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Herramienta de comunicación para expresar la identidad, el trabajo y la lucha por una Patria Para Todos: La Patria Grande

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Buscando el sentido de la marea reaccionaria del Brexit y la realidad del voto racista

Andrew Flood

-CUARTA Y ÚLTIMA PARTE-

[Concluimos acá la entrega y traducción de esta nota sobre el Brexit, y la serie de notas que hemos estado aportando. Nos resulta sumamente interesante el abordaje de "la clase trabajadora no es monolítica" que no solo pone sobre la mesa un tema muchas veces ignorado o subvalorado, sino que cuestiona el planteo "ortodoxo" según el cual son siempre los sectores inferiores de la clase los más inclinados a una política revolucionaria] FM


La clase obrera no es un monolito

 
El sondeo también Ashcroft presentó diferencias importantes entre los que votaron según la raza y la religión. "Los votantes blancos votaron para salir (Leave) de la UE en un 53% a un 47%. Dos tercios (67%) de los que describen como asiático votaron para permanecer (Remain), al igual que tres cuartas partes (73%) de los votantes negros. Casi seis de cada diez (58%) de los que describen a sí mismos como cristianos votaron a Leave; siete de cada diez musulmanes votaron a Remain".
 
Una vez más estas cifras específicas también son útiles para prevenirnos de caer en la trampa de la construcción de falsos monolitos. Dada la naturaleza de la campaña había un número considerable de negros y asiáticos en los votantes Leave. Y también una minoría sustancial de los blancos votó Remain. Pero, en general, los votantes Leave incluyendo los de clase trabajadora fueron desproporcionadamente blancos en relación la población de votantes, y aún más desproporcionadamente blancos en relación a la población total. Asimismo, las preguntas sobre "fuerzas del mal" muestran que el voto Leave es donde se encuentra la gran masa de votantes reaccionarios pero no todos, ellos, entre un cuarto y una quinto de los votantes reaccionarios están en el lado Remain, y no es que una gran sorpresa ya que muchos de los votantes conservadores, aun siendo minoría, son votantes Remain.

La encuesta Ashcroft también confirma que los votantes Leave tienden a ser aquellos cuyas vidas han sido destruidas por la reestructuración neoliberal de la economía británica, mientras que los votantes Remain  tienden a ser aquellos a los que le está yendo mejor, o por lo menos esperan eso. Siguen siendo una mayoría del 57% en las categorías A y B de la clasificación NRS, que incluye los sectores de la clase obrera a los que le va mejor económicamente en proceso de reestructuración neoliberal, y los sectores gerenciales a los que les va  tan bien que son propiamente parte de la clase media o círculos de poder.


OTRO CUADRO DE LA ENCESTA ASHCROFT
Diga por favor con cuál sentencia en cada par se siente más próximo, incluso ni no está completamente de acuerdo con ella.

Hoy en Gran Bretaña...

Si uno trabaja duro, es        La gente de ciertos ambientes
POSIBLE                            NUNCA TENDRÁ OPORTUNIDAD  
TRIUNFAR                          DE TRIUNFAR
Sin importar                        sin importar
Su ambiente                        que tan duro trabaje
 
22% REMAIN
16% LEAVE

Para la mayoría de los niños    


LA VIDA SERÁ MEJOR        SERÁ PEOR
Que la de sus padres

4% REMAIN                      22% LEAVE

Por los cambios de la economía y la sociedad habrá para mi nivel de vida en el futuro

MÁS AMENAZAS QUE        MÁS OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES                     QUE AMENAZAS

20% REMAIN
42% LEAVE


Por sobre todo la vida

ES MEJOR                               ES PEOR
Que hace 30 años

46% REMAIN                       16% LEAVE


En general, los votantes Leave son por mucho, más propensos que los votantes Remain a pensar que a los niños que crecen en Gran Bretaña hoy la vida les será peor de lo que era para sus padres, y pensar que la vida es ahora peor que hace 30 años. La diferencia entre los dos sectores es enorme, aunque es significativo que haya una separación menor a 2:1 cuando esa pregunta se reduce a las amenazas económicas al nivel de vida y "si habrá oportunidades para mejorarlo". En es decir, en términos de sus expectativas en los votantes Leave son 2:1 los que se sienten postergados, pero son otros miedos (por ejemplo sobre la influencia de la inmigración, el feminismo y el ecologismo), más allá de lo económico los que hacen que los votantes Leave teman al futuro y tengan nostalgia por el pasado.
 
Tenemos un problema
 
Esto deja a la izquierda ante un problema difícil. Lo que es una minoría sustancial de la clase trabajadora C2DE en Inglaterra y Gales han tomado una serie de posturas que destruyen la solidaridad, que alimentan el vínculo ideológico hacia la derecha y la extrema derecha. Esto en sí mismo no es un problema nuevo, siempre ha existido esa minoría: un segmento de la clase obrera de opinión reaccionaria que se identifica con la monarquía, el imperio y el proyecto colonial. El problema nuevo es que esta minoría reaccionaria se ha movilizado por el referéndum y está entusiasmada por el resultado. Eso se ha visto en los acontecimientos de los días posteriores a la consulta, donde se ha producido un enorme aumento de ataques verbales y físicos de blancos racistas hacia que se percibe como migrantes. A pesar de que muchos temían esta consecuencia, la escala en que se produjo ha sido una sorpresa. Muy a menudo, estos ataques se basan, o están acompañados por la exigencia de que estas personas "go home", o son de los grupos de extrema derecha organizados llamando a las deportaciones.
 
En el corto plazo la necesidad inmediata es sacar de las calles a los que realizan estos ataques, por la defensa física que sea posible y mediante la movilización de masas para que quede claro que no hay un respaldo popular a los ataques racistas. En el largo plazo, la izquierda tiene que tomar mucho más en serio el impacto que la ideología del nacionalismo inglés tiene en la creación y el mantenimiento de un núcleo reaccionario de la clase obrera.

Teniendo en cuenta lo profundamente enraizada que está en un proyecto colonial de conquista, imperio y esclavitud, no es novedad que el nacionalismo inglés sea de una naturaleza reaccionaria similar al nacionalismo confederado que todavía es demasiado común entre los trabajadores blancos en el sur de los EE.UU. Este paralelo se ha fortalecido en los últimos años en que el racismo se ha visto de alguna forma desplazado,  de ser expresado en función del color de la piel de las personas a ser expresado en función de su religión. En caso de que no lo hayan notado la cruz de la bandera inglesa es la misma cruz de los ejércitos cruzados que masacraron a la población de Jerusalén y otras ciudades en su intento por expulsar a los musulmanes.

La experiencia demuestra que la intensa lucha económica puede llevar a que la gente se vea seducida por una ideología reaccionaria que tenga raíces profundas, al menos por períodos cortos. La izquierda ortodoxa ama estas historias y en ocasiones esto la conduce al error de pensar que repetirlas es una solución. Pero ese tipo de intensa lucha económica ha sido una delgada capa sobre el terreno, como la huelga de mineros y el conflicto de "Pool Tax" [impuesto fijo a las personas, no progresivo, implantado por el gobierno Thatcher, que despertó una aguda resistencia de los sectores más pobres y terminó siendo un factor de su caída].

Así, mientras que la lucha económica intensa real es parte de una alternativa, el acto de convocar a ella no es suficiente. Lo que es completamente inaceptable son las versiones izquierda de la retórica anti-migrante procedente del líder del Partido Socialista - este tipo de populismo no combate opiniones racistas, simplemente confirma y afianza estas actitudes.
 
Si hay un aspecto positivo en la consulta es en la prestación de un fuerte ejemplo de lo que la izquierda necesita para pasar de un análisis economicista a uno intersectorial. El análisis economicista de una parte de la izquierda radical la llevó a ubicarse a la cola del Brexit como un movimiento anti-sistema  pasando por alto (o peor aún, negando) la realidad de que Leave reunió a los elementos más reaccionarios de la sociedad británica, incluyendo la parte más reaccionaria de la clase obrera. Haciendo eso, se centró solamente en el hecho de que una parte importante de los trabajadores estaban apoyando Leave, y hizo caso omiso no solo de la opinión de muchos de ese sector, sino también de las consecuencias de alentar ese voto para los inmigrantes en el Reino Unido, la gran mayoría de los cuales ni siquiera tienen derecho a voto.
 

[Comentario final. Resulta llamativo que el autor, que defiende la teoría de que este resultado se debe a la contaminación de la clase obrera por la ideología tóxica del nacionalismo imperialista inglés, no destaque el dato que, de todos los aportados en su nota, es el argumento más fuerte en favor de esa idea: la distribución de votos según las franjas etarias. El voto varía en forma impresionante de un extremo al otro de esta variable, en los más jóvenes es 4:1 por Remain, y en los más viejos 3:1 por Leave, habiendo 50 años entre unos y otros. Son los 50 años en se completó definitivamente el hundimiento total del viejo imperio. Es obvio que si el factor determinante es la ideología nacionalista imperial, los más inmunes a esa ideología tóxica son las generaciones que no conocieron ni el olor de ese viejo imperio.
La clase trabajadora no es ontológicamente revolucionaria, este tema daría para mucho. Ya en la Ideología Alemana está planteado que es solamente la lucha obrera la que la unifica por encima de las competencia propia de la sociedad capitalista. Y en las épocas de crisis, la lucha defensiva en las líneas más interiores se produce en dispersión, y las fisuras se transforman en fracturas.
En nuestra opinión no se puede considerar que ese sea el único factor, resulta evidente que a ese fracaso ahora se suma la crisis del nuevo imperialismo europeo, frenado en seco en su pretendido ascenso por la crisis general del sistema capitalista mundial, y las formas en el imperialismo yanqui en tiempos de decadencia de su hegemonía busca descargar sus problemas sobre sus socios de segunda línea]

FERNANDO MOYANO - postaporteñ@ 1634 - 2016-07-15 08:09:23
postaporteñ@_______________________________

El legado de Tucumán y el verdadero alcance de la independencia

Fabián Harari sobre el bicentenario de la Independencia.

Diario PERFIL 9/7/16 formuló a siete reconocidos intelectuales -políticos, historiadores e investigadores- tres preguntas para definir el legado del Congreso de Tucumán. 1) ¿Qué significa el Bicentenario de la Declaración de la Independencia argentina? 2) ¿Se mantienen los principios promocionados hace 200 años? 3) ¿Qué quiere decir políticamente hoy ser independiente?

Respuestas de Fabián Harari. Doctor en Historia, miembro de CEICS y docente universitario.

1) Más allá de cada número redondo, se conmemora el inicio de una experiencia histórica llamada “Nación Argentina”. La evocación de la Independencia remite a dos fenómenos. El primero es la revolución, es decir, la transformación social consciente. Estos territorios pertenecían a la nobleza española, con sus leyes y sus relaciones económicas (servidumbre y esclavitud). Fue así como una clase entonces revolucionaria decidió desobedecer las leyes y las autoridades, y constituir una fuerza social para tomar el poder por asalto para transformar la sociedad toda. El segundo es la construcción de una dominación y de un sistema social particular. La dominación de la burguesía y el sistema capitalista. Por lo tanto, este año se cumplen 200 años de la hegemonía de la burguesía nacional. Una clase que nos llevó adonde estamos.

2) Los principios sí. Las promesas no. Nos prometieron muchas cosas, pero sabían muy bien que sus principios eran otros. La revolución y la independencia no se hicieron para beneficiar a toda la población, sino sólo a los principales propietarios, perjudicados ellos por el régimen colonial. Los verdaderos  principios fueron “propiedad”  y “seguridad”. Propiedad,  porque querían asegurar sus tierras, sus vacas, sus depósitos y sus barcos. Seguridad, porque había que mantener el orden suficiente para que ningún desposeído, y mucho menos una asociación de ellos, quisiera hacer realidad las promesas de “igualdad” y “fraternidad”. El legado se mantiene hasta hoy en día. Los principios liberales de ese momento son los que rigen nuestra Constitución. Vivimos en esa sociedad que ellos querían construir: el capitalismo. Un sistema en el cual la ganancia decide qué es lo importante y la propiedad, quién es realmente un ciudadano. Ambas están por encima de la vida. Miles de personas pueden morir de hambre, sin que ninguna responsabilidad caiga sobre dueño alguno de fábricas o supermercados. En cambio, quien intente evitar la muerte, suya o de sus semejantes, por sus propias manos, irá preso, porque la vida no es sagrada,  pero la propiedad sí.

3) La independencia en sentido abstracto no existe. Ni de los individuos, ni de las naciones. Desde que salimos del estadio de horda carroñera, todos los seres humanos dependemos de la sociedad para vivir. A su vez, todo lo que hacemos “molesta” o “beneficia” a algún otro y todo el tiempo estamos siendo afectados por pensamientos y acciones de gente cercana o lejana (dirigentes, pensadores, artistas, etc.). Lo mismo sucede con  los países. Independencia nacional sólo puede referirse a la capacidad de una burguesía nacional de controlar el territorio, lo que sucede aquí desde casi 200 años. En el sentido económico, no hay ningún espacio “independiente”, casi desde el siglo XVI (por lo menos, en América), ni puede haberlo. Hay una sola economía mundial, que se impone en todos los espacios nacionales. En todo caso, sí hay una dependencia de la que vale la pena liberarnos: la de la ganancia como ordenador de las relaciones y de los recursos. Esa sería nuestra verdadera independencia: la libertad de toda la humanidad de decidir, en forma colectiva y racional, cómo usar sus riquezas.

Razón y Revolución

 

Bicentenario de la Independencia: una mirada de clase

de Juan Gabriel  Flores

Revista Histórica de Huellas de la Historia 

Jul. 9, 2016

El Bicentenario de la Independencia marcará por estos días una agenda de intenso debate histórico y político. Es un momento adecuado para formular un balance sobre los 200 años de la hegemonía de la burguesía nacional, una clase que por aquellos años batallaba por construir su propio espacio de acumulación. En el presente artículo intentaremos vislumbrar en qué consistió la Declaración de la Independencia, así como procuraremos comprender su contexto histórico y los intereses de clase ocultos tras el Congreso.

El Congreso según los historiadores

En primer lugar, ¿qué fue el Congreso y qué importancia tuvo? Esta pregunta que parece tan simple, en realidad es motivo de fuertes discusiones. El sentido común dirá que la función del Congreso fue declarar la Independencia de la Argentina, suponiendo la existencia de un mapa similar al del siglo XX y de un Estado nacional más o menos consolidado. Sin embargo, hace ya unos años, como resultado de una reacción en el plano historiográfico, la autodenominada “renovación historiográfica” comenzó a colocar en el centro de la escena el problema de las “identidades” y los “discursos” en la década revolucionaria. ¿Qué se concluyó? La ausencia de una nacionalidad argentina preexistente al derrumbe de la monarquía, y por lo tanto, de una comunidad nacional que constituyera la base de un nuevo Estado:

“Lo que traducen estos textos es la decisión de constituir la nueva Nación, sin invocar ninguna Nación o nacionalidad preexistente. Lo preexistente son esas provincias, a veces denominados “Pueblos”, que conocían sí, otro tipo de antecedente nacional, el de la nación española. Estamos, entonces, ante un uso del vocablo nación como “sujeto de imputación de la soberanía”, pero no como denotando la existencia previa de una nacionalidad, de una Nación como entidad histórico-cultural.” (Chiaramonte, 1989: 83).

Detrás de esta idea se esconden dos problemas: en primer lugar, la validez implícita del supuesto culturalista en el que una nación surge a partir de la voluntad de un grupo con rasgos culturales comunes. En segundo lugar, la caracterización negativa del proceso revolucionario. En efecto, para estos historiadores, la Revolución no fue un proceso de transformaciones guiado por intereses de clase concretos. En su lugar, diversos grupos facciosos –es decir, grupos sin diferencias programáticas sustanciales- se amoldaban ante un “vacío de poder”, adaptándose a las nuevas oportunidades, y amparándose en una serie de cambios de la “legitimidad” discursiva del poder político (Halperin Donghi, 1972; Chiaramonte, 1989; Goldman; 2005). Por otra parte, la guerra independentista era un acto irracional: como señala Halperin Donghi, se había vuelto una “lucha por la supervivencia” en un contexto de barbarización (Halperin Donghi, 1972: 239). Entendido de este modo, el Congreso parece ser un espacio especialmente destinado a discutir sobre las “bases legítimas” de un poder político. Ello equivale a sobreestimar discusiones abstractas, fuera de los verdaderos problemas.

En otra vereda, gran parte del revisionismo y la izquierda argentina consideran que las políticas del Congreso fueron profundamente antinacionales. Un claro ejemplo fue Rodolfo Puigróss:

“Por más que el acta de Independencia firmada en Tucumán el 9 de julio de 1816 y la fórmula del juramento de la misma se refirieran a las Provincias Unidas en Sudamérica, es evidente que ese momento histórico marca el abandono por el gobierno de Buenos Aires del proyecto de unir a todo el continente o, por lo menos, a las partes del que fuera el Virreinato del Río de la Plata. Desde entonces, en adelante, se invirtió el proceso iniciado por la Revolución de Mayo. A través de la Junta Grande, de los Triunviratos y del Directorio, la política de expansión revolucionaria de la Primera Junta se había ido diluyendo hasta desembocar en su contraria” (Puiggrós, 1972: 353)

Así, mientras los congresales declaraban la independencia, la diplomacia ofrecía el trono al mejor postor europeo y entregaba la Banda Oriental a Portugal. Difícilmente pudieran entonces explicar el esfuerzo financiero puesto en los ejércitos “libertadores”, ni las tácticas diplomáticas exhibidas. Por último, suponían mayores potencialidades para la nación en términos territoriales, más allá de las condiciones materiales que impedían una unidad como la pretendida. Es decir, si la burguesía lo hubiera querido, el capitalismo argentino tendría una magnitud símil a su par norteamericano. Su falta de voluntad, en cambio, la habría condenado a la dominación extranjera.

Una explicación de clase

Para medir correctamente la importancia del Congreso de Tucumán y la Declaración de Independencia es preciso partir de una caracterización de clase del proceso. En efecto, el Congreso no acabó con ninguna Revolución ni fue un espacio para discutir nociones abstractas. Muy por el contrario, el problema básico fue la reorganización de las tareas revolucionarias en una coyuntura apremiante. Ahora bien, ¿qué tipo de Revolución había que rescatar? Una revolución burguesa, es decir, una revolución llevada adelante por una burguesía organizada con intereses últimos de crear una nación capitalista. En efecto, la nación es una construcción burguesa, diseñada a su medida y para sus intereses: es un proceso largo de delimitación de un espacio donde una burguesía hegemoniza un conjunto de relaciones sociales. La magnitud de dicho espacio no depende meramente de la “voluntad” sino de una compleja articulación entre posibilidades materiales, guerra y política. El análisis de los hechos que nos atañen nos permitirá ver que, lejos de una postura derrotista y “entreguista”, la burguesía nacional hizo todo lo que estuvo al alcance de su mano para comenzar a crear un espacio propio.

¿Cuál era el contexto del llamado al Congreso? El retorno de Fernando VII al poder de España (mayo de 1814), la derrota napoleónica (julio de 1815) y la configuración de la Santa Alianza (septiembre de 1815) supuso un grave peligro para la Revolución en el Río de la Plata. A fines de 1814, una expedición partía a cargo de Pablo Morillo con destino de la plaza de Montevideo. La transitoria recuperación de la Banda Oriental, sin embargo, desvió a Morillo hacia Cartagena. En noviembre de 1815, el Ejército del Norte era derrotado en Sipe-Sipe. Buenos Aires resistía tambaleante. Hasta el Pronunciamiento de Riego de enero de 1820, la posibilidad de una expedición realista en el Río de la Plata continuaba vigente.

Por el flanco oriental, el artiguismo representaba un rival fuerte por la dirección regional de la revolución. En efecto, la burguesía porteña y la burguesía oriental competían por la hegemonía del proceso. Ambas tenían algo en común: su carácter burgués. Sin embargo, para 1816, Artigas dirigía el Sistema de Los Pueblos Libres. En abril provocó el derrumbe del Directorio de Álvarez Thomas. Asimismo, la presencia portuguesa al otro lado de la Banda Oriental constituía una variable sumamente compleja. Siempre en un juego de tensión y posible invasión de los ejércitos lusitanos, quien moviera sus piezas con mayor habilidad neutralizaría de modo más efectivo al rival. El propio Artigas iniciaría gestiones el 4 de noviembre de 1814 con Souza, pidiendo auxilio para combatir a los porteños, dato usualmente olvidado por sus defensores (Archivo Artigas, XVIII: 64-73). También lo haría Buenos Aires, por supuesto. En definitiva, la resolución de esta competencia suponía más guerra y diplomacia.

La Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816 y la sanción de una Constitución en 1819 –finalmente rechazada-, fueron entonces parte de las tareas que la burguesía rioplatense –en alianza con los gobiernos del Interior- debió llevar a cabo si tenía intención de continuar con sus pretensiones revolucionarias. En efecto, el Congreso debía desenmascarar su táctica ante el mundo: la Revolución ya no podía proclamarse fiel a Fernando, sino constitutiva de una nueva entidad política. De este modo, la Declaración de Independencia tuvo la virtud de haber proclamado ante el mundo la intención de delimitar un espacio nacional por parte de la burguesía rioplatense. A través de ella, la burguesía manifestaba su pretensión de explotar a sus peones y esclavos, de la forma más autónoma posible y sin intervención de burguesías extranjeras.

Por otra parte el carácter de clase del Congreso quedaba evidenciado incluso por su composición social.  ¿Quiénes votaban allí?

Hacendados, comerciantes y religiosos –estos dos últimos, asociados a los primeros-. Es decir, todos sujetos que disponían de la propiedad de los medios de producción: estancias y ganado. Es más, según el Estatuto Provisional sancionado por la Junta de Observación en 1815, la ciudadanía misma era una condición que se suspendía “por ser doméstico asalariado; por no tener propiedad u oficio lucrativo y útil al país” (Estatuto Provisional; Sección Primera, Cap. V, art. 2º). Es decir, ser propietario era una condición ineludible. El Congreso, y luego el Directorio, revalidarían este condicionante en el Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado de 1817.

