Ingeniería emocional, el «ejército digital»
y la inversión de Gramsci
Una reflexión sobre la disputa electoral, la representación política y la transformación de las relaciones sociales
Resumen
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, en la segunda vuelta del 25 de octubre de 2026, constituye un hecho electoral que debe distinguirse de la interpretación política de sus resultados. Este artículo examina críticamente la transformación de las elecciones en disputas por el control de las emociones, la circulación de información y la construcción de identidades políticas. Analiza el papel de los ejércitos digitales, las controversias sobre la actuación judicial, los antecedentes de la operación Lava Jato y las discusiones sobre la ampliación del horario de votación.
El propósito no es defender a la derecha ni a la izquierda, equiparar sus responsabilidades o desconocer las diferencias entre sus programas. Se trata de examinar cómo la competencia por conquistar el Estado puede desplazar la discusión sobre las condiciones materiales de existencia y sobre las relaciones sociales que organizan la producción, la distribución de la riqueza y el ejercicio del poder.
Desde esta perspectiva, se propone una distinción fundamental entre el pensamiento de Marx y el marxismo entendido como conjunto de doctrinas, organizaciones y experiencias políticas que, en ocasiones, han convertido la crítica de la sociedad existente en una justificación de nuevas formas de dominación estatal. La pregunta de fondo es si la sucesión de disputas electorales puede conducir a una transformación social efectiva o si, por el contrario, reproduce indefinidamente la separación entre gobernantes y gobernados.
Palabras clave: Brasil, Lula, elecciones, comunicación política, redes digitales, Gramsci, pensamiento de Marx, Estado, relaciones sociales de producción, representación política.
Introducción. Una invitación al debate y al principio de realidad
Este artículo se propone contribuir a una discusión política que no debería quedar atrapada en la alternativa entre defender a Lula o defender a Bolsonaro. Tampoco pretende alimentar las posiciones de Trump, de la derecha brasileña o de cualquier corriente que encuentre en las limitaciones de sus adversarios una oportunidad para presentar sus propias propuestas como solución.
La cuestión es otra: ¿qué significado tiene una victoria electoral cuando las condiciones sociales que determinan la vida de millones de personas continúan sometidas a relaciones de dependencia, desigualdad y subordinación?
El resultado electoral es un hecho verificable. La reelección de Lula no debe negarse ni confundirse con una denuncia de fraude que carezca de pruebas. Según el Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula obtuvo el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro.
Pero reconocer el resultado no obliga a aceptar cualquier interpretación política que se haga de él. Una cosa es la legitimidad del procedimiento electoral y otra el alcance social de la victoria de quien resulta elegido.
Por eso, el triunfo aparece aquí «entre comillas». No porque se niegue el resultado de las urnas, sino porque se interroga su significado más allá de la competencia por el gobierno. Ganar una elección puede representar una victoria política real y, al mismo tiempo, dejar pendientes las transformaciones que dieron origen a los conflictos sociales.
El principio de realidad exige confrontar los discursos con los hechos, las promesas con sus resultados y las declaraciones de principios con las relaciones materiales que efectivamente se reproducen.
Esta exigencia debe aplicarse a todos los actores políticos. No se trata de establecer una equivalencia artificial entre izquierda y derecha ni de borrar las diferencias entre sus proyectos, responsabilidades o consecuencias. Se trata de impedir que la identificación con un bando sustituya el examen crítico de sus actuaciones.
La pregunta que orienta el artículo es, por tanto, más amplia que la controversia brasileña: ¿hasta qué punto las disputas electorales transforman las relaciones sociales y hasta qué punto se limitan a decidir quién administra el orden existente?
La política convertida en competencia por las emociones
La política contemporánea se desarrolla en un entorno donde la atención pública es un recurso disputado. Las redes digitales, los medios de comunicación, la publicidad segmentada y los sistemas de recomendación han ampliado las posibilidades de intervenir en la formación de opiniones.
