24.NOV.17 | postaporteñ@ 1849

Militantes De Izquierda Violadores, Protegidos Por Sus Partidos

Por ASTARITA

 

En esta nota vuelvo sobre el trato por parte de organizaciones de izquierda a hostigadores sexuales, violadores y pederastas cuando estos son militantes de esas organizaciones

Rolando Astarita

 Como afirmé antes (aquí), en algunos ámbitos de la izquierda se ocultan los hechos o, peor aún, se protege a los victimarios y se sofocan las denuncias de las víctimas. Los argumentos más repetidos son “las cosas se arreglan dentro de la organización porque tenemos una moral superior a la moral burguesa”; “la denuncia pública es una provocación contra el partido”; y, en el colmo del cinismo, “no lo divulgamos porque queremos proteger la intimidad de la víctima”. Con el objetivo de que haya más elementos de análisis, en lo que sigue presento casos que tuvieron repercusión, y al final planteo algunas cuestiones relacionadas.

Daniel Ortega, dirigente sandinista y presidente de Nicaragua

En 1980 Zoila América Ortega Murillo, hijastra de Daniel Ortega, acusó a su padrastro por violación y abuso sexual reiterado. Declaró:

“Daniel Ortega Saavedra me violó en el año de 1982. No recuerdo con exactitud el día, pero sí los hechos. Fue en mi cuarto, tirada en la alfombra por él mismo, donde no solamente me manoseó sino que con agresividad y bruscos movimientos me dañó, sentí mucho dolor y un frío intenso. Lloré y sentí nauseas… A la edad de 12 años que tenía entonces, persistían las sensaciones de escalofríos, náuseas y temblores en mi quijada…De los 15 a los 18 años: Violación continuada. De los 19 a los 23 años: Intensificación del abuso e intentos de escapar… Me trató peor que a una mujer que vende su cuerpo. Mi agresor tenía 34 años de edad y yo once, lo que representaba una considerable diferencia y ventaja de su parte; él era el compañero de mi madre, una figura política de mucha importancia, mando y poder” (puede leerse el testimonio completo en http://www.latinamericanstudies.org/nicaragua/zoilamerica-testimonio.htm).

Dado que por entonces Daniel Ortega era diputado, Zoilamérica solicitó a la Asamblea Nacional su desafuero. Pero su pedido no solo fue denegado, sino ella misma fue acusada por el Frente Sandinista de “prostituta política” y de montar un circo contra su padre. En 1999 Zoilamérica recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado de Nicaragua por “denegación de justicia”. En 2001 la jueza Juana Méndez, militante sandinista, sobreseyó a Ortega “por prescripción de delito”. En cuanto al expediente en la CIDH, durmió durante varios años, y en 2008 Zoilamérica retiró la demanda. La razón del retiro fue un “acuerdo de convivencia”, según el cual Zoilamérica mantendría el silencio a cambio del fin del acoso que sufría por parte del gobierno nicaragüense. Pero el hostigamiento hacia ella y su familia no cesó; en 2013 Zoilamérica salió de Nicaragua cuando las autoridades expulsaron a su esposo, el boliviano Carlos Ariñez Castel.

Aunque Zoilamérica tuvo la solidaridad de grupos feministas de Nicaragua y de otros países, el FSLN cerró filas en torno a Ortega. La izquierda, principalmente la izquierda nacionalista y populista, hizo silencio. Y los movimientos feministas que se solidarizaron con la hijastra de Ortega fueron hostigados y difamados.

También Elpidia Castillo, madre de Elvia Junieth, denunció a Ortega por abuso sexual. Aseguró que se enteró de la relación entre Ortega y su hija un año después de que se iniciara, cuando el mandatario tenía 60 años. Elpidia aseguró que su familia ha vivido en profundo temor desde que manifestaron su oposición a la relación entre su hija y Ortega. “Desde el año 2005, el presidente de Nicaragua José Daniel Ortega Saavedra inició una relación marital o de pareja con mi hija menor, Elvia Junieth Flores Castillo, cuando ella tenía apenas 15 años de edad. La vida de ella y de mis hijos ha sido un calvario porque no hemos estado de acuerdo con esa relación”. “Mi niña fue abusada y violada por el presidente Daniel Ortega, que destruyó la vida de mi hija porque ella ya no es la misma”, subrayó.