Ahora bien, la Declaración de Independencia adoleció de ciertas limitaciones. Aunque procuró abarcar a todo el territorio, el Congreso no integró a todo lo que hoy es Argentina. No concurrieron diputados del Litoral (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes), que adherían al artiguismo. El actual sur, La Pampa, Formosa y el Chaco no estaban controlados por los criollos. A eso debemos agregar que concurrieron diputados de Charcas (hoy Sucre), Cochabamba y Mizque. Tampoco supuso una nación reconocida formalmente en un esquema de relaciones internacionales de Estados. De hecho, ninguna potencia reconoció la Independencia en lo inmediato, para lo cual las Provincias debieron esperar algunos años. Tampoco fue reconocida en el acto por el Litoral. Incluso muchos diputados –tal es el caso de Pueyrredón, diputado por San Luis- eran en realidad partidarios porteños, lo cual expresaba la debilidad del vínculo que Buenos Aires trazaba con las provincias.

El principal problema de la Independencia de las Provincias Unidas era que se hallaba supeditada al orden posterior de los hechos. El curso mismo de la Revolución debía refrendar de facto, lo que se firmaba en el papel. Y así lo terminó haciendo, aunque por etapas. En efecto, en lo inmediato, la Independencia y la discusión congresal permitieron continuar con la eliminación del enemigo realista en un vasto espacio, a partir de nuevas tácticas militares. Es decir, permitió delimitar ese espacio contra su antiguo dueño. Para eso debió reorganizar el aparato financiero de la revolución y hacer la mayor cantidad de esfuerzos posibles. Ello explica que la mayoría de las discusiones se resumieron en cómo obtener fondos y apoyos para continuar la guerra. La Revolución dependía de ello.

La diplomacia revolucionaria

Un soporte fundamental de esta iniciativa de delimitar un espacio nacional fue la política diplomática de los revolucionarios en Europa. Una lectura común –aquella del revisionismo- sugiere que estas negociaciones fueron profundamente inconsecuentes y particularmente concesivas con Gran Bretaña y España (Puiggrós, 1972: 217). Sin embargo, esta explicación adolece de dos problemas. En primer lugar, minimiza las situaciones apremiantes que envolvían a la Revolución. Segundo, desconoce la naturaleza de las tácticas diplomáticas. En efecto, la diplomacia constituye un juego de intrigas y mentiras, donde aquello que se omite posee tanta o más importancia que aquello que se dice. Veamos de cerca.

En enero de 1815, el Director Supremo Posadas enviaría una terna diplomática compuesta por Belgrano y Rivadavia a todas las Cortes posibles, previo paso por Río de Janeiro a negociar con Lord Strangford. ¿El objetivo? Encontrar protección, ya sea con mediaciones o envío de armas, en particular de Inglaterra. En efecto, Buenos Aires debía asegurarse el favor inglés. Motivos para temer lo contrario no le faltaban: en julio de 1814, Gran Bretaña y España habían firmado un Tratado de Amistad y Alianza, del que Fernando VII esperaba apoyo militar efectivo.

En efecto, la alianza anglohispana implicaba un complejo problema: Gran Bretaña oscilaba entre respetarla (era un pilar de su hegemonía en Europa sobre Francia) y mantener la neutralidad, intrigando a favor de la Revolución de forma solapada (para cosechar los frutos comerciales de un eventual triunfo revolucionario). El resultado: numerosos comerciantes ingleses que reclamaban desechar la alianza con España, compraban materiales de guerra y los reenviaban a Buenos Aires, mientras Reino Unido mantenía su neutralidad e instaba a las otras monarquías a que tomen la misma posición  (Gallo 1994: 176; Ferns, 1979). Asimismo, muchos militares resolvieron incorporarse a los ejércitos sudamericanos. Otros armaron corsarios y despacharon armas, municiones y uniformes para la guerra en el Caribe (Muiño, 2011: 269-270).

¿Cómo se podía negociar para salvar la Revolución? Manifestando buenas intenciones y ofreciendo una Corona a todo el mundo, respetando una carta constitucional autónoma. Es decir, proponer a las Cortes la instalación de una monarquía constitucional, considerando el escenario de Restauración europeo. Sin embargo, ello no implicaba retroceder con la Revolución ni la Independencia. Por el contrario, una constitución propia significaba un fuerte condicionante para cualquiera de estas naciones. Por otro lado, las gestiones de Rivadavia iban más allá de las negociaciones con el gobierno inglés. También podía acudir a Rusia, Alemania o Francia, incluso Estados Unidos. Es decir, era común apelar a otras variables, y en muchos casos, presumir de ellas como instrumento de presión.

Sin embargo, había un problema más para resolver. Como marcan las instrucciones del 16 febrero de 1816, Rivadavia debía neutralizar todo proyecto de invasión. De este modo, Rivadavia embarcó primero a Carlos IV en las negociaciones -como lo había hecho anteriormente Sarratea- y luego al propio Fernando VII. Sus primeras instrucciones lo facultaban para ofrecer como última opción “dependencia de ellas [las Provincias] de la Corona de España, quedando la administración de todos sus ramos en manos de los Americanos”. Sin embargo, las aclaraciones previas señalaban claramente: “Buenos Aires sólo tiene por objeto la Independencia política de este continente (…) Como debe ser obra del tiempo y de la política, el diputado tratará de entretener la conclusión de este negocio todo lo que pueda” (Belgrano, Mario: 418-420). Es decir, la idea sería dilatar las negociaciones apelando a la necesidad de una “consulta con los Pueblos”. Así, se reunió con Pedro de Cevallos en mayo de 1816.

Quienes consideran esta táctica un “acto de entrega” debería preguntarse por qué no fue aceptada por Fernando VII. Precisamente, por aquello que claramente marcaban las Instrucciones reservadas: se trataba de un subterfugio, una maniobra distractiva que obviamente Fernando a la larga iba a rechazar. Incluso por ello Rivadavia fue presionado a abandonar la Corte el 15 de julio. Si bien Rivadavia no consiguió los aliados internacionales ni el apoyo efectivo inglés, logró ganar tiempo para distraer la expedición.

Para octubre de 1816, el Directorio temía una coalición europea contra la Revolución. Las Instrucciones emitidas el día 27 señalaban a Miguel de Irigoyen que debía “indagar con toda cautela si hay algunos tratados y convenciones entre los gabinetes de Brasil, España e Inglaterra para la subyugación de las Américas o de este territorio” (Ibarguren, 1961). Paralelamente, San Martín gestionaba con Robert Staples –representante de las casas comerciales británicas- un apoyo militar efectivo, amenazando con apelar a otras alianzas (Rusia o Estados Unidos, el principal apuntado por Gran Bretaña). Rivadavia al mismo tiempo realizaba sus gestiones en París, para contrabalancear la influencia británica. Incluso llegó a armar gestiones con el zar ruso para neutralizar cualquier apoyo a España.

Parte de este complejo juego diplomático fue la discusión del proyecto monárquico propuesto por Belgrano –finalmente desestimado- de coronar un “monarca inca” enlazado con la Casa de Braganza (Portugal). No se trataba de un guiño “indigenista”, sino una forma de trazar alianzas en territorio altoperuano, donde el problema indígena era una variable de apoyo para continuar la guerra. Del mismo modo, Buenos Aires se aseguraba la acción de Portugal contra el artiguismo, en la medida que aquel no invadiera Entre Ríos. Esto fue reforzado con otros enviados diplomáticos del Congreso a Río en septiembre de 1816.

Nuevamente, ¿ello implica un retroceso y una entrega de territorio como afirma el nacionalismo? Tampoco. En el marco de toda cuestión nacional abierta, este tipo de alianzas son consideradas, según las circunstancias y la posibilidad de ejercer hegemonía sobre un territorio y su población. En efecto, la burguesía porteña desestima transitoriamente la Banda Oriental no por “inconsecuente”, sino por la inviabilidad de declarar tres guerras al mismo tiempo (al Rey, Artigas y Portugal).

Conclusión

Contra lo que señalan sus detractores, existía en el Congreso una clara voluntad nacional. Contra lo que señala la academia, esa voluntad era burguesa. En efecto, la burguesía rioplatense libró una dura batalla para instaurar las relaciones capitalistas, que representaron un gran progreso, pero que hoy sufrimos. La nación argentina fue obra de nuestra burguesía nacional, pensada por y para ella. En un contexto como este, no hay ninguna “independencia” que reeditar.  Esa tarea ya fue hecha. Lo que queda pendiente es reemplazar la dirección de la sociedad y las relaciones que nos llevan a la miseria y a la descomposición. Es hora entonces, de que abolir la nación como experiencia burguesa y, lejos de la autonomía, buscar una base mucho más amplia para el despegue económico. Tarea que solo puede hacer el proletariado latinoamericano y que sólo se llevará a cabo bajo el Socialismo.

Bibliografía

Belgrano, M. (1947). “La política externa con los Estados de Europa (1813-1816)”, En: Academia Nacional de la Historia, Ricardo Levene (comp.), Historia de la Nación Argentina (desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862), vol. VI, 1ª secc... Buenos Aires: El Ateneo

Chiaramonte, J. C. (1989). “Formas  de Identidad en el Río de la Plata luego de 1810”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, Tercera Serie, núm. 1

Ferns, H.S. (1966). Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires: Solar Hachette

Gallo, K. (1994). De la invasión al reconocimiento. Gran Bretaña y el Río de la Plata (1806-1826). Buenos Aires: AZ Editora

Goldman, N. (comp.) (2005). Nueva Historia Argentina: Revolución, República y Confederación. Buenos Aires: Editorial Sudamericana

Halperin Donghi, T. (1972). Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla. Buenos Aires: Siglo XXI

Ibarguren, F. (1961), Mayo en Ascuas desde 1814, Documentos.  Buenos Aires: Ediciones Teoría

Muiño, O. (2011), Buenos Aires, la colonia de nadie. Buenos Aires: Eudeba-Universidad de Buenos Aires

Puiggrós, R. (1972) [1942], Los caudillos de la Revolución de Mayo, Buenos Aires: Editorial Contrapunto

RyR - postaporteñ@ 1634 - 2016-07-15 08:01:58
postaporteñ@_______________________________

Brasil/PSTU: Los significados de una ruptura

Mário Maestri
Historiador rio-grandense
DIÁRIO DA LIBERDADE

https://gz.diarioliberdade.org/opiniom/item/35607-pstu-os-significados-de-uma-ruptura.html

PRIMERA PARTE

[Esta nota, que dada su extensión debimos dividirla en dos partes, habla de un hecho muy poco conocido en Uruguay hasta ahora, una división del PSTU de Brasil, hasta ahora el mayor partido político a la izquierda del PT en ese país. Esa ruptura, según todas las versiones, se produce por el impacto de la caída del gobierno de Dilma, y se había venido gestando durante largo tiempo por las diferentes estrategias propuestas en ese contexto. En ese sentido, creemos que el tema tiene una importancia fundamental para la izquierda del continente que, con muchas variantes, enfrenta situaciones parecidas en este período de declive final de los gobiernos de bonapartismo socialdemócrata. El autor encara una visión mucho más amplia y a su vez más restringida, remontándose a discusiones históricas dentro de las corrientes trotskistas. Al final del artículo, que veremos en la segunda parte, vuelve al aquí y hoy. Debo decir que con algunas cosas que dice el compañero y amigo Mario Maestri, que me merece el mayor respeto, no estoy de acuerdo, en particular con su mirada acrítica de las ideas de León Trotsky hacia el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto sigue teniendo un enorme valor para nosotros pero es evidente que no puede sostenerse en un todo. Pero con lo que sí estamos de acuerdo es que sean los que fuesen los errores de esa visión "ortodoxa" la variante PSTU-LIT es MUCHO, MUCHO PEOR, y las consecuencias se ven ahora. Gracias a la gentileza del PSTU, pudimos ser testigos de esas divergencias internas cuando comenzaban. Tenemos nuestra opinión sobre todos esos temas. Pero primero, dejemos que Mario termine de hablar] FM
 

El 5 de julio el tradicional Jornal do Porto Alegre Comercio daba de primera mano la noticia la formalización de de la ruptura organizada de un número considerable de militantes PSTU en Brasil. Dicho y hecho. Al día siguiente, el "Manifiesto para la construcción de una nueva organización socialista revolucionaria en Brasil", firmada por más de setecientos militantes anunció, lo que casi con seguridad es la primera ruptura masiva que esa organización sufre desde la fractura de 1980 cuando todavía se llamaba Convergencia Socialista. Tal fue la demanda del "Manifiesto" que el blog que el acceso se interrumpía constantemente por saturación de la red.

Tanto los comentarios como la carta de respuesta de la dirección de PSTU señalan como razón de la ruptura el desacuerdo sobre las tácticas en la lucha contra el "juicio político". Según la nota de respuesta del PSTU, la divergencia "más importante era en relación a qué posición tomar ante la caída del gobierno de colaboración de clases de Dilma, formado por el PT y sus aliados burgueses." En ese sentido, se argumenta que unirse a las movilizaciones del "Frente Popular Sin Miedo" contra el golpe institucionales significaba incorporarse como "ala izquierda de la campaña para que Dilma se quede". Para la dirección del PSTU, "los trabajadores querían que el gobierno de Dilma cayese [...]." Por lo tanto, el golpe institucional propuesto sería una mera sustitución de un gobierno burgués por otro.

La nueva organización política rechaza la consigna "Fuera Dilma, Aécio, Temer, Cunha, fuera todos ellos!", criticada por sectores de izquierda como un apoyo vergonzante al golpe de Estado que la dirección del PSTU se empeña en ignorar.

El "Manifiesto" propone integrar la lucha contra el golpe institucional, sin apoyar al gobierno anterior ni el pretendido retorno -con un programa recauchutado- de Dilma Rousseff y el PT. En relación a la política oficial del PSTU, es como transformar el agua en vino, y las repercusiones políticas son indiscutibles debido a la calidad y cantidad de la organización en la formación.

En el momento de tensión política que vive el Brasil, aumenta la importancia de esta ruptura y la reorientación de la acción política propuesta. Sin embargo, creemos que el significado de esta separación trasciende y supera esta reorientación decisiva de la política coyuntural. La importancia política de esta quiebra supera en cantidad y especialmente en calidad, las pequeñas, medianas y grandes rupturas previas vividas   por el PSTU, que pasaron generalmente desapercibidas incluso para el político mejor informado porque no han llegaron a la construcción de grupos independientes significativos

Lo general y lo particular

Siguiendo el método marxista, el grupo disidente supera el enfoque general seguido, por lo menos en los últimos 35 años. Y a partir de reelaborar toda la perspectiva de ese período histórico, reorganiza su acción en particular. Es decir, da media vuelta, rompe con la fantasmagoría que existe en el PSTU-LIT y busca abarcar el curso de la vida real. Un proceso sin duda determinado por la presión de la realidad social sobre  la militancia entregada a la ingrata tarea ingrata de impulsar propuestas inconsistentes y, no es raro, antisociales, una especie de trabajo de Sísifo como castigo de Prometeo. Esa contradicción práctica contribuyó a la reelaboración teórica, concreta y progresiva, superando las percepciones abstractas y regresivas del proceso histórico general y en particular.

El "Manifiesto" comienza precisamente la ruptura con la evaluación del PSTU-LIT sobre el período histórico actual, retomando la vieja cuestión de tres décadas. "Creemos que las dificultades que enfrentan los revolucionarios a principios del siglo XXI encuentran su explicación más profunda en el impacto reaccionario de la restauración capitalista en la URSS, Europa del Este, Sudeste de Asia y Cuba." La disolución de los estados obreros degenerados, antes definida como un avance revolucionario, ahora el grupo escindido lo entiende como golpe histórico sobre el mundo del trabajo que marca la época. El avance de la revolución mundial al final de la Segunda Guerra mundial terminó a finales de los 80 con la victoria histórica del capital sobre el trabajo. Ese tsunami contra-revolucionario impulsó la restauración política y económica capitalista en los estados obreros burocratizados y la destrucción de las conquistas históricas materiales e inmateriales de los trabajadores en el mundo. Produjo graves consecuencias económicas sociales políticas ideológicas, etc. hoy en el proceso de radicalización. Con la retirada de la revolución, la barbarie ha avanzado a paso firme.

El "Manifiesto" describe este proceso de manera sucinta: "[...] la ofensiva política, económica, social, militar e ideológica del imperialismo, el discurso sobre el final de la historia y la adaptación de la izquierda reformista al orden burgués" pesó en gran medida en el "movimiento de masas" en todo el mundo. Como resultado, el mundo del trabajo "retrocedió" en "conciencia y organización". Se instaba así que lo que se ha definido como "crisis subjetiva" de la clase obrera. Es decir, la acreencia del mundo del trabajo en su programa para resolver la crisis patológica del capitalismo en su fase senil.

Nada será como antes

Con esta caracterización cruza el Rubicón en relación con al balance que organizó la práctica de PSTU-LIT en las últimas décadas, cuando a finales de la década de los 80, esa dirección aclamó la disolución de los estados obreros - y la sigue saludando - como un avance de la revolución mundial. Presentó la restauración capitalista, liderada por la burocracia socialista de la época previa, y la disolución de los estados obreros, como el simple derrocamiento de las direcciones estalinistas por los trabajadores. Aplaudido el  colapso de lo que quedaba de más de setenta años de logros de trabajadores como parte de la "revolución política", propuesta por León Trotsky, en el que el proletariado recuperaría la gestión política y económica de los estados obreros que le había sido expropiada.

Gran parte del trotskismo mundial, junto con el PSTU-LIT, evaluó positivamente esa catástrofe histórica, que afectó el destino de la humanidad, rompiendo con la visión de de León Trotsky de defensa incondicional de la URSS, incluso bajo el control político burocrático. En sus últimos meses de su vida, el revolucionario ruso polemiza con una pequeña facción de la IV Internacional, que propone abandonar la defensa de la URSS, a la que define como una variante de la sociedad capitalista. "En defensa del marxismo" es la defensa cabal de León Trotsky de la URSS, es una paradigmática exposición del método marxista.

La arbitraria evaluación positiva de la victoria de la contrarrevolución ocasionó una enorme desviación de la conducta política. En los años posteriores a la caída del muro de Berlín, la dirección morenista -como tantas otras tendencias trotskistas- siguió presentando las victorias continuadas de la contrarrevolución imperialista como un avance de la revolución. Se proclamó la época revolucionaria, mientras el mundo del trabajo se replegaba golpeado y desorientado. Se rompía con el marxismo revolucionario y con la realidad objetiva.

Cuarenta años de reflujo

Esta revalorización esencial expresada en el "Manifiesto" sin duda surgió a partir de un rico debate dentro del PSTU, sobre lo que, por desgracia, no tenemos información.

Sin embargo, llaman la atención dos artículos germinales de Ênio Bucchioni, publicados a fines de 2015 en el Blog de Convergencia, del PSTU, que estaba bajo la dirección de Valerio Arcary. Una evaluación política que recibió semanas más tarde, la respuesta de enojada del líder del PSTU-LIT Martin Hernández, en el mismo blog, como veremos a continuación.

En el primer artículo, "1975 frente a 2015: Vietnam, última expropiación de la burguesía", Enio Bucchioni, matemático, fundador de la Liga de los Trabajadores, desde hace unos años fuera del PSTU, resume la restauración capitalista en los estados obreros como un drama histórico colosal, describe las largas décadas de reflujo de la revolución, de nivel de organización, de conciencia de los trabajadores, etc. Recuerda que hoy, sólo los que andan alrededor de los 60 años presenciaron con plena conciencia la victoria de una revolución socialista. Este último habría ocurrido en Vietnam en 1975.

En el segundo artículo, "1975 frente a 2015: La conciencia años después del final de los estados obreros", Bucchioni traza un valioso panorama sobre la instalación de la idea de "crisis de la subjetividad proletaria". Con este fin, se sirve de su experiencia -y la su generación- para ilustrar lo que se propone. Recuerda que la rapidez del crecimiento de la minúscula Liga de los Trabajadores -diez militantes iniciales- fundada a la sombra del PST de Nahuel Moreno. En 1978, bajo el nombre de Convergencia Socialista, durante la dictadura militar, literalmente explotó en Brasil ganando casi seiscientos militantes.

Entonces, Brasil tenía cerca de ochenta millones menos de habitantes que en la actualidad. Es decir, seiscientos de esos años equivaldrían a mil hoy. Un "Cresciento increíble" que no se restringe a Brasil y morenismo sino que alcanzó a "los diferentes matices del trotskismo", dice Bucchioni. Sobre todo, recuerda que si se mantuviese la progresión de la Liga de los Trabajadores entre 1975 y 1978, el PSTU tendría en 2015 más de 160 mil miembros. Para un país de 200 millones, no sería ninguna extravagancia. Propone que la liliputización que siguió de la izquierda revolucionaria en Brasil y en el mundo, se debió a la victoria global de la contra-revolución. "Para las masas en todo el mundo, para casi todos los activistas, el final de los estados obreros clavó en su conciencia la idea que el socialismo murió." Las "masas" ya no reivindican más el socialismo.

Para Bucchioni, tal era la regresión en muchos países como Brasil, que ese aspecto de  la conciencia de clase prevalece hoy en día en el mundo del trabajo. En nuestro país, este paisaje es cada vez más árido, e incluso en la vanguardia política pasó a dominar la lucha por las reivindicaciones democráticas y las minorías en el contexto del orden capitalista. El parlamentarismo se ha impuesto como programa y como práctica, en particular en los segmentos dominantes del PSOL- algunos Morenistas. La dura evaluación concluye con el recordatorio de que, en los últimos años, este escenario se produce una clara reacción de la clase obrera, aunque eminentemente defensiva. Lucha defensiva definida por Enio Bucchioni como un posible paso hacia una eventual y necesaria "contraofensiva".
 

[Continuará]

FERNANDO MOYANO - postaporteñ@ 1634 - 2016-07-15 08:01:47
postaporteñ@_______________________________

Código Corporativo: planes progresistas para un golpe político a la enseñanza

Por Andrés Núñez Leites 9/7/16

leites.webnode.es/

El capitalismo ha finalizado (si tú quieres)*

Una entrevista a Filgueira y Mir (1), mártires políticos de la reforma progresista neoliberal del sistema de enseñanza público, es reveladora, no sólo respecto al contenido, sino al método de imposición deseado. Se trata, una vez más, de anular la autonomía del sistema educativo y someterlo a la voluntad de un sistema político que hace mucho ejerce como agente de los intereses corporativos capitalistas.


1. Ficción de partida: la educación como política de Estado

Luego de proponer una imagen catastrófica de la enseñanza uruguaya -que en realidad muestra problemas que llevan décadas- se llega afirmar que "está en peligro la integración social de nuestros hijos". Ésta es la tónica de todos los promotores de cambios radicales, en el sentido que sea (regresivo, en este caso): mostrar la proximidad del apocalipsis y la necesidad de hacer algo ahora para evitarlo.

