De la mano de la ‘oposición’ derechista blanqui-colorada, el Frente Amplio acaba de votar en el Senado la ley de contratos de Participación Público-Privada (PPP). Dicho proyecto es denunciado por los sindicatos como privatizador y destinado a ‘achicar el Estado’ al estilo neoliberal de los años ’90.
La votación consensuada con la derecha explica por qué no hay verdaderamente ‘oposición’ en Uruguay: porque tanto el oficialismo como los partidos patronales blanco y colorado comparten lo esencial de la política gubernamental.
El senador Eduardo Lorier, del Partido Comunista, se retiró de sala para no votar a favor de la ley privatizadora. Y también para no votar en contra. La abstención de Lorier en enfrentar las privatizaciones es la consecuencia inevitable de la pertenencia del PCU al FA y su integración al gobierno de Mujica y Astori.
La ley PPP permite la asociación de las empresas públicas con capitales privados, es decir, la privatización. El PCU no dio su voto a esta ley porque no obtuvo garantías de que no habría venta de empresas públicas. Pero esta es una crítica muy parcial, ya que la privatización puede hacerse también sin venta formal del patrimonio de los entes estatales.
Se pretende justificar estas privatizaciones bajo el argumento que el Estado no tiene recursos para hacer inversiones en infraestructura. Lo que no se dice es que el presupuesto estatal está destinado al pago de la deuda externa usuraria, que no para de crecer pese al pago de miles de millones de dólares anualmente. También se oculta que la ‘escacés de recursos’ obedece además a la negativa a imponer impuestos a los grandes capitales.
La ‘inversión privada’ en las PPP sólo se producirá si existe una ganancia segura –garantizada de hecho por el Estado, que será el que finalmente pagará la factura, trasladándola al conjunto del pueblo a través de impuestos o de inflación. La ejecución de obras de infraestructura por este mecanismo, por fuera del Presupuesto votado en el parlamento, significa poner en manos privadas gran parte de la caja estatal, empeorando el déficit estatal y la propagandeada ‘falta de recursos’ presupuestales.
La verdadera salida está en repudiar la deuda externa –generada por el salvataje de bancos quebrados– y la imposición de fuertes impuestos progresivos sobre los capitalistas, los terratenientes y las grandes fortunas.
Aunque esta ley fue rechazada por COFE y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, y pese a las movilizaciones realizadas por el sindicato ferroviario contra la privatización, la dirigencia del PIT-CNT no ha convocado a ninguna movilización contra la ley Privatizadora. La Mesa Representativa de la central sindical ha votado un paro general para el 28 de Julio… cuando la ley estará definitivamente aprobada el próximo martes 12. Juan Castillo, dirigente sindical del PCU, incluso ha descartado la posibilidad de impulsar un recurso de referéndum contra la ley privatizadora. Queda al desnudo la completa subordinación del Secretariado del PIT-CNT al gobierno capitalista del Frente Amplio –y a su política de pactos con la derecha blanqui-colorada.
El PARTIDO DE LOS TRABAJADORES llama al conjunto de los trabajadores a exigir un inmediato paro general y un plan de lucha contra la ley PPP y todas las privatizaciones, en defensa de la reconstrucción de un ferrocarril estatal, poniendo freno a la política de subsidios y regalías a los grandes capitalistas. Por el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca, la expropiación sin indemnización de los latifundios, la ruptura con el FMI, y el establecimiento de fuertes impuestos progresivos sobre las grandes fortunas.
Comité Ejecutivo del PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
8/7/2011