El caso del Socialist Workers Party

En setiembre de 2012 una joven militante del SWP (en ese momento el partido de izquierda más grande de Gran Bretaña) denunció que había sido violada entre 2008 y 2009 por un miembro del Comité Central, referido como “camarada Delta”. La dirección del SWP derivó el caso a un Comité de Disputas (CD), conformado por siete miembros, de los cuales cinco eran o habían sido miembros del Comité Central. El CD cuestionó a la denunciante por su historia sexual y sus relaciones con hombres. Además, le advirtió que no debía hacer públicas las denuncias, y que no podía calificar al camarada Delta de violador. Una segunda mujer, conocida como Miss X, también acusó a Delta de acoso sexual. A diferencia de la anterior denunciante, X habló de su caso abiertamente en una conferencia. Señaló, entre otras irregularidades, que en el CD no se le permitió examinar los argumentos presentados por Delta; y que no llamaron a los testigos que ella presentó.

El CD exoneró a Delta. Esto provocó que se formara una oposición en el SWP, que entre otras cosas pidió una revisión de los procedimientos empleados en el CD en relación a las denuncias por violación y hostigamiento sexual; que no se tomaran medidas disciplinarias contra las compañeras que habían expresado públicamente preocupación sobre la conducta del Comité y sus investigaciones; que se diera pleno apoyo a las denunciante, y hubiera cero tolerancia a cualquier intento de debilitarlas; y que se implementaran acciones para asegurar que no sufrieran ningún detrimento dentro del partido debido a las posiciones que habían tomado (http://socialistunity.com/swp-new-faction-declared/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=swp-new-faction-declared#.UTiWFnMQD8U).

Sin embargo, en el Congreso partidario se aprobó el dictamen del CD por 231 votos contra 209. Esto es, el veredicto sobre si había existido abuso sexual se sometió al procedimiento “leninista” del centralismo democrático, que, entre otras cosas, dice que una vez tomada una decisión por voto mayoritario, debe ser acatada por las minorías. Por eso la dirección del SWP pretendió enterrar cualquier polémica o crítica una vez impuesta la mayoría. Es significativo, además, que el CD admitió en el Congreso que los delegados no disponían de la evidencia ni de los detalles. Y el CD reconoció que la única evidencia que había escuchado fueron dos relatos opuestos de lo que había sucedido (del acusado y de la acusadora). Por lo tanto, los delegados no pudieron conocer en base a qué el CD creyó uno de los relatos (véase Tom Walker, “Why I am resigning”, http://weeklyworker.co.uk/worker/944/swps-tom-walker-why-i-am-resigning/; Walker era periodista del Socialist Worker).

Amigos de la víctima dijeron que esta se sentía traicionada y que había quedado traumatizada por el proceso; que al hacer la denuncia pensaba que el partido actuaría de otra manera, que la defendería. Finalmente, a comienzos de 2013 varios cientos de militantes abandonaron el partido. La dirección del SWP sostuvo que las críticas de la minoría eran un ataque “al método leninista de organización” y un debilitamiento de su cohesión, necesaria para enfrentar la lucha de clases (véase el penoso artículo de Alex Callinicos, “Is Leninism finished”, en http://socialistreview.org.uk/376/leninism-finished).

Consideraciones sobre la crisis en el SWP

En lo que sigue transcribo pasajes de la nota “Laurie Penny on sexism on the left: What does the SWP's way of dealing with sexual assault allegations tell us about the left?” (https://www.newstatesman.com/laurie-penny/2013/01/laurie-penny-what-does-swps-way-dealing-sexual-assault-allegations-tell-us-abou).

Penny cita a Walker, quien dice: “… claramente hay un signo de interrogación sobre las políticas sexuales de muchos hombres que están en posiciones poderosas dentro de la izquierda. Pienso que la raíz de esto es que, sea por reputación, por falta de democracia interna, o ambas, estas a menudo son posiciones que efectivamente son indisputables. (…) El Socialist Worker ha mostrado la manera en que las instituciones se cierran para proteger a gente poderosa dentro de ellas. Lo que no se reconoce es que el mismo SWP es una institución en este sentido, con su instinto de autoprotección para sobrevivir. Como mencioné antes, su creencia en su propia importancia histórica mundial le brinda un motivo para intentar el encubrimiento, haciendo que los abusadores se sientan protegidos” Más adelante: “Los temas de la democracia y el sexismo no están separados”, escribe Walter. “La falta de la primera crea el espacio para el crecimiento del segundo, y hace más difícil sacarlo cuando sucede”. Está hablando del SWP, pero podría estar hablando de otra parte de la izquierda, en su lucha por sacarse de encima generaciones de bagaje misógino. (…) No puede haber verdadera democracia, lucha de clases valiosa, sin derechos de la mujer”.