La lógicamente necesaria reforma global del sistema educativo pretende ser neutral:
"No es una cuestión de derecha-izquierda, no es una cuestión que pasa por definiciones ideológicas a priori. (...)/son/ definiciones de carácter republicano." (Mir) (2)

Para llevar a cabo este proyecto de reforma educativa, se propone la elaboración de una "política de Estado". Se trata, claro está, de una ficción. Las "políticas de Estado" no existen. Evocan, en todo caso, a la "santa alianza" conque las clases conservadoras buscaban, en épocas de guerra con otros países, poner entre paréntesis la lucha de clases, o mejor dicho, las acciones de las clases populares en el marco de la lucha de clases, porque, como enseña la historia, las clases altas y sus grupos de interés conservador, no descansan jamás. En todo caso, una "política de Estado" es una política clasista disfrazada de universalismo y neutralidad. Es así que se invoca ahora una "santa alianza" por la enseñanza de los chicos uruguayos, como si fuera posible diseñar un sistema educativo y un currículum inocuo, neutro, que no representara intereses de clase y visiones de futuro fuertemente imbuidas por perspectivas de clase, o más específicamente en el presente, por las demandas de formación de las Corporations.

Acaso la UTEC es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando se somete la educación de los jóvenes a las demandas de las corporaciones capitalistas: pronto se borran con el codo las bellas palabras referidas a la educación universitaria de los jóvenes, y sólo queda un grupo de carreras técnicas estrictamente acoplables a las demandas de las grandes empresas, sostenidas con "esfuerzo fiscal" público, obviamente. Pues no, la reforma, tal como lo proponen los sectores liberales del Frente Amplio, con el beneplácito de la derecha y la confusión de los sectores ex-marxistas y sindicales, está lejos de ser neutra, y vehiculiza palmo a palmo las tendencias que por lo menos desde Jomtien han ido intentando plasmar en los sistemas educativos de todo el mundo los organismos de la banca internacional, especialmente el BM.


2. La resistencia como irracionalidad

Para los reformistas del progresismo, el error del gobierno fue centrarse en las "batallas tácticas" y no en las "estrategias a largo plazo". Esta metáfora militarista es muy significativa, porque echa por tierra la idea de una neutralidad y ausencia de intereses. Por ejemplo se dice que medidas como el marco curricular común, o la integración de primaria y ciclo básico de secundaria "no se tomaron por su conflictividad", sin mencionar a los oponentes posibles en el conflicto con el gobierno: los docentes. Sin embargo, dicha contradicción busca ser atenuada en el discurso mediante la sutil descalificación de tales oponentes, que con la piedad característica de la izquierda progresista son tomados como manifestantes de "resistencias naturales", aludiendo tal vez a la dificultad psíquica de los actores para adaptarse a los cambios. Recordemos que buena parte de la literatura de gerencia de la educación de los años 1990, donde se sientan las bases de la "Reforma Rama" en la que se inspiran los reformadores progresistas, hablaba de la "planificación estratégica" como proceso consistente en llevar adelante decisiones venciendo resistencias de la estructura escolar, controlando para ello la información y dosificando los cambios, embretando a los actores.

En realidad, sin negar que efectivamente pueda haber componentes irracionales en la resistencia a una reforma del tipo que promueven los liberales del Frente Amplio, las mismas tienen una racionalidad bastante consistente. Por un lado, porque la propuesta de reforma, como dijimos recién, tiene una inspiración rastreable en el imaginario de los docentes y padres, y las propuestas de este tipo en los años 1990 tuvieron muy malos resultados académicos en los espacios donde lograron imponerse (los "liceos de la reforma" pero también Primaria en general, que pagó con una pérdida importante de nivel académico a partir de la imposición del "método aproximativo-apropiativo" y toda la artillería neoliberal del "desarrollo de competencias" basado en la "resolución de problemas"). Por otro lado, porque las modificaciones en el plano administrativo afectan directamente la condición laboral de los docentes, precarizándola (salarios por presentismo, disminución de su movilidad institucional, sujeción de la remuneración al cumplimiento de metas).

Y finalmente porque de a poco, sobre todo en los ámbitos sindicales de la enseñanza Secundaria, pero también, en menor medida en Primaria, se ha ido asumiendo que estas reformas están lejos de ser neutrales y, sobre todo, lejos de ser "de izquierda", para un movimiento sindical al cual, sobre todo a nivel de las bases, todavía no se le ha hecho abjurar de la tradición pedagógica latinoamericana y su fuerte inspiración socialista.


3. Causas estructurales sin estructura

Los promotores de la reforma educativa hablan de "causas estructurales" pero su análisis estructural es bien corto, y no llega a la raíz social de los problemas educativos, es decir, no abarca la propia estructura social en su análisis.

En este sentido es sintomático que se cite la investigación de Cardozo (3) pero se obvie decir que en ella el fracaso del casi 60% los jóvenes que en 2009 fueron evaluados por PISA y no lograron luego culminar Secundaria, se explica por una estructura que va más allá de la estructura del liceo: la estructura de clases; en la investigación citada, la variable "origen socioeconómico" de los chicos es el factor con más fuerza explicativa (4)

La interpretación posterior de los datos construidos por las investigaciones tiene una clara intencionalidad política que caracteriza a la política económica y social del progresismo: mantener intocada la estructura económica, la propiedad y la gestión de los medios de producción, atenuar apenas la tendencia a la acumulación de riqueza, pero no contrarrestarla efectivamente sino superficialmente, aliviando la situación de los sectores más pobres, pero manteniéndolos a ellos y a los sectores populares en general en una condición de precariedad y heteronomía. Esa paz política, esa tregua en la lucha de clases le permitió al progresismo durante una década cosechar grandes logros políticos y a su vez establece su límite, mucho más cercano que el de su antecesor, el batllismo: la mínima variación negativa de los precios internacionales de las materias primas que Uruguay exporta hacen imposible la conciliación de clases y requieren un ajuste fiscal antipopular, con la consiguiente pérdida de legitimidad. Digamos que la naturalización de una estrategia de desarrollo económico subdesarrollante, tendiente a poner todas las ventajas del lado de la oferta, es decir, del lado de los grandes capitales, especialmente de las Corporations trasnacionales, hace que el progresismo traslade esa epojé a todos los demás planos políticos. En materia educativa, implica negar el origen social de los problemas educativos, caer en el absurdo de la apuesta por la difusión de tecnología informática como revolución pedagógica o, en este caso, por la modificación del currículum en sentido de su flexibilización y degradación de niveles de contenido como forma de superar los problemas de aprendizaje y expulsión de los chicos de las familias más pobres. Pero no se toca y apenas si se menciona el origen socioeconómico del fracaso escolar.

La "sala de máquinas que produce la desigualdad" se ubica, según el discurso progresista, en la estructura de las instituciones de enseñanza y no, como sugieren los datos de las propias investigaciones encargadas por el gobierno, en la estructura económica y la distribución de medios de vida entre las distintas clases sociales. A esta altura parece claro que la financiación de las Corporations y las Foundations del norte ha hecho olvidar por completo a los izquierdistas de su pasado marxista.


4. Elementos para un sistema educativo dócil

El pacto político para generar una reforma educativa incluiría un pacto fiscal que implicaría salarios diferenciales para los docentes, de acuerdo a distintos modelos de carrera, terminándose con los aumentos generalizados. Esta medida que por un lado podría funcionar como estímulo para el perfeccionamiento docente, también tendría posiblemente un efecto de heterogeneización de las posiciones políticas de los docentes, es decir, implicaría una alteración de la identificación mutua y consiguientemente es pensable que podría afectar su sentido de unidad en el plano sindical. Aunque a juzgar por las corrientes sociales levantiscas que pude presenciar en la huelga docente en el sur del país en 2015, yo diría que no les resultará tan fácil obtener ese resultado, si está dentro de los planes reformistas.

La rebaja en la exigencia de contenidos concretos de las materias en Primaria y Secundaria viene dada por la intención que los promotores de la reforma manifiestan en el sentido de construir un "marco curricular común". Vale la pena citar a Filgueira porque el planteo es muy claro y explícito:

"Construir una metodología de marco curricular común supone decir 'El sistema es uno', no hay subsistemas que definen su currículum. Es decir que lo primero que definimos es un conjunto de grandes metas, de capacidades y aprendizajes para todos los chiquilines y que no son metas de asignatura, son metas de un conjunto de capacidades que todos nosotros tenemos que tener que van desde el pensamiento lógico, hasta valores, hasta un conjunto de elementos de cultura general. Y luego subsumimos... las asignaturas discuten su rol respecto a ese marco curricular común." (5)

De la cita anterior pueden desprenderse varias consecuencias: en el plano institucional la definitiva anexión de Secundaria por Primaria, al menos en sus primeros tres grados; la asunción de la doctrina pedagógica de las "competencias", directamente impulsada por los think tank del capital financiero y que consiste en reducir el aprendizaje al desarrollo de una serie de habilidades (procedimientos de selección y procesamiento de información, interpretación de textos, cálculo, disposición al trabajo colaborativo, etc.)

Esta doctrina no tiene una base científica que permita laudar su superioridad respecto a otras, y su punto de apoyo más contundente es en realidad su funcionalidad capitalista, en la medida que se acopla a las "competencias laborales" que solicitan las Corporations. Es interesante el lapsus y la rápida corrección del sociólogo en el último enunciado de la cita, porque delata el sometimiento de los contenidos de las disciplinas académicas a la evaluación de estas "competencias". Una cosa es evaluar filosofía de acuerdo a si un estudiante comprende y puede explicar la cosmovisión platónica, sus aspectos conceptuales principales y aplicarlo a una situación mundana, y otra es evaluar si es capaz de hablar esperando turnos, argumentar oralmente y por escrito, demostrar una actitud abierta, ser hábil para buscar información en Internet al respecto si tiene que mostrar un dato concreto o citar un texto de Platón. No es que en el segundo caso el estudiante pueda ser evaluado positivamente sin un solo concepto concreto, pero es claro que en la medida que el foco de la formación no está puesto en que sepa sobre el tema concreto sino en las habilidades lingüísticas y cognitivas en abstracto, el nivel de exigencia en el plano conceptual es mucho menor. Y esto trae un final feliz para las estadísticas oficiales: desciende la repetición y mejoran los índices de egreso. No el nivel educativo de los jóvenes. Tampoco su capacidad para comprender y transformar el mundo en el que viven.

Desplazado el foco de los contenidos hacia los procedimientos, el paso complementario que el sistema educativo ya está dando es ir sustituyendo la evaluación del docente de clase por la evaluación online, que irá estructurándose crecientemente en torno a las competencias cognitivas. En otros países donde pudo aplicarse con más decisión este tipo de reformas, la evaluación externa también permitió controlar a los docentes, sus posibles resistencias pedagógicas, mediante la asociación de su salario con los resultados de su trabajo pedagógico en torno a las metas impuestas por las autoridades del sistema.

Una de las propuestas más riesgosas, desde el punto de vista operativo, que está manejando el Frente Amplio es, en el marco de la unificación de Primaria y el ciclo básico de Secundaria, la utilización de edificios comunes. Para ello se basan en un error conceptual grave, suponer que los chicos de 11 y 12 años no tienen diferencias respecto a los de 13, 14 y 15. Por supuesto que cada trayectoria individual es precisamente individual, pero en general, la maduración sobre todo en el plano sexual es muy evidente cuando los chicos llegan a Secundaria. Poner en un mismo edificio a niños entre 3 y 15 años es un disparate que en otros lugares ha traído deterioro edilicio y problemas de relacionamiento, infantilizando a los adolescentes y a su vez presionando para una mayor maduración a los niños mayores de Primaria, no respetando sus tiempos.


5. La estrategia del golpe a la autonomía de la enseñanza

La metodología de creación de la reforma sería: una "unidad de desarrollo curricular potente" haría la propuesta básica, que la pondría en común con trabajadores y empresarios y la sociedad en general y luego, con el acuerdo alcanzado, se reformaría todo el sistema "desde la base".

Volvamos a citar a Filgueira:
"El sistema político como tal tiene que llegar a un acuerdo general que no pasa por un acuerdo a la interna del sector educativo. Es decir, no es un acuerdo que se genera endógenamente en el sistema educativo: se genera el diálogo con el sistema educativo, se genera el debate con los docentes y con los sindicatos docentes, pero se genera desde una sociedad que redefine su contrato educativo con la ciudadanía." (6)

De acuerdo a la Constitución de la República, ANEP es un ente autónomo, que por lo tanto se autorregula. Por ese motivo sería difícil implementar una reforma sin el apoyo de los docentes en la interna de ANEP. Parece al menos contradictorio hablar de republicanismo para luego intentar imponer una reforma desde un consenso externo al sistema educativo. Por supuesto que no estamos proponiendo un sistema educativo que no escuche ni dialogue con el resto de la sociedad, pero el respeto y la promoción de la autonomía de la educación que con sabiduría los constituyentes anteriores a estas generaciones que atacan a la autonomía de la educación intentaron imprimir en ella para protegerla frente a los vaivenes políticos, requiere un sentido estrictamente inverso. Es ANEP quien debe proponer sus propios cambios, de manera democrática, consultando a los docentes en diálogo con los sindicatos y las ATD, creadas precisamente para generar acuerdos internos capaces de permitir sostener procesos democráticos de cambio. Luego sí buscar apoyos externos, en la sociedad civil y en el sistema político, pero no al revés.

El problema para los gobiernos del Frente Amplio, es que cuando han citado a los docentes a través de diversos mecanismos de consulta (congresos, ATD), no han encontrado en ellos una identificación plena con el proyecto de "educación light" que avanza a nivel internacional, como respuesta contraproducente al problema global de descenso de los niveles educativos.

No solo porque la identificación de la escuela como una empresa proveedora de "servicios pedagógicos" (sic) se percibe como una atrocidad que arrasaría con los derechos laborales de los docentes, sino porque se han encontrado con la memoria, con ciertas reminiscencias (irracionales, dirán) de la pedagogía latinoamericanista de los 1960, con los recuerdos de la resistencia antidictadorial en los 1970 y las huelgas de los años 1980, con el hecho que muchos docentes de hoy fueron adolescentes que en los 1990 ocuparon los liceos para rechazar la reforma neoliberal. Parece que el discurso de la educación como una empresa pedagógica no ha calado lo suficiente en los docentes y por eso se hace necesario dar un golpe político a la educación desde afuera.

Es verdad que el Frente Amplio no está en condiciones políticas de "cambiar el ADN de la educación". La educación transgénica que propone la izquierda neoliberal, propia de una izquierda pos-democrática que utiliza a la militancia para explicar lo que decide la élite gobernante y no para decidir y a las imágenes mentales del cambio y la superación de la pobreza sólo con fines manipulatorios, que en realidad está atenta y dispuesta a obedecer a las señales de las Corporations que financian sus campañas y modelan sus propuestas desde los congresos y los organismos financieros internacionales, no podrá ver la luz completamente y tendrá que dejar la obra en manos de la vieja derecha neoliberal, cuando vuelva por la revancha. Allí tendremos que tener cuidado para poder identificar quién es quién, porque muchos dirigentes de la izquierda que hoy promueven "subsumir" la educación al dictado del capitalismo corporativo, aparecerán como defensores de los docentes para hacer capital político, pero transarán y vehiculizarán "con matices" los cambios que la derecha intentará imponer con la fuerza que le permite el hecho de no estar legitimada en el apoyo sindical ni de los trabajadores en general.


6. Más allá de la resistencia

El problema para quienes nos oponemos a estas reformas neoliberalizantes, es que nuestra ausencia de propuestas alternativas es una con la ausencia de utopías sociales viables, basadas en relaciones de fuerza capaces de sostenerlas. El saludable colapso del socialismo real y su autoritarismo arrastró a la izquierda hacia un intento por suavizar las aristas más cortantes del capitalismo y con ello absorbió a todo el movimiento sindical y a la sociedad civil, que, con distintos acentos, hoy habla al unísono en la lengua de las corporaciones capitalistas. Para superar esta etapa de resistencia frente a una agenda de reformas que siempre nos antecede y condiciona, y pasar a una etapa propositiva, tal vez debamos empezar desde cero, pensando qué mundo queremos para nuestros hijos, imaginando un mundo mejor, una educación para la libertad y compañeros de ruta.



(1) Código país - http://www.teledoce.com/programas/codigo-pai%c2%ads/no-logramos-convencer-a-un-conjunto-de-autoridades-claves-de-la-magnitud-del-problema/
(2) Código país - idem.
(3) Cardozo, Trayectorias educativas en la educación media. PISA-L 2009-2014, http://www.ineed.edu.uy/sites/default/files/Trayectorias%20educativas%20en%20educaci%C3%B3n%20media.%20PISA-L%202009-2014.pdf
(4) En este mismo blog: Culpen al liceo - Datos y apropiaciones desde el discurso pedagógico del Estado http://leites.webnode.es/news/culpen-al-liceo-datos-y-apropiaciones-desde-el-discurso-pedagogico-del-estado1/
(5) Código país - idem.
(6) Código país - idem.

ANL - postaporteñ@ 1634 - 2016-07-15 08:01:37
postaporteñ@_______________________________

SASKIA 132

Saskia y Freja están como más volcaditas a la ternura que lo habitual. Saskia con alguna dificultad de mostrarse todo el tempo mimosa y cariñosa cada tanto afloran en su carácter picos de brutalidad mal dominada. Freja tiene un cuerpo más grande, tosco y desprolijo que su madre pero sus ojos son la esencia misma de la dulzura. La negrura ingenua de sus ojos es la ternura misma que termina siempre estallando en el tambor de su rabo. Ella no puede esconder su carácter festivo y tierno. A veces quiere ocultarlo, pero al moverse, como que danza alegre de vivir esta vida. Loke más tosco, primitivo, primario y simpático en estos días es enjaulado a los efectos de correr todos los rayos de sol que caigan sobre la terraza o donde sea. A él le gusta estar libre pero precisa sol. Parece haber crecido algo los últimos días y llena un poco más la mano cuando se lo agarra. A veces pobrecito parece tener frío. (Husdjuren.)

Este invierno no me parece muy distinto del invierno anterior pero se nota cierto vértigo en las actitudes de los países que gobiernan el mundo y las reacciones de los países dominados que con gusto les hacen todos los gustos a las metrópolis. La cárcel de Guantánamo es justa. Sus presos son terroristas. La tortura es legal. El rapto y la desaparición también. A eso se le llama Justicia. Sin necesidad de ninguna prueba un funcionario puede decretar años de infierno y tortura para gente cuyo único error ha sido vivir sobre una tierra que oculta petróleo hace demasiado tiempo. A nivel de los países dependientes se pagan los servicios con dinero blanco o al negro, impunidad y notoriedad televisiva como experto. En las metrópolis con lo mismo más algún Premio Nobel y mucho glamur

El culpable del 99,9 % de todos los asesinatos violentos del mundo es producido por el gobierno de EEUU directa o indirectamente. El mayor número de desapariciones de seres humanos también es producido directa o indirectamente por el gobierno de EEUU. Este pequeño país llamado Uruguay es el campeón mundial en presos políticos también por orden de EEUU. Y a este paisito llega la embajadora yanqui Kelly Keiderling que dice que a EEUU, a su gobierno, no le gustan los presos políticos. Después habla de Venezuela, que no sólo no ha invadido ninguna nación para obligarla a nada, que defiende el régimen que la mayoría de sus ciudadanos ha instaurado como legal. No tiene presos políticos. Y un levantamiento popular, totalmente popular, defendió la existencia de la legalidad y tiró abajo el golpe de estado que los  Estados Unidos de Norteamérica ayudaron a perpetrar. EEUU hizo todo lo posible para que se realizara y se apuró a reconocerlo como legal. (Rekord i mord.)

A los EEUU no les gustan los gobiernos populares y democráticos. La nueva embajadora dice entonces que el gobierno de Venezuela no es legal ni democrático.

Por imponer, mandar y no importar otra cosa que su voluntad y no fijarse en ninguno de los derechos humanos es que legítimamente se habla del “imperialismo yanqui”. 

IMPERIALISMO, palabra formada con raíces latinas, describe una sociedad gobernada por un emperador. 

Sus componentes son: el prefijo IN- (hacia adentro), PARARE (ordenar, preparar), y el sufijo -ISMO (sistema, doctrina). 

La palabra Imperio viene del latín Imperium y esta palabra viene del verbo IMPERARE (mandar), el prefijo IM- (indica penetración) y el verbo PARARE (ordenar, preparar)

Algunos dicen que podría esta palabra Imperio venir de la palabra que daban los griegos a sus pueblos colonizados EMPORION. 

Imperio en latín sobre todo significa poder, capacidad de mando militar y sólo secundaria y tardíamente se aplica a territorios sobre los que se ejerce.

Haciendo honor a estas definiciones los Estados Unidos de Norteamérica han decidido que Irak tenía armas de destrucción masivas y que los afganos, por ser feos y estar en el camino del petróleo, precisaban algunos bombardeos y un presidente de la Pepsi Cola.

 En los años a partir de los 60, sin contar el golpe con más de 100 mil muertos de Guatemala contra Jacobo Árbenz en 1954, que también fue derrocado por EEUU apoyando la United Fruit Company y ejecutado por la CIA mediante la Operación PBSUCCESS. Esa operación mandó a Árbenz a Méjico y puso en su lugar al Coronel Carlos Castillo Armas. El efecto secundario de esta acción imperialista más importante es la llegada desde Guatemala de Ernesto Guevara a Méjico, donde se encontraría con Fidel. Se sumaría a la tarea de liberar Cuba y sería después de Fidel el máximo comandante de la revolución cubana con el nombre de Che Guevara y desde entonces argentino y cubano héroe nacional latinoamericano para muchos de nosotros en todo el mundo. Estados Unidos participó, instigó y ordenó todos los golpes de estado en América Latina.

No quiero perder de vista hacia donde iba. 

A partir de los 60 y con el golpe de estado en Brasil donde los muertos y desaparecidos todavía no se han terminado de contar. Todos ellos a la cuenta del imperialismo yanqui. Siguen después toda una serie de golpes de estado aquí, al sur del continente, todos ordenados por el poder central de los Estados Unidos de Norteamérica orquestados por la CIA, sus agencias y apoyados por los sirvientes vernáculos, nacidos en el lugar que invaden, se golpea, se insulta y se impone - el imperialismo. 

