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Herramienta de comunicación para expresar la identidad, el trabajo y la lucha por una Patria Para Todos: La Patria Grande

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REITERACIÓN OPORTUNA

“Lo que causa problema no es tanto lo que la gente ignora, como lo que sabe y no es verdad”

“Ninguna preferencia si el gato es blanco o negro, si caza ratones es un buen gato”

 Quién dijo lo anterior?, ya veremos. O como lo dijera quien fuera bien calificado de contrarrevolucionario, derechista, reformista y corrupto, por sus prácticas autoritarias, represivas, antimarxistas e inhumanas, tal como lo demostró en la masacre despiadada de aproximadamente 3.000 estudiantes, cerca de 10.000 heridos, centenares de arrestados -y la manipulación de la información nacional e internacional-, en la Plaza de Tiananmen el cuatro de junio del año 1.989 en Pekín, China, donde utilizó con crueldad la violencia y el crimen contra la población inerme y pacífica. Nos estamos refiriendo al renegado Deng Xiaoping (Xixián), que hiciera famosa su frase :

“Gato blanco, gato negro da igual, lo importante es que cace ratones”

Y tenía la suficiente razón este reformista y traidor de la revolución marxista en China, al promulgar dicha sentencia, que entre otras cosas, la plagió a principios de la década de los años sesenta, de uno de los cuadros de un famoso artista chino (Liantado Chen), obra en la cual “había un gato blanco y otro negro y una inscripción que decía:”, tal cual reza la frase mencionada en el comienzo del anterior párrafo

Decimos que tenía razón al propalar esa aparente inspiración,  pues, la esencia de las cosas no la determinan las formas. Menos cuando se trata de un escrito, pues en éste lo importante es su contenido de fondo, el fundamento del mismo está en su entraña, en su argumento ideológico y político. Tampoco lo determinante de un cuerpo es lo bello o lo feo, entre otras cosas, porque éste es un adjetivo caprichoso; ni lo caracteriza el color, de ahí que a Barack Obama no lo hace pueblo el color de su piel, él sigue pensando desde la Casa Blanca o desde su ‘cambuche’ igual que el burgués Donald Trump, y no como quisiéramos que pensara y actuara desde el Poder o desde su vida cotidiana.

Y mucho menos, la propiedad o la cualidad de la cosa, radica en el tamaño de la misma. Ni lo positivo o lo negativo de las cosas dependen de las cándidas y altruistas intenciones como las veamos, sino del destino para lo que están destinadas y de la forma como las llevemos a la práctica, si erramos, pues nos toca conformarnos como el dicho: paila, y si acertamos, pues a lo bien. Es decir, el meollo de un objeto o de un ente, está en que tenemos que verle lo vital o lo primordial, y poco o en nada, o en la medida, nos debería importar la apariencia, el estilo, el perfil, etcétera, ya que estas características en su mayoría son hueras o si se quiere, cuando mucho superfluas. Mejor dicho, como dice el internauta José Ignacio Perier:“Lo verdaderamente importante de las cosas es que sirvan y tengan utilidad para lo que han sido creadas.”

 Agreguemos nosotros, que sin importar cuál o quién fue su autor. Lo importante, desde nuestra concepción, es que esa ‘cosa’ genere para el pueblo, una conveniencia, es decir, que sirva para el desarrollo de nuestro proceso en mente, sin importar si es mucho o poco, o si su provecho se da en un campo en el que no nos esperábamos ese aporte.

Guardando las proporciones, pero tratando de hacer una cuasi analogía con respecto a lo que veníamos comentando en los párrafos anteriores, decimos lo que decimos en ellos, por cuanto pareciera que estuviéramos condicionados en rechazar o en abrigar las cosas, más por su aspecto amorfo o por su silueta bien determinada, que por la propiedad cualitativa y fundamental  de las mismas. Es decir, nos asalta la duda si a algunas personas su parte genética les determina calificar o diferenciar lo bueno de lo malo, lo grande de lo chico, etcétera.

De la misma manera, Por qué nos tenemos que ablandar o amargar, por el hecho de que el capitalismo a través de sus gobiernos desastrosos, haga algo por enmendar el grave daño que le causan a la naturaleza?. Bienvenido ese interés llevado realmente a la práctica, por resarcir las graves lesiones causadas a la vida, al universo todo. Igualmente, qué nos importa que determinada frase, propósito realizado u orientación positiva para la humanidad, la haya dicho equis o ye personaje, por siniestro que éste sea, si ese ‘producto’ favorece a los pueblos y a la naturaleza?.

Las cosas no las podemos rechazar por el hecho de que las hayan manifestado o realizado zutanos, perencejos, menganos o fulanos, sino por el contenido de las mismas, y en cierta medida, por el destino o el resultado que den o que puedan dar. Quiere decir lo anterior, si tales elementos van en detrimento de la sana convivencia social, o si son lesivas para nuestro entorno natural, pues simplemente, deberán ser rechazadas ipso facto y con resolución. En el caso de un gobierno, no lo combatimos porque lo encabeza Pedro, Luis o Jacinto, sino por su práctica dictatorial, represiva y despiadada en contra de las grandes mayorías empobrecidas, o sea, si éste hunde o no el pedal de la ignominia, el sarcasmo, el engaño y el crimen contra el pueblo desarmado, pacífico, trabajador y deseoso de justicia. Es en este aspecto donde debemos ver si la cosa es beneficiosa o no, si es práctica o no, si sirve o si no sirve, a los intereses del pueblo o de la naturaleza, si aporta o no aporta buen camino para las nuevas generaciones.

Por lo tanto, consideramos que lo importante es concentrarnos en valorar los propósitos políticos e ideológicos, analizando la situación concreta que nos rodea, para saber, si de acuerdo a nuestras capacidades justas y conscientes, esas propuestas son realizables o no, o sea, si podemos materializar en la práctica tales propuestas. En tal caso, hay que hacerlo sin vacilaciones, de manera seria, y así, estaremos dando un paso unido y eficaz en contra de tanta confusión, y mentira y de excesiva desunión dentro de las filas de los diferentes sectores populares, productos estos desafueros, tanto del sector burgués como de los que alardean de ser vástagos y defensores del pueblo en el seno de la mal llamada izquierda.

Conociendo nuestras limitaciones, podemos emprender tareas realizables; y conociendo y analizando nuestro entorno, sabremos si nuestras deficiencias soportan el peso de la realidad concreta y real, con el fin de no estrellarnos como caballos desbocados. De tal manera que haciendo cada uno un juicio a nuestro YO, así podremos profundizar colectivamente en las metas a alcanzar, tanto a corto, mediano como a largo plazos.

Es decir, tenemos que partir de nuestras capacidades, nos tenemos que reconocer nosotros mismos, para saber en cuál de los flancos somos más débiles, con el fin de superar constantemente nuestro nivel en todo sentido (como teóricos, como prácticos y como personas), buscando siempre la especialización de uno para no terminar de todero, por no decir de mediocre. Y una de esas especializaciones es precisamente la transformación del YO, para que así podamos contribuir a transformar la sociedad, y de esta forma, de seguro aportaremos a eso que hemos llamado revolución. De lo contrario, sólo seremos tilín tilín y de aquello nada.

Recordemos una vez más lo que nos dice el señor Perier, con respecto a la fijación sobre la cosa en concreto,“Os propongo participar de la obsesión por privilegiar la esencia de las cosas, facilitando los procesos y organizaciones tanto como esté en nuestras manos. Os aseguro que obtendremos los mejores resultados a nuestro alcance.”

Lo anterior se trae a colación, por cuanto pareciera, casi siempre, que si las cosas políticas que se presentan no van adornadas con el mejor estilo del premio nobel de literatura, o con una etiqueta en representación de la organización más famosa, o no las firma el señor del curubito corrupto que comparte asiento con nuestros ‘honorables’ padres de la patria, sencillamente, sucede lo que le pasa al pobre y zoquete pretendiente, aquel que echa suspiros y piropos combinados con baba áspera, a la fámula que sueña vivir en fantasiosos palacetes, y que camina con paso flirteo y sinuosa, como si fuese por las nubes ataviadas de terciopelo: NO LE PARAN NI CINCO DE BOLAS

Decimos estos disparates, porque el pueblo pareciera amnésico pero además anestesiado. Pues es inimaginable el grado de inconsciencia que lo embarga, no solo frente a las dificultades que lo aquejan, sino peor aún, con respecto a las desgracias que golpean a sus semejantes; y con relación a la crisis de efecto invernadero que lastima a la naturaleza que nos prodiga vida, ni hablar

Es importante decir que una buena parte de la población, si no toda, socialmente ha heredado y aceptado el hábito de la bajeza, de la mentira, de la sumisión, de la pereza. No olvidemos que nos hemos desarrollado en un mundo burgués, y éste, es sinónimo de depravación, y ese veneno, infortunadamente, ha mellado o incidido en nuestro cerebro, a unos más a otros menos, pero ha lesionado nuestras neuronas así nos empecinemos en no aceptarlo o en decir lo contrario. Así mismo, una de las armas letales de la burguesía, la mentira, es la madre de la corrupción; y la corrupción es correspondiente del todo vale, y equivalente con todo el andamiaje que hace que vivamos actualmente en una pocilga de egoísmo, de individualismo, de mezquindad, de apariencia huera, de ruindad, de odio, de miedo, de envidia, de acelere insulso, de ignorancia, de destrucción de la naturaleza y del decoro del pensamiento humanizado, por decir lo menos.

Todos hablan en contra de la corrupción, pero pareciera que ésta es mala mientras los frutos de ella no redunden en beneficio de quien aparentemente dice combatirla, dice no admitirla, no compartirla, ni alcahuetearla. Tal es el caso de quienes en este momento no hacen parte del actual gobierno, pero que ya gobernaron, y en su momento de ejercer su mandato tanto local, departamental como nacional, la corrupción llegó a niveles inimaginables para el conocimiento del pueblo ingenuo, y hasta hoy, muchos de esos niveles aún están por descubrir, para que los responsables sean investigados y juzgados de modo imparcial y de acuerdo a las leyes colombianas.

Todos los defensores del Sistema capitalista, desde los politiqueros netos de la burguesía, como los de la mal llamada izquierda, así como los voceros de los diferentes medios de comunicación paraestatal, en teoría se rasgan las vestiduras alardeando sus puntos de vista contra la avalancha de corrupción coyuntural, pero apenas tienen la oportunidad de gozar de ella, no dudan un segundo en compartir las ‘mieles’ que les prodiga esa práctica maleva, fruto de sus mentes descompuestas inhumanas y antinaturaleza.

Por ello, es que NO son capaces de dar una salida contundente y eficaz, para poner fin a la práctica desgraciada y devastadora de la corrupción, toda vez que la corrupción es inherente al Sistema capitalista, es decir, a la ideología burguesa; y tales vocingleros tienen una mentalidad corroída hasta la médula, o sea, su ideología burguesa jamás les permitirá actuar de otra manera diferente al engaño, a la mentira, a la depravación, a lo descompuesto: a la corrupción. Conclusión, mientras exista, mientras impere el Sistema perverso del capitalismo, será imposible exterminar la práctica nociva e inconveniente de la corrupción.

Toda la educación que recibimos desde niños en el presente régimen político, es burguesa, y ésta está minada de frustraciones, del todo vale, de la mentira, de discriminación, de prepotencia, de odio, de mezquindad, de egoísmo, de individualismo, etcétera. Pero claro, con las excepciones individuales que analizan con dignidad, y asimilan un pensamiento libre, independiente, y entonces su actuar también es disertante y disidente, decoroso y ejemplar; pero infortunadamente, eso se da en un porcentaje sumamente mínimo dentro del pueblo.

De modo que todo el problema de la causa de la corrupción, está en la educación que recibimos, sobre todo del pésimo ejemplo que nos dan los mal llamados honorables padres de la patria. Es decir, la raíz de la corrupción está en cada uno de nosotros, y claro, la sustenta las leyes burguesas acomodadas para los de ruana, y todo el andamiaje del Estado injusto, explotador y criminal que impera.

Entonces al ser formados siempre con esa educación producto de una ideología descompuesta, esas raíces de todo lo malo, entre otras las de la corrupción, quedan enquistadas en nuestra mente y de paso quedamos programados para ser proclives a la malignidad, a la corrupción, y a todo tipo de bandidaje que nos pone de modelo la sociedad enferma de tanta depravación.

Para no caer en la tentación de la práctica de la corrupción, tenemos que asimilar los principios de la ideología humanizada; ésta y solo ésta siempre le permitirá al individuo actuar de manera decorosa, solidaria, colectiva, honesta, pulcra, y nos permite tener una visión futurista de construcción de una sociedad justa, libre, en paz, en donde reine la dignidad, que infortunadamente, hoy escasea por todos lados.

Indudablemente es una tarea a largo plazo, de generación en generación, pero que está dentro de la ‘utopía’ realizable, de quienes guardamos la esperanza de construir un mundo mejor y por eso soñamos despiertos.

Hoy en día, qué otro ejemplo podemos recibir de los actuales gobernantes que no tienen una mentalidad independiente, libre, digna y soberana, sino que dependen del control que ejercen sobre ellos el Sistema capitalista, Sistema que lo único que genera es muerte por doquier en todo sentido, y que produce todo tipo de tropelías producto de su fundamento que es la mentira y una ideología putrefacta?.

Nosotros los actuales humanos, dadas las condiciones sociales mezquinas en que nos hemos desarrollado, que son de naturaleza burguesa, somos evasivos o ambiguos al cambio de mentalidad y de comportamiento sano, solidario, humanizado; y la mayoría de las veces, cuando hacemos un aparente cambio de mentalidad y de acción (hasta hoy, dada la formación egoísta e individualista producto del Sistema imperante totalitario), ocurre que -casi siempre- se cede por conveniencia. He ahí el valor incalculable de quienes nos llevan ‘años luz’ en su proceso de transformación de pensamiento humanizado, -o comunista que es lo mismo-, tanto de los que gestaron procesos transformadores y ya no están, como con los que actualmente no dan el brazo a torcer ante tanta indolencia, tanto del Estado injusto como con los que son indiferentes ante éste. 

Para un ignorante e indiferente con el dolor ajeno y con la realidad concreta y real que lo rodea, le es más llamativo y conmovedor lo fantástico, la mentira, la magia y la mafia, que dedicarle tan solo un  momento a la reflexión, al análisis y al razonamiento de la soga que cada vez también le cercena su propio cuello. Este comportamiento inaceptable desde todo punto de vista, indiscutiblemente es el germen del masoquismo y de la resignación o mansedumbre pagana, que genera holgura en los sátrapas tiranos de la tierra.

Por ejemplo, la sociedad colombiana es supremamente conformista, amnésica, resignada, confusa, descompuesta, enferma y apática a pelear por sus derechos más elementales. Tanto, que del conjunto de los obreros, escasamente el tres por ciento (3%) se encuentra organizado, pero infortunadamente, ese escaso porcentaje se encuentra encabezado por dirigentes conversos, vendidos. Podríamos decir que su estado es de absoluta depravación, aunque suene tétrico. Pero su naturaleza no es tal por los cascos, por su base social. Es decir, su avanzado estado de malignidad no es producto de una ranilla de pueblo, sino de una meningitis burguesa sin cura alguna, a no ser, por la guillotina que le propine organizadamente, el hoy aletargado y desmemoriado pueblo.  

O sea, la peste que contagia y carcome al pueblo no es culpa del propio pueblo, sino de quienes gobiernan y siempre han hecho de los recursos del país sacos rotos; de nuestra cultura donde han sabido combinar el todo vale que significa extrema corrupción. En síntesis, amalgama de inconsciencia y resignación, putridez de la sociedad colombiana que encabezan en palacio, en el congreso, en los gobernadores, en los diputados, en los alcaldes, en los concejales, y así hasta llegar al indigente. Este es el grado asimétrico de la corrupción hedionda que pulula por doquier en nuestra maravillosa Colombia.

Por supuesto que esa descomposición también llega al empleado, al portero, pero estos no son los todopoderosos de la catástrofe hecatómbica de la depravación colombiana sino las víctimas directas, y por ende, que esa cadena llega y arropa también hasta el barrendero. Pero hay que aclarar, indudablemente existen las excepciones en todos los niveles, pero siempre en proporción desigual, al punto que entre más arriba, la excepcionalidad desaparece, ya que la metástasis de la podredumbre cobija a toda la casta privilegiada de alta alcurnia.

Así como los guerreristas le han causado graves males a la humanidad y al conjunto de la madre naturaleza, por todas las destrucciones tanto individuales como masivas a través de sus armas destructoras químicas, y a la naturaleza por su contaminación radiactiva producto de sus bombas letales antihumanas y antivida, de la misma manera, los pacifistas han hecho del dolor generado por el Poder perverso, explotador, opresor y criminal de esos guerreristas, un estado de inconsciencia y masoquismo dentro de los diferentes sectores de las sociedades; masoquismo y sadismo que han traído como consecuencia la permisividad y la resignación de los pueblos, ante los vejámenes acometidos por los depravados guerreristas defensores del Sistema capitalista.

Aunque la no violencia debería ser el comportamiento homogéneo de todos los seres humanos, lamentablemente por el origen y la existencia de la división del trabajo y su consecuente resultado, la división de la sociedad en estamentos, en sectores, en clases, esto indiscutiblemente trae inmerso el uso de la fuerza, de la violencia. En los unos, por su obstinación en aplicar su ideología y su método macabro, para sostenerse en el Poder de manera consuetudinaria, irrazonable y desaforada, donde ejercen todas las formas criminales habidas y por haber, para reprimir, para explotar y para execrar a sus vasallos, recurriendo a métodos extremadamente desastrosos e inaceptables por cualquier ser viviente. Y los otros, o sea el pueblo, recurre a la utilización de la violencia justa, para precisamente liberarse de las atrocidades acometidas las veinticuatro horas de todos los años por los señores que tienen el perverso Poder capitalista.

El masoquista carece de conciencia, lo mismo sucede con el pacifista, en éstos escasea la capacidad práctica de lucha social colectiva, son faltos de reflexión, de entendimiento político e ideológico y de resolución de lucha reivindicativa, y para combatir el mal generado por los poderosos del mundo o por cualquier otro coercitivo y arbitrario.Esa es la antípoda ideología que el proletariado debe combatir sin descanso y con suma resolución y consciencia, amparado en la ciencia viva de la teoría revolucionaria del marxismo-leninismo-maoísmo.

Reconozcámoslo o no, vivimos intoxicados de un gigantesco grado de inconsciencia combinado con inocultables escalones de oscurantismo, esencialmente en los aspectos político e ideológico; desconocimiento y torpeza que se manifiestan al asumir ideales y posiciones estúpidas de creencia y sumisión, en lugar de esforzarnos un tanto y echar mano de la herramienta racional, de la disensión, de la disertación y del análisis concreto, con el fin de erradicar de una vez por todas, los innumerables males que nos impiden convivir en armonía y con dignidad.

He ahí la diferencia con que actuamos los revolucionarios y los comunistas auténticos; pues uno de nuestros principios es el apego a la verdad, a la aplicación y a la defensa de ésta, tanto en la teoría como en la práctica, ya que ella es sinónimo de pundonor, de rectitud, de honestidad. Es decir, nuestro comportamiento siempre debe ser íntegro, como reflejo de nuestra ideología proletaria revolucionaria.