A su vez la escritora China Mieville, antigua militante del SWP, dijo a la periodista: “La manera en que tales acusaciones fueron tratadas –con preguntas acerca de las relaciones pasadas de las acusadoras y sus hábitos de bebida que instantáneamente hubiéramos denunciado como sexistas en otro contexto- fue aterrador. Es un terrible problema de democracia, de responsabilidad y cultura interna que tal situación pueda ocurrir, como es el hecho que aquellos que argumentaban contra la línea oficial en una forma que se consideró inaceptable para aquellos a cargo pudieron ser expulsados por “fraccionalismo secreto”.

Dice Laurie Penny: “Decir que la izquierda tiene un problema con el tratamiento de la violencia sexual no es implicar que todos los demás no lo tienen. De todas maneras, hay una obstinada negativa a aceptar y tratar con la cultura de la violación que es propia de la izquierda y del progresismo de manera más amplia. Tiene que ver precisamente con la idea de que, en virtud de ser progresistas, en virtud de que peleamos por la igualdad y la justicia social, en definitiva, por virtud, estamos de alguna manera por encima de ser tomados como personalmente responsables cuando se trata de tema de raza, género y violencia sexual”

Otra denuncia de ataque sexual y sofocamiento de la denuncia por parte del CD puede leerse en el testimonio publicado el 11 de octubre de 2013 en http://internationalsocialistnetwork.org/index.php/ideas-and-arguments/organisation/swp-crisis/253-trigger-warning-rape-in-the-swp-a-comrade-s-testimony-and-experience-of-the-disputes-committee. La víctima pidió mantener el anonimato. Relata que fue violada por un miembro del SWP, y que el CD puso todo su empeño en ahogar su denuncia. Para eso se la interrogó sobre su conducta sexual; se insinuó que cuando se produjo el hecho denunciado había estado bajo el efecto de las drogas y el alcohol; y se le prohibió hablar con amigos y camaradas acerca de lo que le había ocurrido. Dice: “Fui animada a dejar el caso, al tiempo que me decían ‘es tu decisión, por supuesto, haz lo que sea mejor para ti’. Dada esa negra elección, decidí deponer la queja. De ninguna manera pensé que era mi decisión, básicamente se me informó que no tenía objeto seguir, algo que luego comprobé que era cierto”. Agrega que la entrevista que tuvo con los enviados del CD fue “muy estresante y perjudicial para mi débil salud mental. Me hicieron sentir como si yo fuera una ridícula por presentar una queja y que era una persona muy dañada como para realmente entender qué había sucedido y cómo lidiar con ello. Luego de la entrevista caí en un estado de manía que duró una semana. (…) Durante la semana que siguió me llamaron tres veces por teléfono mi intermediaria y miembros del CD, esencialmente para asegurarse de que me quedara callada: ‘Si alguien te pregunta acerca de la queja o por qué fue retirada solo di que no ‘no quiero hablar sobre eso’ y que ‘fue mi decisión”. Además luego se dio cuenta de que su atacante había podido leer su queja, en tanto ella no había podido leer el suyo, ni enterarse qué declaró ante el CD.

Otra voz, esta vez desde Australia

Lo que sigue lo tomo de “Silent no longer: confronting sexual violence in the left”, de Rebecca Winter (https://libcom.org/library/silent-no-longer-confronting-sexual-violence-left-anarchist-affinity).

Winter afirma que a menudo las sobrevivientes de la violencia sexual son recibidas con descreimiento, rabia y actitud defensiva, cuando debería dárseles credibilidad y apoyo. Dice también que esto ocurre en grupos de izquierda o movimientos sociales, en nuestros círculos de amigos, o en nuestros lugares de trabajo, o en innumerables otros lugares de nuestra sociedad. “En tanto la mayoría de los grupos de izquierda y movimientos comparten una declarada oposición al sexismo, esto no los hace inmunes a los prejuicios misóginos que subyacen a las acusaciones a la víctima y que a menudo surgen cuando la gente es confrontada a la violencia sexual cometida por sus amigos o camaradas políticos”.