Ayer llegó el imperio a Montevideo ordenando la salida a como sea de Venezuela y seguramente Bolivia del Mercosur. A su vez concretando definitivamente el cambio de voz latina caliente, bailarina de salsa con patrones y representantes políticos y hasta el presidente del gobierno, el entonces José “Kukaracho” Mujica en el Quincho de Varela, lugar glamoroso frente al Rancho del ex presidente. Bueno el imperio la cambió por una voz frígida, blanca, bebedora de champán, que entorna los ojos como Freja diciendo que nunca a los yanquis les han gustado los presos políticos, que están por la democracia y que trabajan por la paz mundial. Ordenan poco menos que se termine con eso del Mercosur y que, hasta que no caiga el gobierno legal de Venezuela no se le tenga en cuenta. 

Los sirvientes de Brasil, a quienes tampoco les gusta el Mercosur, están prontos para besar los pies del amo. 

Los paraguayos que a la muerte de los Solano López parecen haber perdido toda dignidad y se arrastran como las culebras del “kukaracho” Mujica y por supuesto con toda la simpatía, aristócrata, dueña de tierras tradicionalmente blancas, del Canciller uruguayo, reconocido sirviente yanqui por conveniencia, Nin Novoa. 

El jueves habrá algo más sobre este tema. Paradójicamente será el día del paro general, decretado por el PIT-CNT en contra de las políticas económicas del gobierno. Yo desconfío mucho de esta central obrera. Mi confianza está en las masas obreras organizadas de este país que es donde verdaderamente corre la sangre cimarrona rebelde y libertaria. 

Pero en los últimos días reconozco haber escuchado a representantes del PIT-CNT, los mismos que invitaron a los colorados del partido de Pedrito y los blancos del partido de los Pompitas y los Guapos a la primera fila frente al estrado del PIT-CNT. Abrazados todos y a las risas con los representantes del gobierno de Frente Amplio, el primero de mayo de este 2016. Dejaron fuera a los representantes de las columnas obreras de base como la Cerro-Teja que alguna otra vez mandaron a reprimir. 

Pero decía que los he escuchado hablar a favor de Venezuela, del Mercosur, de acusar a los yanquis de ser los culpables de casi todos los ataques a los derechos humanos en el mundo, defender que el muchacho, que no sé muy bien de donde es, que fue raptado, torturado 14 años en Guantánamo y aparentemente cambiado por naranjas con el gran líder de las masas traidoras de este país “kukaracho” Mujica. Que este pobre hombre tiene todos los derechos que cualquier hombre libre tiene en este mundo o tendría que tener, y que lo que digan los EEUU sobre si es bueno o es malo no merece ninguna consideración. No comparto con el PIT-CNT lo de mantener los salarios como están a pesar de la inflación para no perjudicar el capital. El jueves pararán obreros, estudiantes, comerciantes y servicios. No sé qué hará la policía que también está afiliada a PIT-CNT. Yo quiero escribir una faja condenando a carneros y milicos. Si consigo papel y pintura lo voy hacer. (Förtryckare och förtryckta.)

Iglesia católica apostólica romana o iglesia católica. Apostólica o iglesia católica o iglesia. Se considera a sí misma un sacramento, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. 

En su conjunto reúne a más de 1200 millones de fieles. Como comunidad cristiana se remonta a tiempos de Jesús y a los 12 apóstoles. Católica es un término griego “Katholikos” que significa universal. La iglesia católica tiene su líder en Roma. Es el Papa. 

Allí en Roma se encuentra la Sede Apostólica. Relacionada con la Cede religiosa está el Estado de la ciudad del Vaticano que funciona como estado independiente de cualquier otro y reconocido internacionalmente. 

Estado y Cede Apostólica son cosas distintas. El estado es un aparato político que en el caso del Vaticano es confesional, religioso. Igual que Israel. La Sede Apostólica Romana es el lugar central donde se practican los ritos religiosos católicos cristianos. 

Un estado confesional es en el que no existe independencia ni autonomía entre el estado y la iglesia. El estado apoya y otorga privilegios a la iglesia. La creencia religiosa influye sobre la política nacional. En su constitución política el estado confesional adopta una religión oficialmente. 

La palabra iglesia viene del griego y significa Asamblea que a su vez proviene de una palabra que significa llamar fuera o convocar. En Grecia antigua designaba a las asambleas del pueblo de carácter religioso. 

Quizás por todo lo dicho y que políticamente el Papa del Vaticano es un dictador, es que, durante el nazismo en Alemania y en otros lugares como España o Italia o América Latina siempre ha estado del lado de los poderosos. 

Como dice Yupanqui en una canción que me encanta “Preguntitas sobre Dios”….

Mi hermano vive en los montes

Y no conoce una flor

Sudor, malaria y serpiente

Es vida del leñador

 

Y que nadie le pregunte

Si sabe dónde está Dios:

Por su casa no ha pasado

¡Tan importante señor!

 

Yo canto por los caminos

Y cuando estoy en prisión

Oigo las voces del pueblo

Que canta mejor que yo

 

Hay un asunto en la tierra

Más importante que Dios:

Y es que nadie escupa sangre

Pa´ que otro viva mejor

 

¿Qué Dios vela por los pobres?

Tal vez sí y tal vez no

Pero seguro que almuerza en la mesa del patrón.

ATAHUALPA YUPANQUI.

Estoy a punto de perder el tema otra vez. Lo que pasa es que, como me dijo un botija que vive en la esquina -Yo me copo con Don Atahualpa Yupanqui, maestro de los maestros musiqueros latinoamericanos. 

En realidad quería tratar de entender eso de que es muy probable que el archivo del estado del Vaticano tenga información sobre los desaparecidos uruguayos. Si un estado extranjero niega u oculta información que puede servir para superar problemas del pueblo uruguayo lo que está haciendo es cometiendo un acto hostil. 

Han pasado más de 49 años de la dictadura inspirada por los yanquis y seguir ocultando este tipo de información es un acto de guerra contra nuestro estado. 

Tengo muchos amigos que creen en Dios, uno de ellos acaba de ser proclamado Secretario General del Frente Polisario. Su nombre es Brahim Gali. El Papo Luis y yo esperamos que pronto volvamos a comer una cabrita tan rica como la que comimos aquella vez en el desierto del Sahara. Es que creo que ya no va a tener tiempo de volver por nuestra casa. No son pocos los judíos que vienen por casa más que seguido y me encanta su música, pero no soporto el fascismo nacionalista de los sionistas. También hemos conocido no pocos católicos capaces de morir por todos como Cristo y de otras religiones también conocemos. Pero este complejo político-ideológico-católico, Estado Vaticano es culpable de muchísimos crímenes allí a donde ha llegado. No me olvido que en el 1500 la cruz cristiana viajaba en la empuñadura de las espadas que asesinaban indios, africanos, asiáticos y todos los que no aceptaban ser esclavos. 

Uruguay es un país formalmente laico no confesional y exigimos los laicos que lo siga siendo y que aquellos que entorpecen el ejercicio de la justicia tengan la pena que se merecen.

Antes de dejar de escribir quiero decir algo sobre el otro país que intenta destruir el Mercosur y el gobierno bolivariano de Venezuela, la República Federativa de Brasil. 

Es el quinto país más grande del mundo. Ocupa el 47 por ciento del territorio sudamericano y se ubica al este del subcontinente. Tuvo su independencia de Portugal el 7 de setiembre de 1822 y pasó a ser el imperio de Brasil para después llegar a ser república. Su primera capital fue Salvador de Bahía, después Rio de Janeiro hasta que se construyó Brasilia. 

La constitución de 1988 dice que Brasil es una República Federativa Presidencialista. Consta de un distrito federal, 26 estados y 5.565 municipios. Tiene más de 202 millones de habitantes y se considera poco poblado. 

Su idioma oficial es el portugués y la mayoría de la población se concentra en las costas. Es el país con mayor número de católicos nominales del mundo. La población se constituye de europeos, africanos, indígenas y asiáticos. Se considera la sexta economía mundial. 

El poder siempre ha estado en manos de la raza blanca de origen europeo. En los últimos tiempos corrientes populares han llegado al gobierno brasileño. Obreros, pobres, sin techos, sin tierras, sin escuela se han llenado de esperanza. Llegaron al gobierno tendencias no vinculadas a la aristocracia vieja y europea tradicional en los gobiernos brasileños. 

El nerviosismo en el imperio yanqui, su preocupación de que corrientes populares se hicieran con los gobiernos latinoamericanos empuja al imperio a castigar a Venezuela y a permitir algo parecido a un golpe de estado en Brasil. 

El resultado es que el gobierno brasileño muy corrupto y sin apoyo popular esté perdiendo contacto con muchas regiones del país.

 Esto me recuerda lo que en Andalucía allá por el mil y pico  se llamó Taifa. Las Taifas (palabra árabe que significa Bando o Facción) llegaron a ser hasta 39 pequeños reinos que se formaron después de la caída del Califato de Córdoba. Hasta ahora nadie sabe que puede ocurrir en Brasil y muy pocos pueden esperar que ocurra algo positivo para las masas populares brasileñas. 

Lo que hoy se sabe es que este gobierno corrupto y sirviente de EEUU no quiere que exista el Mercosur y tampoco una Venezuela Bolivariana. Por eso llegó su canciller a Montevideo a ordenar que no se hiciera el traspaso de la Presidencia del Mercosur a las autoridades venezolanas. (Typisk yankipolitik.)

Me voy muy lejos y antes de terminar quiero tocar el tema de las elecciones en el club atlético Cerro. El fin de semana pasado, el sábado se elegían las autoridades en el Club Atlético Cerro. Se presentaban dos tendencias en dos listas la Uno y la Dos. Luis y yo votamos porque somos socios. Votamos por la lista Dos porque consideramos y esperamos no equivocarnos, que tiene contactos mucho más profundos con la naturaleza obrera y humilde de la gente que todavía vive al Oeste del arrollo Pantanoso. En cierto modo recuerda más la garra, la valentía, la dignidad y la resistencia de los obreros que una vez fueron de la industria frigorífica. Son odiados por la clase media en general y los medios de difusión masiva en particular. Por eso votamos por ellos aunque nadie nos visitó, ni nos alcanzó una lista ni nos vino a hablar. 

Los que sí vinieron a la casa fueron los de la lista Uno que llegaron sin que nadie los esperara. Plantearon que querían un Cerro profesional y Luis les dijo inmediatamente que en esta casa no se quería saber nada de milicos. Se rieron y dejaron sus materiales. En esos materiales no se puede encontrar absolutamente nada que hable de las viejas tradiciones de lucha o resistencia del Paralelo 38. Sí lo que se puede ver a simple vista es que tratan de acomodarse a un nuevo barrio hecho para gente que ya no será pobre ni humilde. Intentarán trabajar para que el cuadro del barrio represente a los ricos que comprarán las casas hechas en terrazas que den al Rio de la Plata y a la bahía y desterrarán a los humildes kilómetros hacia el Oeste. Ganó la lista Dos. Tiene siete integrantes a favor y cuatro en contra. La lista Uno con todo el apoyo del Paco Casal y la empresa Tenfield decidieron vengarse de la derrota mandando a una patota de mercenarios contra el elegido Presidente de Cerro. Casi lo matan a él y a su hijo. El hombre es muy enfermo y sufre del corazón, por lo que se decidió a no ser el presidente. En su lugar quedará el que fue elegido vice. (Våldsmetoder.)

Lo último que he escuchado es que los que perdieron son ahora los directivos. No sé que irá a pasar. Cerro tendría que competir en la copa Libertadores de América. Para mí los que perdieron las elecciones no tienen ningún derecho a presidir el club. Jaureguiberry ex milico echado por ladrón, así que imaginen. Parece, asumió como nuevo presidente. Él solo busca su propio beneficio. Tipo sin escrúpulos ni moral, gestor de muchachas que venden su cuerpo, vende todo lo que tiene a su alcance. Sabe que tiene todo el apoyo del Paco Casal y se muere por cumplir sus órdenes. Alguien más tendrá que decir algo. Yo sólo puedo decir que ni el Papo Luis ni yo iremos a ver al cuadrito del barrio si este mafioso sigue al frente de su directiva. La directiva tampoco ganó las elecciones del Club Atlético Cerro. No cuenta con el derecho que sólo da el voto de los socios. Tampoco pagaremos nuestras cuotas de socios.

Mis perritas pueden seguir estando orgullosas como yo de pertenecer a este barrio que ya me es tan querido. Pronto tendrán sus capitas rojas y negras que son los colores de la Columna Obrera Cerro-Teja y también los colores, aunque el negro sea ausencia total de color, que se prenden en mi cabeza cuando escucho las palabras Paralelo 38. También tendrán dos capitas  con los colores celeste y blanco y el nombre Club Atlético Cerro. Loke también parece muy contento por el triunfo de la lista Dos y un par de pintas rojas y amarillas le han salido en cada ala y él sigue gritando Cerro! Cerro! Carajo!. Esperemos que la directiva de Cerro se forme con gente afín a la que ganó las elecciones y se termine con tanto intento por robarnos el barrio y sus tradiciones.

PARA EL JUEVES TODOS LOS TRABAJADORES AL PARO GENERAL. Sería muy importante que la clase obrera tuviera una muestra del poder real que tiene. Todo es fabricado por ella aunque en la televisión pública y privada diga que son los capitalistas y lo repita el presidente de la Cámara de industria y el gobierno traidor que gobierna La República Oriental del Uruguay. 

SALUD Y R. S.

BITTAN - postaporteñ@ 1634 - 2016-07-15 07:01:16
postaporteñ@_______________________________

Ahora que el petróleo es nuestro" viva la soberanía, que tal señor presidente si se convierte en comía. No lo digo por

posta - - 2016-07-15 06:01:47
postaporteñ@_______________________________

VZLA | NI OLP, NI CARTA DEMOCRÁTICA!! HUELGA GENERAL !!

14/7/16 (PRV-Ruptura-Tercer Camino)

En las últimas semanas el movimiento popular venezolano ha profundizado su gran capacidad de lucha ante la grave crisis económica, alimentaria, de salud, institucional, militar, política, de seguridad  personal y moral que ha colocado a Venezuela en la dolorosa situación de ruina nacional. Numerosas manifestaciones de los barrios más humildes del país ocurren diariamente en todo el territorio de la República. Desde ya se perfila que el pueblo apunta a tomar con rapidez la iniciativa política en este trascendental momento histórico.

La característica política más importante de este proceso de luchas sociales que se inicia es la autonomía popular en cada una de las acciones que ejecuta. Esta condición es indispensable para que los objetivos históricos del pueblo venezolano sean alcanzados. El contenido de cada proclama popular, de cada consigna de lucha y  todo su discurso social y político, está impregnado de su legítimo interés emancipador.

La consolidación de la independencia y autonomía de las luchas populares y patrióticas del pueblo  venezolano demanda que desde todos los sectores sociales: profesionales, productivos, militares, religiosos, estudiantiles, campesinos, obreros, indígenas, vecinales e intelectuales, se hagan importantes aportes organizativos y teóricos capaces de construir una plataforma que nos reúna a todos en un plan político nacional con transcendencia histórica, y que, además, enarbole un programa agropecuario, energético, económico, turístico, de salud, educativo, de vivienda, industrial, ecológico, de prevención del delito, deportivo, etc., con la idoneidad suficiente para hacer de Venezuela una nación con justicia social, paz y felicidad.

La grandes gestas patrióticas-populares que durante más de cuatro siglos han sido protagonizadas por el pueblo venezolano, inclusive más allá de nuestras fronteras, así como los inmensos esfuerzos que hombres y mujeres de nuestra nación han hecho en la producción agropecuaria, en las ciencias, en la cultura, en la educación, la salud, el arte, el deporte, la industria, las luchas sociales y en todos los órdenes del quehacer nacional, nos hacen pensar que esos aportes organizativos y teóricos que en la actualidad demandan las luchas del pueblo tomarán forma con la urgencia histórica que ameritan.

El Proceso Constituyente Originario y Popular que se ha iniciado en Venezuela en este año 2016, se fortalecerá en lo inmediato con estelares hechos constituyentes escenificados en los campos, en los barrios, en las universidades, en las industrias, en la iglesia, en las calles y en los cuarteles militares; con el firme propósito de desplazar a los factores de poder que durante décadas han saqueado nuestras riquezas naturales para favorecer a los  centros de poder mundial,  se han apoderado ilegalmente de la inmensa masa de dinero que ha obtenido Venezuela,  arruinaron nuestra producción agropecuaria,  colocaron a todas las instituciones del Estado al servicio de la delincuencia organizada transnacional y  con suma inmoralidad empobrecieron al pueblo venezolano.

Estos factores de poder, nacionales e internacionales, hoy sumergidos en una profunda crisis de legitimidad, tratarán de detener o desviar el referido Proceso Constituyente Originario y Popular para propinarle una nueva derrota al pueblo venezolano. La Geopolítica del imperialismo norteamericano es preponderante en el manejo de la crisis económica, moral, política y de gobernabilidad que afecta a dichos factores de poder.  Como todos sabemos, el actual gobierno nacional le ha garantizado al poder económico transnacional, en los últimos 17 años, paz social y estabilidad política  para llevar adelante todo tipo de inversiones, fundamentalmente, en materia energética a través de las empresas mixtas. No obstante, como también es del dominio público, el referido gobierno ha entrado en una acelerada descomposición como consecuencia de sus erráticas políticas económicas, la sólida simbiosis que ha experimentado con la delincuencia organizada transnacional, la acentuada pérdida de la moral institucional y política, el acelerado retroceso de su política exterior como consecuencia del notable debilitamiento del negocio petrolero y el avanzado nivel de ilegitimidad social y popular.

La crítica situación del gobierno nacional facilita a Estados Unidos el avance de su GEO-estrategia regional para recuperar el total dominio sobre las inmensas fuentes de recursos naturales con que cuenta América Latina, especialmente la selva amazónica. En ese sentido la señalada nación imperialista ya ha  impulsado y logrado eventos políticos de mucha significación como lo son el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre EEUU y Cuba, el virtual acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de ese país, los cambios políticos experimentados en Brasil, Argentina y Perú y la incorporación de Chile, Perú y México al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, celebrado el 4 de febrero de 2016, bajo la rectoría de Estados Unidos y Japón.

Todo hace pensar que un nuevo gobierno en Venezuela, capaz de prestarle mayor solidez a la figura de las empresas mixtas para la explotación y comercialización del petróleo, el gas, el carbón, el oro y otros recursos naturales, y que, además, excluya de tal actividad al capital chino y ruso favorecidos con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, es el punto culminante de la nueva Geopolítica de EEUU para su relación recolonizadora con América Latina.  El agotamiento del sistema político militarista inaugurado por Hugo Chávez en diciembre de 1998, así lo indica.

LA DIFICULTAD DE UNA TRANSICIÓN POLÍTICA NEGOCIADA

Muy a pesar de la marcada diferencia estratégica que Estados Unidos ha concebido para esta región del mundo con respecto a la ejecutada contra países del Medio Oriente de total carácter guerrerista, la transición hacia un nuevo sistema político en Venezuela no estará exenta de serias dificultades, ya que, un acuerdo político entre los factores en pugna se muestra ciertamente difícil como consecuencia de los fuertes vínculos de la elite gubernamental y militar con actividades ilícitas de distintas naturaleza, por lo que abandonar el poder político y el control sobre las instituciones del Estado venezolano los coloca en una situación altamente vulnerable.

De allí que a lo más que pudieran aspirar las fuerzas internacionales que impulsan la nueva Geopolítica para América Latina es a un acuerdo político con un sector del gobierno y de la Fuerza Armada Nacional, no  necesariamente exentos de graves responsabilidades penales, quienes negociarían su renuncia al poder político a cambio de un mejor trato en los tribunales internacionales. Medida esta que serviría para aislar al sector más reacio a abandonar el poder político.

Sin embargo, este tipo de acuerdo o negociación política no se podrá alcanzar fácilmente porque en este momento ningún factor del alto gobierno puede actuar con independencia y autonomía, fundamentalmente como consecuencia de la crisis moral de todos. Además, una negociación de ese tipo  auspicia un golpe de Estado desde el sector militar con mayor compromiso con estructuras de la delincuencia organizada transnacional.

Por otra parte, un acuerdo político que implique la impunidad de los graves delitos que el propio Estados Unidos se ha encargado de investigar y denunciar, en virtud de los cuales inclusive mantiene personas detenidas bajo su jurisdicción, pondría en riesgo el éxito de su nueva Geopolítica para América Latina pues el nuevo gobierno pro-imperialista que surja de ese acuerdo sería desde ya arropado por la inmoralidad.

En ese sentido el discurso sobre la democracia liberal, el libre mercado, la lucha contra el narcotráfico, el respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas, banderas de esa nueva Geopolítica, saldrá  muy menguado de una negociación de esa naturaleza. Mientras que afianzar el carácter dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro traerá mayor apoyo al indicado discurso.

De manera, que tanto  EEUU como el gobierno venezolano están conscientes que actualmente un cambio de gobierno en Venezuela no tiene asegurado el camino estrictamente institucional. Ambos actuaran en consecuencia.

EL GOBIERNO NACIONAL DEPENDE DEL APARATO MILITAR

 Los factores del alto gobierno bloquearán cualquier vía institucional capaz de ponerle fin a la vigencia del mismo, para eso cuentan con el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el control sobre las Fuerza Armada Nacional. Hacia el momento más álgido de la actual confrontación política, y, esencialmente, hacia el mayor auge de las luchas sociales que significará la  consolidación de la iniciativa política patriótica-popular, la respuesta del gobierno nacional será de estricto carácter militar.

Desde el año pasado la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, el Comando Estratégico Operacional y todo el alto mando militar, han implementado planes en ese sentido.  Cabe destacar, en primer lugar, la publicación de la Resolución No 8610 del Ministerio de la Defensa mediante la cual se autoriza a la Fuerza Armada Nacional a participar en situaciones de alteraciones del orden público y a disparar armas de fuego para controlar manifestaciones públicas.

Además, desde la Presidencia de la República se puso en ejecución la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que no es más que un vasto plan militar contra los sectores populares con el falso propósito de abonar a la seguridad ciudadana. Hasta la presente fecha se han allanado sin orden judicial  más de 17.000 hogares y se han asesinado más de 500 habitantes de los barrios pobres.

NO A LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO

De acuerdo a la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por Seguridad Ciudadana debemos entender la erradicación de las condiciones (sociales, culturales, económicas, institucionales, políticas, educativas, etc.) generadoras de conductas delictivas. Por su parte la Comisión Andina de Juristas, en la I Reunión Técnica sobre Seguridad Ciudadana y Democracia, señaló que la Seguridad Ciudadana pone mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención antes que en tareas meramente represivas ante hechos ya consumados.