No en vano quienes luchamos por un  mundo nuevo, tenemos como premisa la sentencia que dice:“solo la verdad nos hará libres”. Ese es y así debe ser siempre nuestro quehacer, leal a los principios humanizados. Lo anterior, independientemente de que al llevar a la práctica nuestro compromiso, erremos. Eso es otro cuento, pero a pesar de ello, hay que decir que así como ilusión y esperanza son diferentes, así mismo, error es diferente de falta; el primero es fortuito (inesperado, circunstancial), mientras que la falta es adrede, premeditada, calculada, maleva, cínica.

Indiscutiblemente, para enmendar todas estas desavenencias y desventajas expuestas, afortunadamente, contamos con una de las armas más poderosas que las mismas bombas más letales: la propaganda. Ésta llevada a la práctica correctamente, y difundida dentro del seno del pueblo de manera impecable, juega su papel que, -además de imprescindible dentro del curso de la lucha de clases-, es el de jugar una tarea de capital importancia en el campo de la educación política e ideológica, fundamentalmente.

La propaganda bien utilizada, llevada a la práctica de manera clara, elegante y correcta, se convierte en una herramienta poderosa, muy influyente, para que como revolucionarios y comunistas, defensores de la gran meta social, eduquemos al pueblo para orientarlo por el camino del decoro, de la verdad y de la lucha hacia la construcción de Poder Popular, con el fin de conquistar el Poder político, militar, ideológico y cultural, a largo plazo; y por supuesto, como arma vital para la construcción de la nueva sociedad, integrada por humanizados transformados, fundamentalmente en el aspecto ideológico, que defiendan verdaderamente la vida y la madre naturaleza.

A través de la propaganda y en el fragor de la constante lucha contra los patrones y contra el Estado injusto, mentiroso y criminal, preparamos y cualificamos las mentes proletarias capaces de consolidar cada vez más el proceso revolucionario, que indefectiblemente alcanzará una etapa más avanzada de la larga meta comunista: la sociedad científica sin clases sociales, así sea a milenios de años.

Terminemos diciendo que, es el pueblo empobrecido y endeudado, las grandes mayorías que siempre han tenido que soportar toda clase de discriminación, el único que puede empezar a ponerle el ‘tatequieto’ a los degenerados politiqueros vengan de donde vengan; y tiene que hacerlo organizándose de diferentes formas, y qué mejor para ello, que apoyarse en la juventud pensante, para que sea ésta la que jalone un proceso de verdadero cambio en las riendas del Poder colombiano.

Además, es importante ser reiterativos prácticos en la lucha frontal contra la corrupción, porque mientras más hagamos claridad acerca de su resultado devastador, tendremos viva la esperanza en el seno del pueblo, por construir una sociedad justa, soberana, libre y en paz. Pero también, poco a poco, generación tras generación, se asimilará de manera consciente, la magnífica enseñanza de orientarnos bajo la lupa de la realidad concreta, con eso así, habremos desechado con decisión y firmeza infinidad de mitos

ABRIL 2017

JUAN CATARI - postaporteñ@ 1751 - 2017-04-07 20:17:27
postaporteñ@_______________________________

CORRUPCIÓN A LA RUSA

Fuente: The Moscow Times


Respuesta del Kremlin a las Demostraciones Anti-Corrupción:

Nos arreglamos nosotros mismos


La respuesta del Kremlin a las acusaciones de corrupción es la siguiente: los informes de ingresos de los funcionarios rusos son transparentes para el Servicio Secreto y eso es suficiente. Si alguien quiere saber más, constituye un intento de comprometer la integridad del gobierno.

Estos comentarios sobre la investigación anti-corrupción de Aleksey Navalny y las manifestaciones de protesta el 26 de marzo describen un "estilo soviético" de entender la lucha contra la corrupción dentro del gobierno ruso.

En la entrevista del sábado con el canal de televisión ABC Dmitry Peskov, el agregado de prensa presidencial indicó que los ingresos de los funcionarios "son muy transparentes en lo que respecta a los servicios, que necesitan información para combatir la corrupción en nuestro país. "

Las reivindicaciones de los activistas son populistas e inválidas, porque los activistas "simplemente no tienen la información que el Servicio Secreto tiene". Esto plantea la pregunta: ¿por qué no hacer esta información accesible para los activistas? Tal vez así dejarán de seguir una agenda populista.

Sin embargo, según el comentario de Vladimir Peskov, los activistas usan los datos que tienen incorrectamente. "Siempre tomamos medidas para contrarrestar la corrupción", dijo Putin el jueves. "Considero incorrecto que las fuerzas políticas intenten usarlo como una herramienta para promover sus intereses y no para mejorar la situación en el país. Este es el método de la primavera árabe. Todos sabemos muy bien a qué conduce eso. Se convirtió en la razón del derrocamiento del gobierno en Ucrania y eso llevó al país al caos".

Estas son declaraciones conceptuales importantes. Según esta visión, la sociedad no  debe hacerse cargo de la política, y sólo el Kremlin y el Servicio Secreto (FSB) pueden luchar contra la corrupción.

"Las autoridades tratan de mantener el monopolio de la lucha contra la corrupción", argumenta el politólogo Aleksey Makarkin.

"Es conveniente que las autoridades divulguen esta información en pequeñas dosis para demostrar que está combatiendo el soborno".

La última investigación de Aleksey Navalny se refiere a Dmitry Medvedev, el hombre dentro del círculo más cercano del presidente. Cualquier admisión de sus ingresos no declarados tendrá un efecto en la imagen del Jefe de Gobierno, lo cual es inaceptable para el Kremlin, dice el politólogo Nikolai Petrov.

La gente debe confiar en la información oficialmente divulgada y en la competencia del Servicio Secreto. A la sociedad se le asigna el papel de su contraparte  a lo soviético: la de vigilante y consultora. Los ciudadanos son capaces de transmitir información al gobierno, pero tomar decisiones con respecto a su integridad depende de la gente específica con la confianza de la burocracia gobernante.

La vicepresidenta de Transparencia Internacional, Elena Panfilova, señala que los ciudadanos están más interesados ??en combatir la corrupción de lo que está la burocracia y, por tanto, deben ser independientes. En la era de Internet, los intentos de ocultar o clasificar algo son inútiles. Estos intentos aumentan el interés de capital de operaciones ilegales de la élite. Las herramientas utilizadas para lograr la transparencia se desarrollan más rápido que los instrumentos para limitarlas.

Los rusos están exigiendo más del gobierno a medida que crece el descontento con la corrupción estatal, reveló un informe de un encuestador independiente del Centro Levada

Alrededor del 31% de los encuestados dijo que los ciudadanos deben exigir más al estado, frente al 25% en marzo de 2016, informó el lunes el diario Kommersant. Otro 31% dijo que el estado les había dado "tan poco" que "no le debían nada",

El Centro Levada también encontró creciente descontento por el soborno del gobierno, con el 65% de los rusos describiendo el nivel de corrupción como "absolutamente intolerable". Otro 32% dijo que la corrupción había infectado al gobierno de Rusia "de arriba a abajo", frente al 25% del año pasado.

El jefe del Levada Center, Lev Gudkov, dijo que los rusos estaban de nuevo centrándose en los problemas internos a medida que la crisis ucraniana se calmaba.

"Es la ira. Está en aumento porque la gente tiene que ahorrar dinero en este contexto de crisis financiera y escándalos de corrupción ", dijo Gudkov al periódico Kommersant. "La movilización de masas que tuvo lugar después de la anexión de Crimea se está desvaneciendo, junto con el alrededor del gobierno que había unido a la nación

. Esa ola de patriotismo está desapareciendo, y la tensión dentro de la sociedad seguirá creciendo ", dijo Gudkov.

envió

FERNANDO MOYANO - postaporteñ@ 1751 - 2017-04-07 19:57:30
postaporteñ@_______________________________

Primer procesamiento de tortura como crimen de lesa humanidad

El juez José María Gómez dictó el procesamiento del militar retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto -sobrino del dictador Gregorio Álvarez-, por el crimen de tortura en concurso formal con un delito de abuso de la autoridad, siendo la primera vez que en Uruguay se imputa ese delito como crimen de lesa humanidad.


A pedido de la fiscal penal Ana María Tellechea, el juez entendió que de la instrucción se desprende la responsabilidad de Álvarez Nieto en la detención y torturas de Gerardo Riet Bustamente, detenido el 8 de mayo de 1980, en la esquina de  San Martín y Bulevar José Batlle y Ordóñez, siendo trasladado primero a una dependencia militar en Daniel Muñoz y República y luego al Cuartel de la Tablada donde fue sometido a "torturas y tratos degradantes” según expresa la resolución judicial.

Riet era perseguido por integrar la dirección del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y estar relacionado al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

ACÁ REPRODUCIMOS  TOTALMENTE EL DOCUMENTO DEL PROCESAMIENTO

Procesamiento Nro. 792/2017

Montevideo, 6 de abril de 2017

VISTAS:

  Las actuaciones tramitadas precedentemente en relación al indagado RODOLFO GREGORIO ÁLVAREZ NIETO, con intervención de la Fiscalía Letrada Nacional en lo Penal de 5º Turno y la Defensa de particular confianza a cargo de los Dres. Sergio Fernández Galván y Graciela Figueredo.

RESULTANDO:

1.- Del instructorio practicado surgen elementos de convicción suficientes que permiten colegir la ocurrencia de los hechos que se relatan a continuación. En el marco del plan de neutralización y eliminación de personas integrantes de partidos de izquierda, sindicatos y en general opositores al proceso de suspensión de garantías individuales, restricción y violación de derechos civiles y políticos perpetrados por el aparato represor  al servicio de la cúpula del gobierno de facto (período dictatorial cívico militar comprendido entre los años 1973-1985), el 8 de mayo de 1980, Gerardo Riet Bustamante fue detenido por agentes de inteligencia policial-militar en la intersección de Avda. San Martín y Bulevar José Batlle y Ordóñez, que lo tomaron por la espalda e introdujeron en una camioneta policial colocándole una capucha en la cabeza

El objetivo primordial de aquella organización de  represión, inspirada por la doctrina de la seguridad nacional, fincaba en el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como “subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico” opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región.

La “Comisión para la Paz”, sostuvo que “con el uso de las torturas, de los secuestros, de las desapariciones y de las muertes, se pretendió revertir el orden y cambiar el Estado de Derecho, por un régimen de terror” (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes Nº 1856, Tomo 620, 7/11/1985).-

Riet Bustamante era perseguido por integrar la dirección sindical del SUNCA y ser el responsable de la  propaganda del referido sindicato. Una vez detenido, se lo trasladó a dependencias del entonces denominado CGIOR sito en Daniel Muñoz y República, donde fue sometido a torturas y tratos degradantes, colgándolo en un gancho con los pies suspendidos y las manos atadas hacia la espalda.

Mientras se encontraba colgado lo golpeaban por todo el cuerpo y al tocar el piso le suministraban choques de corriente eléctrica. De ahí fue trasladado por un día a otro centro clandestino de detención donde se lo interrogó sobre su vínculo con el PVP; el denunciante aseguró que en esta ocasión declaró encapuchado y no fue torturado. Luego de ese paréntesis de un día -refiere Riet a fs. 19 vto.- cuando ya llevaba aproximadamente tres días detenido, fue trasladado al Cuartel de La Tablada lugar del cual mencionó “allí conocí la tortura en serio, fue un régimen muy fuerte, me llevaban para arriba a la sala de torturas y me aplicaban gancho, caballete, picana o submarino y en algunas ocasiones plantones… me daban el desayuno y me subían; me bajaban al mediodía, me daban un baño de agua helada, me daban de comer, descansaba un rato y luego volvía a subir, supongo que de noche… en una ocasión, producto del caballete se me hizo una lesión, se me rompió el conducto seminal… el médico me revisó y me dijo no puede volver donde le hicieron eso, diciéndome que tenía que decir las cosas”

 Según el informe de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente (Centros de reclusión y enterramiento de personas detenidas desaparecidas – 5 de febrero de 2013),   “La Tablada” o “Base Roberto”, lugar donde operaba el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), se ubicaba en la intersección de Camino Melilla y Camino de las Tropas (actual Camino de la Redención), departamento de Montevideo, y  funcionó entre enero de 1977 y 1983 inclusive

Era un galpón de 20 metros de ancho por 30 metros de largo, con techo de zinc. El piso estaba revestido de baldosas ocres y azules. En la planta baja se ubicaban las trece celdas, cuyas medidas eran aproximadamente de 2 por 3 metros. A la planta alta se accedía por una escalera doble, desembocando en un hall. Allí estaban ubicadas las habitaciones donde se realizaban los interrogatorios a los detenidos.  En la planta baja, estaban todas las celdas y calabozos que daban a un patio principal con un piso cubierto de baldosones rojos y amarillos, era el único lugar donde había luz natural que penetraba por una claraboya. Las paredes exteriores “incluyendo la oficina del comandante” tenían las ventanas tapiadas. Se ascendía al primer piso por una escalera ancha de mármol cuyas paredes tenían pajaritos pintados a relieve. En la planta alta existían diferentes piezas. En una se les sacaba fotos a los presos y se les hacía la ficha. En otras se torturaba; estaba la del “gancho”, en otra el “tacho” para el submarino, en otra se “picaneaba”, en todas había aislamiento para el sonido; además, había una habitación con un colchón donde tiraban a los presos que debían “reponerse”

 En esta planta había cortinados de terciopelo rojo y una terraza exterior desde donde sólo se veía campo y algunos árboles a lo lejos.

En ese ámbito en que se perpetraron sistemáticamente los castigos permanentes y sesiones de tormentos físicos que superaban cualquier umbral de abyección, con el propósito de obtener información para desarticular el colectivo al que pertenecía el detenido Riet Bustamante, el 18 de junio de 1980 éste debió declarar y firmar un acta y su ampliación en la que se consignaron  conceptos arrancados por la fuerza al deponente y que por cierto no condecían con la realidad por ejemplo que durante el interrogatorio no fue objeto de malos tratos; que la atención médica y alimentación  fueron buenas; y que durante el reinterrogatorio no fue objeto de presiones psíquicas ni físicas (vide fs. 6 a 10  del sumario instruido a María de los Ángeles Michelena Bastarrica y Gerardo Felicio Riet Bustamante – causa Nº 195/81 L.Nº 12 Fº 392 – Supremo Tribunal Militar – Archivo General).

El 26 de junio de 1980 el entonces capitán Rodolfo Gregorio Álvarez, Juez Sumariante perteneciente al Grupo de Artillería Nº 1, concurrió al establecimiento La Tablada, siendo recibido por el Coronel Gustavo Taramasco, jerarca de aquella repartición. Pese a que el acta labrada a Riet da cuenta que compareció ante el Juez de la Unidad (Grupo de Artillería Nº1 donde prestaba servicios Álvarez), fue el indagado Álvarez quien se constituyó en el propio centro de reclusión donde se encontraba ilegítimamente detenido Riet, tomándole declaración en el mismo lugar en que había sido sometido a apremios físicos y sicológicos. Riet aseveró a fs. 20 “…en la sala de torturas el juez militar que se llamaba Gregorio Álvarez, fue el que me hizo ratificar las declaraciones que me hizo firmar e hicieron una simulación de muerte de mi hermana que me la creí, me dio una crisis nerviosa…”

En la comparecencia ante el Juez sumariante, Riet debió ratificar aquellas deposiciones arrancadas como corolario  de las sistemáticas sesiones de torturas a las que fue sometido, dando cuenta que era integrante del PVP y el SUNCA y que con María de los Ángeles Michelena Bastarrica realizaron tareas de propaganda para el PVP. Pero el texto de su declaración ya venía redactado por Álvarez quien le mencionó, a propósito de la firma del documento “usted sabe lo que hace”, en franca amenaza al detenido pues de no hacerlo persistirían las torturas a las que era sometido (fs.245).- La Sra. Michelena refirió ante esta Sede que fue secuestrada en la calle Domingo Aramburú, entre Gral. Flores y José L. Terra,  el 26 de mayo de 1980 e introducida en un vehículo, encapuchada y esposada con las manos hacia atrás. Con el tiempo y tras el cotejo con otros testimonios, María de los Ángeles Michelena  supo que había sido trasladada a La Tablada donde permaneció desde el 26 de mayo de 1980 hasta fines de junio o principios de julio de dicho año. Aseguró que sufrió torturas y aunque no vio que torturaran a Gerardo Riet, precisó que el tratamiento era de torturas a todos, sin excepción, adunando en sus aserciones: “plantones, permanecer parados con las piernas y los brazos abiertos, golpes en caso que se bajase un brazo, colgadas de una arandela en el techo, con los brazos hacia atrás y elevándonos desde las muñecas… esa modalidad algunas veces la combinaban  con golpes; la picana eléctrica la aplicaban en la cara, los genitales y básicamente era en los lugares donde sabían que producía más dolor… para dar picana a veces tiraban agua en el piso, los pies a veces rozaban el piso, que bajaban un poquito la cuerda y allí se producían shocks eléctricos más fuertes”.

La Sra. Michelena confirmó que el 27 de junio de 1980 la subieron al piso de la tortura y señaló con meridiana precisión:“me metieron en una oficina diferente a las puertas que me habían torturado, había un hombre vestido de militar que era el juez sumariante, de apellido Álvarez, sobrino de Gregorio Álvarez, que yo lo conocía porque en 1972 también fui detenida en Artillería Nº 1 y fui torturada  por él y otros, por eso también lo conocía, porque se había mostrado en esa oportunidad por lo tanto  Álvarez era el juez sumariante de Riet; yo lo cuento porque en el mismo lugar que nos torturaban nos hicieron el sumario” (fs.32 vto)

El testigo Miguel Ángel Muyala refirió a fs. 34 que con Riet “compartimos los métodos de tortura en la Tablada que eran donde se practicaban. En las conversaciones surge que nos hacían lo mismos métodos… en las conversaciones que tuvimos en el Penal dedujimos que era La Tablada donde primero se procedía al aislamiento total del prisionero… los interrogatorios  comienzan con aplicación sistemática de golpes, el detenido es desnudado inmediatamente, queda solo con capucha y las torturas son  picana eléctrica, caballete, inmersión en tachos de agua conocidos vulgarmente como submarino… los interrogatorios se hacían por períodos de cuatro días continuados, permaneciendo en la noche sin interrogatorio, desnudo de plantón y con media hora alternada de caballete o colgado”. Muyala precisó a fs. 35 “al único oficial que tuve oportunidad de ver sin capucha en la Tablada, luego que yo firmé un acta en ese lugar en 1980, se constituyó en el propio lugar de la Tablada un Juez sumariante acompañado de un sargento  escribiente para la ratificatoria  del acta; esa persona se dio a conocer como juez sumariante capitán Rodolfo G. Álvarez, cuyo nombre surge del expediente mío que se me siguió”

El indagado Álvarez Nieto señaló a fs. 217 que fue juez sumariante estando en artillería en el año 1980 o 1981 y que una sola vez se le dispuso la concurrencia  a realizar información sumariante a la Tablada, “eso pudo haber sido en 1980”. Se constituyó con un escribiente, un sargento cuyo nombre no recuerda y fue recibido por el Teniente Coronel Gustavo Taramasco el que lo condujo “a una sala, no recuerdo donde era, no tengo idea, tal vez planta baja e hice la información sumaria y me retiré”. Álvarez refirió no recordar a quién indagó, utilizando expresiones como “una sola persona, no recuerdo más… un hombre, no recuerdo más…”; tampoco recuerda si fue una sola vez a la Tablada y si fue por primera vez a investigar. Para Álvarez, un interrogatorio en aquel centro clandestino de detención ofrecía garantías. El indiciado fue impuesto de las declaraciones de Riet Bustamante cuando a fs. 20 aseguró que en la sala de torturas el juez militar que se llamaba Gregorio Álvarez fue el que me hizo ratificar las declaraciones, que me hizo firmar e hicieron una simulación de muerte de mi hermana; y ante ello expresó “no presencié absolutamente nada de eso. Yo no hice nada; no recuerdo nada… no recuerdo nada”. Luego, impuesto de las declaraciones de  Michelenea (fs.32) y Muyala (fs.35), tampoco recordó haberles tomado declaraciones a ellos. Lo que sí tiene presente el Sr. Álvarez Nieto, a propósito de la pregunta formulada por la Sra. Fiscal a fs. 218, es que fue una sola vez a la Tablada pero no recuerda si ese día realizó más de una actuación, “no recuerdo a qué cantidad de personas” le tomó declaración en ese día. Empero, el encartado no brindó una explicación razonable de por qué se trasladó a la Tablada para recabar el o los interrogatorios en aquella ocasión, cuando en la generalidad de los casos los detenidos eran trasladados al despacho del juez sumariante y este no se constituía en los centros clandestinos de detención en que se torturaba a los presos. En otro orden, también signado por la amnesia, dijo no recordar si al detenido lo condujeron con la cabeza cubierta (encapuchado) pero sí recordó a la perfección que no tenía dificultades para firmar el acta (vide fs. 247-248)

En aquel ámbito donde se le recabó declaración a Riet -habitáculo en que se perpetraron los tormentos denunciados- el deponente compareció encapuchado, conducido por dos soldados, uno de cada lado y logró determinar que se trataba de la sala de torturas por su orientación tras subir la escalera. Cuando le extrajeron la capucha se encontró con Álvarez y de ahí en más la audiencia de ratificación bajo presión... si no firma “usted sabe lo que hace”. El  denunciante fue conducido visiblemente dolorido dado que había sido sometido a “colgadas por la espalda” que  limitaron la motricidad de sus brazos. Como argumenta la Fiscalía, debía tener todo tipo de lesiones visibles producto de las torturas corporales como de las “colgadas” y demás tratos crueles que se realizaban a los detenidos, hechos plenamente probados, corrientes de la época y en todos los centros de detención,  donde incluso tuvo lugar el fallecimiento por torturas de varios compatriotas a manos de represores.