En este escenario, los programas políticos compiten con mensajes diseñados para provocar adhesión, temor, indignación o rechazo. La discusión sobre las condiciones de vida puede quedar subordinada a la construcción de imágenes morales de los candidatos: uno aparece como salvador; el otro, como amenaza.
La simplificación tiene una ventaja electoral. Permite organizar grandes grupos alrededor de identificaciones afectivas y reduce la complejidad de los problemas sociales a una oposición entre personajes y bandos.
Sin embargo, las emociones no son, por sí mismas, una anomalía de la política. La indignación frente a la injusticia, la solidaridad con quienes sufren y la esperanza de transformar las condiciones de vida son también componentes legítimos de la acción colectiva.
El problema aparece cuando la movilización emocional reemplaza la deliberación sobre los medios, los objetivos y los resultados de la acción política.
Una sociedad puede movilizarse intensamente durante una campaña y, después de las elecciones, encontrar que las cuestiones decisivas permanecen intactas: la concentración de la riqueza, la dependencia salarial, la precariedad del trabajo, las dificultades de acceso a la vivienda, la desigualdad territorial y la subordinación de las decisiones colectivas a intereses económicos particulares.
En tales circunstancias, la política corre el riesgo de convertirse en una competencia por administrar las expectativas de la población, en lugar de desarrollar las capacidades colectivas necesarias para modificar sus condiciones de existencia.
El «ejército digital»: organización, propaganda y control de la conversación
La expresión «ejército digital» se utiliza para describir redes de cuentas, grupos de activistas, comunicadores, operadores políticos y otros participantes que intervienen de manera coordinada en las discusiones públicas.
No todas estas redes funcionan de la misma manera. Algunas desarrollan militancia legítima, distribuyen información y promueven la discusión. Otras pueden difundir contenidos engañosos, descontextualizar hechos, hostigar a sus adversarios o simular apoyos espontáneos mediante una actividad coordinada.
Por eso, el análisis no debe partir de la suposición de que toda movilización digital es una manipulación. Es necesario distinguir entre organización política, propaganda, desinformación y prácticas destinadas a distorsionar artificialmente la percepción de la opinión pública.
El problema de fondo consiste en determinar cuándo la comunicación deja de ser un medio para deliberar y se convierte en un instrumento para imponer interpretaciones que no admiten examen crítico.
En una campaña polarizada, una afirmación puede circular miles de veces sin que su repetición demuestre su veracidad. De igual manera, una acusación contra un adversario no se convierte en un hecho probado por aparecer en numerosos perfiles.
La cantidad de publicaciones tampoco equivale necesariamente a la existencia de un consenso social.
El principio de realidad exige preguntar por las fuentes, las pruebas, los intereses involucrados y las consecuencias materiales de las decisiones propuestas.
La crítica debe aplicarse de manera simétrica en cuanto al método, pero no debe producir una falsa equivalencia entre los hechos. Si una acusación está documentada y otra no, ambas no merecen el mismo tratamiento. Si una conducta ha sido probada y otra solo se presume, la diferencia debe conservarse.
La independencia crítica no consiste en desconfiar por igual de todo, sino en someter cada afirmación a la calidad de sus pruebas.
La inversión de Gramsci: de la comprensión de la hegemonía a la conquista del poder
El pensamiento de Antonio Gramsci ofrece herramientas para comprender cómo se construyen las formas de dirección política y cultural. Sus reflexiones sobre la hegemonía, la sociedad civil y la relación entre coerción y consenso permiten analizar por qué el poder no se sostiene exclusivamente mediante la fuerza institucional.
Las relaciones de dominación también necesitan lenguajes, hábitos, instituciones y formas de interpretar el mundo que contribuyan a reproducirlas.
Sin embargo, estas herramientas pueden convertirse en instrumentos de una estrategia puramente partidista cuando la construcción de hegemonía se entiende como la ocupación progresiva de todos los espacios de influencia para garantizar la permanencia de una organización en el poder.