Otro aspecto que debe destacarse es el carácter civil de los órganos de seguridad ciudadana, así lo establece el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales “…respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.

Insistiendo en la prevención del delito como elemento esencial de toda política de seguridad ciudadana democrática, citaremos nuevamente la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional: “El nuevo modelo policial se propone con un marcado interés el trabajo preventivo en las comunidades…Fortalecer el trabajo entre la policía y la comunidad dará paso a un servicio policial esencialmente preventivo…”.

El artículo 5 de la referida ley, señala: “El Servicio de Policía es predominantemente preventivo, interviniendo sobre los factores que favorecen o promueven el delito...”.

Por su parte el artículo 6 del mismo instrumento legal consagra el carácter civil de los órganos de seguridad ciudadana, en los siguientes términos: “El Servicio de Policía es de carácter civil y profesional, lo cual se manifiesta funcionalmente en su mando, personal, dirección, estructura, cultura, estrategias, tácticas, equipamientos y dotación”. 

En materia de Orden Público también debemos invocar el artículo 332 constitucional, según el cual mantener y restablecer el orden público es competencia de carácter civil atribuida a la Policía Nacional.  Así mismo, el artículo 68 de nuestra Carta Magna establece que el control del orden público con ocasión a manifestaciones públicas es competencia de los cuerpos policiales, a la vez prohíbe el uso de armas de fuego en tal función.

De igual manera, los artículos 44 y 46 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, consagran que el trastorno del Orden Público por reuniones y manifestaciones es competencia de la autoridad civil.

Es importante dejar establecida la diferencia entre Orden Público y Orden Interno.

Por Orden Público se entiende: “La situación de normalidad en la cual se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas sin que se produzcan alteraciones o conflictos”. Para otros es “… la ruptura de lo consuetudinario…si hay un escándalo en la calle…”.

Con respecto al Orden Interno tomaremos el concepto contenido en el glosario de términos del Estado Mayor Conjunto de la Guardia Nacional de Venezuela, según el cual es: “Una situación de hecho en la cual las instituciones del Estado y el sistema político pacifico que lo rige se encuentran a salvo de las perturbaciones de grupos nacionales y extranjeros o combinados puedan producir con la finalidad de desestabilizar al sistema”.

Como podemos observar la diferencia entre ambas figuras socio-políticas y jurídicas es notoria. Las situaciones de orden público son aquellas que pueden generarse como consecuencia del legítimo ejercicio del derecho a manifestar públicamente con el propósito de obtener reivindicaciones sociales, económicas y políticas, generalmente consagradas en el texto constitucional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Por el contrario, las situaciones de orden interno se refieren a acciones que tienen la finalidad de desestabilizar la institucionalidad y el sistema político. Como referencias históricas podemos invocar la toma de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia por parte de la organización guerrillera M-19, así como, la toma de la embajada de Japón en la República de Perú por parte del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

Debemos resaltar que de acuerdo al artículo 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la competencia para el mantenimiento del orden interno corresponde a la Guardia Nacional.

En conclusión, constitucionalmente, la Seguridad Ciudadana y el Orden Público son materias de estricta competencia civil. Mientras que las situaciones de alteración del Orden Interno son competencia de la Guardia Nacional. De igual manera, es importante dejar establecido que atendiendo a la finalidad del ejercicio del derecho constitucional a manifestar públicamente es imposible considerar que una situación de orden público pueda ser tratada como un caso de alteración del orden interno.

En consecuencia, es necesario denunciar que desde el alto gobierno y desde la Fuerza Armada Nacional, se ha promovido la falsa idea según la cual las bandas de delincuencia organizada que han proliferado en Venezuela bajo el amparo de la corrupción policial, militar y política, que han tenido como figuras visibles a personajes como “el picure”, “el juvenal”, “el coqui”, “el conejo” y “Lucifer”, surgen como parte de un plan del paramilitarismo colombiano encabezado por Álvaro Uribe y auspiciado por EEUU para invadir a Venezuela y derrocar al gobierno.

Con ese falso positivo se han atrevido a derribar las barreras conceptuales y jurídicas entre Seguridad Ciudadana, Orden Público y Orden Interno, con el condenable propósito de darle vida al plan fascista conocido como Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Dicho plan es de naturaleza estrictamente militar, antipopular y violador de los derechos humanos. Es ejecutado principalmente por la Guardia Nacional y el SEBIN contra los barrios pobres. 

Bajo el indicado esquema gubernamental y militar lo que realmente se pretende es reprimir ferozmente con fuerzas militares las justas manifestaciones populares por el derecho a la alimentación y a la salud, las cuales se incrementan cada día a lo largo y ancho de todo el país ante la configuración de una grave crisis humanitaria que causa fuertes estragos en la vida de todo el pueblo.

Los recientes estallidos sociales que estremecieron a los estados Sucre y Delta Amacuro, principalmente a las ciudades de Cumaná y Tucupita, han sido tratados políticamente por el Presidente de la República, y otros voceros del gobierno nacional y de la Fuerza Armada Nacional, como acciones de los paramilitares y de la delincuencia organizada. La respuesta del Estado venezolano ante tan importantes expresiones populares fue la represión militar con armas de fuego con el resultado de un joven muerto por un disparo de fusil y, aproximadamente, 100 habitantes de los barrios de Cumaná y Tucupita bajo privación judicial de la libertad, señalados de pertenecer a bandas de paramilitares. Además, inmediatamente después de ocurridas las protestas populares por el derecho a la alimentación, Cumaná y Tucupita fueron tomadas militarmente por la tristemente célebre Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

Simultáneamente con los operativos represivos y fascistas que implemente contra las justas protestas populares, el gobierno de Nicolás Maduro entrega al gran capital multinacional 111.000 kilómetros cuadrados para la explotación de oro y otros minerales, en un área que ha sido denominada Arco Minero, con lo cual mantiene a nuestro país bajo el esquema de una economía extractivista, rentista y profundamente anti ecológica.

Así mismo, guarda silencio ante las grandes actividades de exploración y explotación petrolera que la Exxon Mobil adelanta en el Esequibo con autorización del gobierno de Guyana en abierta violación del Acuerdo de Ginebra sobre la zona bajo reclamación de Venezuela. 

Como podemos observar, el gobierno nacional ante su extrema debilidad, por un lado pretende frenar el estallido social apelando a un criminal plan militar contra el pueblo, y por otro lado busca mantener el apoyo de los grandes centros de poder mundial menguando absolutamente nuestra soberanía económica y territorial. 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

Los cambios políticos y de gobiernos que EEUU ha venido aupando en América Latina, en el marco de su nueva geopolítica para la región, han estado signados por la negociación pacífica y por la utilización de las vías constitucionales e institucionales internas de cada país. Bajo ese esquema se produjo la apertura política entre Cuba y EEUU, la pacificación de las FARC en la República de Colombia y los cambios de gobiernos en Argentina, Brasil (aún en proceso) y en Perú.

Sin embargo, como ya lo hemos dicho, en Venezuela el camino constitucional e institucional se encuentra severamente bloqueado. De manera que en el caso de nuestro país la élite política, económica y financiera internacional, alineada con EEUU y Europa, ha decidido implementar mecanismos jurídicos internacionales para presionar un cambio de gobierno que favorezca sus planes de Recolonización de Venezuela.

En ese contexto la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo una nueva correlación de fuerzas  favorable al proyecto recolonizador estadounidense, ha accionado la Carta Democrática Interamericana mediante una solicitud formal que por escrito presentó el Secretario General de dicha organización, Señor Luis Almagro, ante el Consejo Permanente de la misma.

La acción del Sr. Almagro se fundamentó en el artículo 20 del referido instrumento jurídico internacional. Esta norma prevé la situación en virtud de la cual en un “…Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático…”. Establece la norma en cuestión que en este caso el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación “y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

Como es del dominio público el Secretario General de la OEA  motivó su apreciación de alteración del orden constitucional invocando la crisis de la salud, de la alimentación, de la seguridad personal, de la independencia de los poderes públicos, de los derechos humanos, de la libertad de expresión y del derecho a la manifestación pública, que afectan a la sociedad venezolana. Igualmente invocó los altos niveles de corrupción administrativa y la existencia de presos políticos.

También es del conocimiento de la opinión pública nacional que el Consejo Permanente de la OEA aprobó discutir la situación socio-política e institucional  de Venezuela calificada por el Sr Almagro como “alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”. Durante la reunión del señalado órgano una alta cantidad de Estados Miembros de la OEA manifestaron su coincidencia con la apreciación de su Secretario General. De manera que solo falto “adoptar la decisión que estime conveniente”.

Podemos decir que la indicada reunión del Consejo Permanente de la OEA ha colocado a este organismo regional a las puertas de una contundente ofensiva política internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, la cual tendrá como sustento el informe Almagro sobre la alteración del orden constitucional y democrático en nuestro país y legitimará cualquier decisión que la Asamblea General de la OEA adopte sobre Venezuela.

La manera bastante gradual y prudente como la OEA ha aplicado el artículo 20 de la Carta Democrática responde a una estrategia política de EEUU de mantener hasta el último momento la posibilidad de negociar la renuncia de Nicolás Maduro como Presidente de la República. Esta estrategia también se ha evidenciado en el transcurso del proceso penal que se sigue en New York contra los sobrinos de Cilia Flores, sobre el que han dejado correr algunas informaciones sobre posibles errores procesales que pudieran afectar de nulidad tal proceso. Además, de esa manera hace perder fuerza a las acusaciones de injerencista que el gobierno de Maduro le impetra, a la vez que la realidad económica, social y política de Venezuela permitirá sellar un amplio consenso internacional de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Es importante resaltar que una eventual renuncia de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República provocaría una crisis política de mayor envergadura, ya que el alto mando militar no permitiría la transición constitucional correspondiente, situación ante la cual la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cualquiera que sea la decisión que adopte la Asamblea General de la OEA, inclusive la militar,  alcanzaría mayores niveles de legitimidad internacional.

Es decir, EEUU ha preparado cuidadosamente el escenario institucional, jurídico y político internacional, a la par que la crisis humanitaria del pueblo de Venezuela se agudiza y hace estragos en los sectores populares, a la espera del mejor momento para adoptar en el seno de la OEA la decisión que estimen conveniente para obligar a un cambio de gobierno en Venezuela, el cual sería totalmente favorable a su plan recolonizador contra nuestra nación.

A esos fines sirve la Carta Democrática Interamericana, tal como lo expusimos suficientemente en el documento denominado “Acto Constitucional de Desconocimiento del Gobierno Nacional”. Además, como también lo expusimos en el señalado documento, de conformidad con su artículo 18, igualmente está al servicio de la represión de las luchas autónomas de los pueblos americanos.

CUMANÁ Y TUCUPITA.

Históricamente el pueblo venezolano ha protagonizado grandes gestas patrióticas-populares con total autonomía e independencia frente a los factores de poder nacional e internacionales. Las banderas de redención social, de soberanía económica y territorial, así como de auto-determinación política, han identificado estelares episodios de las luchas populares venezolanas. En lo más reciente de esa historia  las heroicas batallas lideradas por el General Ezequiel Zamora durante la Guerra Federal, el 23 de enero de 1.958 encabezado por la Junta Patriótica con el liderazgo de Fabricio Ojeda y el épico alzamiento de las muchedumbres caraqueñas el 27 de febrero de 1.989, son expresiones de los grandes esfuerzos del pueblo venezolano por darse un gobierno de su propio seno de carácter nacionalista, popular y patriótico.

Las recientes revueltas populares ocurridas en Cumaná y Tucupita proyectan con mayor definición que se avecinan grandes acontecimientos sociales, políticos y militares que conformaran una tercera fuerza de total autonomía popular y patriótica que entrará en  disputa frente a la fuerza pro norteamericana y frente a la fuerza pro rusa, con suficiente capacidad de originar un gobierno comprometido con la absoluta defensa de nuestra soberanía económica, política y territorial, con la defensa de los derechos sociales de toda la población, con la lucha a fondo contra la delincuencia organizada y la corrupción administrativa, el rescate nacional de la producción agropecuaria y la pequeña y mediana industria, por la significativa reducción de los índices de criminalidad, en fin por una Venezuela justa, pacífica y feliz.

Los hombres y mujeres con sensibilidad popular y patriótica acompañaremos al pueblo venezolano en todas las luchas de  esta nueva gesta histórica. Desde las barriadas populares, de las aulas universitarias, de los templos religiosos, de los cuarteles militares, de las unidades de producción agropecuaria, de las comunidades indígenas, de los centros del arte, etc., sumaremos esfuerzos para la construcción de una plataforma socio-política desde la cual el pueblo desplace a todos los factores de poder  y tome en sus manos la conducción del país.

En lo inmediato debemos celebrar una Congregación Popular y Patriótica para impulsar importantes acciones para impugnar:

1) La Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

2) La Carta Democrática Interamericana.

3) La explotación de oro en el Arco Minero en el estado Bolívar.

4) Las exploraciones petroleras de la Exxon Mobil en el territorio venezolano del Esequibo.

5) Las medidas judiciales de privación de la libertad dictadas inconstitucionalmente contra los pobladores de Cumaná y Tucupita.

Igualmente es importante impulsar acciones en defensa de:

1) El derecho a la alimentación.

2) El derecho a la salud.

3) El derecho a la manifestación pública.

4) En defensa de los derechos humanos.

5) En defensa del territorio Esequibo y del Golfo de Venezuela.

6) En defensa de la naturaleza y de los pueblos indígenas.

Así mismo, desde la Congregación Popular y Patriótica crearemos un Programa Social, Ambiental, Económico y Político para la Reconstrucción de Venezuela y marcharemos hacia una gran Huelga General en defensa de los derechos del pueblo y de la soberanía de la patria.

NO A LA OLP!!

NO A LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA!!

MADURO ES HAMBRE, MISERIA Y REPRESIÓN!!!

LIBERTAD PARA LOS POBLADORES DE CUMANÁ Y TUCUPITA!!!

HACIA LA GRAN HUELGA GENERAL EN DEFENSA DEL PUEBLO Y DE LA PATRIA!!

 

Por  RESCATE NACIONAL

Douglas Bravo, Tito Núñez, Luis Díaz, Víctor Poleo, José Quintero Weir, Douglas Zabala, Carlos Cumana, Adelfa Giovanni, Gonzalo de Sola Ricardo, Julio Fandiño, Tomas Sánchez, Natali M. Vasquez, Leonard González B, José Luis Marcano, Guillermo Sira, Rosa Pérez, Enrique María Urquiola, Víctor Calderón, Benjamín Martínez, Oscar Araujo, Jorge León García, Argimiro Narváez, Eudes Vera, Carlos Rafael Jhonge, María Elena Rojas Monasterio, Mariela Olivares, Clorinda Maiuri, Ana Villalobos, Juanita Inciarte, Mery Unda, Elsa Torres, Ebert Cardoza, José A. Colmenares, Roxana Granadillo, Yanet Riveros, José Ramón Renault, Luis Aguilera, Helly Alberto Angel

Julio, 2016

ruptura3camino - postaporteñ@ 1633 - 2016-07-14 22:55:48
postaporteñ@_______________________________

Venezuela: una transición y dos preguntas

La crisis social venezolana avanza desarrollando la crisis política

En el chavismo ya hay quienes piden un cambio de rumbo

Por Rafael Uzcátegui

Nueva Sociedad Julio 2016

Nuso org.

En Venezuela la crisis social se ha colocado en el mismo nivel de la conflictividad política. Y eso, en cualquier lugar, supone un alto grado de ingobernabilidad, especialmente si el gobierno es la principal fuente de incertidumbre.

El fallecimiento de Hugo Chávez abrió las puertas a un nuevo momento. Un proceso basado en la concentración de poder, el culto a la personalidad y la relación carismática con sus bases de apoyo, difícilmente puede mantenerse intacto sin la presencia del líder. Las elecciones presidenciales de diciembre 2012, las últimas con el «comandante supremo», significaron el cénit electoral del bolivarianismo con más de 8 millones de votos. Pocos meses después, cuando Nicolás Maduro fue electo primer mandatario, comenzó a resentirse la ausencia: el chavismo perdió 615.428 votos.

Dos años después recibiría el peor resultado electoral de su historia, en una elección parlamentaria que, como todas las votaciones desde 1998, se convirtió en un plebiscito sobre la popularidad del gobierno. Aquel 6 de diciembre de 2015, los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibieron 5.622.844 sufragios, más de dos millones de votos por debajo de los que acumuló el universo opositor. El resultado conllevó a la implosión de dos de los mitos sostenidos, pacientemente por el propio Chávez: el de la representación de la mayoría del país y el del mantenimiento inquebrantable de la supremacía política que se ratificaba electoralmente.

Ante estos resultados cualquier organización política sensata hubiera planteado una revisión de su estrategia. Nicolás Maduro, en cambio, azuzó el incendio con más gasolina. No sólo ratificó en su puesto a Jorge Rodríguez, jefe de campaña del PSUV y alcalde de Libertador, principal municipio de Caracas, sino que incluyó a cuatro de las personas de su entorno como nuevos ministros a comienzos de 2016. Asimismo, optó por achacar al electorado supuesta traición e ingratitud. Dos días después de la votación, el ocho de diciembre, Maduro afirmaba en una cadena televisiva: «Yo quería construir 500 mil viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construir, yo puedo construirlo [sic], pero te pedí tu apoyo y no me lo distes [sic]».

Por otra parte, el gobierno mantuvo su respaldo a la política de seguridad ciudadana denominada «Operativo de Liberación del Pueblo» (OLP), criticada incluso por sectores oficialistas, debido a la inclusión de redadas indiscriminadas en los barrios populares que, al igual que en el pasado, criminalizan la pobreza mediante políticas de «mano dura». Los propios datos del Ministerio Público sobre los primeros seis meses de actuación de OLP dan cuenta de su envergadura: 245 presuntos delincuentes muertos, 17.194 allanamientos a viviendas sin orden judicial y 15.946 detenciones en intervenciones policiaco-militares en barrios de todo el país. Varios periodistas extranjeros se han preguntado por qué Nicolás Maduro ha optado por golpear precisamente a las bases populares de apoyo al chavismo. No he leído, hasta hoy, una respuesta satisfactoria.

Las tensiones políticas

Por primera vez desde 1998, la oposición alcanzó mayoría en la Asamblea Nacional. Como respuesta, el gobierno sustituyó de manera irregular a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), socavando así cualquier atisbo de independencia y utilizando al poder judicial para neutralizar las decisiones del legislativo. El 13 de mayo de 2016 el gobierno aprobó un decreto de «Estado de Excepción y Emergencia Económica» con el que terminó de eliminar las competencias de contralor de la Asamblea Nacional y anunció la adopción de «medidas extraordinarias» para garantizar el orden público, entre las que se incluían la creación de un nuevo organismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para centralizar la distribución de alimentos regulados y participar en labores de seguridad ciudadana.

En el decreto, el gobierno argumentó ser víctima de una operación de sabotaje a gran escala, denominada «guerra económica», que lo obligaba a considerar la seguridad de Estado más importante que la seguridad de las personas. Este decreto no es un capítulo más de las tensiones entre chavismo y oposición. Esta declaración ha sido calificada por diferentes sectores de la sociedad venezolana, como las organizaciones de derechos humanos, como la interrupción de su hilo constitucional y el apartamiento de Nicolás Maduro de la institucionalidad democrática.

La crisis económica

A pesar de que el gobierno ha dejado de publicar las cifras sobre el desempeño económico, las pocas que se conocen coinciden con el mal momento que vive el país. En 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaba que 416.326 familias habían descendido nuevamente por debajo del umbral de la pobreza. Realizando una proyección con el mismo ritmo de crecimiento de la exclusión, para finales del 2015 Venezuela tendría la misma cantidad de pobres que se contabilizaron en 2000: alrededor de 12 millones de personas. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por tres universidades del país arroja un resultado más dramático: la pobreza de 2015 por niveles de ingreso fue estimada en cerca de 75% de la población, es decir, 23 millones de personas. Sea con unos u otros datos, los venezolanos son testigos de una situación general de empobrecimiento de sus condiciones de vida: 180,9% de inflación oficial en 2015, que sube a 300% si es medida en el sector alimentos, y pronósticos de que para este 2016 remontará a 700%.

Al constante incremento de precios hay que añadirle las cifras de desabastecimiento y escasez de alimentos a precios controlados, una larga lista en la que se incluyen los rubros de la canasta alimentaria básica del venezolano. Estos alimentos tienen los precios «congelados» desde el año 2003, con la finalidad de mantenerlos bajos y permitir el acceso de los consumidores.

Sin embargo, la contraparte fue el desestimulo a la producción interna, en momentos en que el gobierno promovió la importación de alimentos para mostrar, como una victoria política, las imágenes de los anaqueles llenos. Hoy, cuando la caída de los precios internacionales del petróleo ha afectado el nivel del gasto público, se ha calificado como delito de «incitación a la zozobra» el tomar fotografías de los estantes vacíos. Por otra parte, la orgía de las divisas extranjeras, cuyos precios de compra y venta también estaban controlados, generó una amplia cadena de corrupción. Quienes accedían a los denominados dólares preferenciales podían venderlos inmediatamente en el mercado negro a 40 veces su valor.

Y esto continúa hasta el día de hoy. El gran negocio durante muchos años fue comprar en el exterior todo lo que los venezolanos necesitaban, medicinas y alimentos y hoy, cuando no hay dólares para repartir, se están pagando las consecuencias.

Renuncia o revocatorio

El deterioro social está avanzando más rápidamente que la crisis política. Durante el mes de junio, seis personas han sido asesinadas por las autoridades en asaltos a establecimientos de alimentos. El 14 de junio pasado en Cumaná, una población de poco más de 300.000 personas, por lo menos 120 establecimientos fueron saqueados, lo que originó la detención de 400 personas, no de la «clase media opositora» sino del pueblo llano. Las organizaciones de base del chavismo, como Marea Socialista o Redes, han comenzado a pedir públicamente la renuncia de Nicolás Maduro, afirmando que, para que el bolivarianismo no se reduzca a su mínima expresión, resulta urgente un cambio de liderazgo.