En la sala de torturas, donde el indagado  Rodolfo Álvarez constituyó despacho como juez sumariante, Riet Bustamante “declaró” (leyó un acta que estaba confeccionada con anterioridad) tras ser sometido a coerción psicológica, pues le hizo ratificar y firmar las declaraciones agregando “y me hicieron una simulación de muerte de mi hermana (Gabriela Riet) que me la creí…”.-  Las deposiciones de la Sra. Gabriela María Riet Bustamante  son coincidentes con las aserciones de su hermano y las de María Michelena, confirmando que estuvieron contemporáneamente detenidos en La Tablada. Gabriela Riet depuso que fue detenida el 26 o 27 de mayo de 1980 y llevada encapuchada a La Tablada donde permaneció por un mes, período en que fue sometida a tormentos y tratos crueles adunando en sus expresiones: “me subían al primer piso para torturarme… me dieron picana, me preguntaron por mis hermanos, todos militantes de izquierda… no recuerdo el orden pero hicieron  un simulacro de violación, un submarino de agua y después golpes”.

En definitiva la Sra. Riet asegura la contemporaneidad del “simulacro” de violación o de muerte -pero al fin simulacro de tormentos- que relató el denunciante Gerardo Riet, extremo que se robustece con la coincidencia de la fecha de liberación de Gabriela Riet (hacia fines de junio de 1980), pudiendo perfectamente situarse el 26 de junio de 1980, fecha en que Gerardo Riet fue conducido encapuchado ante el entonces juez sumariante  Rodolfo Gregorio Álvarez. En efecto, una vez que Riet firmó lo que el aparto represor pretendía, sometido a la coerción psíquica que se entronizaba en el  simulacro de la muerte de su hermana Gabriela Riet, ésta fue liberada, quedando empero en el sentir de Gerardo Riet la sensación de un desenlace fatídico. De ahí que, luego de cuatro meses, cuando Gabriela Riet fue a visitar a su hermano Gerardo con sus padres, con la pareja y con la hija del denunciante (que aún no conocía), sorprendiera la actitud del todavía detenido que lo primero que hizo fue confundirse en un abrazo con su hermana e irrumpir a llorar. Así lo declara la Sra. Gabriela Riet a fs. 100: “estaba con el brazo  creo que el izquierdo que no lo podía extender, estaba sin fuerza ninguna, ni siquiera podía tomar en brazos a su hija, lo vi en la Paloma, varios meses después de su privación de libertad porque él continuaba recluido y yo había salido en libertad… fue todo muy especial porque yo fui con mis padres, su mujer y su hija y a la primera que me abrazó fue a mí y se puso a llorar. A mí me sorprendió que me abrazara primero que a mis padres o a su mujer… me dijo que lo habían colgado y había estado mucho tiempo en esa situación”

(continúa)

TORTURA EN URUGUAY - postaporteñ@ 1750 - 2017-04-07 12:53:16
postaporteñ@_______________________________

PARTE 2

CONSIDERANDO

1.- En esta etapa del proceso se trata de resolver si se configura prueba suficiente que legitime el enjuiciamiento impetrado sin que ello implique prejuzgar o emitir una conclusión definitiva (art. 125 inc.4 literales a y b y art. 132 del CPP). Tres son los grados de convicción del Juez una vez analizado el material probatorio incorporado: la certeza, la probabilidad yl a duda. Enseña Lino Palacio que mientras la certeza se caracteriza como el estado psicológico del juzgador en cuya virtud éste llega a abrigar la plena convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho incriminado y de la participación o no del imputado en su producción, la probabilidadentraña en cambio una suficiente aproximación a ese estado, que excede por lo tanto a la apreciación de una mera posibilidad. La duda, por el contrario, aparece conformada cuando el Juez, frente a la ausencia o insuficiencia de prueba, no se encuentra en condiciones de formular un juicio de certeza ni de probabilidad, positiva o negativa, acerca de los mencionados extremos. Al estado que debe llegar el Magistrado en esta etapa del proceso es a la probabilidad positiva y ella se configura siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictivo y que el indiciado es partícipe del mismo. La resolución se halla supeditada al requisito que los datos positivos o incriminantes emergentes de la prueba colectada, excedan, objetivamente, a los negativos o desincriminantes, de forma tal que la probabilidad positiva resultante de la sospecha inicial cobra mayor intensidad (Cfme. Lino Enrique Palacio – La Prueba en el Proceso Penal – Abeledo Perrot – Buenos Aires – pág.).

2.- Para la Fiscalía Letrada Nacional en lo Penal de 5º Turno, de autos surgen elementos de convicción suficientes para imputar a Rodolfo Gregorio Álvarez la coautoría del delito de Torturas dispuesto en el art. 22 de la Ley 18026 de 25 de setiembre de 2006. El fundamento más prístino de su petitorio abreva en la situación en que Riet fue interrogado por Álvarez, en el mismo lugar donde era sometido a torturas y demás tratos crueles, oportunidad en que debía tener todo tipo de lesiones visibles que evidenciaban las torturas corporales como las colgadas. Destacó asimismo el simulacro de muerte de la hermana de Riet al momento que era interrogado, cuando le hicieron ratificar las declaraciones, citando las propias aserciones del denunciante que obran a fs. 20.

3.- Para la Defensa, no puede responsabilizarse a alguien  por el hecho de ostentar un cargo y un grado en una Unidad Militar, debiendo en caso de duda fallarse a favor del indagado. En el expediente no existe probada la acción ni la conducta de Rodolfo Álvarez; según los dichos del denunciante, quien lo torturó fue Taramasco y sólo menciona a Álvarez como el juez sumariante. Los hechos han demostrado que Rodolfo Álvarez es persona de bien, nunca fue incriminada bajo ningún concepto, nunca fue nombrado por nadie ni señalado como responsable de torturas. Tiene 67 años, con una familia constituida, de altos valores morales y religiosos, que no condicen con la acusación que la Fiscalía realiza contra él, argumentos en que fundamentó la clausura y archivo de las actuaciones.

4.- La ratio del auto de procesamiento es un juicio de probabilidad acerca de la comisión de un hecho ilícito y de la participación de un sujeto en el mismo. Tal juicio está dirigido a establecer la posibilidad de un objeto en el proceso penal constituido por una pretensión que si bien no se ha ejercido en forma plena por el Ministerio Público, sí lo es en forma preliminar, requiriendo al Juez se someta un sujeto a proceso, con una definición precaria de los elementos propios de cualquier pretensión: sujeto, objeto y causa. El objeto de la incidencia está constituido estrictamente por la sujeción del imputado y la causa es la simple apariencia delictiva de la conducta que preliminarmente se le atribuye, con independencia del tipo que únicamente sirve para la constatación de la sumaria cognitio, justificando aquella sujeción. De esta manera se atribuye de modo provisorio, la calidad de imputado de un sujeto y se expresa, también provisoriamente, un objeto de prueba; pero en forma alguna existe un pronunciamiento vinculante (que “cause estado”) sobre la calificación jurídica de los hechos porque ésta no es más que “incidenter tantum” y al sólo efecto de un juicio de probabilidad que permita la existencia del proceso. (Cfme. Fernando Cardinal Piegas – “Reflexiones acerca de la función y utilidad del auto de procesamiento con respecto al objeto del proceso, su trascendencia en el principio ne bis in idem y la clausura del trámite por desaparición del ilícito penal que lo sustenta” – Revista de Derecho Penal Nº 20 pág. 445-455). Para el proveyente, la versión del denunciante  se vio corroborada por la glosa significativa de documentos concordantes con testimonios recabados. En este contexto, el informativo colectado permite sostener prima facie que convergen elementos de convicción que a la luz de la sana crítica informan acerca de la verosimilitud o probabilidad positiva de la participación de Álvarez Nieto en el crimen de Tortura y el delito de Abuso de autoridad contra los detenidos.

5.- La adscripción del tipo penal Tortura en tanto crimen de lesa humanidad, sugiere incursionar en el análisis de la regulación de la categoría y su vigencia a la época en que se registraron los hechos historiados.

La sentencia  de la Suprema Corte de Justicia  Nº 365 de 19 de octubre de 2009, aceptó la aplicación directa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos dentro del ámbito interno, incorporándolas  en un rango normativo supralegal, similar a la Constitución de la República.  La aceptación de la noción del “bloque de los derechos fundamentales”, ahora reconocido judicialmente,  se define como el conjunto de derechos de la persona asegurados por fuente constitucional o por fuente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (tanto el derecho convencional, como el derecho consuetudinario y los principios de “ius cogens”) y los derechos implícitos, expresamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 literal “c” de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 72 de la Constitución de la República. También puede definirse el bloque, desde el punto de vista normativo, como el conjunto de disposiciones constitucionales e internacionales referidas a los derechos fundamentales, sin perjuicio de la aceptación de los derechos implícitos (vide Martín Risso Ferrand en Revista de Derecho Público Nº 45 Julio 2014 – El Juez Constitucional en Uruguay)

Humberto Nogueira, en “Los derechos esenciales o humanos contenidos en los Tratados Internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: Doctrina y jurisprudencia” (Ius et Praxis, Derecho de la Región, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Año 9, Nº 1, 2003, pág. 422) refiere a “bloque de derechos” y “bloque constitucional de los derechos fundamentales”, como el “conjunto de derechos de la persona (atributos) asegurados por fuente constitucional o por fuentes del derecho internacional de los derechos humanos (tanto el derecho convencional, como el derecho consuetudinario y los principios de “ius cogens”) y los derechos implícitos, expresamente incorporados al ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 literal “c” de la CADH, todos los cuales, en el orden constitucional chileno, constituyen límites a la soberanía, como lo especifica categóricamente el artículo 5 inciso 2 de la Constitución chilena vigente”. Esta noción también fue propiciada en Uruguay, a tenor de lo establecido en los artículos 7 y 72 de la Constitución uruguaya, bajo la denominación de “bloque de los derechos humanos” (similar a bloque de los derechos fundamentales o bloque de constitucionalidad de derechos fundamentales) como se puede leer en Sentencias de la Suprema Corte de Justicia, a partir de la emblemática Nº 365 de 19 de octubre de 2009.

6.- En el marco referencial que antecede se trata de determinar si los hechos historiados, ocurridos en un período durante el cual existían normas de derecho penal internacional que prohibían hechos que las mismas normas califican de crímenes de lesa humanidad, son alcanzables por las normas de rango  ius cogens y si estas eran obligatorias para el Uruguay en el entendido que nuestro ordenamiento interno aún no las implementó, sino hasta la promulgación de la ley 18026.

Las torturas y demás tratos inhumanos perpetrados contra personas ilegítimamente privadas de libertad durante la dictadura militar en el período comprendido entre los años 1973 y 1985, constituyen crímenes de lesa humanidad a tenor de lo dispuesto en normas de derecho internacional, ora consuetudinario, ora convencional, obligatorias y vigentes al año 1980 en que se verificó el delito de marras, a partir de lo establecido en el artículo 6 literal c) del Estatuto de Núremberg.

La Carta Magna habilita a juzgar los delitos contra el Derecho de Gentes (delitos contra el Derecho Internacional) y las víctimas de los mismos tienen derecho a acceder a la justicia (arts. 72 y 239 numeral 1 inc. 1 de la Constitución de la República).

El art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 A – XXI de la Asamblea General aprobada el 16 de diciembre de 1966), en nuestro país Ley 13.751 del 11 de junio de 1969, en torno al principio de legalidad señala que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Y en el numeral 2, precisa: “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Por ende, aún en ausencia de tratado, no se viola el principio de legalidad si la conducta delictiva estaba establecida por principios de derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Lo trascendente es que al momento de verificarse los hechos exista una norma jurídica, de derecho interno o de derecho internacional, que establezca la conducta como criminal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretado armónicamente con lo dispuesto en los artículos 7, 12, 18, 72 y 239 de la Constitución de la República y los arts. 15 inc. 2 y 85 del Código Penal, confirma que el alcance del principio de legalidad penal no se restringe exclusivamente al derecho interno, lo que desbroza absoluta concordancia constitucional.

7.- La Suprema Corte de Justicia en Sentencia 1381 de 8 de setiembre de 2016 señaló que el Estado ha reconocido por Ley Nº 18596 (art.1), el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas en violación a los Derechos Humanos o a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985. Por la misma ley se ha reconocido la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación  de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de Seguridad Nacional. Las conductas señaladas -agrega la Corporación- constituyen delitos de lesa humanidad, por su gravedad, sistematicidad y generalidad de su reiteración.

En aplicación a la interpretación pro homine de los Derechos Humanos conforme al bloque de constitucionalidad cuya aplicación es imperativa para todos los órganos jurisdiccionales, es perfectamente compatible con la Constitución  la admisión de un orden normativo comprendido por un único bloque de constitucionalidad… Es menester interpretar y aplicar dicho orden jurídico por los Jueces Nacionales, sin violentar la Constitución  de la República ni los Tratados de Derechos Humanos (vide fs. 242 vto-243). Los Tratados de Derecho Internacional aplicables consagran determinados principios que hacen a la protección de los derechos humanos en su integralidad, situación jurídica de raigambre constitucional para el Uruguay en virtud de los establecido en el art. 239 numeral 1 de la Constitución de la República (fs. 244)

8.- La Sala Penal de 1er. Turno, citando el voto de Zaffaroni en “Arancibia Clavel” (vide fs. 178), señaló que la Convención de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad (1968) se limita a codificar como tratado lo que antes era ius cogens en función del derecho internacional público consuetudinario, siendo materia pacífica que en esta rama jurídica, la costumbre internacional es una de sus fuentes. En consecuencia, la prescripción establecida en la ley interna y por tanto su ejercicio en función de la misma, no importa una aplicación retroactiva de la ley penal.

La Suprema Corte de Justicia en su decisorio de fs. 244 señaló: “corresponde al intérprete y no al tribunal de constitucionalidad, determinar si los hechos investigados integran el elenco del art. 3, de los delitos de lesa humanidad por encontrarse en los tratados firmados por la República”.

El art. 3 de la Ley 18.831 en tanto norma declarativa, refiere al reconocimiento de una situación jurídica preexistente pues declara que los delitos incluidos en la Ley 15.848 (ley de caducidad), son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. Con ello reconoce una categorización jurídica que el derecho internacional ya había establecido. Así, estas normas y tratados internacionales son concordantes con lo dispuesto por el art. 72 de la Constitución; de ahí que no exista violación alguna al principio de legalidad penal ni al de irretroactividad.

9.- La Tortura como crimen de Lesa Humanidad.-

El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Nadie será sometido a tortura o a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”. No se brinda una definición precisa de los distintos comportamientos a los que  refiere el Pacto

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de monitorear el cumplimiento del Pacto, ha tendido a aproximarse de una forma global a la definición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como cuando intervino en la denuncia presentada por José Luis Massera contra Uruguay en el año 1979 según la cual el denunciante fue forzado a permanecer de pie durante largas horas con la cabeza cubierta hasta que perdió el equilibrio y se lesionó una pierna al caer contra el piso. Si bien el Comité no definió en modo alguno el concepto de tortura, en su decisión parece haber influido el hecho de que el maltrato le haya provocado a la víctima un daño físico permanente como significó en el caso citado, una secuela permanente en la motricidad al haber resultado con  una pierna más corta que la otra.

En el caso Miguel Ángel Estrella, pianista uruguayo que fue secuestrado y sometido a torturas físicas y psicológicas (golpes, shocks eléctricos, obligado a permanecer de pie con las piernas separadas y los brazos levantados, sumergido en agua, amenazas de torturar o ejercer violencia sobre amigos o aún de cortarle ambas manos con una sierra eléctrica), constituyeron daños psicológicos permanentes, que influyeron en la decisión del Comité de Derechos Humanos al determinar que el Estado de Uruguay había violado el artículo 7 del Pacto (véase Human Rights Committee - Estrella vs. Uruguay Communication No. 74/1980 - 29 March 1983). 

La palabra “tortura” es usualmente utilizada para describir un trato inhumano que tiene un propósito y es una forma agravada de tratamiento inhumano. El tratamiento o castigo de un individuo puede ser considerado degradante si lo humilla de forma grosera frente a otros o lo lleva a actuar contra su voluntad o conciencia. De acuerdo con esta definición, es el grado de sufrimiento que se provoca sobre el individuo lo que distingue a la tortura de los tratos inhumanos y a estos últimos de los tratos degradantes.

Según la Comisión Europea, para que un acto llegue a ser calificado como tortura, debe atravesar tres niveles. Primero, debe subsumirse dentro de alguno de los supuestos que definen a un trato degradante. Luego, para ser categorizado como trato inhumano, debe causar un sufrimiento mental o físico severo, aplicarse deliberadamente y carecer de justificación en las circunstancias particulares del caso. Por último, para ser calificado como tortura, el acto debe ser una forma agravada de trato inhumano y perseguir un propósito determinado.