En ese caso, la pregunta deja de ser cómo desarrollar la autonomía y la capacidad de decisión de la sociedad y pasa a ser cómo construir una mayoría estable que permita dirigirla desde el aparato político.
Esta diferencia es fundamental.
Una cosa es estudiar la hegemonía para comprender cómo se reproducen las relaciones de dominación y cómo pueden ser transformadas mediante la acción colectiva. Otra es convertir ese conocimiento en una técnica para conservar el control del Estado.
La contradicción no se resuelve afirmando que una organización es progresista por sus declaraciones o por su origen histórico. Debe examinarse la relación efectiva que establece con la sociedad: si promueve la autonomía de las comunidades y de los trabajadores o si los convierte en una base electoral dependiente de sus decisiones.
Por ello, la crítica no consiste en atribuir a Gramsci toda utilización política posterior de sus conceptos. Consiste en examinar qué ocurre cuando determinadas interpretaciones de su obra se separan de la transformación social y se subordinan a la reproducción de un aparato de poder.
La hegemonía no puede reducirse a conseguir que una población apoye a quienes gobiernan. La cuestión decisiva es si esa población adquiere mayores capacidades para decidir sobre las condiciones de su propia existencia.
Izquierda y derecha: adversarios reales y problemas que pueden reproducir
La distinción entre izquierda y derecha tiene una historia política concreta y expresa diferencias reales en materia de derechos, distribución de la riqueza, políticas sociales, libertades públicas y organización económica.
Negar esas diferencias impediría comprender los conflictos políticos y sus consecuencias.
Pero reconocerlas no obliga a considerar que toda fuerza de izquierda representa necesariamente una transformación emancipadora, ni que toda crítica a sus actuaciones deba favorecer a la derecha.
Las categorías políticas no sustituyen el análisis de las relaciones sociales.
Una organización de izquierda puede promover reformas que mejoren las condiciones de vida y amplíen derechos. También puede desarrollar prácticas burocráticas, concentrar decisiones o convertir la participación popular en un mecanismo de legitimación de sus dirigentes.
De manera semejante, las fuerzas de derecha pueden defender proyectos económicos y sociales que profundicen determinadas desigualdades, pero su análisis requiere identificar políticas, decisiones y resultados concretos, no limitarse a una descalificación general.
No existe una equivalencia automática entre ambos campos. Sus programas, bases sociales, responsabilidades institucionales y efectos deben evaluarse históricamente.
La cuestión crítica es otra: ¿qué sucede cuando la oposición entre izquierda y derecha termina organizando toda la vida política alrededor de la defensa de uno de los dos bandos?
En esas condiciones, las contradicciones sociales pueden quedar subordinadas a la necesidad de derrotar al adversario. Los trabajadores, las comunidades y los sectores subordinados son convocados a respaldar una opción electoral bajo la promesa de que la transformación llegará después.
La postergación puede repetirse indefinidamente. Cada elección se presenta como decisiva, cada derrota como una amenaza definitiva y cada victoria como la apertura de una nueva oportunidad histórica.
Mientras tanto, las relaciones sociales que condicionan la vida cotidiana pueden continuar reproduciéndose.
Esta crítica no desconoce las reformas ni los beneficios que pueden obtenerse mediante la acción institucional. Pregunta si esas reformas se articulan con un proceso de transformación social o si se convierten en el horizonte definitivo de la política.
Corrupción, Lava Jato y la necesidad de distinguir los hechos de las interpretaciones
La corrupción no puede analizarse como un atributo exclusivo de un partido, una ideología o un dirigente. Es necesario examinar los mecanismos institucionales, económicos y políticos que permiten que los recursos públicos sean utilizados en beneficio particular y que las decisiones estatales se subordinen a intereses privados.
En Brasil, la operación Lava Jato tuvo una enorme repercusión política y judicial. Sus investigaciones, acusaciones y procesos afectaron a dirigentes políticos, empresarios y funcionarios de distintas corrientes.