Ahora, un sector de la población, liderado por Henrique Capriles, solicita la activación de un Referendo Revocatorio de la figura presidencial, derecho presente en el artículo 72 de la Constitución, al cual el propio Chávez se midió en el año 2004. El revocatorio parecería la solución menos traumática a las tensiones políticas

Sin embargo dos preguntas deben responderse a corto plazo:

cuál es el costo social necesario para salir de la crisis económica, y en cuánto tiempo eso sería factible. La segunda es cuánta impunidad habrá que otorgar al sector militar para que no obstaculice una transición

- postaporteñ@ 1633 - 2016-07-14 22:44:15
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La implosión de la Venezuela rentista [1]

Crisis en todos los ámbitos de la vida colectiva

Por: Edgardo Lander |Aporrea, Martes, 12/07/2016 

El detonante principal de la crisis por la cual atraviesa hoy Venezuela, más obviamente no la única causa, ha sido el colapso de los precios del petróleo de los últimos tres años. Mientras en el año 2013 el precio promedio de los crudos venezolanos fue de $100, bajó a $88,42 en el año 2014 y a $44.65 en el 2015. Llegó a su nivel más bajo en el mes de febrero del año 2016, con un precio de $24,25 [2]

El gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión.

Identificando socialismo con estatismo, mediante sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió la esfera estatal mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia el Estado es hoy más grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, más corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos estatales ha contribuido en forma importante a estos resultados. La mayor parte de las empresas que fueron estatizadas, en los casos en que siguieran operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera. Tanto las políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e integracionistas en el ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los elevados precios del petróleo. Ignorando la experiencia histórica con relación al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno operó como si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien dólares por barril.

Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del valor total de las exportaciones, prácticamente la totalidad de las divisas que han ingresado al país en estos años lo han hecho por la vía del Estado. A través de una política de control de cambios, se acentuó una paridad de la moneda insostenible, lo que significó un subsidio al conjunto de la economía. Los diferenciales cambiarios que caracterizaron esta política, llegaron a ser de más de cien a uno. Esto, unido a la discrecionalidad con la cual los funcionarios responsables pueden otorgar o no las divisas solicitadas, hizo que el manejo de las divisas se convirtiera en el principal eje de la corrupción en el país. [3]

En la época de las vacas gordas todo el ingreso fiscal extraordinario se gastó, incurriéndose incluso en elevados niveles de endeudamiento. No se crearon fondos de reserva para cuando bajasen los precios del petróleo. Cuando estos colapsaron, sucedió lo inevitable, la economía entró en una profunda y sostenida recesión y el proyecto político del chavismo comenzó a hacer aguas.

El PBI tuvo un descenso de 3,9% en el año 2014, y de 5.7% en el 2015. [4]

Para el año 2016, la CEPAL pronostica una caída del 7%. [5] Hay un importante y creciente déficit fiscal. De acuerdo a la CEPAL, la deuda externa se duplicó entre los años 2008 y 2013 [6]

 Si bien como porcentaje del PBI todavía no es alarmante, la drástica reducción del ingreso de divisas dificulta su pago [7] Se ha producido una caída fuerte de las reservas internacionales. Las reservas del mes de junio del año 2016 representaban 41% del monto correspondiente a las de finales del año 2012 [8] 

El acceso a nuevos financiamientos externos está limitado por la incertidumbre en torno al futuro del mercado petrolero, la falta de acceso a los mercados financieros occidentales, y las muy elevadas tasas de interés que se le exigen al país en la actualidad.

A esto se suma la tasa de inflación más elevada del planeta. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año 2015 la inflación fue de 180,9%, y la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315%[9]

Con seguridad se trata de una subestimación. No hay cifras oficiales disponibles, pero la tasa de inflación en el primer semestre del año, particularmente en el renglón de alimentos, ha sido muy superior a la del año anterior.

Esta severa recesión económica podría conducir a una crisis humanitaria. Hay un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y productos del hogar. Las familias venezolanas tienen que pasar cada vez más tiempo recorriendo establecimientos y haciendo colas en la búsqueda de alimentos que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se está produciendo una reducción significativa en el consumo de alimentos por parte de la población. De la situación en la que la FAO hizo un "Reconocimiento de progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre" basado en datos hasta el año 2013, señalando que había una proporción de menos de 6,7% de personas desnutridas, [10] se ha pasado a una situación de crecientes dificultades para obtener alimentos y donde el hambre se ha convertido en un tema de conversación cotidiano. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, a partir del año 2013 se ha venido produciendo un descenso sostenido en el consumo de prácticamente todos los renglones de alimentos. En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de leche líquida completa se redujo a menos de la mitad [11]

Estas son cifras anteriores a la profundización del desabastecimiento y la inflación ocurrida en el último año. Las encuestas registran que es cada vez mayor el número de familias que ha dejado de comer tres veces al día, incrementándose incluso el porcentaje de familias que afirma comer una sola vez al día. De acuerdo a la encuestadora Venebarómetro, una gran mayoría de la población (86.3%) afirma que compra menos o mucho menos comida que anteriormente [12]

En el ámbito del acceso a medicamentos y servicios de salud la situación es igualmente crítica. Los hospitales y demás centros de salud presentan elevados niveles de desabastecimiento de insumos básicos, así como la ausencia de equipos e instrumental médico debido a limitaciones en el acceso a repuestos y otros insumos, sean nacionales o importados. En hospitales y centros de salud es común que solo se pueda atender y alimentar a los enfermos si los familiares pueden aportar los insumos y alimentos requeridos. Son frecuentes las suspensiones de operaciones por falta de equipos, insumos o personal médico. Pacientes que requieren diálisis no reciben tratamiento. Medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades tales como diabetes, hipertensión y cáncer escasean severamente.

El gobierno no reconoce la posibilidad de que el país esté entrando en una emergencia que requiera asistencia desde el exterior. Por una parte, porque esto sería visto como la admisión del fracaso de su gestión. Pero igualmente, para evitar que ese reconocimiento pueda servir como puerta de entrada para la operación de dispositivos de intervencionismo humanitario, armado de considerarse necesario, cuyas consecuencias son bien conocidas.

En estos últimos años el gobierno ha puesto en marcha diversos operativos y mecanismos de distribución de alimentos, los cuales han sido de corta duración y, en general, han fracasado por la ineficiencia y los muy elevados niveles de corrupción. No han logrado desmantelar la redes mafiosas, gubernamentales y privadas, que operan en cada uno de los eslabones de las cadenas de comercialización, desde los puertos hasta la venta al por menor. Por otra parte, todos estos mecanismos han estado concentrados en la distribución, sin abordar en forma sistemática la profunda crisis existente en la producción nacional.

La última iniciativa son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados principalmente a la venta de bolsas con algunos alimentos subsidiados directamente en las viviendas. Ha sido este mecanismo muy polémico, entre otras cosas porque no hay suficientes alimentos disponibles para llegar a todos, y por operar a través de estructuras partidistas (el PSUV). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se han formulado múltiples denuncias tanto por su carácter político excluyente de quienes no se identifiquen como partidarios del gobierno, como, una vez más, por la corrupción.

Con excepción de Caracas, durante meses en el año 2016 hubo racionamiento eléctrico, con suspensión del servicio por cuatro horas diarias[13] Para ahorrar electricidad, las oficinas públicas en todo el país solo trabajaron dos días a la semana durante meses y luego con un horario diario reducido, debilitando aún más la menguada capacidad de gestión del Estado venezolano. La distribución del agua ha estado racionada, afectando desproporcionalmente a los sectores populares. Hay igualmente una severa crisis en el transporte público por falta de repuestos, hasta los más comunes como baterías y cauchos.

Todo esto se traduce en un severo deterioro de las condiciones de vida de la población, conduciendo a la acelerada pérdida de las mejorías sociales que se habían logrado en los años anteriores. El gobierno ha dejado de publicar, o solo publica con mucho atraso, la mayor parte de las principales estadísticas económicas y sociales. Por ello, las únicas fuentes actualizadas con las cuales se cuentan son algunos estudios universitarios y de encuestadoras privadas.[14]

En el último estudio difundido por un proyecto interuniversitario,[15] en términos de ingreso y de la capacidad para adquirir lo que definen como la canasta normativa de alimentos, se caracteriza al 75,6% de la población como pobre y la mitad del total de la población como pobres extremos.[16] Esto, más que un deterioro, constituye un colapso del poder adquisitivo de la mayor parte de la población.

La reducción de la capacidad adquisitiva es generalizada, pero no afecta por igual a todos los sectores de la población, con lo cual se ha producido un incremento de las desigualdades sociales. La reducción de las desigualdades de ingreso había sido uno los logros más importantes del proceso bolivariano. El actual deterioro de la capacidad adquisitiva afecta en primer lugar a quienes viven de un ingreso fijo como salarios, jubilaciones y pensiones. Por el contrario, quienes cuentan con acceso a divisas que compran cada vez más bolívares, y quienes participan en los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia terminan favorecidos por la escasez/inflación

En las condiciones actuales, el gobierno ya no cuenta con los recursos que serían necesarios para abastecer a la población mediante programas masivos de importación de alimentos. Por las mismas razones, la incidencia de las políticas sociales, las Misiones, está marcada por un sostenido deterioro.

Por la vía de los hechos, la política económica del gobierno opera como una política de ajuste que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población. Se le ha otorgado prioridad al pago de la deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de la población venezolana. De acuerdo al Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, Venezuela recortará sustancialmente sus importaciones este año con el fin de cumplir con sus compromisos de deuda [17]

Se ha anunciado que el monto total de divisas disponibles para importaciones no petroleras en el año 2016 será de solo 15 mil millones de dólares[18], lo que representa la cuarta parte del volumen de las importaciones del año 2012. Y sin embargo, el Presidente Maduro ha informado que "...el Estado venezolano ha pagado en los últimos 20 meses 35 mil millones de dólares a los acreedores internacionales..."[19] Esto es extraordinariamente grave, dados los elevados niveles de dependencia de las importaciones que tiene la alimentación básica de la población.

Son variadas las propuestas que se han venido formulando desde organizaciones políticas y académicas, así como movimientos populares, sobre posibles vías para la obtención de los recursos necesarios para responder a las necesidades urgentes de la población. Entre estas destaca la Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana, [20] que exige la realización de una investigación a fondo de los extraordinarios niveles de corrupción con los cuales han operado los procesos de entrega, por parte de organismos del Estado, de divisas subsidiadas para las importaciones [21]

Esta auditoría permitiría comenzar los procesos de recuperación de los recursos sustraídos a la nación. Esta posibilidad ha sido rechazada por el gobierno. Sería abrir una caja de Pandora que, con seguridad, implicaría tanto a altos funcionarios públicos, civiles y militares, como a empresarios privados.

Igualmente importante sería la realización de una auditoría de la deuda externa, con el fin de identificar que parte de ésta es legítima y que parte no lo es. A partir de ésta, se plantearía una renegociación de las condiciones de pago de la deuda, partiendo de que es prioritario responder a las necesidades inmediatas de alimentación y salud de la población sobre el pago a los acreedores. Se ha propuesto igualmente la conveniencia de un impuesto extraordinario a los bienes de venezolanos en el exterior, así como una reforma impositiva que aumente el aporte de las grandes fortunas, en especial del sector financiero, que pagan tasa muy bajas.

Nada de esto, por supuesto, tendría mayor impacto si no se crean mecanismos de contraloría social efectivos que garanticen que, en este contexto de corrupción generalizada, estos bienes lleguen a quienes los necesitan.

Una nueva economía: las múltiples caras del denominado "bachaqueo"

En los últimos tres años se han producido reacomodos importantes en la estructura económica del país, muy especialmente en los sectores de comercialización. Una elevada proporción del acceso a bienes básicos en el país ocurre hoy por la vía de los mecanismos informales del llamado bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de corrupción conocidos en el país en estos años tienen que ver precisamente con el acaparamiento y la especulación en la importación y en las cadenas públicas y privadas de distribución de alimentos.

Este complejo nuevo sector de la economía, que ha adquirido en estos años un enorme peso, incluye una amplia gama de modalidades y mecanismos tanto públicos como privados. Dada la presencia simultánea de un generalizado desabastecimiento y la desbordada inflación, la diferencia entre el precio de venta de los productos regulados y el precio al cual estos mismos productos son vendidos en los mercados informales puede ser de diez a uno, de veinte a uno, e incluso más. Esta actividad, que mueve a mucha gente y moviliza mucho dinero, opera en diversas escalas. Incluye, entre otras, el contrabando de extracción de diferentes dimensiones, principalmente hacia Colombia, el desvío masivo de bienes de las cadenas públicas de distribución mayorista, el acaparamiento por parte de agentes comerciales privados, y la compra y reventa en pequeña o mediana escala de productos regulados por parte de los llamados bachaqueros.

Por su novedad, heterogeneidad y fluidez no se cuenta con una caracterización confiable sobre la dimensión de este sector de la economía y sus relaciones con los otros sectores de ésta. En esta actividad se pueden obtener ingresos muy superiores a una elevada proporción de los empleos asalariados existentes en el país. Lo que es indudable es que hoy, si dejase de operar de un día para otro este sector de la economía, el país se paralizaría. De acuerdo a una de las principales encuestadoras del país, el 67 % de la población venezolana reconoce que compra los productos total o parcialmente a través de los llamados "bachaqueros" [22]

El hecho de que este sector de la economía opere con mecanismos extremadamente diversos no solo hace difícil su caracterización, sino igualmente su evaluación desde puntos de vista políticos o éticos. Sobre el impacto perverso que para la sociedad tiene la corrupción en las cadenas oficiales de distribución, el acaparamiento y la especulación por parte de agentes privados y las mafias violentas, con frecuencia armadas, que controlan determinados eslabones de las cadenas de comercialización, no queda duda. No es lo mismo el bachaqueo en pequeña escala llevado a cabo por ese amplio sector de la población que, en ausencia de toda otra alternativa para alimentar a su familia, convierten la actividad de compra, trueque y venta especulativa de productos escasos en una modalidad de sobrevivencia.

Lo que si puede afirmarse es que en un proceso político orientado durante años por los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base en las cuales participaron millones de personas, la respuesta ante esta profunda crisis no ha sido mayoritariamente solidaria, ni colectiva, sino individualista y competitiva. Las significativas transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo en la relación sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, entran en dinámicas regresivas. Buena parte de las organizaciones sociales de base creadas durante estos años (mesas técnicas de agua, consejos comunitarios de agua, consejos comunales, comunas, etc.), se encuentran hoy debilitadas, tanto por la carencia de los recursos estatales de las cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Otras, con mayor capacidad de autonomía, hoy debaten cómo continuar operando en este nuevo contexto.

Es este el paisaje cultural que hace posible, por ejemplo, que miles de niños de hasta 12 años estén abandonando la escuela para incorporarse a bandas criminales, iniciándose generalmente en el micro tráfico de drogas que constituye, gracias a las políticas prohibicionistas con relación a las drogas que siguen vigentes en el país, un lucrativo negocio y una fuente permanente de violencia.

Además de las consecuencias de la desnutrición infantil, lo que posiblemente tenga un impacto negativo de más larga duración para el futuro del país es el hecho de que la confluencia de estas dinámicas ha ido produciendo procesos de desintegración del tejido de la sociedad, un estado de desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en buena parte de la conciencia colectiva.

La coyuntura política

El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013 abre paso a una nueva coyuntura política en el país. En las elecciones presidenciales de abril del 2013, el candidato escogido por Chávez, Nicolás Maduro, gana a Henrique Capriles, candidato de la oposición, por una diferencia de solo 1.49% de los votos, mientras que cinco meses antes, Chávez, en su última elección, había ganado con una diferencia de 10.76%.

En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, la oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) gana las elecciones por una amplia mayoría, obteniendo 56,26% de los votos contra 40,67% de los partidarios del gobierno.[23] Como resultado de una ley electoral anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría cuando ésa era la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea.[24]

La previa identificación de la mayoría de los sectores populares con el chavismo se va resquebrajando, la oposición gana en muchos centros electorales que hasta ese momento habían votado contundentemente por el gobierno.

De una situación de control de todas las instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano y 20 de un total de 23 gobernaciones), se pasa a una nueva situación de dualidad de poderes y a una potencial crisis constitucional.

Sin embargo, la mayoría de oposición en la Asamblea Nacional no ha alterado, en los hechos, la correlación de fuerzas en el Estado. Sistemáticamente cada vez que el Ejecutivo está en desacuerdo con una decisión de la Asamblea, le ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que la declare inconstitucional, lo cual el Tribunal hace rápidamente. A esto se añade que, en los asuntos de mayor transcendencia, el gobierno, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido gobernando por decretos presidenciales. Entre éstos destaca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica [25] mediante el cual el Presidente se auto otorga poderes extraordinarios en el ámbito económico y en áreas de seguridad pública. En consecuencia, durante los primeros seis meses de su gestión, la Asamblea Nacional ha operado más como un espacio de debate político y de catarsis, que como un poder del Estado con capacidad para tomar decisiones efectivas sobre el rumbo del país.

El gobierno una y otra vez ha anunciado medidas especiales, comisiones presidenciales, nuevos "motores de la economía" reestructuraciones del Estado, nuevas vice-presidencias, nuevo ministerios. Sin embargo, se trata en lo fundamental, de un gobierno a la defensiva, sin rumbo, cuyo principal objetivo parece ser la preservación del poder. Para ello se reafirma en un discurso incoherente que carece de sintonía con la cotidianidad y las exigencias inmediatas de la población. Sigue apelando a "la Revolución" y al enfrentamiento al imperialismo, al intervencionismo externo, a la derecha nacional e internacional fascista, a los golpistas y a la "guerra económica" como las causas de todos los males que afectan al país. Se acentúa la utilización arbitraria de su control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tomar medidas destinadas a bloquear toda posibilidad de cambio.[26] Por esta vía se va, paso a paso, socavando la legitimidad de la Constitución del año 1999. Mientras tanto, el deterioro económico y social del país se profundiza.

Es bien sabido que, desde el inicio del gobierno bolivariano, el gobierno de los Estados Unidos le ha brindado respaldo político y financiero a la oposición venezolana, incluso apoyando el golpe de Estado del año 2002. La ofensiva no cesa. En marzo del año 2016 el gobierno de Obama renovó la decisión del año anterior de declarar que Venezuela constituye una "inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".[27]

En mayo del mismo año, "por décimo año consecutivo, el Departamento de Estado de EE.UU. determinó [...] que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos".[28]

En el contexto de la prominencia de los gobiernos progresistas y los procesos integracionistas latinoamericanos (UNASUR, MERCOSUR, CELAC), estas ofensivas tuvieron en el pasado poco éxito. Sin embargo, estamos en presencia de un contexto geopolítico regional profundamente alterado que se caracteriza por un debilitamiento tanto de los movimientos sociales como de los gobiernos progresistas en toda América del Sur. Son en este sentido significativas las implicaciones de los bruscos virajes a la derecha que vienen operándose en Argentina y Brasil y los consecuentes debilitamientos de los mecanismos de integración continental en cuya creación y fortalecimiento el Presidente Chávez había jugado un papel protagónico. Un expresión de estos cambios son los sistemáticos ataques de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, contra el gobierno venezolano, presionando a los países miembros de la organización a que se le aplique al país la Carta Democrática, y las resistencias que ha enfrentado Venezuela para asumir, como le corresponde, la Presidencia pro-tempore de MERCOSUR.

Descontento generalizado, protestas, saqueos, represión e inseguridad

Confirmando el estado de ánimo que se percibe diariamente en cualquier aglomeración de gente, como en las colas de compra de alimentos y el transporte público, todas las encuestas de opinión destacan el profundo descontento existente en el país. De acuerdo a Venebarómetro, 84,1% de la población evalúa en términos negativos la situación del país, el 68,4% considera como mala la gestión del Presidente Maduro, el 68% de los encuestados opina que Maduro debería salir del poder lo más pronto posible y haya elecciones presidenciales.[29]

De acuerdo a la encuestadora Hercon, 81,4% de los encuestados consideran que "es necesario cambiar de gobierno este mismo año para que se solucione la crisis que vive Venezuela".[30] Según Óscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, encuestadora en general favorable al gobierno, en el mes de febrero el 58% de la población estaba de acuerdo con una salida constitucional del presidente Maduro.[31]

De acuerdo a un informe del Proyecto Integridad Electoral Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, el 74% de la población ve la situación del país como "mala" o "muy mala", y más de la mitad cree que los principales responsables de los problemas son el Gobierno y el Presidente.[32] De acuerdo a la encuestadora Datincorp, el 72% de los encuestados quiere que el Presidente Maduro concluya su mandato antes del 2019.[33]

En la mayor parte de las encuestas se destaca igualmente que el apoyo a la oposición y a la Asamblea Nacional ha tenido una tendencia al descenso como resultado de la frustración frente a las expectativas que habían sido creadas por la MUD previas a las elecciones parlamentarias. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, institución fuertemente inclinada hacia la oposición, solo un 50,58% de los encuestados confía en la Asamblea Nacional y un poco menos de la mitad confía en los diputados de la oposición y en los partidos de oposición.[34]

Las dificultades que enfrenta la gran mayoría de la población en su vida cotidiana, especialmente los obstáculos o incluso la imposibilidad de obtención de alimentos y medicinas, la carencia de agua, el racionamiento eléctrico, han generado, en todo el país, niveles crecientes de protesta, cierres de calles y carreteras, saqueos de establecimientos de comercialización de alimentos, y de camiones que transportan estos bienes. Algunos de estos saqueos y protestas violentas pueden estar organizados como una forma de enfrentamiento político al gobierno [35]

 No hay duda de que en el país operan paramilitares, pero es evidente, por su escala, que se trata en lo fundamental de un fenómeno social de amplia base. A diferencia de la situación de febrero del año 1989, en que el Caracazo consistió en una explosión popular generalizada y prácticamente simultánea a escala nacional, en las actuales condiciones, mucho más graves que las del 1989, se está produciendo un Caracazo por cuotas. En algunos casos participan grupos armados que actúan con violencia.

Esto se suma a la inseguridad que durante muchos años ha sido caracterizada por la población venezolana como el principal problema del país. De acuerdo a las Naciones Unidas, Venezuela no solo tiene la tasa de homicidios más elevada de América del Sur, sino que es el único país de esa región cuya tasa de homicidios se ha incrementado en forma consistente desde el año 1995.[36]

Algunos de los denominados "colectivos" de origen chavista han devenido en mafias armadas. Un contexto de generalizada impunidad en que, ni los asesinatos ni la corrupción son investigados, y menos aún castigados, ha conducido a una profunda y generalizada desconfianza en la policía, el sistema judicial, y la justicia. Se han hecho más frecuentes los casos en que grupos de personas deciden asumir la justicia por su propia mano, por la vía de linchamientos. Es dramático lo que esto nos dice sobre el estado actual de la sociedad venezolana. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia, dos terceras partes de la población justifican los linchamientos cuando se ha cometido un "crimen horrible", o cuando el criminal "no tiene remedio". Sin embargo, de acuerdo a este observatorio, "en la mayoría de los linchamientos observados recientemente las víctimas no han cometido delitos ‘horribles"; más bien se trata de inexpertos ladrones." En un barrio popular apareció una pancarta con el siguiente texto: Vecinos organizados. Ratero si te agarramos no vas a ir a la comisaría. ¡¡Te vamos a linchar!!"[37] Son tan grotescas estas imágenes que la Sala Constitucional del TSJ ha prohibido su divulgación por las redes sociales.