El art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral  y que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Resolución 3452 del año 1975) define a la tortura como todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. Expresamente califica a la práctica de torturas como una ofensa a la dignidad humana y quien la realice será condenado por violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscripto por la República Oriental del Uruguay el 19 de diciembre de 2000 y aprobado por Ley 15.710 de  27 de junio de 2000, en su  artículo 7 describe las conductas que constituyen crímenes de lesa humanidad, precisando en el literal f) la Tortura y en el literal  k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Estos actos que hoy constituyen crímenes de lesa humanidad, ya habían sido reconocidos como crímenes comprendidos en el derecho internacional por el derecho consuetudinario y por convenios previos y otros instrumentos internacionales, ya sea en forma expresa o dentro de la categoría de otros actos inhumanos (especialmente las prácticas sistemáticas y generalizadas de desapariciones forzadas, torturas y homicidios políticos cometidas en la región por las dictaduras militares durante la década del setenta). Se trata de la confirmación, en el plano convencional, de normas con rango de jus cogens que ya eran obligatorias para los Estados (Cfme. Oscar López Goldaracena - “Las violaciones a los derechos humanos de la dictadura deben juzgarse por ser crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, principio de legalidad y régimen de imprescriptibilidad - LJU tomo 147).

Para la Corte Internacional de Justicia , el derecho a no ser sometido a torturas  constituye no solo una norma que no admite limitaciones sino que además posee una especial calidad dentro del derecho internacional público, a saber, es una norma de ius cogens (CIJ case East Timor – Portugal vs. Australia) es decir una norma imperativa del derecho internacional respecto del cual ningún Estado  puede sustraerse, por ejemplo, haciendo una reserva al momento de obligarse por un tratado de derechos humanos. La tortura debe ser un acto intencional, cuyo elemento determinante será el sufrimiento o dolor, ya sea físico o mental. En el caso Bueno Alves vs. Argentina (Sentencia de 11 de mayo de 2007), la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó los elementos constitutivos de la tortura señalando que son los siguientes: a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales;  c) que se cometa con determinado fin o propósito.

10.- El dilema que se plantea infolios finca en determinar si se puede aplicar retroactivamente la ley penal nacional a hechos que cuando fueron cometidos ya constituían crímenes bajo el derecho internacional, sin violar los principios nullum crimen sine legey de irretroactividad de la ley penal.

El derecho internacional y el derecho comparado han resuelto afirmativamente esta situación. El expreso reconocimiento por la jurisprudencia sobre la vigencia del principio de ius cogensy del derecho consuetudinario al momento en que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, allana la discusión sobre los problemas que pudieran suscitarse en relación a la retroactividad de la norma penal y el principio de legalidad. No se trata de aplicar las normas sobre crímenes de lesa humanidad ni los nuevos tratados internacionales hacia el pasado, sino de entender que las convenciones internacionales no han hecho más que ratificar normas de ius cogens que ya eran obligatorias por encontrarse vigentes al momento en que sucedieron los hechos

El principio de no aplicación retroactiva de la ley penal es una salvaguarda esencial del derecho internacional que se erige en defensa de la persona contra la arbitrariedad y es una consecuencia del principio de legalidad de los delitos (nullum crimen sine lege). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es un elemento esencial del Estado de Derecho dado que en éste los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo. Asimismo está íntimamente ligado con el derecho a la seguridad jurídica, toda vez que propende a impedir que una persona sea penada por un hecho que cuando fue cometido no era delito o no era punible o susceptible de persecución. En ese sentido, la Corte Interamericana ha señalado que en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva exista y resulte conocida, o pueda serlo antes de que ocurra la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar.

La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito la misma no reviste aún el carácter de ilícita para efectos penales. Por otro lado, si esto no fuera así, los particulares no podrían orientar su comportamiento a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste.

No obstante, el principio de legalidad de los delitos no se limita a la aplicación de la ley nacional. Más allá de una regla de derecho comparado, el principio nullum crimen sine legees un principio del derecho internacional, que se refiere tanto al derecho interno como al derecho internacional. Si bien el principio de legalidad de los delitos se ha traducido en los sistemas penales nacionales de tradición jurídica de derecho continental en la fórmula nullum crimen sine lege nulla poena sine lege, en los sistemas jurídicos del Common Law éste se tradujo en la fórmula nullum crimen sine iure.

En derecho internacional, el principio de legalidad de los delitos se contrae a la fórmula nullum crimen sine lege. Empero, dado que el principio abarca tanto el derecho nacional como el internacional, y que éste se halla igualmente conformado por el derecho internacional consuetudinario, varios autores consideran que la fórmula nullum crimen sine iure refleja más la naturaleza y el alcance del principio de legalidad de los delitos.

Los tratados internacionales que establecen crímenes bajo el derecho internacional no prescriben las sanciones a imponer y se limitan a establecer el criterio de proporcionalidad de las penas de acuerdo con la gravedad del crimen. Este aspecto es dejado a la legislación nacional o a los tribunales internacionales. La ausencia de penalidades en los instrumentos internacionales no vulnera el principio de legalidad de los delitos en el ámbito del derecho internacional. Desde los estatutos de los Tribunales de Núremberg y de Tokio, pasando por los tratados internacionales contra el terrorismo, la Convención contra el Genocidio, las convenciones sobre Tortura o sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, casi la totalidad de los tratados de derecho penal no prevén las penas específicas para los delitos que tipifican

En el caso Gelman vs. Uruguay, la Corte Interamericana reiteró su jurisprudencia en cuanto a que el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo” (Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, párrafo 254)

El Tribunal Europeo en “las ejecuciones del muro de Berlín” (casos Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania y K.-H.W. c. Alemania) referente al juzgamiento y condena de Fritz Streletz, Heinz Kessler y Egon Krenz, por la muerte de varios ciudadanos de la República Democrática de Alemania (RDA) cuando intentaban huir hacia la República Federal de Alemania (RFA), tuvo presente que  a la fecha de los hechos, la legislación interna de la RDA autorizaba el uso de la fuerza letal para impedir la fuga hacia territorio de la RFA instalando sistemas de disparos automáticos y ordenando a los guardias de frontera a disparar contra los fugitivos. Streletz, Kessler y Krenz, jerarcas en el Consejo Nacional de Defensa, el Comité Central del Partido Comunista, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional del Pueblo, entidades responsables de esta legislación y de las órdenes, fueron condenados en el año 1993, aplicando tanto la legislación penal de la RDA en vigor para la época de los hechos, como el Código Penal de la RFA, por incitación al homicidio voluntario. En segunda instancia, en el año 1994, la Corte Suprema de Justicia condenó a Streletz y Kessler como autores intelectuales de homicidio voluntario, aplicando el Código Penal de la RFA. Los condenados impugnaron esta sentencia ante la Corte Constitucional, argumentando que la Corte Suprema había violado el principio de irretroactividad de la ley penal, pues la legislación aplicable era la de la RDA, la cual justificaba los hechos e impedía que se les juzgara por estos. La Corte Constitucional rechazó las pretensiones de los demandantes en el año 1996

Streletz, Kessler y Krenz acudieron al Tribunal Europeo por violación del artículo 7 del Convenio Europeo, argumentando que los hechos por los cuales habían sido condenados no constituían para la época delitos, ni bajo el derecho penal de la RDA ni bajo el derecho internacional. Alegaron que la legislación aplicable en la RDA autorizaba el empleo de la fuerza letal contra quienes intentaban huir del país.

El Tribunal Europeo consideró que, incluso bajo la legislación penal de la RDA para la época de los hechos, los homicidios por los cuales fueron condenados Streletz, Kessler y Krenz, constituían delitos, con lo cual existía una base legal para procesarlos y condenarlos. Pero asimismo, el Tribunal consideró que, para la fecha de los hechos, estos comportamientos constituían “delitos definidos con suficiente accesibilidad y previsibilidad por las normas de Derecho internacional relativas a la protección de los derechos humanos” e incluso podían ser considerados crímenes de lesa humanidad

Así, según el Tribunal, era previsible para los tres condenados que sus conductas eran punibles tanto bajo el derecho nacional como el derecho internacional. El Tribunal consideró que “es legítimo para un Estado de Derecho iniciar acciones penales contra las personas que han cometido delitos en virtud de un régimen anterior, y del mismo modo, no se puede reprochar a los tribunales de dicho Estado, que sucedieron a los que anteriormente existían, de aplicar e interpretar las disposiciones legales existentes al momento de los hechos a la luz de los principios del imperio de la ley”. Adunó el Tribunal que “una práctica estatal, como aquella de la RDA para la vigilancia de la frontera, que viola flagrantemente los derechos fundamentales y especialmente el derecho a la vida, valor supremo en la escala de los derechos humanos a nivel internacional, no puede ser protegida por el artículo 7 del Convenio... la apariencia de legalidad para instaurar una práctica flagrantemente violatoria de los derechos fundamentales no podía estar amparada por el artículo 7 del Convenio”

En el caso “Kononov vs. Letonia”, el Tribunal Europeo examinó la cuestión de la aplicación retroactiva de la ley penal nacional en casos de hechos constitutivos de crímenes bajo el derecho internacional. El antecedente da cuenta que en el año 2000, Vassili Kononov fue juzgado y condenado por un tribunal letón por crímenes de guerra cometidos en 1944, por haber actuado como oficial del ejército soviético en una expedición militar donde fueron ejecutados numerosos civiles de la aldea de Mazie Bati, quienes presuntamente colaboraban con tropas alemanas. A la fecha del crimen y desde 1940, Letonia estaba bajo la soberanía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En 1990, el Consejo Supremo de Letonia adoptó la Declaración sobre el Restablecimiento de la Independencia de la República de Letonia, declaró nula la incorporación del país a la URSS y promulgó la Declaración relativa a la adhesión de la República de Letonia a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. En 1996, el Parlamento letón adoptó una declaración calificando de ilegal y de régimen de ocupación militar a la anexión soviética de su territorio.  En el año 1998, Kononov fue juzgado en Letonia por crímenes de guerra cometidos en 1944 y sentenciado en el año 2003 por estos hechos. El Tribunal aplicó el Código Penal de 1961, el cual había quedado vigente luego de la reaccesión a la independencia de Letonia en 1990 y que incorporaba los crímenes de guerra y de lesa humanidad en su catálogo de delitos, luego de una reforma del Código Penal en 1993.

Kononov se presentó ante el Tribunal Europeo alegando que Letonia había aplicado retroactivamente la ley penal, violando así el artículo 7 del Convenio Europeo. El Tribunal recordó que por más clara que sea la redacción de una disposición normativa penal, en cualquier sistema jurídico, “existe un infaltable elemento de interpretación judicial” y que la jurisprudencia es fuente de derecho que contribuye al desarrollo progresivo del derecho penal. Con esto, el artículo 7 no puede interpretarse como proscribiendo la interpretación judicial, siempre que “el resultado sea coherente con la sustancia de la infracción y razonablemente previsible”…. “cuando la legislación nacional no define los elementos constitutivos de un crimen de guerra, el Tribunal nacional puede basarse en el derecho internacional para fundamentar su razonamiento, sin violar los principios nullum crimen y nulla poena sine lege”…. “cuando el derecho internacional no había definido con suficiente claridad las sanciones correspondientes a tal o cual crimen de guerra, un tribunal nacional podrá, después de encontrar a un acusado culpable, fijar la determinación de la pena con base en el derecho penal interno”

Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck en “El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, Volumen I”, señalan que no solamente el Tribunal Militar Internacional de Núremberg consideró que, en lo que atañe a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra,  no se violó el principio de no aplicación retroactiva de la ley penal, sino que la jurisprudencia de los tribunales internacionales ha reafirmado esta conclusión así como la mayoría de la doctrina internacional, toda vez que estos comportamientos ya estaban considerados criminales por el derecho internacional consuetudinario

La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución Nº 95 de 11 de diciembre de 1946, confirmó los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y por el fallo de este Tribunal. Los instrumentos internacionales posteriores a Núremberg han consagrado los principios generales del derecho como fuente del derecho internacional, junto con la costumbre y las convenciones. Como lo señaló el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe relativo al establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, la Sentencia y el Estatuto del Tribunal de Núremberg forman parte del derecho internacional consuetudinario que se debe aplicar en la represión de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, independientemente de que los Estados hayan o no adherido a determinadas convenciones.

Los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias del Tribunal de Núremberg, adoptados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1950, prescriben varios principios relevantes en la materia:

Principio I: Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción.

Principio II: El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido.

Las conclusiones del Tribunal de Núremberg fueron contundentes sobre la cuestión de si las normas del Derecho internacional se aplican a las personas señalando que el derecho internacional impone deberes y responsabilidades a los individuos, así como a los Estados y añadió: “los crímenes contra el Derecho internacional son cometidos por hombres, no por entidades abstractas, y sólo castigando a los individuos que cometen tales crímenes puede la disposición del Derecho Internacional ser efectiva”

La Comisión de Derecho Internacional recordó que el Tribunal de Núremberg, en su sentencia, había concluido que el derecho internacional vinculaba jurídicamente a los individuos incluso cuando la legislación nacional no los obligaba a observar las reglas del derecho internacional. 

La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad reza en su artículo I que:

“Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:… “b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nº 3  de 13 de febrero de 1946 y Nº 95  de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”

TORTURA EN URUGUAY - postaporteñ@ 1750 - 2017-04-07 12:34:51
postaporteñ@_______________________________

PARTE 3

11.- En España nos convoca el análisis del caso Adolfo Scilingo, Teniente de Fragata de la Armada Argentina y miembro de la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) quien participó entre 1976 y 1983 en asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y torturas durante el periodo dictatorial argentino. Detenido en España en 1997 fue procesado los delitos de genocidio y terrorismo. La Audiencia Nacional de España inició el juicio oral contra Scilingo donde la Fiscalía  y la Acusación Popular calificaron de crímenes de lesa humanidad los delitos imputados a Scilingo. En sentencia de 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó a Scilingo como “autor responsable de un delito de lesa humanidad” consistente en 30 asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, considerando asimismo que esos hechos no podían ser calificados de genocidio, toda vez que no se reunían los elementos de ese tipo penal.

Se rechazó la calificación del delito de terrorismo, pues si bien se reunían los elementos de ese tipo penal, “los hechos van más allá y contienen otros elementos que solo son abarcados por el injusto del delito de lesa humanidad, razón por la que la Sala considera, en este caso, el terrorismo subsumido dentro del delito de lesa humanidad y no en una relación de concurso de delitos.

España tipificó el crimen de lesa humanidad  en el año 2004, vale decir con posterioridad a la comisión de los actos imputados a Scilingo. La Audiencia señaló que la aplicación de este artículo del Código Penal planteaba “obvias cuestiones referidas al principio de legalidad penal, relativas a la tipicidad, taxatividad, accesibilidad, previsibilidad y certeza de la norma penal aplicada, en conexión con el de irretroactividad de las normas penales”. Luego agregó “la aplicación del derecho queda vinculado tanto por la norma interna como por la internacional… el carácter de ius cogens de la norma internacional a la que representa o recoge la interna, y cuya obligatoriedad con ello reconoce, le impide ir en contra de su contenido esencial o limitar su ámbito de aplicación temporal objetivo, subjetivo o territorial. Recibida en el derecho interno la norma de derecho internacional preexistente para posibilitar su aplicación, no parece lógico que la norma interna olvide que la norma internacional era ya obligatoria per se o de que por sus características y universalidad, con la finalidad de proteger valores superiores de la humanidad, son el conjunto de la Humanidad y la totalidad de los Estados en que ésta se organiza, y no un Estado concreto, los que tienen un interés equivalente en el enjuiciamiento y sanción de dichos delitos”...“con independencia de lo que definitivamente pueda acontecer en el ámbito normativo interno, no cabe ninguna duda de que este tipo criminal internacional, que genera responsabilidad penal individual, está vigente en el Derecho Internacional desde hace décadas, y en todo caso sería aplicable al conjunto de la represión en Argentina, de conformidad con el principio de derecho intertemporal tempus regit actum, visto desde la óptica del Derecho internacional”. Respecto de la posible ausencia de norma penal en el momento de producción de los hechos, la Audiencia Nacional precisó: “partimos de la prohibición penalmente sancionada, desde hace décadas, por el derecho internacional, de las conductas a que se refiere el tipo penal recientemente introducido, siendo esta prohibición una norma de general aplicación para todos los Estados al ser un norma de ‘ius cogens’ internacional.

No puede decirse, por tanto, que se traten de conductas que no estaban anteriormente prohibidas, como tampoco que sean inciertas o imprevisibles ni en el mandato o prohibición que contienen ni en el de la pena a aplicar”... “en el análisis del problema de la tipicidad, es de destacar que la formulación clásica del principio de legalidad penal (criminal y penal) nullum crimen nulla poena sine lege, en el Derecho internacional se articula como de nullum crime sine iure, lo que permite una interpretación mucho más amplia de las exigencias derivadas de este principio, en cuanto que sería suficiente la consideración como tal en Derecho internacional, aunque no estuviera tipificado en derecho interno. A diferencia de lo que ocurre en los ordenamientos internos, la tipicidad de los crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad no está determinada en el orden internacional por su incorporación en textos escritos. En este ámbito la lex se expresa mediante métodos consuetudinarios (y principios generales del Derecho) que la hacen ambigua e insegura hasta que se produce su codificación; se debe evitar que un principio  como el nullum crimen nulla poena sine lege, que nació con el objeto de proteger al individuo frente al poder absoluto del Estado, se convierta en una barrera protectora que proteja a un ataque masivo de los derechos más elementales de los ciudadanos… difícilmente se vulnera el principio de legalidad penal cuando en el Derecho internacional la figura de los crímenes contra la humanidad está en vigencia (internacional) desde hace ya muchas décadas. Que no existiera un Tribunal o ninguna jurisdicción estatal que se hubiera encargado de hacer cumplir o sancionar la infracción de dichas normas internacionales, no pone en cuestión la vigencia de las mismas”…“la naturaleza mixta que en la actualidad tienen los delitos contra la humanidad, convencional y consuetudinaria, produce unos determinados efectos como consecuencia de la interacción de normas internacionales de varias clases.

La cristalización en normas escritas añade un importante plus de taxatividad y de previsibilidad a la conducta prohibida u ordenada por la norma penal internacional”…“el principio ‘nullum crimen sine lege’, es, se trata, de un principio de justicia superior. Expresa ante todo un principio de justicia y no puede haber mayor injusticia que llevar a cabo interpretaciones estrictas conducentes a la impunidad del sujeto. En definitiva hemos de decir aquí que desde una perspectiva internacional, existían en el momento de la producción de los hechos normas internacionales consuetudinarias de aplicabilidad general que prohibían claramente las conductas llevadas cabo durante la dictadura militar argentina por militares, fuerzas de seguridad del estado y civiles en la llamada lucha contra la subversión, aunque ciertamente la tipificación de dichas conductas basadas fundamentalmente en el artículo 6 c del Estatuto de Núremberg no tuvieran una absoluta precisión en los tipos y la tipificación de la contenida en el Convenio contra el Genocidio de 1968 no le fuera absolutamente aplicable. Sin embargo, ya existían suficientes elementos en el ámbito internacional para tener una idea cierta de que esas conductas eran constitutivas de un crimen contra la humanidad e iban no solo contra el derecho interno sino también contra el derecho internacional por lo que,  en virtud del principio de responsabilidad individual, también les era exigibles a sus autores y partícipes responsabilidad penal internacional por ese tipo de conductas. Consideramos, por tanto, que aunque posteriormente se haya producido una tipificación de este tipo de conductas en el ámbito internacional mediante su cristalización en tratados internacionales, ello simplemente añade un plus de taxatividad y de certeza a la previsibilidad general de la conducta prohibida u ordenada, por lo que no existen sólidas razones para negar el respeto del principio de legalidad, al menos en su manifestación de garantía criminal, a no ser que se haga una interpretación falsa y desviada de dicho principio”.