Su evaluación exige distinguir varios planos: los hechos probados en cada proceso, las decisiones judiciales adoptadas, las irregularidades que hayan sido establecidas y las interpretaciones políticas acerca de sus consecuencias.
No es riguroso presentar todas las actuaciones de la operación como legítimas por el solo hecho de haber sido realizadas por autoridades judiciales. Tampoco lo es afirmar que todas las investigaciones carecieron de fundamento o que todos los investigados tuvieron la misma responsabilidad.
En el caso de Lula, el Supremo Tribunal Federal confirmó en 2021 la anulación de sus condenas relacionadas con Lava Jato debido a la incompetencia del tribunal que había conocido los casos.
Esta decisión debe expresarse con precisión: la anulación de esas condenas por razones de competencia judicial no equivale, por sí sola, a una absolución sobre el fondo de todas las acusaciones; tampoco autoriza a presentar esas condenas anuladas como una demostración judicial vigente de culpabilidad.
La diferencia importa porque el debate político suele convertir las decisiones judiciales en armas de propaganda. Para unos, la anulación puede presentarse como prueba concluyente de que nunca existió ningún problema; para otros, las condenas originales se invocan como si continuaran produciendo los mismos efectos jurídicos.
Ambas operaciones discursivas pueden ocultar lo esencial: el análisis riguroso de los expedientes, las garantías procesales, las decisiones judiciales y las responsabilidades que efectivamente hayan sido establecidas.
La crítica a la corrupción debe mantener esa exigencia con independencia de quién resulte favorecido o perjudicado.
El principio de realidad obliga a no confundir una acusación con una prueba, una decisión procesal con una absolución de fondo o una interpretación política con un hecho judicialmente establecido.
Cristiano Zanin y la controversia sobre el horario de votación
La ampliación del horario de votación durante la segunda vuelta brasileña del 25 de octubre de 2026 también requiere una exposición cuidadosa.
Cristiano Zanin, quien había sido abogado de Lula antes de integrar el Supremo Tribunal Federal, quedó asociado a la decisión de extender el horario en determinadas mesas de votación que continuaban funcionando a las 17:00.
El Tribunal Superior Electoral informó que la medida permitía prolongar la votación hasta las 19:00 en las mesas que seguían operativas a esa hora. La decisión estuvo relacionada con dificultades prácticas que afectaban el desarrollo de la jornada electoral.
Es importante añadir una precisión: las informaciones disponibles señalan que hubo solicitudes de ampliación relacionadas con problemas de transporte y condiciones meteorológicas, procedentes de los dos sectores electorales. Por tanto, no sería correcto describir el asunto como una petición exclusiva de la campaña de Lula.
La anterior relación profesional entre Lula y Zanin puede suscitar preguntas legítimas sobre la percepción de independencia judicial. Sin embargo, esa relación no demuestra automáticamente que una decisión posterior estuviera jurídicamente sesgada.
Para sostener una acusación de parcialidad es necesario examinar las reglas aplicables, los fundamentos de la decisión, su alcance, la forma en que se aplicó y las pruebas que permitan establecer un trato desigual.
Tampoco basta con señalar que la votación se prolongó para concluir que el resultado electoral fue alterado. Una afirmación de esa naturaleza requiere evidencia específica.
La discusión democrática exige mantener abiertas las preguntas pertinentes sin convertirlas en conclusiones anticipadas.
En otras palabras, es legítimo examinar si las autoridades actuaron de acuerdo con sus competencias y si las medidas se aplicaron de forma uniforme. No es riguroso dar por demostrado que hubo manipulación electoral solo porque una decisión administrativa o judicial suscite controversia.
La guerra jurídica y la instrumentalización de la justicia
La expresión guerra jurídica se utiliza para describir situaciones en las que los procedimientos legales pueden convertirse en instrumentos de confrontación política.
