actuado irresponsablemente y “que le produce asco. Somos responsables de su asco.

Eso es rechazable y de mal gusto. En particular cuando el vicepresidente lo hace por carta y se niega a hablar cuando lo invitamos y desafiamos en la sesión del Senado a que dejara la presidencia (del Senado) y bajara a debatir sobre el tema y a dar las explicaciones que tiene que dar si se asumen responsabilidades. Además no pide disculpas. Hay una aparente asunción de responsabilidad, pero inmediatamente pasa a buscar otros responsables”.

El tono de la discusión en la sesión del martes del Senado parece haber generado una inflexión en la relación del oficialismo con la oposición. Gallo dijo a Brecha que habría que renegociar los términos del relacionamiento y en una primera instancia estudiar la participación de blancos y colorados en los entes y servicios descentralizados.

Sin embargo, en la pasada jornada, en declaraciones a otros medios, relativizó esa afirmación. Tanto Larrañaga como Viera rechazaron que por oponerse a algunas medidas del gobierno se desconozca el papel de control y veedor que tiene la oposición en esos organismos. El dirigente blanco se preguntó si la participación en esos cargos está condicionada a no criticar al gobierno cuando se equivoca.

INVESTIGADORA Y DESPUÉS

 Finalmente el Frente rechazó la creación de una comisión investigadora parlamentaria, argumentando que la justicia es la que tiene la experiencia y el poder coercitivo como para definir si hubo o no delitos en la actuación de PLUNA y de Leadgate, de ahí que se pasaran los antecedentes a la justicia. Además, señaló Gallo, es un poder independiente. También en el fa se dijo que la intención es impedir el “circo” de la oposición, ya lanzada en campaña electoral.

La negativa frenteamplista a la investigadora se adoptó después de una discusión interna y a iniciativa del MPP y el FLS. Otros grupos eran partidarios de crear la comisión, pero finalmente triunfó el criterio contrario.

Como era de esperar, la oposición advirtió que la negativa del oficialismo fue para evitar que se delimitaran las responsabilidades políticas, e incluso para que no fueran convocados a la investigadora el ex presidente Vázquez, Astori y Víctor Rossi, que aparecen como directos responsables del fracasado negocio con Leadgate.

Larrañaga y Viera comentaron, además, que el Frente cambió de actitud con respecto a las investigadoras parlamentarias, ya que cuando era oposición las pedía recurrentemente.

Más allá del cruce de argumentos y del muro de contención levantado por el fa, en esa fuerza política persiste la preocupación y prenden velas por que en la subasta aparezca un interesado calificado. La duda que surge es qué hacer si no aparece.

En las últimas horas los funcionarios de PLUNA plantearon la creación de una cooperativa, anunciando que tenían un financiamiento del exterior por 200 millones de dólares. Empero, la apuesta parece ser a un privado, y la idea de transformar a la aerolínea en una “empresa recuperada” no parece, para el gobierno, la mejor solución.