12.- En la República Argentina, al tratar el emblemático caso Arancibia Clavel, la Corte Suprema de Justicia de la Nación  sostuvo “que si los homicidios, la tortura y los tormentos, la desaparición forzada de personas, son delitos contra la humanidad, el formar parte de una asociación destinada a cometerlos es imposible que no lo sea, pues constituiría un contrasentido tal afirmación, toda vez que este último sería un acto preparatorio punible de los otros”… “los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos -entre los que debemos contar el formar parte de un grupo destinado a llevar adelante esta persecución-, pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 de la Constitución Nacional”. La Corte recordó que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de la humanidad “sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del derecho internacional público de origen consuetudinario.

De esta manera, no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos … en rigor no se trata propiamente de la vigencia retroactiva de la norma internacional convencional, toda vez que su carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificación de la Convención de 1968 era ius cogens, cuya función primordial es proteger a los Estados de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional de Estados en su conjunto, para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal”… “la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la convención, también esta costumbre era materia común del derecho internacional con anterioridad a la incorporación de la convención al derecho interno… en consecuencia los hechos por los cuales se condenó a Arancibia Clavel, ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de cometerse, con lo cual no se da una aplicación retroactiva de la Convención, sino que ésta ya era la regla por costumbre internacional vigente desde la década del ‘60, a la cual adhería el Estado argentino”

13.- Las torturas y demás tratos inhumanos perpetrados contra personas ilegítimamente privadas de libertad durante la dictadura militar en el período comprendido entre los años 1973 y 1985, constituyen crímenes de lesa humanidad a tenor de lo dispuesto en normas de derecho internacional  consuetudinario o convencional, obligatorias y vigentes al año 1980 en que se verificó el delito de marras, a partir de lo establecido en el artículo 6 literal c) del Estatuto de Núremberg.

La Constitución de la República admite la existencia de crímenes internacionales y su juzgamiento (art. 239), además de reconocer, por la vía del art. 72, el raigambre constitucional a todos los derechos inherentes a la persona humana como aquel que le asiste a las víctimas de delitos contra el derecho de gentes de acceder a la justicia para que se determine la responsabilidad penal de los partícipes.

Los homicidios, desapariciones forzadas de personas y torturas, contra personas privadas de libertad ocurridas en el período reseñado, además de ser crímenes de lesa humanidad también son conductas establecidas como delitos en el Código Penal, extremo que nos permite concluir que al ser considerados como delitos tanto por el derecho penal interno como por el derecho internacional, no se conculcan los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal (Cfme. Oscar López Goldaracena Derecho Internacional y Crimen contra la Humanidad - FCU - Tercera edición 2008).

Los delitos vigentes en el derecho interno y en cuyas descripciones pudieran subsumirse los elementos materiales de la tortura, ya habían adquirido el  atributo de lesa humanidad en virtud de las normas de derecho internacional obligatorias para el Estado.

Decir que el principio de legalidad penal queda limitado al marco del derecho interno apareja la inconsecuencia de irradiar al derecho internacional consuetudinario y convencional del alcance de aquel principio y el inevitable corolario de negar el juzgamiento de los crímenes internacionales porque los mismos no se encuentren tipificados como tales en ley interna.

No habremos de soslayar que el accionar del indagado, engarzado en actos arbitrarios cometidos contra el detenido Riet quien fuera sometido a interrogatorio en la misma sala donde se lo torturaba y a la que llegó encapuchado y maltrecho, extendiendo la mortificación traducida en aflicción moral, que de sólito permite una adecuación  plástica -en el tiempo de los hechos- al delito previsto en el artículo 286 del Código Penal bajo el nomen iuris de abuso de autoridad contra los detenidos. Por ende, no hay apartamiento del principio de legalidad, aunque la visión se limite exclusivamente al derecho interno, en el entendido que las conductas prohibidas ya estaban previstas como delitos en el derecho interno uruguayo.

En efecto; aquel que participó en estos crímenes desde el aparato represivo del Estado, como Álvarez Nietosabía que estaba incurriendo en delitos contenidos en el Código Penal. Mal podía ignorar que sus actos eran crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un plan estatal de represión generalizado y sistemático contra civiles. Con esta mirada va de suyo que no se violentan los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal más gravosa porque durante el período dictatorial existían  normas de derecho internacional penal de fuente mixta, consuetudinaria y convencional, que contenían a la tortura como crimen de lesa humanidad y normas de derecho penal que tipificaban como delitos las conductas constitutivas de los hechos de tortura.

La obligación del Estado de castigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad dimana del derecho de gentes o ius cogens el que se integra por un parquet normativo de origen consuetudinario que propende a la protección de valores supremos reconocidos por la comunidad internacional y obliga a todos los miembros de esa comunidad. Uno de los principios que rige a los crímenes contra el derecho de gentes desde la consolidación del Derecho Penal Internacional, es el que instituye la criminalización de ciertas conductas que se consideran de gravedad para la humanidad y no depende que sean punibles según la ley penal del lugar donde ocurrieron. A la época de los hechos investigados, el orden jurídico interno contenía normas (internacionales) que reputaban a la tortura como crimen contra la humanidad. Esas normas integraban el derecho positivo interno y esas normas penales internas, en cuya descripción típica puede subsumirse la tortura, adquirieron un atributo adicional (la condición de lesa humanidad) con las consecuencias que ello implica, en virtud de una normativa internacional que las complementó. En relación a los crímenes de lesa humanidad Jiménez de Asúa señala que “son tan antiguos como la Humanidad. La concepción jurídica es, sin embrago, nueva puesto que supone un Estado de civilización  capaz de reconocer leyes de la Humanidad, los derechos del hombre o del ser humano como tal, el respeto al individuo y a las colectividades humanas, aunque fuesen enemigos” (Jiménez de Asúa “Parte General del Derecho Penal – Filosofía y Ley Penal” 4ª edición  Tomo III pág. 1175 y siguientes – Ed. Losada – Buenos Aires 1977)

La convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (en Uruguay Ley 17347 de 5 de junio de 2001)  dispone en su art. 1 que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Con el giro “cualquiera sea la fecha” de comisión, no se está violando el principio general de la irretroactividad sino que se recogen e incorporan los principios que reglan este asunto en materia internacional desde fines de la Segunda Guerra Mundial y que básicamente estipulan que los actos inhumanos y persecuciones que en nombre del Estado buscan la hegemonía política, son imprescriptibles por naturaleza. En rigor no se trata propiamente de la vigencia retroactiva de la norma internacional convencional, toda vez que su carácter de norma consuetudinaria de Derecho Internacional anterior a la ratificación de la Convención de 1968 era ius cogens, cuya función primordial es proteger a los Estados de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional, para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal. Desde esta perspectiva, así como es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la convención, también esa costumbre era materia común del Derecho Internacional con anterioridad a la incorporación de la convención al Derecho interno.

14.- En el contexto internacional se precipitaron varios casos en los que, sin que existiera un marco legal regulatorio, se aplicaron penas originadas en delitos internacionales, construyéndose así la costumbre y jurisprudencia internacional, que ha venido aclarando el verdadero alcance del principio de legalidad, desde los Juicios de Núremberg y Tokio, que abrieron el escenario de la llamada justicia internacional en protección de la humanidad.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 14 de marzo de 2001 en el caso Barrios Altos, declaró la incompatibilidad de la ley de amnistía y punto final dictada en el Perú, con el Pacto de San José, ley expedida para garantizar la impunidad de crímenes cometidos por organismos o agentes del Estado, abriéndose un nuevo espacio para juzgamientos de crímenes internacionales en la región.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el  “Caso Simón”, sentencia de 14 de junio de 2005, también dejó sin efecto leyes de punto final y de obediencia debida dictadas en dicho país (las 23.492 y 23.521), normas que favorecían la impunidad de los delitos cometidos durante los periodos de las dictaduras militares. En esta sentencia en la que la Corte convalidó la utilización de una ley ex post facto de orden internacional para imponerles condena, como fue la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, señaló: “Así, se puede afirmar que so pretexto de la omisión legislativa interna, no es dable abstenerse de castigar los delitos en que era notoria la incidencia que tenían los perpetradores en los legisladores, quienes ya por intimidación, connivencia o simple indiferencia, se abstenían de incorporar a la legislación nacional la tipificación de tales conductas. Incluso, desde antes de existir la legislación internacional que sancionaba los crímenes de guerra, era previsible que los mismos fueran a ser tipificados como tales, según sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de mayo de 2010, en el caso de Vassili Kononov, exmilitar soviético  condenado en el año 2004 por un tribunal de Letonia; sentencia que fue avalada por el Tribunal de Estrasburgo. Hay que ser enfáticos en señalar que dicha flexibilidad al principio de legalidad es atendible exclusivamente a las cuatro categorías de los llamados delitos internacionales, vale decir a los crímenes de genocidio, agresión, de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario. La Sala recientemente se ocupó del asunto reconociendo calidad de fuente de derecho penal a los tratados internacionales suscritos por nuestro Estado con indiferencia de ley interna que los concrete y viabilice; y por tal razón, desde su entrada en vigencia se legitima la punibilidad de las conductas descritas en tales instrumentos y por tanto se entienden incorporadas al ordenamiento jurídico nacional. Así, siendo que las conductas contra el llamado Derecho Internacional Humanitario contenidas en los cuatro convenios ginebrinos de 1949 y sus dos protocolos adicionales, tienen rango de Tratado Internacional de Derechos Humanos, son incorporadas automáticamente a la legislación interna desde que se surtieron en nuestro país todos los pasos para que tal calidad pudiera ser predicada de los mencionados acuerdos internacionales”.

Pervive en el Estado el deber de prevenir y combatir las violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Es aceptable que se pueda predicar la aplicación del contenido de  instrumentos internacionales como fuente de derecho, en atención a la mora del legislador en acoplar las leyes a lo allí definido. Por esto, sería posible aplicar el contenido de un Tratado Internacional reconocido por el país respecto de algún delito allí prohibido y sancionado, aún sin existir ley interna previa en dicho sentido, sin atentar contra el principio de legalidad.

Si el Estado no cumple con el deber de tipificar los delitos para sancionar conductas atentatorias del Derecho Internacional Humanitario, no quiere decir que éstas queden en la impunidad. Y es que la impunidad no solamente debe ser entendida como ausencia de investigación y de sanción, sino de igual forma que la investigación y la sanción no correspondan a la gravedad del ilícito perpetrado, demeritando su trascendencia en el ámbito nacional e internacional  (Colombia - Sentencia de 2 de diciembre de 2010 en proceso contra Jorge Iván Laverde Zapata,Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López)

15.- Crímenes de Lesa Humanidades el nomen iuris que designa el conjunto de condiciones bajo las cuales se autoriza en determinados casos el desplazamiento de determinadas reglas de derecho interno por reglas de dere­cho internacional. Así, dadas tales condiciones, no se aplicará la garantía de la irretroactividad de la ley penal. El razonamiento es entonces el siguiente: a- dados determinados casos (el catálogo de crímenes en cuestión); b- y dadas determinadas condiciones (ataque generalizado y sistemático contra población civil); c- las reglas de derecho interno quedan desplazadas por normas internacio­nales (reglas relativas al debido proceso legal). 

El delito de tortura, será crimen de lesa humanidad si se da en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra población civil y es cometido por personas que participan de ese ataque. Se autoriza el despla­zamiento de las reglas de derecho interno sobre debido proceso legal (ámbitos material, personal, temporal y espacial).

El principio nulla poena sine lege ha sido invocado reiteradamente como obstáculo para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la prohibición de reglas ex post facto no es aplicable en el ámbito del Derecho Internacional, y específicamente en el caso de éstos crímenes. Como sostienen Abregú y Dulitzky “es ridículo exigirle al Derecho Penal Inter­nacional que se maneje con un principio de legalidad idéntico al de los derechos locales. Kelsen resalta la diferencia con suma claridad: “el Derecho Internacional General no prohíbe -como lo hacen algunas legislaciones locales- la promul­gación de normas con fuerza retroactiva” (Kelsen, 1965).”(vide Abregú, Martín y Dulitsky, Ariel, Las leyes ex post facto y la imprescriptibilidad de los crí­menes internacionales como normas de derecho internacional a ser aplicadas en el derecho interno - Lecciones y Ensayos, Nº 60/61, 1994, p. 126). De modo que corresponde reconocer el Principio de Legalidad Internacional, que se expresa en la fórmula nullum crimen sine iure, postulando como axioma que las incriminaciones deben tener base normativa, aunque las penas no estén formuladas de manera explícita.

El sistema jurídico internacional se encuentra edificado sobre el principio de legalidad (art. 11 apartado II de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: “nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el Derecho Nacional e Internacional.”)

La irretroactividad de la ley penal es una premisa política del Estado Liberal, que es dejada de lado en caso de crímenes de lesa humanidad. En efecto, el principio de irretroactividad de la ley penal debe ser entendido a la luz de las normas internacionales. Según el art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos “Nadie podrá ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable...” ¿Qué significa según el derecho aplicable? Significa según el derecho nacional o internacional pues no basta que la acción no sea delictiva en el derecho nacional y tampoco tiene que serlo según el derecho internacional; la expresión “el derecho aplicable” lo comprende todo: derecho nacional e inter­nacional.

La prohibición de toda legislación retroactiva debe entonces enmarcarse “en el entendimiento de que los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad de naciones, son suficientes para que un acto u omisión sean reconocidos como delictivos.” (Vasak, Karel - Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos, Barcelona, Serbal/Unesco, 1984, vol. I, p. 228)

La tipicidad debe configurarse “en el momento de cometerse” los actos, límite temporal que clausura la posibilidad de cualquier amnistía ulterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tópico en una decisión sobre la ley de amnistía en Chile. El Estado chileno afirmó que la derogatoria del Decreto Ley de amnistía no surtiría efectos contra los responsables de las violaciones debido al principio de la irretroactividad de la ley penal contemplado en el art. 9º de la Convención Americana.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que: “el principio de irretroactividad de la ley que consiste en que nadie puede ser con­denado retroactivamente por acciones u omisiones que al momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable, no podría ser invocado por los amnistiados por cuanto al momento de cometerse los hechos imputados se hallaban tipificados y penados por la ley chilena vigente.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N°133/99, Caso 11.725, Carmelo Soria Espinoza (Chile), 19-XI-99, párr. 76).

En los Juicios de Nuremberg, como la figura crímenes contra la humanidad nació vinculada a la de crímenes de guerra, en función de ese nexo, el Tribunal estableció un límite temporal a su competencia. El principal argumento para sostener que el derecho de Núremberg no fue retroactivo es el carácter vinculante del derecho internacional consuetudi­nario, que ya estaba en vigencia con anterioridad a los hechos bajo juzgamiento.

16.- En Comunicación No. 330/1988, presentada por Albert Berry contra el Estado parte Jamaica (Fecha de la comunicación: 6 de mayo de 1988), en cuanto a la reclamación en virtud del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, recuerda que toda persona tiene derecho "a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable",  lo que ha de interpretarse en el sentido de que las autoridades investigadoras no ejercerán presión alguna ni directa ni indirecta, física o psicológica sobre el acusado a fin de hacerle confesar su culpabilidad.

La prevención efectiva de la tortura y los malos tratos exige que cualquier incentivo que favorezca la utilización de este tipo de abusos para contribuir a las investigaciones sea eliminado. Por tanto la admisibilidad de declaraciones realizadas bajo ese trato, que en todo caso son inherentemente poco confiables, debe ser prohibida.

La actuación del entonces Juez sumariante Álvarez Nieto, conocedor de los tratos inhumanos que se dispensaba a las personas ilegítimamente privadas de libertad en aquel ámbito -de ahí que se trasladara a la Tablada a recabar deposiciones como las de Riet y Michelena-  comenzaba preguntando si se ratificaba de lo declarado en el acta que se había labrado en ocasión de los interrogatorios a cargo de los artífices de las torturas (vide papel numerado B.a Nº 033855 del expediente del Juzgado Militar de Primera Instancia de 4º Turno Nº 7/80 que corre acordonado). Y no tenía como soslayar tal extremo pues los declarantes, entre ellos Riet, eran conducidos con capuchas que recién se la extraían en su presencia, visiblemente maltrechos, corolario de los castigos recibidos en los interrogatorios; de ahí que al tiempo, cuando su familia y su hermana Gabriela Riet lo fueron a visitar, ni siquiera podía mover un brazo para alzar a su hija.

Álvarez Nieto no podía ser indiferente a los tratos inhumanos a que fue sometido  Riet, en tanto conocedor de la actuación del aparato represor  por haber integrado dotaciones militares al servicio de aquella  actividad, al estar a las resultancias de su legajo personal y los dichos de María de los Ángeles Michelena: “había un hombre vestido de militar que era el juez sumariante, de apellido Álvarez, sobrino de Gregorio Álvarez, que yo lo conocía porque en 1972 también fui detenida en Artillería Nº 1 y fui torturada por él y otros” (fs.32 vto); así como el testimonio de Miguel Muyala a fs. 35 “al único oficial que tuve oportunidad de ver sin capucha en la Tablada, luego que yo firmé un acta en ese lugar en 1980, un juez sumariante acompañado de un sargento escribiente para la ratificatoria del acta, esa persona se dio a conocer como juez sumariante capitán Roberto G. Álvarez…

En el cuartel de Artillería 1 pude escuchar a personal de la guardia hablar de que el capitán encargado del S2, que es clave de inteligencia, era el capitán Roberto G. Álvarez” (tratándose de un lapsus en tanto debió referirse a Rodolfo G. Álvarez). Y es en este contexto que, además, se infringía a Riet tormentos psicológicos en tanto inmediatamente antes de ser conducido ante Álvarez, se practicaba un simulacro de muerte de su hermana Gabriela Riet, tal como fue analizado precedentemente.

17.- La insoslayable incidencia de la adscripción de los tipos penales relevados, nos conduce a compartir, por su rigor técnico y  adecuada argumentación, la novel posición en materia de concurso de delitos que el Profesor Oscar López Goldaracena dio en llamar el  “Concurso ideal transicional”. Como señala el distinguido doctrino, se constata un concurso de delitos donde el supuesto fáctico categoriza como crimen de lesa humanidad (orden jurídico internacional, derecho internacional) pero también en tipos penales previstos en el Código Penal (orden jurídico interno, derecho interno). El mismo supuesto fáctico, desde la óptica exclusiva del derecho interno, muestra un concurso de delitos ideal. Esta modalidad concursal (fuente de derecho internacional y fuente de derecho interno) se verifica en la época previa a la positivización del crimen de lesa humanidad -Tortura- en el derecho interno,  que en el Uruguay operó con la Ley 18.026 del 25 de setiembre de 2006 (art. 22). Es un concurso especial en la medida que corresponde a un período histórico de transición del sistema de persecución y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, durante el cual el crimen internacional con sus características particulares no se encontraba incorporado como figura especial en los derechos internos, si bien los hechos constituían delito en el derecho interno (en la especie el delito de abuso de autoridad contra los detenidos,  previsto en el art. 286 del C.Penal). Este período se extiende desde la adopción del Estatuto de Núremberg (1946) hasta la plena implementación de los tipos y atributos de los crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio, como figuras autónomas en el derecho penal interno de cada Estado, lo que será relativo a cada país. El sistema de punibilidad se encontraba en transición hacia su solidificación sobre dos nuevos pilares: el reconocimiento de la Corte Penal Internacional establecida por el Estatuto de Roma, con competencia universal y la plena tipificación de los crímenes en los derechos internos.