Más adelante escribe: “Yo fui violada por alguien involucrado en los medios anarquistas de Melbourne, en 2010. Fue una experiencia horrible y atemorizante, que se hizo peor por el hecho de que era alguien en quien confiaba como un amigo y camarada político. De todas maneras, tuve suerte. Los amigos, los miembros de la familia y la gente del anarquismo a los que les hablé acerca de mi experiencia me creyeron y la persona que me violó ya no es más bienvenida en muchos espacios políticos de Melbourne. Conozco mucha gente que ha tenido experiencias similares, pero han sido llamadas mentirosas, ignoradas, perdieron amigos y camaradas, o fueron forzadas a permanecer en silencio. No puedo imaginar cuánto más duro es seguir adelante para las personas que sobrevivieron a la violencia sexual, y han sido tratadas de esa manera por aquellos que pensaban que podían confiar”.

Algunas reflexiones finales

Se ha sostenido que las organizaciones de izquierda, por el hecho de ser revolucionarias, tienen derecho a manejar internamente los casos de abusos sexuales y machismo que involucran a militantes y dirigentes de su propia organización. Sostienen que quienes deben investigar son los órganos del partido, y que este debe decidir si se hace pública, o no, la denuncia.

Observemos que con este criterio los curas acusados por abusos sexuales tendrían derecho a exigir que los juzgue la Iglesia. Y lo mismo se aplicaría a militares, políticos y miembros de cualquier otra institución, acusados de abusos. A un militar acusado de abusos sexuales tendría derecho a que lo juzgara la institución militar a la que pertenece, un político a que lo juzgara el partido del que es miembro, un dirigente deportivo el club del que es miembro. Sin embargo, la izquierda ha planteado, con razón, que el juzgamiento de curas, militares, políticos burgueses, por sus pares, no garantiza la imparcialidad de los juicios. Por eso exige, una y otra vez, que abusadores de las más diversas áreas sean llevados a la Justicia. Con lo cual cabe preguntarse si está garantizada la imparcialidad por el hecho de tratarse de un partido que se autocalifica de “revolucionario”. Los casos citados más arriba autorizan, por lo menos, a ponerlo en duda.

Para ponerlo de forma más concreta, ante las acusaciones de abuso y violación a Daniel Ortega por parte de su hija, ¿se defiende el derecho de Ortega a ser juzgado solo por el Frente Sandinista? ¿Se niega el derecho de la víctima de recurrir a la justicia ordinaria? Además, ¿el argumento pasa por decir “el FS es revolucionario y tiene derecho a arreglar cuentas internamente”? Sin embargo, a un partido burgués “normal” (digamos, al partido Radical de Argentina, o al Republicano de EEUU, o el PSOE de España) habitualmente no se le concede ese derecho. Por lo cual, ¿habría que establecer alguna especie de “Tribunal” de izquierda que decida en qué casos un partido es lo “suficientemente revolucionario” (o sea, tiene una “moral suficientemente revolucionaria”) para poder lidiar con “sus” abusadores, y en qué casos no está habilitado a hacerlo? ¿No es eso ubicarse por encima de la sociedad?

Además, ¿se extiende ese derecho, por ejemplo, a los pederastas? Por caso, un dirigente del partido viola a una niña de 10 años. ¿Tiene derecho el partido a impedir que los padres denuncien ante la justicia al violador, si esos padres son militantes del partido? ¿Se aplica, además, el criterio “es militante”, a la víctima de 10 años? ¿Con qué argumento razonable? En el mismo sentido, si ocurre un femicidio y la víctima es una militante del partido, ¿también se arregla internamente?

Por otra parte, si el acusado, además de ser miembro del partido es dirigente sindical o de una organización social, ¿también el partido reclamará el derecho a ser el único que lo juzgue? ¿O debe juzgarlo el sindicato, o la organización social de su pertenencia? Por otra parte, si el partido comprueba un caso de abuso sexual, y expulsa al victimario, ¿no tienen derecho a ser informados del asunto los que comparten actividades –en el trabajo, el sindicato, la organización social, etcétera- con el victimario en la vida diaria?

Por todos lados asoma el mismo problema: en criterio de muchos militantes, existen razones para una doble vara. Su fundamento es la convicción de que por tener una ideología de izquierda se es superior. Y como siempre, por detrás de todas esas invocaciones “a la moral superior”, asoma el argumento más cínico: no hay que permitir que las denuncias prosperen porque “se debilita a la organización revolucionaria y se favorece a la burguesía”. Estamos ante una cuestión que afecta a las bases mismas de un proyecto liberador, socialista.


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