El gobierno, ante esta descomposición generalizada, ante una sociedad que ya no puede controlar, en vista de que su discurso se hace cada menos eficaz, responde crecientemente con represión. Con frecuencia las movilizaciones callejeras son bloqueadas o reprimidas con gases lacrimógenos. Todas las semanas los medios divulgan casos de muertes por balas policiales. A pesar de que el uso de armas de fuego está expresamente prohibido en la Constitución,[38] el Ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante una resolución sobre las "Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones" decidió que ante una situación de "riesgo mortal", el funcionario o funcionaria militar "aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra potencialmente mortal."[39]

En ausencia de una política pública de seguridad integral y consistente en materia de seguridad, frente el desborde de la violencia hamponil y ante las demandas de la sociedad por una respuesta, en julio del 2015 se creó un nuevo dispositivo policial, la Operación para la Defensa y Liberación del Pueblo (OLP) cuya principal actuación ha sido la de realizar agresivos allanamientos en barrios populares. Estos operativos han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos por acentuar las desigualdades al reprimir solo las actividades ilícitas en los sectores populares y por el uso desproporcionado de la fuerza.

A partir de la creación de este dispositivo, comenzaron a aparecer en los periódicos noticias sobre la muerte de numerosos "hampones" y "delincuentes". El número de "abatidos" es presentado por los funcionarios como medida del éxito de los operativos. Desaparece la presunción de inocencia y, con apoyo de la opinión pública, se va naturalizando el asesinato extrajudicial, en un país cuya Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte. [40]

El referendo revocatorio

La Constitución Venezolana contempla la posibilidad de la realización de referendos revocatorios de cada uno de los cargos de elección popular una vez pasada la mitad de su período de gestión. Este instrumento, que posibilita la evaluación por parte de los electores de la gestión de los funcionarios y funcionarias electas, ha sido reivindicado por el chavismo como uno de los importantes avances democráticos de la Constitución de 1999, como una de las principales expresiones de la democracia participativa. [41]

Se establecen para ello un conjunto de requisitos. En el caso del Presidente o Presidenta de la República, si el referendo se realiza en el cuarto año de la gestión de seis años del Presidente, y la mayoría opta por revocar su mandato, éste queda destituido y se convocan nuevas elecciones presidenciales en un lapso de 30 días. Si el referendo se realiza cuando quedan menos de dos años del período presidencial, y la mayoría vota por la revocatoria del mandato, el Presidente queda destituido y es remplazado por el Vicepresidente (cargo de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente). Es por ello que el gobierno, a sabiendas de que perdería el referendo revocatorio, a través de su pleno control sobre el CNE, se ha dedicado sistemáticamente a poner obstáculos y a retardar lo más posible la realización del referendo. [42]

Las diversas movilizaciones de la oposición con el fin de presionar al CNE para que de los pasos necesarios en función de la realización del referendo revocatorio son impedidas o reprimidas. Altos funcionarios gubernamentales han anunciado que se despediría a los empleados públicos que aparezcan apoyando el referendo y que los empresarios que lo hagan no podrán tener contratos con el Estado. [43]

Estudiantes han denunciado que les han quitado sus becas por haber firmado por la realización del referendo. La oposición presentó aproximadamente diez veces más firmas que las requeridas para iniciar el proceso. De estas se anularon centenares de millares de firmas, muchas por errores de forma. Se han ido imponiendo nuevas exigencias que no habían sido informadas anteriormente y se han alargado sistemáticamente los plazos más allá de lo contemplado en las normas vigentes.

El CNE durante años fue una institución que contó con un alto grado de legitimidad. El carácter totalmente automatizado de los procesos electorales y sus mecanismos de auditoría hacían que fuese extraordinariamente difícil desvirtuar la voluntad de los electores. Las observaciones internacionales que estuvieron presentes en los múltiples procesos electorales realizados durante el gobierno bolivariano, una y otra vez, afirmaron que se trataba de elecciones cuyos resultados eran altamente confiables. Jimmy Carter llegó a afirmar que se trataba del mejor sistema electoral del mundo. Durante años este organismo jugó un papel central en la defensa de la legitimidad del gobierno ante los ataques del gobierno de los Estados Unidos y la derecha internacional. Sin embargo, en los últimos años ha ido perdiendo la confianza de los electores. [44]

En la medida en que con sus decisiones el CNE está impidiendo la realización del referendo revocatorio en el año 2016, y va transparentando su papel actual de ejecutor de las decisiones del Poder Ejecutivo, está sacrificando el prestigio y reconocimiento que había logrado con mucho esfuerzo. Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional. A partir de ese momento pasaría a ser un gobierno de facto.

Esto es particularmente grave en las actuales condiciones en que, como consecuencia de la crisis, hay un elevado grado de tensión acumulada en el país. Si se bloquea la posibilidad de que la población venezolana pueda decidir en forma democrática y constitucional sobre el futuro político inmediato del país, se corre el riesgo de que se pase de la actual situación de múltiples, pero fragmentados, focos de violencia, a una violencia generalizada lo que es en extremo peligrosa, dada la amplia disponibilidad de armas de fuego en manos de la población.

Mientras más se postergue una transición, que parece inevitable dados los amplios niveles de rechazo que tiene el gobierno, mayor será el deterioro del chavismo popular y el imaginario de otro mundo posible. El reto está en cómo evitar que el fin del gobierno de Maduro sea experimentado como una derrota de las expectativas de transformación social en la población venezolana. El pueblo chavista no tiene por qué cargar sobre sus hombros el fracaso de la gestión gubernamental.

Del rentismo extractivista petrolero al rentismo extractivista minero

La profunda crisis que hoy se vive en Venezuela representa un momento de inflexión fundamental en la historia contemporánea del país. Pero, ¿en qué dirección? Después de un siglo de rentismo petrolero, de hegemonía de una lógica rentista, Estado-céntrica, clientelar y devastadora tanto del ambiente como de la diversidad cultural, éste debería ser el momento en que, como sociedad -más allá de la urgencia de medidas extraordinarias requeridas para responder a la crisis alimentaria y de medicamentos que vive en país- se asuma que se trata de la crisis terminal de este modelo. Es el momento de dar comienzo a un amplio debate y procesos de experimentación colectivos que enfrenten los retos de la urgencia de una transición hacia otro modelo de sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta no ha sido la respuesta a la crisis. El consenso petrolero nacional no ha sido cuestionado sino en un terreno retórico. Los programas de gobierno del PSUV y de la MUD en las últimas elecciones presidenciales, a pesar de las profundas diferencias en todos los demás temas, ofrecieron duplicar la producción petrolera para llevarla a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. En otras palabras, lo que ambos vislumbraban como futuro para Venezuela era la profundización del rentismo.

Más allá de la poco probable recuperación significativa de los precios del petróleo en el mercado internacional, ¿de qué le sirve al país contar con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta si por lo menos 80% de estas reservas tienen que permanecer bajo tierra si queremos tener alguna probabilidad de evitar transformaciones climáticas catastróficas que pondrían en peligro la vida humana?

En la actual coyuntura, el énfasis casi exclusivo de la oposición ha estado en la necesidad de salir del gobierno del Presidente Maduro como condición para regresar a la normalidad del orden ¿neoliberal? interrumpida por el proceso bolivariano. Por parte del gobierno, aparte de múltiples medidas inconexas que reflejan más improvisación que capacidad de reconocer la situación actual del país, la respuesta más importante ha sido la proclamación de un nuevo motor de la economía, la minería, con lo cual se pretende reemplazar al rentismo extractivista petrolero, por un rentismo extractivista minero.

El 24 de febrero del año 2016, mediante decreto presidencial, Nicolás Maduro decidió la creación de una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco",[45] abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, a la gran minería para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales. De acuerdo al Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, "quienes, a partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán". [46] Se desconoce cuáles son estas empresas y el contenido de estos acuerdos.

La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco, significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Esta área cubre selvas tropicales húmedas de la Amazonía venezolana, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial, en ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como "democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural", y en carencia total de los estudios de impacto ambiental exigidos por el orden jurídico vigente.

Lejos de representar una mirada alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, expresa este decreto una decisión estratégica de profundizar el extractivismo y acentuar la lógica rentista. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría unos 280.000 millones de dólares. [47]

No hay tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produciría necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta.

La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Por ello, las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de destrucción de bosques y cuencas generados por la explotación ilegal del oro, con la presencia de grupos paramilitares que controlan importantes extensiones de territorio, con la legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica devastadora.

Este proyecto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se violan igualmente los derechos establecidos en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005).

Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional (Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos. Dándole un nuevo zarpazo a la constitución nacional, se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos con su desaparición como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.

En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de disponibilidad sin límites al agua se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo, el lago de agua dulce de mayor extensión de América Latina. Como consecuencia del canal de navegación abierto para la entrada de buques petroleros, la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento, lenta pero seguramente, durante décadas se ha venido matando este vital reservorio de agua.

¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, está vez en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y Orinoco, en la Amazonía venezolana? La zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales.

Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el de las sucesivas crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se consume en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, por la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, la minera río arriba, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente incrementaría los procesos de sedimentación de éstas. Con ello se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil. Todas las represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.

En la explotación del Arco Minero está prevista la participación de "empresas privadas, estatales y mixtas". El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación de "mecanismos de financiamiento preferenciales", y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado.

Las posibilidades de oponerse a los impactos de la gran minería en la zona del Arco Minero están negadas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta "Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares". Se entiende por "interés general", la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un "interés particular", y por lo tanto sujeto a que los "organismos de seguridad del Estado" lleven a cabo "las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas" en el decreto.

Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como "particulares"? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como "particulares" los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

¿Implica esto igualmente que los derechos "gremiales", y por lo tanto "particulares" de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?

¿Qué implicaciones tiene esto para quien, sin duda, sería el sector de la población más afectado por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a "sus normativas" entendidos igualmente como "intereses particulares" que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el "interés general" de la explotación minera en sus territorios ancestrales?

Todo esto es aún más preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.[48]

Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse "sin limitación alguna" a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, la Fuerza Armada lejos de representar la defensa de un hipotético "interés general" en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo. Estarían, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.

De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aún mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello su lealtad al gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras.

En síntesis, un gobierno que se auto denomina como socialista, revolucionario y anticapitalista, ha decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.

La reacción de diversos sectores de la sociedad venezolana no se ha hecho esperar. Entre múltiples foros, asambleas, movilizaciones y comunicados, destaca el "Recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el Decreto [Del Arco Minero]", introducido ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo del 2016, por parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas. [49]

La lucha por la anulación del decreto del Arco Minero es una expresión tanto de las luchas por un futuro democrático, no-rentista capaz de vivir en armonía con la naturaleza, como por abrir una brecha que permita ir más allá de la polarización infructuosa entre el gobierno y la MUD en que la reflexión colectiva y el debate público siguen atrapados.

Caracas, julio 2016

Notas

[1]  Este texto fue escrito como un insumo para los debates del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Oficina Regional Andina de la Fundación Rosa Luxemburgo en Quito.

[2]. En los meses de mayo y junio del 2016 se ha dado una lenta recuperación de los precios del petróleo, acercándose el crudo venezolano a los $40, muy por debajo del precio requerido para lograr un equilibrio presupuestario.

[3]. De acuerdo al ex-Ministro del gobierno del Presidente Chávez, Héctor Navarro, "unos 300 millardos de dólares del billón de dólares ingresado entre 2003 y 2012 han desaparecido de las arcas de la nación, sin haberse castigado a los responsables." Mayela Armas, "Héctor Navarro: ‘Esto no es socialismo... es vagabundería. Fracasó el capitalismo de estado y la corrupción’" Aporrea, Caracas 12 de diciembre 2015.

[4]. Banco Central de Venezuela, Resultados del índice nacional de precios al consumidor, producto interno bruto y balanza de pagos, Caracas, 18 de febrero 2016.

[5]. "CEPAL pronostica que economía venezolana se contraerá 7% este año", El Nacional, Caracas, 8 de julio 2016.

[6]. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2015. Santiago de Chile 2016.

[7]. En realidad no hay acceso público transparente al las cifras sobre la deuda. Esta tiene diversos componentes, entre otros la deuda de PDVSA y la deuda que se define como interna pero que tiene que ser pagada en dólares

[8]. Banco Central de Venezuela, Información estadística,

[9]. Instituto Nacional de Estadísticas, Cuadro 1. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Variaciones porcentuales, 2008 - Diciembre 2015.

[10]. Reconocimiento de la FAO a Venezuela, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Roma, 26 de junio 2013.

[11]. Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta de seguimiento al consumo de alimentos (ESCA) Informe Semestral Segundo semestre 2012 al Primer semestre 2014.

[12]. Venebarómetro abril 2016, Croes, Gutiérrez y Asociados abril 2016.

[13]. Una elevada proporción de la energía eléctrica del país es hidroeléctrica. El gobierno le atribuye la crisis eléctrica exclusivamente al fenómeno del El Niño. La sequía, sin dudas, tiene un alto impacto pero no basta para explicar la profundidad de la crisis. Son igualmente importantes la devastación de las cuencas de los ríos de la Amazonía venezolana como consecuencia de la explotación del oro por parte de miles de mineros informales, y la ausencia de las previsiones, e inversiones necesarias para contar con modalidades alternativas de generación eléctrica cuando este fenómeno de carácter cíclico volviese a repetirse. Han sido prácticamente inexistentes las inversiones en energías renovables.

[14]. Es tal la velocidad con la cual están ocurriendo las cosas en Venezuela hoy que todas las estadísticas citadas en el texto están necesariamente atrasadas en relación a la cambiante realidad.

[15]. Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela. ENCOVI, Pobreza y Misiones Sociales Noviembre 2015, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y otras instituciones. Caracas 2016.

[16]. Este estudio, como todos los que se realizan en Venezuela en la actualidad, presenta severos problemas metodológicos. Una significativa proporción de los ingresos, así como de los consumos de la población venezolana ocurren hoy por la vía de mecanismos informales, ilegales e incluso mafiosos, mecanismos que están lejos de la transparencia. Es por lo tanto extraordinariamente difícil tener acceso a información medianamente confiable.

[17]. "Pérez Abad anuncia restricción de divisas para cumplir deudas de PDVSA", Versión Final.com.ve, Caracas 16 de mayo 2016.

[18]. Pérez Abad estimó importaciones no petrol

aporrea - postaporteñ@ 1633 - 2016-07-14 21:46:13
postaporteñ@_______________________________

PERSISTENCIA DE LA IMPUNIDAD Y TERRORISMO DE ESTADO DEMOCRÁTICO

Primera Nota

Es muy importante que siga habiendo quienes, en la pelea contra la permanencia del terrorismo del Estado democrático, denuncien la impunidad incluso de quienes siempre se ha ocultado que fueron y son parte del terrorismo del Estado [1]

En ese sentido  valoramos el esfuerzo de Roger Rodríguez de explicar los fundamentos de la impunidad en todo el proceso histórico y su  persistencia actual. Subrayamos la importancia de la afirmación: “La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya”

Ver el texto Cuentas de impunidad (ROGER RODRIGUEZ·JUEVES, 2 DE JUNIO DE 2016, y publicado en diversos medios y blogs) de donde extraemos lo esencial de la información que citamos a continuación. Agreguemos que, a pesar de algunas notas jurídicas y alguna condena formal  la impunidad sigue existiendo plenamente en el resto de los países del Cono Sur y de las fuerzas imperiales que dirigieron ese proceso desde Estados como Francia, Estados Unidos, Israel, Alemania…etc.

El autor explica con lujo de detalles que los torturadores y asesinos de nuestros seres queridos siguen globalmente impunes. Muestra que, la verdad no se conoce, y que sistemáticamente se ha ocultado desde todos los aparatos del Estado. Que la mayoría de los desaparecidos continúa sin aparecer (incluyendo a los niños) y que solo conocemos la horrible muerte de algunos casos aislados de nuestros compañeros de los cuales se han encontrado los restos (De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos). Denuncia que los gobiernos sucesivos además de haber ocultado sistemáticamente la información a favor de los militares torturadores han hecho negociaciones y pactos siniestros para proteger a los torturadores a cambio de “algunos huesitos” que reaparecieron de nuestros seres queridos.

Además denuncia, con razón, que la enorme mayoría de los torturadores, incluso en los pocos casos que se conoce con lujos de detalles lo que hizo con tal y tal compañero y su implicación directa en su desaparición siguen sin haber sido condenados. La mayoría andan sueltos e incluso casi todos ellos siguen cobrando dinero del Estado como milicos.

Incluso pone en evidencia casos en los que el Estado democrático actual mantiene no solo a los mayores torturadores de la historia del país y de “la dictadura” sino que hasta paga los honorarios de los abogados para que digan que no hicieron lo que se sabe que hicieron, o para que interpongan absurdos recursos jurídicos para defender lo indefendible. Sepa bien amigo que los impuestos que a usted le arrancan cuando cobra su salario o compra cualquier cosa va para esos torturadores y para esos siniestros abogados y toda la rosca judicial que todos, absolutamente todos siguen viviendo a costilla de los laburantes.

También denuncia con nombres y apellidos a célebres torturadores que en el exterior no solo viven impunes sino que cobran regularmente sus jugosísimas pensiones militares a través del Banco de la República Oriental del Uruguay que son debidamente confirmadas luego de su presentación ante la autoridad consular. En síntesis, la IMPUNIDAD ni siquiera es clandestina o escondida, sino que es una impunidad legalizada, validada democráticamente todos los días.

El autor va más lejos denunciando de forma argumentada y coherente que el terrorismo de Estado sirvió objetivamente al capital internacional y nacional y que gran parte de la burguesía uruguaya aplaudiendo y dando cobertura formal a la represión y la tortura acumularon fortunas, lo que le permite en forma impecable afirmar que todos esos burgueses son parte de la dictadura terrorista y que también continúan impunes. Con esa misma coherencia deja en claro que la impunidad es cotidiana porque la cultura misma está impregnada de impunidad.

PARÉNTESIS

Creemos sin embargo que no es correcto poner en ese mismo saco a cualquiera por ser burgués, o por tal o tal estafa o por tener fondos en Panamá… Simplemente por el hecho de que estamos hablando de la impunidad con respecto a los responsables del terrorismo de Estado directo.

Si bien nos parece totalmente pertinente incluir a quienes al mismo tiempo que se llenaban los bolsillos beneficiándose directamente de la represión, la tortura y el asesinato de compañeros, no nos parece que deba ponerse en el mismo saco a cualquiera que acumule capital por la explotación de los proletarios, porque sería una dilución misma del concepto de impunidad. En efecto si acusásemos a todos los burgueses (incluyendo a los estafadores, dado que la estafa o la “corrupción” no son ninguna excepción o extravío, sino la norma misma de la sociedad del capital) de “impunes” o sea de no haber sido punidos por sus acciones como simples estafadores, el concepto mismo de “impunidad” quedaría tan generalizado y diluido que no tendría la potencia social que hoy tiene. La estafa misma es algo totalmente menor en cuanto atentado contra el ser humano con respecto a la impunidad a la que el movimiento social hace referencia en su lucha.

En concreto propongo no generalizarlo a cualquier capitalista estafador o que haya sido incinerado por los “Panamá Papers” sino reservarlo para los responsables políticos y económicos del terrorismo de Estado.

Por lo tanto más allá de afirmar que, TODO EL CAPITAL contiene desde su origen y desarrollo (“el capital viene al mundo chorreando sangre y barro por todos sus poros” decía Marx) TERROR DE Estado, que la separación misma y permanente de los seres humanos de sus medios naturales de subvenir a sus necesidades humanas se basa en el terror y la violencia, que la sustancia principal de la  propiedad privada es el  justamente el terror, que la mercancía y la democracia incluyen en su seno la violencia y la expropiación violentas, que toda la acumulación de capital es desposesión humana y explotación…, no nos parece pertinente en los términos sociales concretos aplicar la categoría “impunidad” a todos los capitalistas y milicos, porque la misma perdería el sentido social específico y la fuerza que tiene y que queremos reafirmar.

Claro que la lucha contra la impunidad solo tiene sentido en lucha contra el capital, pero reservemos su uso para aplicarla a todos aquellos que contribuyeron o contribuyen DIRECTAMENTE al terrorismo de Estado: represores directos de ayer y de hoy así como a los capitalistas que contribuyen directamente en el terrorismo de Estado. En ese cuadro Sí, nos parece pertinente incluir a todos los represores  y torturadores de “la dictadura” (¡sin olvidar que a nivel más global toda democracia es evidentemente una dictadura de clase!) directamente partícipes de la represión de nuestros compañeros, incluyendo claro está, a todos aquellos que se enriquecieron apoyando a los torturadores y desaparecedores de nuestros seres queridos. También deben ser incluidos todos aquellos que luego de lo que se ha dado llamar “retorno a la democracia” hayan continuado practicando la violencia represiva, defendiendo la impunidad y/o enriqueciéndose en complicidad con esa violencia.

Se podría argumentar que no se puede fijar un límite al respecto, ni en cuanto a quienes, ni en el tiempo y que toda la represión anterior y la continuidad de la impunidad siguen dopando la ganancia del capital hoy en su totalidad, es decir para toda la clase burguesa. También se podría dar muchos ejemplos de la continuidad en “período democrático” del terrorismo de Estado, la violencia policial contra los cantegriles, el terrorismo del sistema carcelario uruguayo, la prepotencia Estatal de la “esencialidad”, los apaleos y basureos en todas las comisarías del país, así como la brutal represión contra los estudiantes y  luchadores sociales dirigida por el repugnante milico Bonomi desde que asumió.

Es verdad, todo límite sería arbitrario tanto en el tiempo como en el contenido del terrorismo de Estado en beneficios para los capitalistas. Sin embargo en todos los casos hay una cuestión de salto de calidad y de responsabilidad y creemos que es mucho más adecuado concentrarnos en los responsables de la represión, en los jefes decisivos, en los grandes ideólogos de la represión y muy especialmente en quienes en nombre de la lucha de los de abajo se han encaramado en el poder para continuar reprimiendo y defendiendo la impunidad histórica.