Considerando el alcance del principio de legalidad incluyente del derecho interno e internacional, el encuadre jurídico penal de un crimen de lesa humanidad cometido durante el período de transición teorizado, lo será en base a las normas del derecho internacional que lo establecen, al no estar idéntica categoría en el derecho interno. Sin embargo, la labor lógica jurídica de categorización en los tipos penales existentes al momento de la conducta transgresora debe necesariamente considerar que el mismo hecho también califica en otros tipos penales de derecho interno, los que contemplan los mismos elementos materiales. Se verifica entonces un concurso especial de delitos originados en órdenes jurídicos diferentes (derecho internacional uno, derecho interno otro), en el que uno de los delitos aún no está tipificado en forma autónoma en el derecho penal interno. (Oscar López Goldaracena - op.cit. La Justicia Uruguaya Tomo 147)

18.- En el marco fáctico en que se debe elucidar la conducta del prevenido, echa de verse que el mismo plasmó ostensiblemente la figura del colaborador secundario, a través de una actividad colateral, pero nunca esencial. Su cooperación significó un aporte o contribución de carácter subjetivo a los autores. El grado de participación que corresponde endilgar a Álvarez finca entones en la complicidad en tanto su figura aparece como fungible, sustituible por otro, de actuación prescindible, pues sin su concurso el delito igualmente se hubiera cometido siendo que su cooperación no se erigió en decisiva, transcendente ni principal -nuclear- pero igualmente reprochable al recabar declaraciones a personas visiblemente maltrechas como el denunciante de marras a quien le hizo ratificar en el mismo escenario en que fue torturado, que el trato dispensado en aquel interrogatorio precedente fue correcto, además de  propiciar que Riet estuviera pendiente de los simulacros de torturas y muerte a su hermana en el decurso de la declaración ratificatoria. Desde luego que en aquel ámbito donde extraordinariamente se constituyó el juez sumariante (La Tablada) podía surtir el mayor efecto la mortificación psicológica, cuando menos aflicción moral, a la que fue sometido Riet, porque en ese centro clandestino de detención también se encontraba recluida su hermana Gabriela Riet.

19.- La prisión preventiva se entroniza en regla procesal por sus fines o teleología y norma material por sus efectos u ontología por ello se concluye que la misma representa una norma ambivalente o compleja. Pervive entonces el régimen general (regla procesal) de la prisión preventiva que habilita la misma cuando exista prueba pendiente de diligenciamiento y esta pueda frustrarse cuando el detenido sea puesto en libertad y obstaculice el derrotero procesal en curso. Empero, ello no exime al decisor de una apreciación ontológica en la que se visualice el grado de lesividad del bien jurídico tutelado que como viene de verse, resultó conmovido con el proceder del encartado, prohijando el tormento psicológico, acaso el principal soporte en que se asienta la imputación movilizada.

20.- Por los fundamentos expuestos y de conformidad a lo establecido en los arts. 7, 12, 18, 72, 239 numeral 1 inciso 1 de la Constitución de la República; Convención Americana de Derechos Humanos artículos 5 y 29 literal c; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículos 7 y 15 (Ley 13751 de 11 de julio de 1969); Declaración sobre la Protección a todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 15798 de 27 de diciembre de 1985); Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra (Ley 17347 de 5 de junio de 2001); Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley 17510 de 27 de junio de 2002); artículos 1, 3, 15, 18, 57, 62, 85, 286 del Código Penal; Ley 18026 art. 22; Leyes 18596 y 18831; casos del Tribunal Europeo (“las ejecuciones del muro de Berlín”) Streletz, Kessler y Krenz vs. Alemania y K.H.W. vs. Alemania; caso Kononov vs. Letonia;  casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Gelman vs. Uruguay”; Almonacid Arellano y otros vs. Chile”; Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y Otros vs. Perú) 

RESUELVO:

1.- Decretar el procesamiento con prisión de RODOLFO GREGORIO ÁLVAREZ NIETO bajo la imputación de un crimen de Tortura en concurso formal con un delito de Abuso de autoridad contra los detenidos.

2.- Póngase la constancia de estilo de encontrarse el prevenido a disposición de esta Sede, labrándose la correspondiente comunicación a  Jefatura de Policía de Montevideo.                                                                     

3.- Solicítese y agréguese los antecedentes judiciales e informes complementarios que fuere menester.

4.- Téngase por ratificadas e incorporadas al sumario las presentes actuaciones con noticia de la Defensa y del Ministerio Público y por designado como Defensor del imputado a los Dres. Sergio Fernández Galván y Graciela Figueredo

                                        Dr. José María Gómez Ferreyra

                                                        Juez   Letrado

TORTURA EN URUGUAY - postaporteñ@ 1750 - 2017-04-07 12:34:41
postaporteñ@_______________________________

POSTALINAS

Montevideo - Marcha 6/4

-No al decreto represivo, las calles son del pueblo.

Este jueves marchamos en contra del decreto del Poder Ejecutivo que restringe el derecho a la protesta.
El Estado policial avanza y resistimos, organizados y en las calles.

Concentramos a las 18 hs en la explanada de la UdelaR.

Rechazamos fervientemente este decreto que solo busca acallar por la vía represiva los movimientos sindicales, sociales y barriales en su legítimo derecho a la protesta, dejando a la arbitrariedad de las fuerzas policiales la política a llevar adelante frente a las manifestaciones populares.
Rechazamos la política represiva de este gobierno, que aplica los decretos contra las ocupaciones de lugares de trabajo y estudio y decreta la esencialidad de los servicios como respuesta a los conflictos sindicales.
Seguiremos saliendo a las calles para defender nuestros derechos y los del pueblo, seguiremos manifestándonos y haciendo valer nuestros derechos como pueblo organizado. En la lucha por un presupuesto más justo, volcado hacia los intereses de las grandes mayorías populares, en defensa del pleno ejercicio de sus libertades.
Seguiremos saliendo a la calle e intensificaremos la lucha 
frente a otro decreto más que rige a espaldas del movimiento popular y continua alimentando la política del miedo.
En la calle derrotamos la esencialidad en 2015, en la calle derrotaremos a este decreto reaccionario.

Uruguay: Un decreto anti-obrero

 

Hacer un poco de historia no viene mal, en tiempos de crisis los gobiernos buscan mantener la estabilidad a cualquier precio, el decreto 76/17 promulgado el 20 de marzo deja en claro hacia donde apunta el gobierno cuando se dan situaciones conflictivas, a las cuales no les interesa dar solución, recordemos que por primera vez en la historia de nuestro país el presupuesto quinquenal fue votado como bianual, lo que implica que este año la rendición de cuenta debería revisar algunas situaciones y redefinir presupuesto para los siguientes años de mandato, sumado a esto ya el año pasado hubo recortes importantes acompañados de una política fiscal que terminó gravando nuevamente el salario de los trabajadores.

En este año que es crucial desde todo punto de vista, en los tres primeros meses este gobierno muestra cual será su política intentando mantener la paz social a cualquier precio, para poder así seguir manteniendo sus metas fiscales y defendiendo al gran capital sin profundizar en los cambios como lo pide la clase trabajadora.

Es mucho más fácil para el gobierno transitar este camino de la “paz social”, para cumplir así con las metas propuestas con los organismos internacionales que permitan sostener la confiabilidad y el grado inversor.

Frente a esto hace ruido encontrarse con un movimiento sindical unido y fuerte que esté dispuesto a dar pelea por sus derechos.

El decreto 76/17 es otro más de una larga lista de métodos para intentar frenar diferentes conflictos por la vía de la fuerza, judicializando la protesta. Podemos nombrar varios, decreto 401/08 para trabajadores públicos, que deja a criterio del jerarca de turno el descuento a realizarse según las medidas gremiales que se lleven delante de manera totalmente autoritaria y desmedida, decreto 354/10 que obliga a desalojar edificios públicos atentando contra el derecho de extensión de huelga y finalmente el antes mencionado.

Contrariamente a lo que el gobierno nos quiere hacer creer, a través de las palabras del Ministro del Interior, quien manifestó que dicho decreto permitiría combatir la delincuencia, o las palabras de la Ministra de Desarrollo Social, que dice que de esta manera se podrá terminar con las rencillas entre burgueses. Sin embargo, la realidad demostró que apenas dos días después de entrar en vigencia, el mismo fue aplicado en perjuicio de trabajadores organizados que se manifestaban frente a su lugar de trabajo.

Esto no es casual ni mucho menos, si revisamos solo el último año encontramos que hace varias semanas se declaro la esencialidad al conjunto de trabajadores de INUMET (Meteorología) antes de que se tomara la medida de paro definida por el sindicato. Es obvio que la misma estaba destinada a mantener las ganancias de las compañías aéreas sin importar para nada los reclamos de los trabajadores. En la misma línea, pero de otra manera se trata de desacreditar públicamente a los compañeros de FANCAP y de la Unión Ferroviaria responsabilizándolos de temas que son únicamente responsabilidades de la Administración.

A nuestra forma de ver las cosas el gobierno marca dos tácticas claras para llevar adelante su política este año. Partiendo de la base que la mayoría de los consejos de salarios cerraron el año pasado y que este año la pelea presupuestal va a estar dada principalmente en el sector público, por un lado, busca dividir y desacreditar a las organizaciones sindicales y por otro donde no puede controlar aplica el garrote como forma de frenar las movilizaciones.

¿Qué debemos sumar a esto? Que desde nuestro PIT-CNT todavía no hubo un pronunciamiento orgánico en contra de este decreto, solo un conjunto de Sindicatos tuvo expresiones contrarias al mismo.

Desde aquí llamamos a que los sindicatos exijan al PIT-CNT a pronunciarse claramente frente a todos los decretos y leyes que coartan el derecho a manifestarse libremente en defensa de sus reivindicaciones. Convocando a una movilización masiva en repudio ante esta política que claramente es de derecha y defiende los intereses del capitalismo, allanando el camino que permita limitar la acción sindical y social en el campo popular.

También llamamos a promover una importante movilización intersocial de todas las organizaciones populares por la inmediata derogación de toda normativa represiva que atente contra el derecho a manifestarse libremente en defensa de los derechos y reivindicaciones del campo popular.

                                                           Rumbo Socialista – Uruguay

 

Queridísimo Uruguay te tengo que confesar…..  Para el negro

 

Uno ya no cree en las personalidades, Uno actúa y vive como quien construye un personaje. Y a los sesenta miramos lo que ha hecho de uno  mismo y bué, según.

No me quiero imaginar lo que voy a pensar de mí mismo si llego a los noventa. Uno no tiene tiempo para pensar hasta que tiene cierta vejez. Como decía el viejo, más o menos; uno se hace sabio cuando no tiene  donde caerse genio. O al revés, no me acuerdo.

 La individualidad se va desvaneciendo. Ahora me doy cuenta de porqué mi suegro nunca se fio de mi. El tipo estaba atento y sabía. La edad es un grado y sobre todo cuando quien tiene esa edad está tranquilo  sano y piensa.  Ya no es lo que te pueda decir un viejo sabio sino, sus largos silencios. Un viejo maestro al final, ya no  es de carne y hueso, sino que se muda en las personas. El guarda, el mozo de la esquina, tu hijo, cualquiera nos puedo tocar con esa barita una mili segunda y dejarnos mejores. Por un rato… hasta que olvidemos.

Tu hijo negro se murió de amor por vos. Y eso desde mi punto de vista es algo bueno. Esto de vivir negro, yo creo que no lo debemos tomar con gravedad piadosa y desconfiada. Esto todo es un juego de  amor y dolor. Vos también vas a morir de amor por él.

Te dedico esto.

DANIEL IRIGARAY

 

SACÁNDOME LA BANDERA!.....

 

AFIRMA MOYANO Y SUBRAYA “Nuestra crítica al chavismo no nos puede llevar a hacer frente común con la oposición burguesa”

Nota en posta anterior:"Cuando quieras saber dónde pararte, si están los milicos, ahí no"

Más adelante señala que el anti-imperialismo de Maduro es “BOCAMARO” intenta decir que Maduro es pura boca, ya que el término “BOCAMARO”  en Uruguay posee en los años 60 otro contenido 1) desprecio a  la ideología 2) los que decían  ser tupamaros y no lo eran. dejado de lado lo de Uruguay  entiendo   entonces que 1)  que Moyano olvida principios fundamentales del marxismo .La historia del pueblo venezolano no la escribe ni Chávez ni Maduro la escribe el pueblo Venezolano como en Rusia la historia no la escribió Ni Lenin ni Trotsky sino el pueblo ruso con su ejército rojo ,la historia China la escribo el pueblo chino y no Mao ,la historia de Cuba su pueblo cubano  y no el Che ni Fidel Ni Camilo Cienfuegos, Ho Chi Min no escribió la historia vietnamita la escribió su pueblo y todos estos pueblos dejaron millones de muertos escribiendo estas historias.

  2) segundo principio:  no nos entrometamos en los pueblos, cada pueblo se auto determina eso no quita la solidaridad o señalar errores y aciertos En primer lugar está el compromiso con nuestro pueblo

3) Nuestro pueblo posee un gobierno que es satélite del yanqui y podemos cometer dos errores intentar como Moyano decirle al pueblo venezolano por donde ir  Y OLVIDARSE QUE NUESTRO GOBIERNO APOYA AL YANQUI PARA EXPROPIAR EL PETRÓLEO ALGO QUE ES PIEDRA DE TOQUE QUE DEBEMOS ENFRENTAR AQUÍ EN URUGUAY al  Almugre, al Asterix al Tabaré, al Mujica a Jorge Vázquez que solos se ocupan de espiarnos para informar a la CIA que decimos, que pensamos, para ver si adivinan que HACEMOS, para luego enviarnos los GAVAZZO!

B) o cometer el error de la UP que no quiso investigar los negociados de Venezuela “pato celeste”  y muchos más porque era hacerle el juego al yanqui invasor ¿? Le pregunto a la UP el no investigar freno en algo los proyectos verdaderos del yanqui invasor en Venezuela ¿? En  nada en absoluto es tan así que hoy Tabaré al servicio del yanqui mando a cagar a Maduro y está obligando a Maduro ( que ya lo insinuó) que destapara todos los negociados ya denunciados por Chávez cuando preguntó “TABARÉ POR QUE AYUDAS  TANTO A TUS HIJOS”…( UN HIJO DE Tabaré ponía la pata en Venezuela explotando los negocios software y se instalaba en MIAMI si en EEUU!!!) o los negociados  del millonario Pato Celeste -Mujica  o UMISSA mas de 200 millones de dólares con el PCU ( partido comunista uruguayo).

4)  Moyano subestima el interés de EEUU en el Petróleo venezolano debería leer algo más de lo que ya tiene planteado el Comando Sur de EEUU sobre Venezuela y sus trapisondas políticas para Venezuela para atacar al Pueblo venezolano que LO PRIMERO QUE COMO IZQUIERDA Debemos RECHAZAR ES LA NUEVA INVASIÓN de COCHINOS  O LA PRIMERA DE ESTE SIGLO MAS ALLÁ QUE FIDEL COMETÍA TERRIBLES ERRORES HACIENDO DE CUBA UN SATÉLITE ECONÓMICO DE LA URSS, DEDICÁNDOSE SOLO AL MONOCULTIVO DEL AZÚCAR!!

5) SI NO NOS OPONEMOS AL Yanqui  a sus planes en Venezuela se cumple lo que señala Moyano de que; “Nuestra crítica al chavismo no nos puede llevar a hacer frente común con la oposición burguesa. “

6) No debemos dejar escapar algo muy interesante, en Argentina allá por Neuquén  y otros lados los yacimientos de GAS Y PETRÓLEO son GIGANTESCOS y  no se explotan!!!!! Es que EEUU NO LO SABE????

7) NUESTRO DEBER ES APOYAR EL PUEBLO VENEZOLANO EN SU ENFRENTAMIENTO AL INVASOR YANQUI. Eso en primer lugar, QUE DECIDIRÁ EL PUEBLO VENEZOLANO? ES DE SU PROPIA INCUMBENCIA  QUE ESTARÁ O NO LIMITADA POR LAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS .ADIVINAR ES FÁCIL PUEDE ALZARSE EN ARMAS Y DERROTAR AL YANQUI ,PUEDE DECIDIR QUE SEA Maduro el jefe  como puede cambiar de jefes ya que los Lideres representan el sentir del pueblo  y nosotros como uruguayos  no los vamos a sustituir PERO NUESTRO MAYOR DESEO ES QUE DERROTEN AL YANQUI INVASOR, YA QUE NEGAR LO QUE EEUU PREPARA ES UNA IDIOTEZ  YA QUE TODOS LOS DADOS YA ESTÁN JUGADOS Y HASTA JUEGA UNA POBRE BOLITA DE BARRO COMO LO SON Tabaré Mujica Almugre y Nin Damiani “el estanciero”!!

Algo que no se puede negar y que nos avergüenza ver  tremenda servil fechoría!!

Raul Martinez

Y…, LA OEA, ¿DÓNDE ESTABA?

VENEZUELA 1-4-2017

 

Escribe Mary Pili Hernández y quiero comentarles sobre el tema de la decisión sobre la AN. Hay una gran hipocresía política y comunicacional con respecto a la decisión del Tribunal Supremo de justicia. El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional tomó una decisión en la cual desconocía al presidente de la República. Esa decisión, que fue votada por todos los diputados de oposición, excepto la honrosa excepción de los tres diputados del partido de Henry Falcón, planteaba que el Presidente había abandonado su cargo (cuando era un hecho público y comunicacional que eso era falso) y que por tanto había cesado en sus funciones y se producía la falta absoluta del Presidente de la República. Además, convocaba a elecciones presidenciales en el plazo de un mes. En ese momento, no vimos a ninguno de los países de la OEA convocar a sus embajadores a consulta porque se había dado un golpe de estado en Venezuela.

Tampoco vimos a los opinadores de oficio, en los medios de comunicación social venezolanos o extranjeros, armando un escándalo porque se estaba dando un golpe de estado en contra del presidente de la República. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado un artículo de la Ley de Hidrocarburos que establece que los convenios internacionales y asociaciones extranjeras deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, la cual se encuentra en desacato, y en consecuencia, para no paralizar financieramente al país, el Tribunal Supremo de justicia decide que asumirá las competencias de la Asamblea, para poder aprobar esos contratos o esas asociaciones, y que la República pueda contraer los compromisos que sean requeridos, en especial en este momento donde la situación financiera venezolana es particularmente difícil. La República no puede detenerse, porque la Asamblea se encuentre en una situación irregular.