El concepto no debe utilizarse como una explicación automática de cualquier proceso que afecte a un dirigente. Para determinar si existió una instrumentalización de la justicia es necesario examinar las actuaciones concretas, las garantías procesales, la independencia de los jueces, la consistencia de las pruebas y los eventuales tratamientos desiguales.
La justicia puede intervenir legítimamente en la vida política cuando investiga conductas que corresponden a su competencia. Al mismo tiempo, las instituciones judiciales no están exentas de la obligación de rendir cuentas ni de la posibilidad de cometer errores o incurrir en irregularidades.
Por eso, una posición crítica debe rechazar dos extremos.
El primero consiste en suponer que toda decisión judicial contra un dirigente es necesariamente una persecución política. El segundo consiste en creer que toda actuación judicial es legítima por el simple hecho de proceder de una institución estatal.
La independencia judicial exige procedimientos, pruebas, motivaciones verificables y mecanismos de control.
En contextos polarizados, una controversia judicial puede convertirse en un recurso de movilización electoral: cada bando interpreta la decisión según sus expectativas, y las cuestiones jurídicas se subordinan a la necesidad de consolidar una identidad política.
La consecuencia es que la ciudadanía termina discutiendo principalmente sobre la legitimidad moral de sus dirigentes, mientras las estructuras económicas y sociales que condicionan la vida colectiva quedan relegadas.
No se trata de restar importancia a la legalidad ni a la lucha contra la corrupción, sino de impedir que la discusión jurídica sustituya el examen de las relaciones sociales que hacen posible esa corrupción.
¿Transformación o administración del orden existente?
La pregunta que recorre este artículo es si la sucesión de disputas electorales conduce por sí misma a una transformación social efectiva.
La experiencia indica que puede ocurrir lo contrario: la disputa electoral puede convertirse en una sucesión indefinida de controversias, alternancias y promesas que deja intactas las relaciones sociales de producción. Cambian los gobiernos, se anuncian reformas, se redistribuyen recursos dentro del orden existente, pero la separación entre quienes deciden y quienes dependen de esas decisiones se reproduce.
En ese escenario, la victoria electoral administra el orden existente en lugar de transformarlo.
Aquí aparece la distinción que este trabajo quiere sostener con claridad. Una cosa es el pensamiento de Marx como crítica de las formas históricas que organizan la producción, la distribución y el poder. Otra distinta son las corrientes que se denominan marxismo y que, en determinadas experiencias históricas, han convertido esa crítica en doctrina de Estado o en justificación del poder de un aparato.
Confundir ambos planos impide el examen crítico. El primero invita a preguntar cómo viven, trabajan y deciden las personas. El segundo puede utilizarse para justificar que, en nombre de esa crítica, se reproduzca la subordinación de la sociedad a un aparato que habla en su nombre.
Por eso, en este artículo y en trabajos futuros preferiremos hablar de pensamiento de Marx, expresión más directa y precisa, sin confundirlo con el marxismo ni recurrir innecesariamente a otros términos.
Conclusión. El triunfo entre comillas y el principio de realidad
El triunfo entre comillas no niega la victoria electoral. La reconoce como hecho verificable y, al mismo tiempo, interroga su alcance social.
Una elección puede cambiar el gobierno sin transformar las condiciones que determinan la vida de millones. Esa distinción no es un juego de palabras. Es el principio de realidad aplicado a la política: confrontar las promesas con los resultados y las declaraciones con las relaciones que efectivamente se reproducen.
Si la política se reduce a ingeniería emocional y a ejércitos digitales, si la hegemonía se invierte para convertirse en técnica de conquista del Estado, la disputa electoral corre el riesgo de volverse un fin en sí misma.
La cuestión decisiva no es solo quién gana, sino si, después de ganar, la sociedad adquiere mayores capacidades para decidir sobre las condiciones de su propia existencia.
Bogotá, 28 de octubre de 2026.
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