Sin dudas todos los gobiernos de todos los gobiernos y los partidos siguieron y siguen el modelo represivo que el capital necesita, pero tiene un papel mucho más efectivo en cuanto a la persistencia del terrorismo de Estado y de la impunidad si ello se hace en nombre del pueblo y de la tan cacareada participación popular. En ese sentido los gobiernos del Frente Amplio de Tabaré y de Mujica en pleno, cumplen un papel mucho más importante en la continuidad y defensa del terrorismo de Estado.

¿Y LOS JEFES TUPAMAROS?

Volviendo al texto de Roger Rodríguez, constatamos luego, que aunque menciona que toda esa impunidad ha seguido siendo tan general gracias al apoyo de todos los gobiernos incluidos los del Frente Amplio, no denuncia en el mismo nivel a quienes en nombre de los Tupamaros mejor han construido, consolidado y defendido esa impunidad. Es decir a la dirección de esa organización que empujó desde el Cuartel Florida en 1972 y otros centros represivos, a colaborar con el aparato represivo y con los milicos torturadores. El mayor de los aporte de esa dirección y de esa capitulación al terrorismo de Estado fue precisamente lograr que el aparato Tupamaro mismo fuera COOPTADO por las fuerzas conjuntas y que se creara un caos ideológico generalizado entre quienes habían luchado contra el poder en cuanto a lo que podría aportar el “golpe de Estado”.

La política milica solo se podía imponer con ese despiste generalizado que produjo aquella traicionera dirección, no solo entre los Tupamaros que en su mayoría fueron sometidos, sino en todo el pueblo uruguayo. Fue esa línea política la clave de la imposición de las Fuerzas Conjuntas como fuerza totalizadora y totalitaria.

Sin embargo Roger Rodriguez no denuncia nada de esto.  Parece adherir a la historia oficial de los Tupamaros (y que han impuesto como la historia oficial admitida por todos los partidos del poder!), a la escrita por quienes dieron los pasos decisivos para poner la energía de la lucha Tupamara al servicio de los militares represores, con el pretexto de los “ilícitos económicos” y del “golpe bueno”.

Junto a la historia oficial, el autor se satisface y hasta parece complacerse con la equiparación oficialista entre los milicos represores y Amodio Pérez, pero ni siquiera pone en la misma lista, de los impunes, a los más siniestros personajes de ese proceso, que resultó tan importante en la imposición del terrorismo de Estado: Huidobro,  Rosencof, Wassen, Marenales…, ni a quienes se subieron al poder ocultando y apoyando ese proceso favorable al capital y a lo milico. Nos referimos explícitamente a quienes treparon basándose en la historia oficial que oculta ese proceso de subordinación de los Tupamaros a las Fuerzas Conjuntas, es decir a quienes usaron el cartel de “guerrilleros heroicos” como Mujica, Topolansky, Semproni, Bonomi, Brescia, Rosadilla…y en general todos los que, también desde el gobierno, siguieron  y siguen defendiendo a los golpistas y la impunidad de los “pobres viejitos”.  

Para quienes lucharon y siguen luchando contra el capitalismo, para los desaparecidos, para sus familiares y compañeros, estos sujetos cumplieron un papel mucho más siniestro todavía que los vulgares delatores.

Todas las “conversaciones” del Florida han quedado impunes, los planes y las “operetas” con los milicos, los comandos conjuntos con los militares que tanto luchara por imponer Huidobro, las torturas a quienes acusaron por los ilícitos en las que participaron los presos impulsados por la dirección (por todos los oficialistas desde Huidobro a Mujica, desde Rosencof a Marenales) que venía de capitular y empujaba al apoyo de los milicos progresistas.

¿Cómo no incluir en la lista de Roger a quienes junto a los torturadores directos preparaban los allanamientos e interrogatorios contra personas a las que se acusaba de ilícitos económicos?

¿Cómo la justicia burguesa puede dejar impune esta “justicia por cuenta propia” hecha por milicos y sus colaboradores Tupamaros? 

Y por sobre todas las cosas, sigue impune el hecho de que gracias a la dirección oficialista de los Tupamaros, la estructura organizativa misma del MLN haya sido cooptada por los milicos (por el Estado burgués, el imperialismo y en última instancia por el capital)  y desde ese momento hasta hoy “los Tupamaros” [2] hayan contribuido a la liquidación de la lucha revolucionaria y a la fortificación del Estado burgués.

Sigue impune el apoyo y participación de los Tupamaros en los famosos comunicados 4 y 7 y en general en el Golpe progresista del General Álvarez concretado en febrero/junio 1973. Sigue impune el apoyo oficialista Tupamaro en el salto de calidad del terrorismo de Estado contra toda la población que se produce a partir de la consolidación total de las Fuerzas Armadas como amo y señor del país.

Gracias a la capitulación de la dirección oficial de los Tupamaros transformada en fuerza ESTATAL Y CAPITALISTA se produce un largo y contradictorio proceso por el cual, una de las mejores expresiones de la lucha del proletariado en Uruguay y en América Latina, fue liquidada totalmente y transformada en fuerza ESTATAL Y CAPITALISTA [3]

Todo eso y sus más claros responsables siguen impunes. Siguen escondiendo la historia, siguen mintiendo, siguen cobrando sueldos de Jefes de Estado como los mayores torturadores.

Todo el mundo sabe que hay centenas de torturadores y desaparecedores que andan sueltos (más de 500 identificados), que los expedientes se paran y que ningún expediente se acelera, que desde el poder ejecutivo y legislativo se controla y reprime al poder judicial cuando algún juez o fiscal quiere condenar torturadores, que en general los oficialistas tienen totalmente dominado al poder judicial que hoy desde la Suprema Corte para abajo es un aparato más de la impunidad

Como confirmando que la acusación viene de los mismos que paran los expedientes, es decir desde el poder, un solo expediente funcionó de manera acelerada el de Amodio Pérez y por primera vez se dijo que también habría torturado.

Lo primero que hay que aclarar es que dicha acusación nunca se hizo en el pasado, ni se escuchaba en el Penal de Libertad, ni en los cuarteles, ni en el exilio. Es demasiado burdo, salta a los ojos que no se quiere atacar a los torturadores y a los desaparecedores que siguen sueltos. Es clarito que esa acusación viene de arriba y busca cubrir a los propios responsables en el poder. En el fondo los que buscan una justicia tan parcial y desviada confirman la propia versión de Amodio de ser el chivo expiatorio. Si antes funcionó en forma tan exitosa, el encontrar un gran culpable que cubriera a todos los otros, no es tan raro que desde el poder se quiera hacer más creíble esa versión hoy.

Señalemos una diferencia fundamental entre Amodio y los otros: el primero acepta que colaboró, que “ordenó los papeles” de los jefes represores. Ello en última instancia aumentó la eficacia de la tortura y el terrorismo de Estado y en ese sentido si, es legítimo que Roger haga referencia a la impunidad.

Pero ¿cómo olvidar a tantos otros jefes y colaboradores que también “ordenaron los papeles” de la represión y los milicos como Huidobro, Topolansky, Semproni, Rosencof, Bonomi….?

¿Cómo olvidar a quienes hicieron muchísimo más que eso?, pasaron a ser parte de los milicos y el Estado represivo llamando a sus bases a apoyar  a los milicos progresistas/peruanistas y luego como agentes del progresismo en el poder a sostener al Estado burgués mismo, como Mujica, Huidobro, Topolansky, Marenales, Bonomi…

¿Qué otra cosa han hecho los Tupamaros en el gobierno que restaurar la dictadura total y completa de la tasa de ganancia del capital nacional e internacional (con Wall Street  y Monsanto a la cabeza) contra la tierra y el agua, contra el aire y las plantas, contra la vida de la gente?

Lo que fue constatando el sacrificado proletariado a costa de su propia vida, fue que el “programa revolucionario” de Mujica/Huidobro no era muy diferente al programa de las Fuerzas Conjuntas [4]  Por eso se fueron fusionando como parte de un mismo Estado represor al servicio del capital

Ellos no se disfrazaron de milicos como hicieron otros delatores y alcahuetes.

¡ELLOS SE HICIERON MILICOS!

¡Hoy son todos jefes milicos!

Estos repugnantes sujetos encaramados en el poder del Estado burgués y promovidos ante el mundo como gestionarios de modelos del capital ni siquiera responden ante tales acusaciones. Ninguno de ellos ha sido capaz de dar la cara y reconocer públicamente que “ordenaron papeles” de los represores a un nivel mucho más completo y general que Amodio.

Ellos dieron a la represión datos concretos de los compañeros en lucha, ellos contribuyeron directamente en hacer que no solo la Orga, sino la población entera aceptaran la capitulación que ellos realizaron en 1972.  Todos ellos como forma de protegerse eligieron el silencio sobre esos temas. Como el resto de las Fuerzas Armadas ellos cuentan y repiten solo una historia oficial. “Historieta” como le reconoció Mujica modestito, sumiso y muy agachadito frente a su “gran jefe” imperial: Bush.

Así el más siniestro jefe tupamaro, transformado en el más importante jefe militar de las Fuerzas Armadas del Uruguay, el eterno Ministro, Eleuterio Fernández Huidobro, ni siquiera abrió la boca cuando su ex compañero Zabalza trataba de disminuir (la gravedad de) las evidencias contra él llamándole “carne podrida” al informe alcahuete y batidor que él había hecho y que otros milicos rebelaban [5]

Sin embargo nadie podía tener dudas de que el Sr. Ministro había sido durante sus años de preso un alcahuete de primera línea de los milicos a los que estos le hacían la máxima confianza para señalar a todos aquellos que eventualmente podrían seguir peleando contra el poder.  Justamente desde este punto de vista, de la continuidad de la lucha contra el Estado, las hazañas del Sr. Huidobro (¡y un grupo nutrido de alcahuetes!) son todavía más funestas que todo lo que puede haber batido, justamente por haber logrado que todo el aparato tupa pasase a colaborar con el enemigo.

A Amodio le hacían confianza los milicos pero no demasiado. En cambio a Huidobro no solo le hacían y hacen confianza los milicos (¡es considerado el mejor Ministro de Defensa de la “etapa democrática”!), sino que durante décadas le hacían confianza “los compañeros” y por eso los convencía de colaborar, de ponerse al servicio de los milicos, tanto en la fase en que asumían abiertamente la dictadura como cuando todos se volvieron demócratas. Esa fue la carrera del director de orquesta de colaboración con los milicos que logró transformarse en director de todos los milicos.

¡Y todo eso sigue impune!

¡Y junto con torturadores y desaparecedores de nuestros compañeros…ese señor y sus secuaces siguen hoy siendo los mejores defensores de la impunidad de los torturadores! Defendiendo sin vergüenza a asesinos y torturadores extraditados a Chile, ocultando información sobre los torturadores,  “compartimentando” burocrática y represivamente todos los archivos de las Fuerzas Represivas, obstaculizando y reprimiendo a los familiares y luchadores que buscan la verdad. Por eso se mereció y se merece ser escrachado como hicieron los sectores consecuentes de la militancia contra la impunidad.

Fíjese Roger que se escrachó a Huidobro y no a Amodio…y que se lo merecía como se lo merecen todos los Tupamaros que asumieron puestos estatales y represivos, porque han sido los mejores defensores de la impunidad.

¡Si no es por puro oficialismo fraudeamplista Sr Roger, aclare porqué! ¿Cómo olvidarse justamente de los impunes que participan en el poder?  ¿Cómo pueden dar justas las cuentas de la impunidad Sr. Roger si se olvida de los mayores defensores que han tenido los “pobres viejitos” como el mismísimo Presidente pobre?

Ni a Huidobro, ni a los otros jefes Tupamaros y jefes Militares (¡ni siquiera se puede hacer la distinción clara entre “militantes” y “militares”!) se les escuchó explicar algo al respecto, ni reconocer que habían “ordenado papeles” para que la represión siguiera siendo lo más selectiva posible y destructiva de todos aquellos que seguían en la lucha. También miran para otro lado cuando se denuncia la capitulación que hicieron en los cuarteles en 1972, cuando se denuncia la colaboración abierta con los torturadores en la campaña de los ilícitos, cuando se los acusa de actuar al unísono con los milicos torturadores y cuando la prensa los acusa de comportamiento mafioso junto a ellos.

Leonardo Haberkorn en referencia explícita a las Fuerzas Armadas y los Tupamaros dice: “es un silencio mafioso que sostienen unos y otros” y muestra como en sus respectivas patotas criminales se persigue a quien dice ¡“un poquito de tanta verdad”!

Haberkorn agrega: “Sobre la historia edulcorada y tergiversada del MLN se han edificado carreras muy exitosas. A su vez, las Fuerzas Armadas eligieron el silencio como estrategia para no rendir cuentas de crímenes injustificables. Uno y otro bando castigan al que habla fuera del discurso oficial. Cuando publiqué "Milicos y tupas", aparecieron algunos tupamaros alcahuetes oficialistas castigando al profesor Armando Miraldi y al contador Carlos Koncke por haber dado su testimonio crítico. Y al coronel Luis Agosto, el militar que habló en ese libro, gran parte de sus colegas le niegan el saludo, le dan vuelta la cara... ¡por haber contado su propia historia! Es un silencio mafioso que sostienen unos y otros y que existe para seguir medrando con las respectivas historias oficiales”

La respuesta del poder es tratar de perseguir a quien acusa, descalificarlo, tirarle un camión de mierda, pero nunca responden a la acusación misma y pueden hacerlo justamente porque tienen el poder, porque ellos usaron y ganaron las masas, porque son ellos que controlan los medios de difusión, los principales aparatos de fabricación de la opinión popular.

Sr. Roger Rodriguez las “cuentas de impunidad” no dan, el balance no está cerrado…, es una reverenda barbaridad seguir cargando las tintas sobre Héctor Amodio Pérez como se hace desde el poder y ocultando que Huidobro, Mujica, Topolansky, Marenales, Bonomi, Rosencof, Semproni…treparon al poder en complicidad con los milicos y destruyendo la lucha contra el capital y el Estado.

O dicho de otra manera estos agentes de la impunidad, que ya habían mostrado su gran voluntad de colaboración con el Estado en la década del 70, fueron cooptados por el capital y el Estado, a través del sistema electoral democrático, por haber mostrado que eran los más adecuados para dirigir al Estado en nombre del pueblo.

Sr. Roger Rodriguez: las cuentas dan mal muy mal cuando usted insiste de esta manera: “También es impunidad que el coronel Armando Méndez, el militar que convenció a Amodio Pérez (otro con prisión domiciliaria) para que le ordenara los papeles de la OCOA y poder capturar y torturar a sus compañeros”. Y no dice nada de otros que también “ordenaron papeles” de la OCOA e hicieron mucho más que Amodio Pérez para legitimar el régimen de tortura y de terror instaurado por el capital y el Estado.

Tanto es así que fueron los otros y no Amodio Pérez quienes tuvieron el “coraje” de defender abiertamente a los torturadores progresistas dentro de los cuarteles, los que concibieron un proyecto de país progresista con esos militares y que metieron a quienes lo seguían en el proyecto conjunto “contra la oligarquía y el imperialismo”

¡El mismísimo proyecto que luego llevaron adelante desde el poder con el Frente Amplio! [6] 

Tanto “antiimperialismo” hicieron que siguen haciendo todo el trabajo sucio del Imperio siendo responsables directos del terrorismo de Estado impuesto en Haití por la invasión bajo cobertura de las Naciones Unidas.

Sin dudas Huidobro fue el mayor teórico de todos ellos, quien fue convenciendo a otros no de que colaboraran con los milicos (porque ya lo estaban haciendo) o de que se rindieran (parte de la historia que hoy comienza a admitirse) sino de que esa era LA PERSPECTIVA DE LA ORGA.  Como Mujica fue el hombre del espectáculo, el especialista en darle una connotación populista a la política del capital y el imperio (que requería una presentación menos burguesa y proyanqui que la que podía dar un Danilo Astori o un Tabaré Vázquez) Huidobro fue el estratega infalible de la transformación de los Tupamaros en una organización integrada al aparato del Estado.

En efecto con su teoría de las operaciones y comando conjuntos con los milicos, de la “lucha contra los ilícitos”, de la reforma agraria y el puerto oceánico…se fue pasando de una fase de colaboración individual (por quebradura) a una colaboración teorizada y defendida como “estrategia revolucionaria” que, con muchas idas y venidas, permitió la cooptación total de la organización por parte del ejército, del Estado, del capital nacional e internacional que conocemos hoy. El pacto del silencio de torturadores y Tupamaros y la historia oficial a lo Huidobro/Rosencof/Mujica/Topolansky junto con la DEFENSA INTRANSIGENTE DE LA IMPUNIDAD forma parte de la cooptación de los Tupamaros por el capital y el Estado.

Si se sustituye la realidad histórica por la historia oficial MENTIROSA de milicos y Tupamaros y se sigue cargando toda la “traición” sobre Amodio Pérez..., las cuenta de la impunidad nunca darán justo porque se está escondiendo lo MÁS POTENTE DE TODA LA IMPUNIDAD que milicos y tupamaros actuaban conjuntamente, que la estructura orgánica de los Tupamaros fue cooptada por los represores y puesta al servicio del capital mundial. El Frente Amplio no fue más que el condón adonde se metió esa estructura para presentar mejor aquella cooptación como algo al servicio del pueblo.¡El poder del capital y el terrorismo de Estado, como tantas otras veces en la historia (España 36/39) es mucho más efectivo y convincente actuando como poder popular!

Ricardo

* * *

En la segunda nota criticaremos la leyenda oficial de los “9 rehenes”,  parte fundamental de la mística Tupamara a  propósito de la tentativa propagandística de TELESUR [7] de revivir la vieja leyenda heroica en un video reportaje titulado “los nueve locos”

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[1] En esta texto tratamos exclusivamente del Uruguay,  pero es evidente que el tema de la impunidad democrática es mundial. Aunque nos referimos solo a ese pedacito de país el análisis aquí efectuado parte de los fundamentos mismos de la sociedad burguesa y es por supuesto aplicable a todos los países. No, no solo en los del países del Cono Sur los impunes están también en el poder (Brasil, Argentina, Chile, Perú, Paraguay…), sucede lo mismo en los Estados democráticos occidentales como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Alemania, Bélgica…que participaron en el plan Cóndor y que siguen protegiendo y dando refugio (y formando) a los milicos y hombres del poder de toda África (Túnez, Marruecos, Argelia, Congo, Burundi…), así como también en aquellos en donde la tortura y los campos de concentración dominaron su existencia durante más de un siglo como en Rusia, cuya clase dominante hoy proviene casi en exclusividad del aparato policial del leninismo. En general nunca la justicia burguesa juzgará realmente a sus mejores torturadores, solo elije algunos chivos expiatorios para renovarse y presentar una jeta más democrática que esconda la continuidad con el terrorismo de Estado.

[2]  Me repugna asimilar a los Tupamaros, que todos consideramos que fue una organización de lucha contra el capitalismo y el Estado, a ese aparato organizativo que se integró y dirigió el Estado burgués, y continúa hoy siendo parte de ese Estado. Pero en la medida en que ese proceso se consolidó como estatal y que frente a él no hubo fracciones organizadas que continuaron en nombre de los Tupamaros una lucha afuera y contra del Estado (los Tupamaros siempre habían luchado contra las fracciones), creo que no referirse de esa forma sería negar lo que históricamente es: hoy no se puede desconocer que la estructura organizativa misma de los Tupamaros es objetivamente parte decisiva del Estado burgués (con todas las otras estructuras intermedias sindicales o el MPP), aunque algunos valiosos compañeros continúen reivindicándose de los Tupamaros en lucha contra el capital y el Estado.

[3] Sobre ese proceso mismo se conoce muy poco porque todo fue ocultado por el oficialismo. Desde el principio hubo compañeros que dijeron que Huidobro y los “negociadores” era los grandes traidores, pero la mayoría demoramos más en comprender eso. Entre quienes pasaron muchos años antes de comprender eso y participaron en la estructura oficial durante el ascenso al poder del Frente y los Tupamaros,  es lógico que les de mucha bronca que se los asimile a aquella dirección. Sobre esas diferencias apreciaciones y posiciones reproduciremos testimonios en notas posteriores y llamamos a los compañeros a expresarse en ese sentido.

[4] Ninguna de las historias no oficiales ha trascendido el cuadro individual de las figuras y personajes, del subjetivismo, porque ninguna de ellas rompe con el cuadro de la izquierda burguesa. Ninguna se aproxima siquiera a comenzar una explicación programática de la derrota del proletariado en Uruguay y en general en el Cono Sur. Quienes rechazamos totalmente lo oficial, tenemos una enorme tarea a realizar: hacer un verdadero balance de esa gran derrota de la revolución social y trazar una perspectiva real de destrucción del capital y el Estado. La primera línea de ese balance es explicar porqué la gigantesca lucha del proletariado internacional en esos años si bien era revolucionaria por su contenido, no lo llegó a serlo ni por su programa formal, ni por su dirección que seguía siendo miserablemente reformista, por más “lucha armada” que esgrimiera. La cuestión de la “lucha armada” misma es la cobertura ideológica de la pobreza programática (en vez de atacarse al capitalismo de raíz y denunciarse al reformismo estatizador como sinónimo de “socialismo”, todo se reduce a una cuestión metodológica) y la no ruptura revolucionaria con la izquierda del capital, la socialdemocracia (y sus versiones leninistas o guevaristas), el progresismo, el reformismo, el estatismo.

[5] Ver –“Conceptos emitidos por el detenido en Medidas Especiales ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, acerca de actuales integrantes del M.L.N., mencionado en documento del Departamento II del E.M.E. de fecha 16-JUN-77”.- http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2009/04/carne-podrida_20.html. Cabe destacar que ya entonces, en 2009 algunos compañeros le escribieron a Zabalza diciéndole que no siguiera defendiendo a Huidobro de esa forma.

[6]  La historia oficial ha separado totalmente los dos actos fundamentales de ese proceso, el primero cuando cayeron presos, del segundo cuando treparon al poder, para ocultar dicha continuidad. Entre ambos ellos habrían sido los presos más maltratados, lo que haría absurda toda afirmación de la continuidad. Pero es precisamente en ese período intermedio en donde más han ocultado lo que realmente pasó y nos parece legítimo dudar de todo lo que contaron.

[7] Parece que parte del mismo circula desde hace más de un año, pero TELESUR anunció con bombos y platillos y presentó ese video como nuevo en mayo/junio del 2016

RICARDO - postaporteñ@ 1632 - 2016-07-12 20:12:58
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