Es esta la principal razón por la cual el Tribunal Supremo de justicia asume esa decisión. El T.S.J. no ha dicho que se disuelve la Asamblea, ni mucho menos ha convocado elecciones de nuevos diputados o diputadas. Sin embargo, la alharaca en los medios de comunicación es que el Tribunal Supremo justicia disolvió la asamblea. Eso no es verdad. Lo que está haciendo es asumir las competencias, para que la República no se paralice, mientras dure la situación de desacato. Por cierto, desacato que sería muy fácil de eliminar, sólo que a los diputados de la oposición no les conviene hacer eso, porque se quedarían sin la banderita de la victimización, que les brinda la excusa para no trabajar, y para acusar a Maduro de todas sus incompetencias

En las próximas dos semanas, la República tiene compromisos financieros a los cuales debe responder, y esto no se puede paralizar por la situación de desacato de la Asamblea Nacional. Creo que es muy inconveniente para la institucionalidad de nuestro país, que los poderes públicos se conozcan entre sí. Sin embargo, para hablar en justicia, es indispensable recordar que quien desconoció al Presidente de la República fue la Asamblea Nacional, y que esta es una situación que no generó el escándalo que estamos viendo en este momento, debido a que no se correspondía con los intereses de la derecha nacional y transnacional. ¿Cómo se entiende esto de que asumir temporalmente las competencias de aprobar contratos y asociaciones extranjeras es un golpe de estado, pero desconocer al Presidente de la República y llamar a elecciones no lo es? Simplemente pura hipocresía política y comunicacional, que es utilizada para manipular tanto en Venezuela como internacionalmente.

Envió “el quique”

 

Marihuana Y Mala Onda 

 

Luis E. Sabini Fernández

http://revistafuturos.noblogs.org

Los esfuerzos del gobierno uruguayo de ser a la vez dos cosas irreconciliables: entregar todos los bienes de la tierra (y el mar y el aire) a las transnacionales ?basta ver la venta de tierras en los últimos diez años a empresas no precisamente locales? y a la vez alegar contra la penetración ¿se podrá decir imperial?;  luchar por la democracia y a la vez cultivar la imagen de defender lo revolucionario; defender la igualdad de los seres humanos y a la vez referirse a “peruanas dóciles”; defender nuestro medio ambiente y a la vez encontrar que nuestro suelo, nuestras aguas están buenas, con límites de seguridad ambiental bien protegidos, cuando todas las mediciones han sido más que intranquilizadoras; plantear la importancia de la justicia contra los delitos más aberrantes cometidos en el país y a la vez confeccionar un plebiscito suficientemente preparado para que un 48% de votos contra la impunidad sobre el total de electores (cuando a favor de defender la impunidad en el país no iba a conseguirse más de un 15%), terminara ?mediante “la avivada” de no hacer registrar los votos a favor ? en que algunos paniaguados se atrevieran a invocar que un 52% del electorado quería mantener la “caducidad de la pretensión punitiva”…

En este universo de lacerantes contradicciones, tenemos ahora que en un país con crecientes dificultades materiales, de pobres que se empobrecen, de inversiones que se ansían y se hacen rogar, de contaminaciones fuera de control, se le lleva a la gente un antídoto contra la mala onda.

En un país con intenso consumo de mate, se legaliza agregarle marihuana. Con el argumento de que NO se tratará de material psicoactivo. ¿Qué significa marihuana o cannabis no-psicoactivo?

¿Existe? Si no es psicoactivo, para qué incorporarlo a la yerba (que ya tiene ciertos ingredientes psicoactivos, como la cafeína)?

Interpreto que la legalización y vuelco masivo de marihuana en la yerba mate es un intento del gobierno uruguayo de hacer feliz, al menos más feliz a la gente.

Evitar la malarracha, la depre, la mala onda.

Cortar la tendencia al suicidio, alta en el país según estadísticas no muy difundidas.

La medida de nuestro superior gobierno me hace acordar a la política del gobierno de la era fordiana de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que distribuía soma gratis a la población, en rigor para hacer más llevadera las miserias cotidianas.

Extraordinaria la viveza del gobierno. Ya que el país va perdiendo todas sus riquezas, una  a una, dilapidadas y contaminadas por empresas ajenas (o nacionales), para que “la gente” no se bajonee, le damos un poco de soma.

Así gobiernan para “la gente”. Pero no necesitamos medidas risueñas sino sanitarias, laborales, educacionales, ambientales y, sepámoslo, desde nosotros mismos.

 

Comisión investigadora sobre espionaje en democracia citará a todos los ministros de Defensa e Interior de la posdictadura

 

La comisión investigadora sobre posibles actos de espionaje policial o militar desde 1985 a la fecha resolvió que citará a todas las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior desde la vuelta a la democracia hasta la fecha, según dijeron integrantes de este cuerpo parlamentario.

Varias fuentes de la comisión, que sesionó ayer, aseguraron a la diaria que “todos los integrantes coinciden en que hubo espionaje en tiempos de democracia”. En tanto, el diputado del Partido Independiente Iván Posada propuso crear una institucionalidad, preferentemente dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, para poder analizar los contenidos de todos los archivos hallados, entre ellos el encontrado por la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti y el elaborado por el difunto coronel Elmar Castiglioni. Respecto del “archivo Berrutti”, Posada consideró que “el Estado uruguayo no estableció ni un análisis de su contenido ni la calificación respecto de si la información puede dañar a personas investigadas. Hubo una total prescindencia, y me pareció que debíamos hacer algo en conjunto, al margen del trabajo de la comisión, y crear una institucionalidad para el análisis de todos estos archivos por profesionales de independencia técnica”.

Martes 04 • Abril • 2017 la diaria

 

CRYSOL propone diálogo de cara al cambio

de autoridades de la INDDHH

El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) -órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Parlamento- asumió funciones el 22 de junio de 2012. Según la ley que creó la institución (18.446), sus miembros son elegidos por un período de cinco años “y podrán ser reelectos para el inmediato sucesivo”. Es decir que en menos de tres meses se realizará una elección de autoridades.

El actual Consejo Directivo está integrado por Ariela Peralta, Juan Faroppa, Mirtha Guianze, Juan Raúl Ferreira y Mariana González. La ley prevé que para la elección de los miembros del Consejo Directivo, la Asamblea General designará “una Comisión Especial con integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria”.

Por tal motivo, la Asociación de ex presos políticos CRYSOL emitió un comunicado en el que señala que la INDDHH “es una herramienta fundamental para afirmar y profundizar la democracia, robusteciendo la aplicación de las normas de DDHH en el país”. Además, entienden que las organizaciones de la sociedad civil deben asumir el desafío de contribuir al proceso de renovación de autoridades “evitando, en lo posible, acuerdos políticos partidarios en base a lógicas filosóficas no compartidas”. Expresan que en CRYSOL son de la idea de trabajar con el fin de que las organizaciones lleven una propuesta consensuada que mantenga “el actual equilibrio de género, abarque las diferentes sensibilidades y asegure un adecuado equilibrio generacional”.

Para eso, convocan a una primera reunión en su sede social (Joaquín Requena 1533), el jueves a las 18.00.

la diaria 4/4/17

Repudiamos nuevo ataque químico criminal de

Bashar Al Assad en Siria

 

Se ha producido una nueva acción criminal y genocida del dictador Bashar con el apoyo de la aviación rusa de Putin. Un bombardeo con un elemento químico ha acabado con la vida de 72 personas y ha dejado decenas de heridos este martes 4 de abril, de madrugada, en la localidad de Jan Seijun, provincia noroccidental de Idlib (Siria). "El número de muertos confirmado es 72, veinte de los cuales son niños. Hay alrededor de 560 afectados. Pero todavía el personal está en shock, así que estimo que ésta no será la cifra definitiva", explica el doctor Mohamed Katoub, coordinador en Turquía de la Asociación Médica Sirio Americana (SAMS).

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos culpa del ataque a aviones del ejército sirio o de la aviación rusa, que habrían lanzado proyectiles cargados de gas sarín.

Este crimen se vuelve a cometer con la complicidad de los EE.UU. y de las potencias imperialistas que cínicamente hacen declaraciones de repudio pero dejan correr la existencia y las acciones criminales de Bashar y Putin.

Basta recordar la masacre química, que tuvo lugar en Ghouta, periferia de Damasco, en agosto de 2013. El ataque químico del régimen de Bashar al Assad mató, en cuestión de minutos, a más de un millar de personas, la mayoría de las cuales fueron mujeres y niños que estaban durmiendo tranquilamente en el Este y el Oeste de Ghouta. Como otras masacres, la masacre química ha pasado y el culpable sigue impune.

Llamamos a los pueblos del mundo y a las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de la izquierda mundial a expresar su repudio y solidaridad con el pueblo rebelde sirio.

Basta de bombardeos en Siria. Fuera todas las intervenciones militares extranjeras. Libertad a los presos políticos. Abajo la dictadura de Bashar al Assad. No al ISIS. Apoyo a la resistencia del pueblo sirio. Por la ruptura de relaciones de los gobiernos con la dictadura de Al Assad.

Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

5 de abril de 2017

- postaporteñ@ 1749 - 2017-04-06 09:51:29
postaporteñ@_______________________________

LA SOCIEDAD VENEZOLANA RESISTE

El año 2016 fue un período de malas noticias para la democracia venezolana. Luego de dos graves decisiones (Aprobar un decreto, bajo el nombre “Estado de Excepción y Emergencia Económica” para sustituir por la vía de los hechos a la Constitución; y luego suspender de manera ilegal e indefinida las elecciones a gobernadores regionales), Provea decidió calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura

 Dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, máxima corte del país, intentó a finales de marzo de 2017 profundizar alejamiento actual de la democracia. Las polémicas sentencias se deciden como consecuencia de la presión regional por el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana al país. El 21 de marzo la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para respaldar la iniciativa del Secretario General de la OEA, el doctor Luis Almagro, luego que diferentes sectores de la sociedad venezolana habían apoyado la continuidad del proceso de sanciones diplomáticas por parte organismo debido al quiebre de la institucionalidad democrática. La primera sentencia del TSJ, bajo el número 155, anulaba el acto parlamentario

calificándolo del delito de traición a la patria y afirmando que debido a su situación de presunto “desacato”, los actuales diputados no gozaban de inmunidad parlamentaria. Además, la sentencia ordenaba al presidente revisar y modificar diferentes normativas, entre las cuales nombraba la legislación antiterrorista, para que fueran aplicadas a quienes fueran acusados como “traidores de la patria

 El 29 de marzo, el TSJ aprueba la sentencia número 156, en la que decidía que las competencias de la Asamblea Nacional serían “ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”

 El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, calificó la decisión como un “golpe de Estado” realizado por una dictadura, mientras diferentes sectores de la sociedad venezolana y la comunidad internacional rechazaban las decisiones, las cuales comparaban con la decisión de disolver el parlamento de Alberto Fujimori en Perú. Precisamente el gobierno de este país retiró, “de manera definitiva”, a su embajador del país mientras que el gobierno argentino expresó su preocupación y alentaba el diálogo político; Panamá hacía un llamado al respeto del orden constitucional y el respeto a la separación de poderes y el gobierno de Estados Unidos rechazaba la usurpación de poderes de un ente electo democráticamente.

Por su parte el Secretario General de la OEA calificó la situación como un “autogolpe”, mientras que la Unión Europea expresó que la Corte venezolana ponía en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional. Entes y organizaciones de derechos humanos también opinaron sobre el hecho: CEJIL condenaba la erosión de competencias de la Asamblea Nacional, La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú solicitaba la aplicación de la Carta Democrática Interamericana; El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas pedía mantener la separación de poderes; a la par de otras declaraciones de Human Rights Foundation, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, A lo interno de Venezuela las reacciones fueron igual de contundentes. 45 ONG venezolanas afirmaron que la decisión profundizaba la ruptura del orden democrático; El Foro por la Vida denunció “golpe a la soberanía popular”; Fedecámaras indicó que había grave deterioro de los principios constitucionales; La Unidad de Acción Sindical recordaba que la soberanía residía en el pueblo; El Consejo de Facultad de la Universidad de Carabobo describió como crisis nacional; La Unidad de Acción Sindical apreció el agravamiento de la crisis institucional y el Partido Socialismo y Libertad argumentó la restricción de las libertades democráticas, entre otros.

Los acontecimientos tomaron un giro diferente cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, al opinar sobre las sentencias expresó el 31 de marzo: “Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

El presidente Nicolás Maduro calificó dicha conclusión como un “impasse”, convocando a un organismo sin competencias para dirimir conflictos entre los poderes, el Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), para resolverlo. La decisión de este ente fue “exhortar” al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las sentencias, procedimiento irregular que confirmó la ausencia de independencia de los poderes en Venezuela. 51 organizaciones de derechos humanos volvieron a pronunciarse para rechazar que esta actuación de CODENA haya resuelto la situación de quiebre democrático en el país, realizando 6 recomendaciones entre las que se incluían la renuncia de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.

El 01 de abril la Asamblea Nacional realizó una sesión de calle en Caracas, en la que su presidente, diputado Julio Borges, afirmó que la situación de Golpe de Estado permanecía. Esta actividad finalizó con una movilización, de alrededor 20.000 personas, quienes intentaron llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, protesta impedida por la Guardia Nacional Bolivariana quien impidió el paso y lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Otras acciones de protesta se registraron en diferentes partes del país.

 El 01 de abril también se reunieron los cancilleres de los países miembros de Mercosur, aprobando una declaración suscrita por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay basada en el Tratado de Asunción y sus protocolos. Allí se reconoció la ruptura del orden democrático, exhortando al Estado venezolano a respetar la separación de poderes, el estado derecho, los Derechos Humanos, las garantías individuales, así como a garantizar las libertades fundamentales y la liberación de los presos políticos.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) | N° 37, 4 de abril | 2016 |

 

El Defensor del Pueblo en Venezuela tiene que renunciar

Más de 100 organizaciones de derechos humanos, sociales y 19 colegios de abogados de Venezuela, solicitaron la renuncia del Defensor del Pueblo Tarek William Saab por haber apoyado el golpe de Estado al Parlamento, así como incumplir su rol en la defensa de todas las personas, sin discriminación

Las personas, organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil en general, que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra indignación por las declaraciones emitidas por el defensor Tarek William Saab el día miércoles 29 de marzo de 2017, en las cuales expresó su apoyo a la sentencia número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se le retiraba la inmunidad parlamentaria a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, se atribuye al Presidente de la República la facultad para revisar leyes y determinar discrecionalmente la aplicación de delitos militares; y de reconsiderar la pertinencia de la participación de Venezuela en instancias internacionales.

Ese día, 29 de marzo, usted, como presidente del llamado “Consejo Moral Republicano” (CMR), leyó un comunicado donde afirmaba que este órgano del Poder Ciudadano “manifiesta su firme apoyo a esta sentencia”, alegando que la misma, a su juicio, “evalúa apropiadamente elementos que ponen en riesgo la soberanía e independencia del país”  Hoy sabemos que de los tres entes que integran el CMR, uno de ellos está en desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de marzo la Fiscal General de la República la calificó, junto al dictamen 156 del mismo tribunal, como la “ruptura del hilo constitucional”, en medio de un amplio rechazo de ambas sentencias por parte de la comunidad nacional e internacional.

El apoyo expresado por usted a la referida sentenciano solo es fraudulento al ser presentado como una posición institucional, pese a no haber sido producto de un consenso entre los integrantes del Consejo Moral Republicano, sino que constituye un menosprecio de la institución parlamentaria, de la que usted mismo fue en algún momento parte, en abierta violación de la Constitución y del Estado de Derecho.

Como es del conocimiento público la institución a su cargo no cumple plenamente con lo establecido en los “Principios de París”, que norman la actuación de las defensorías del pueblo en todo el mundo. Debido a la ausencia de autonomía e independencia en el funcionamiento de la Defensoría, tanto durante la gestión de Gabriela del Mar Ramírez como la suya, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en octubre de 2016 tomó la decisión de rebajar la calificación de la Defensoría del Pueblo venezolana a categoría B. A finales del 2014, este organismo le había dado un año para que, en sus propias palabras, usted hablara “alto y claro” sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro país y señalara con claridad las responsabilidades del Estado.

En marzo del 2017, durante la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado Zeid Ra´ad al Hussein dedicó unos minutos para hablar sobre la preocupante situación de Venezuela, recordando la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo en nuestro país. No solamente usted no tomó las medidas para corregir esta situación, atendiendo debidamente y sin discriminación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, sino que, como lo demuestra su apoyo a una decisión que fue calificada por la Fiscal General y por la mayor parte de la sociedad democrática venezolana como “Golpe de Estado”, reincide en actuaciones cada vez más graves e inaceptables dentro del papel que debería desempeñar un Defensor del Pueblo en un contexto de crisis social, política y económica

 Por contraste, las organizaciones de derechos humanos tenemos como referente el valiente papel que desempeñó el primer Defensor del Pueblo en Perú, Jorge Santistevan de Noriega, ante la ausencia de democracia en ese país bajo la dictadura de Alberto Fujimori.

Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus atribuciones “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”. En este caso usted se aparta de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones  a los derechos humanos como en el caso los restos hallados en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV).

Por lo expuesto anteriormente, quienes suscribimos la presente comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos,  asuma el cargo; una persona que, en lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la impunidad.

Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente que esté a su lado: la población en general y las víctimas de violaciones de derechos humanos.

 

Tiempos de turbulencias y lucha política y social en Venezuela

Editorial #19 de Marea Socialista:

Equipo Operativo Nacional

El recule casi instantáneo del intento del TSJ de cortar de un tajo el hilo constitucional, abrió una nueva coyuntura en el país. Este intento  antidemocrático no fue el único ni el primero. Y, lamentablemente, tampoco será el último[1]

En este caso el presidente Maduro y la mayoría de la cúpula del PSUV chocaron de frente con su propia debilidad. Ésta se basa en el repudio popular masivo hacia su gobierno, construido por tres años de contrarreformas políticas y contrarrevolución económica. Y tuvieron que recular, por ahora, con el intento de eliminar otros derechos y garantías de la Constitución. Pero es bueno tener en claro que este retroceso es parcial,  ya que se mantienen en pie, en las resoluciones cuestionadas  (155 y 156 del TSJ [2]), los numerales que facultan al Ejecutivo a tomar decisiones inconstitucionales y entreguistas sobre los recursos de hidrocarburos y mineros  y otras medidas económicas tan entreguistas al Capital Financiero internacional como las anteriores. Y que todavía está vigente la estructura que limita duramente los derechos políticos de la constitución expresada en el Estado de Excepción permanente que vive nuestro país, entre otras limitaciones.

La correcta actitud, en este caso, de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, al declarar que las Sentencias del TSJ rompían el hilo constitucional, mostraron al mundo, la grave deriva totalitaria que, como política de Estado ha emprendido el gobierno del presidente Maduro. Hecho esto con el sórdido acompañamiento de un Tribunal Supremo de Justicia dócil, complaciente y cómplice.  Pero más todavía, dejaron a la vista una fractura política en el chavismo oficial hasta hoy oculta. Sale así a la superficie el malestar social hacia el gobierno de una parte sustantiva  y mayoritaria de la base del PSUV y del proceso que hasta ahora era contenido por el miedo y las amenazas.  Un dato marginal pero importante de lo que decimos es la participación de Redes, partido del GPP recientemente ilegalizado con la maniobra de la renovación de los partidos políticos, en el rechazo a las sentencias y en apoyo a la decisión de la Fiscal que convocó Marea Socialista en conjunto con la Plataforma en Defensa de la Constitución. Esa visibilización de la fractura en el chavismo cupular y el reforzamiento del que se da en la base, es en realidad la principal novedad política de la coyuntura que empieza.

La ofensiva totalitaria del gobierno, frenada parcialmente por el momento, es la consecuencia directa de la necesidad de una transformación contrarrevolucionaria, bonapartista,  del sistema político de la Constitución Bolivariana para aplicar el plan económico de entrega que tiene como símbolo el Arco Minero del Orinoco, pero que se extiende a toda la actividad económica descrita en los lamentables 15 motores y en las Zonas Económicas Especiales. Así los actores económicos estrella de este momento son, junto con las transnacionales mineras, petroleras y financieras, los miembros locales del gran capital como los Vollmer y los Cisneros entre muchos otros. Esta entrega y sus consecuencias antipopulares y antinacionales, en hambre, miseria y entrega de soberanía, sólo se puede sostener sobre la base de un sistema político totalitario y represivo que para legitimarse necesita a la cúpula corrupta de la MUD como rueda de auxilio del plan de entrega.

El otro hecho novedoso que dejó este intento de autogolpe, o más precisamente como diría Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, un nuevo “golpe en miniatura”, por ahora frenado, es que poniendo al gobierno a la defensiva, se abre un periodo, de duración incierta, donde lo dominante será la inestabilidad y crisis política, los intentos de contraofensiva autoritaria y represiva del gobierno, y lo más importante, la posibilidad de desarrollar la lucha política por recuperar los derechos, libertades y garantías vulnerados. Además, de la manifestación social en las calles por detener el ataque al salario, la alimentación, la salud y todas las conquistas socio económicas que nuestro pueblo obtuvo en la época anterior.

Entramos en un nuevo interregno, donde la debilidad de la cúpula madurista la llevará por su propio agotamiento a contestar con una represión indiscriminada pero a la defensiva y donde progresivamente se ha comenzado a perder el miedo a la soberbia criminal de esa cúpula.

Las dudas sobre la probable respuesta de nuestro pueblo deben dejarse a un lado. Debemos confiar en un pueblo maltratado, agobiado y angustiado por tres años continuos de hambre creciente, miseria y ataques a su nivel de vida y de derechos, pero al que debemos estimular, develándole la debilidad, traición y manipulación del gobierno. Darle chance a que este demuestre que no fue derrotado por los usurpadores y traidores de lo positivo del legado de Chávez.

Al tiempo que se escribe este texto se están desarrollando acciones de calle de la MUD que son violentamente reprimidas. Sostenemos que se deben respetar los legítimos derechos a la protesta a la movilización y a las exigencias de todos los sectores sociales y políticos. Y esto sin condiciones. Sin embargo estamos en la obligación de alertar a los sectores populares que apoyan a esa dirección política:

Afirmamos que la cúpula de la MUD, por su parte, actuará como hasta ahora. Facilitando por acción u omisión las acciones del gobierno. Está en su naturaleza, en su esencia neoliberal y entreguista,  la insistencia en el apoyo a la injerencista Carta Democrática, que refleja su desprecio encubierto por una salida verdaderamente democrática a la crisis actual.

La dirigencia de la MUD, aunque afirma luchar contra el gobierno, es un aparato adaptado al régimen autoritario, rentista y clientelar que viene construyendo el ejecutivo. Su ausencia de programa y propuestas políticas para detener la crisis económica y para la reconstrucción de un proyecto nacional, así como la participación directa en la jornada de relegitimación de partidos (en la que solo ganan las grandes maquinarias, ampliamente financiadas)  y la aceptación a las condiciones antidemocráticas establecidas por el CNE, demuestran su adaptación y vocación de disputa en el reparto estatal de la renta petrolera.

En esta nueva coyuntura estos viejos politiqueros, buscarán ganar la calle pero lo harán con un doble objetivo: a) recuperar el caudal de apoyo electoral que perdieron durante 2016 por su pusilánime respuesta a los atropellos del gobierno y su capitulación en las mesas de dialogo; b) sostener un esquema electorero del que solo ellos, además del PSUV sean parte, dejando por fuera a aquellas organizaciones que como Marea Socialista y muchos otros estamos por una verdadera recuperación democrática. Este esquema que no toma en cuenta a una parte importante de la población que no se siente representada por ninguna de las cúpulas.

Por eso tanto sus marchas, movilizaciones, declaraciones y discurso pseudo democráticos son funcionales a la instauración de un nuevo régimen político más autoritario que el de la IV república y similar al que quiere imponer el gobierno.

Las tareas que preveíamos para el 2017 en el Editorial #18 se han acelerado con el intento anticonstitucional del TSJ y su recule parcial. Ratificando en primer lugar la lucha contra los intentos totalitarios y nuestro reclamo por la plena vigencia de los derechos democráticos.

Reclamamos, también, el retiro total de las sentencias 155 y 156. La eliminación de los decretos de Estado de Emergencia que no son otra cosa que Estados de excepción antidemocráticos. La plena libertad y derecho a la legalidad y constitución de todos los partidos políticos ratificando de facto la vigencia de los partidos que participaron de las elecciones de 2015 y facilitando la inscripción de los nuevos.

Exigimos la restitución completa de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. No solo en los derechos políticos sino también en los derechos económicos y sociales vulnerados.

Para enfrentar de manera autónoma a las viejas cúpulas del PSUV y la MUD y con una política a favor del pueblo que vive de su trabajo convocamos a todos los sectores con los que venimos trabajando a dar pasos urgentes en la puesta en pie de la nueva referencia política que necesitamos, democrática, plural, anticapitalista, ecologista, feminista…

Frenado por ahora el impulso totalitario, vienen tiempos turbulentos, pero lo verdaderamente importante es que estos también son tiempos de lucha política y social, potenciales para la victoria del pueblo en lucha


[1]Editorial #18 Marea Socialista

 https://www.aporrea.org/actualidad/n306246.html

[2] TSJ http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/

197364-156-29317-2017-17-0325.HTML

 

Organizaciones de DD.HH. solicitarán en Naciones Unidas

que no se criminalice la protesta social en Ecuador

Este jueves 6 de abril de 2017, a las 05:00, hora Ecuador, la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) con sus filiales en Ecuador, Acción Ecológica, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) participarán en la pre-sesión de sociedad civil, antesala para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra - Suiza, donde el Estado ecuatoriano será evaluado por los Estados partes con el fin de mejorar la situación de derechos humanos en el país. Las organizaciones filiales de la FIDH presentaron sendos informes sobre la situación de respeto, protección y ejercicio de varios de los derechos humanos en el ecuador

Elsie Monge, directora Ejecutiva de Cedhu y vicepresidenta de la Fidh para Latinoamérica, expondrá ante los diplomáticos de más de 47 países, temas como la problemática del femicidio y la violencia contra niñas y mujeres; desaparición involuntaria de personas y graves violaciones a los derechos humanos; criminalización de la protesta social; la situación de las y los defensores de derechos humanos; y violaciones del derecho a la libertad de asociación. Además, las tres organizaciones mantendrán reuniones de cabildeo con los Estados partes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidaspara el Examen Periódico Universal que se realizará este 1 de mayo

El proceso de Examen Periódico Universal ocurre cada cuatro años y es la oportunidad para evaluar los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en el país. A puertas de iniciar un nuevo gobierno en Ecuador, las recomendaciones que reciba serán un insumo fundamental en su agenda de políticas públicas

Consideramos que esta participación es de suma importancia en el contexto de conflictividad social, agudizada por los resultados electorales del 2 de abril en el Ecuador. En este sentido, las organizaciones firmantes esperan que en el marco de este examen se respeten en el territorio del país las garantías de no criminalización de la protesta social y la generación de un entorno propicio para la defensa y exigibilidad de derechos, en especial a favor de las personas que se encuentran reclamando por la transparencia del proceso eleccionario

Finalmente, recordamos al Estado ecuatoriano que todas las personas deben ser protegidas y no perseguidas, hostigadas o criminalizadas por defender sus derechos nivel nacional e internacional. También, las organizaciones firmantes nos ratificamos en nuestro trabajo y compromiso por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, independientemente de quienes ocupen los cargos de elección popular. De esta manera, continuaremos interpelando al Estado ecuatoriano por el respeto pleno de los derechos de todas y todos.

Contacto de prensa:

Luisana Aguilar – Cedhu 0999240129 / Jessica Matute – Inredh 0998287754 /Ivonne Yánez – Acción Ecológica 0995919470

 

PERÚ / Marcha por los 25 años del autogolpe de Alberto Fujimori

Este 5 de abril se cumplen 25 años del autogolpe de Estado ejercido por el expresidente Alberto Fujimori. Movilización es una expresión de rechazo al autoritarismo y recuerda la ruptura del orden democrático.

Servindi, 4 de abril, 2017.- Diversas organizaciones civiles y colectivos convocan a la ciudadanía a participar de la movilización “25 años del golpe. Reconstruyamos el país”, con la finalidad recordar lo que significó el autogolpe ejercido por el encarcelado expresidente Alberto Fujimori.

La marcha se realizará el miércoles 5 de abril, fecha en la que se cumplirá 25 años del autogolpe. El punto de concentración será a las 5:00 p.m. en la plaza San Martín.

La manifestación contará además con expresiones artísticas. Los participantes realizarán serigrafía, performance y música, acompaños por los sikuris. La jornada también fomentará prácticas de solidaridad, ya que se recolectará donaciones para las personas damnificadas por los huaicos.

Esta movilización es organizada por  la Coordinadora Contra la Impunidad - CCI, plataforma que reúne a diversas organizaciones y colectivos con el fin de reafirmar lo que significa el primer cuarto de siglo después del golpe de estado perpetrado por el exmandatario. 

A 25 años del autogolpe 

El domingo 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori decidió ejecutar un autogolpe de Estado. A través de un mensaje televisivo se dirigió a la Nación, anunciando la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público.

Para muchos especialistas y ciudadanos, esta acción representó la ruptura del orden democrático, generando la era de uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Perú.

posta - postaporteñ@ 1749 - 2017-04-06 09:21:05
postaporteñ@_______________________________

LA REDOTA MERCENARIA

En cumplimiento de la ley votada a finales del año pasado, en abril regresarán a Uruguay los cascos azules. Se termina para el país una misión que dejó buenos ingresos para soldados y oficiales y que también trajo renovación de material militar. Queda atrás Haití, que sigue sumido en la extrema pobreza y en la corrupción política. Desde que la ONU llegó con esta misión hasta ahora, poco ha cambiado. Difícilmente Haití pueda estar peor de lo que está. Pero ya es hora de dejar a los haitianos decidir su futuro, sin ninguna bota arriba, por más pacífica que sea.

http://www.espectador.com/sociedad/349199/tropas-en

-haiti-lo-que-no-quiso-chifflet-y-renuncio

Si me cantabas con gran alborozo que en el ejército conquistador de la China formaban varios orientales, que otros compatriotas peleaban heroicamente... ¿Cómo no llamarte al orden, poniendo las cosas en su lugar para hacerte comprender que la exportación de semejantes productos desacredita una plaza... que es triste, muy triste, que un país quiera imponer a la consideración humana la más inútil, la más despreciable, la más estúpida de las funciones orgánicas de sus habitantes?

Florencio Sánchez.Cartas de un flojo

El 15 de abril se cierra la participación de Uruguay en la MINUSTAH, fuerza de Naciones Unidas que ocupa militarmente Haití desde hace 13 años y todo indica que seguirá haciéndolo. La intervención ha sido un fracaso para sus impulsores, profundamente dañina para Haití y también para Uruguay. Quiero ocuparme de esto último, que es crucial. No me banco el balance “positivo”, y menos el “no tanto para Haití, pero bue...”.

Lo que sostengo en esta nota es que el pro-imperialismo exacerbado es una tendencia estructural del Estado uruguayo, una sobre-compensación por la debilidad relativa de nuestra burguesía frente a sus “hermanas” de la región (no soy nada original en este análisis, ya se sabe), pero la actual variante militar mercenaria de esa política tiene un componente de largo aliento (el peso sobredimensionado del aparato militar inútil y parasitario como contrapeso de la “sociedad amortiguadora”, tampoco soy original en esto) y un componente coyuntural, la carga insostenible que representa ese aparato en la recesión económica actual, junto con la autonomía política que tiene en el período pos-dictadura (tampoco en esto). Esa política mercenaria coyuntural, sin embargo, está apoyada en una base estructural demasiado débil, y esto ha llevado a un “estrés militar” que ha sido UN FACTOR (junto con otros) en el fracaso de la misma en la participación en la MINUSTAH. De esta última afirmación, cierta o falsa, sí soy responsable.

Un verdadero galimatías dicho en telegrama, que habrá que desarrollar. Antes debemos decir algo sobre la dimensión global del problema de la MINUSTAH. Seguiremos el camino analítico mundo-continente-país (dos países en este caso). Como ya hablamos de esto en una nota reciente, lo resumiremos.

Y en lo que tiene que ver con Uruguay, nos centraremos (porque lo demás todo ha sido dicho) en nuestra hipótesis del “estrés militar” como factor que ha empujado al retiro de las tropas de Haití, porque las limitaciones y problemas del otro cuadro también pesan en el resultado del partido. También en cuanto a las perspectivas, porque si la política mercenaria es una droga para el aparato militar, y el Estado es arrastrado en su política internacional, se viene ahora el síndrome de abstinencia con todas sus consecuencias, por causas estructurales que veremos.

MUNDO  es aquí la decadencia de la hegemonía yanqui, también la crisis del sistema de imperialismo colectivo superpuesta al mundo unipolar sin alternativas que venía funcionado hasta ahora y que sigue sin alternativas, y el consiguiente caos rampante. Esta es la base estructural del fracaso de la ONU como intento sistémico de “gobernanza global”. No funciona ni puede funcionar, el caso de Haití da cuenta de ello.

La crisis de Naciones Unidas y la decadencia de Estados Unidos son temas muy amplios en los que no entraremos. Pero sobre la decadencia yanqui el debate de tres décadas terminó, alcanza con escuchar a Trump. “Make América Great Again” significa simplemente It is not anymore. Para volver a ser “Great”, recurriendo a socios globales y regionales, se armó el proyecto de “estabilizar” Haití, basado en la teoría del “estado fallido” y la “responsabilidad de proteger”, así llaman proteger sus propios intereses. Cuando fallan los sustentos de un estado neo-colonial en un punto vulnerable de la periferia capitalista representando un riesgo para la extracción de recursos y explotación del trabajo, tenemos un “estado fallido”. Puede ser una situación de penuria o conflicto que traiga una explosión migratoria afectando a algún país imperialista del entorno. Eso fue Haití.

No había guerra civil, ni posibilidad sería que ocurriese como demostraron los hechos. La ley internacional que habilita intervenciones de la ONU, reaccionaria y todo, no contempla casos así. Pero esa ley se reescribe sobre la marcha a punta de fusil y no de lápiz. La ocupación de Haití es un atentado contra la autodeterminación de los pueblos sin justificación siquiera en la ley hecha a medida de las intervenciones imperialistas. Importa entender POR QUÉ se hace, y con eso POR QUÉ FRACASA, una cosa va con la otra.

Debemos explicitar claramente qué queremos decir con FRACASO de la MINUSTAH.

Decimos que fracasa porque tras trece años NO CONSIGUE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, y termina aceptando expresamente que no ha podido hacerlo. Siempre se evalúa el logro o fracaso de cualquier cosa en función del objetivo propuesto, y no del posible Plan B o C cuando no se logra, o de objetivos hipotéticos fuera de contexto. El objetivo propuesto fundamental era reconstruir un estado neo-colonial que pueda gestionar su función asignada dentro del orden mundial, sin tener que ser “ayudado” por la intervención extranjera. No se logró en trece años. Tampoco se lograron los otros objetivos proclamados aunque fuese de boca para afuera, que tienen que ver con el “desarrollo” de Haití o al menos sacarlo del lugar de vulnerabilidad extrema ante, por ejemplo, los desastres naturales. Normalizar Haití aunque sea como colonia; nada de eso tampoco.

Pero también desde el punto de vista de las cuentas imperialistas la MINUSTAH ha resultado un mal negocio, lo mismo que las “misiones de paz” en general. La guerra imperialista va tomando otras formas, y ésta en particular está comenzando a ser obsoleta, para los mismos intereses imperialistas.

El fracaso imperialista en Haití es la incapacidad de mantenimiento del “nuevo orden mundial”, incapacidad general que vemos todos los días. Fracasa porque  cuando la crisis del sistema-mundo capitalista se descarga primero sobre la periferia provocando la destrucción y la ruina, el “nuevo orden” no puede aportar solución alguna porque es EL PROBLEMA. Pero da para ampliarlo en otra ocasión.

Sobre PERSPECTIVAS, y estrictamente con lo que tiene que ver con la ocupación militar, hay dos elementos contradictorios, la necesidad imperialista de fondo de continuarla, y la creciente imposibilidad práctica de hacerlo. Algo harán para conjugar una cosa con la otra, y poco más podemos decir por ahora.

CONTINENTE. Nos detendremos un poco en esto porque es algo desatendido en nuestro discurso militante.

Hemos dicho varias veces que Haití marcha junto con el continente, pero con el pie cambiado. Cuando toda Nuestra América vivía gobiernos neoliberales luego de las dictaduras militares, Haití intentó la breve experiencia socialdemócrata temprana de Jean Bertrand Aristide, salió de su espantosa dictadura avanzando dos pasos. Cuando la misma tuvo todos sus problemas, fue torpedeada y hundida, nuestro continente estaba ya en su propia “fase Aristide”, los gobiernos neoliberales habían provocado tal crisis y destrucción que fueron relevados por gobiernos socialdemócratas.

Los llamamos así en un sentido general, y a todos dentro de su gran variedad, porque tienen los límites estructurales de toda socialdemocracia y los han manifestado. No son anticapitalistas, y así, tampoco antiimperialistas pese a alguna verborragia. Esos límites ya los había adelantado el ensayo Aristide.

La paradoja, que tiene que ver con ese ritmo cambiado, es que los gobiernos socialdemócratas latinoamericanos mal llamados “progresistas” se prestaron al plan imperialista y fueron parte esencial (no todos) de la MINUSTAH. Sin su participación la misma no hubiese sido posible tenido una “cara hermana”. La “hermandad latinoamericana” estuvo basada en el abuso del hermano menor. Lo mismo que su adelantado Aristide, al no enfrentar al imperialismo en su raíz cortando las relaciones de dependencia, tienen que llegar a un modus vivendi para contener la disputa. Haití fue una prenda.

Pero de esta manera la MINUSTAH ató su destino al de este ciclo de gobiernos socialdemócratas, ciclo acotado a la coyuntura. La lógica de ese modus vivendi fue: Yo te ayudo a contener los límites de tu patio trasero para que no haya desbandes y “cosas de negros”, y vos me dejás respirar un poco.

Funcionó por un tiempo. Pero todos los ciclos se cumplen, el espacio coyuntural que permitió esos gobiernos socialdemócratas, se agotó. La causa principal del vuelco de situación no es externa, sino que está en la naturaleza de estos gobiernos que necesariamente los lleva a un callejón sin salida. En lo que nos importa aquí, la decadencia o caída de estos gobiernos hace cada vez más difícil que distraigan recursos y mantengan además la exposición política que significa la MINUSTAH. Por eso, uno a uno, se van retirando. Que lo hagan uno a uno, cada cual dejando a los otros por su cuenta, es otro elemento más que señala el fracaso.

PAÍS, primero HAITÍ. Es evidente que la sociedad haitiana tiene características muy particulares, que la diferencian del resto del continente. Ahí bien podría decirse aquello que se atribuye a Ben Bella, que más o menos es: “para un país que accede a la libertad, la victoria sobre la propia arcaica realidad sociológica es a veces mucho más difícil de obtener que el triunfo sobre la potencia colonizadora”.

Cuando la atroz tiranía duvalierista, dictadura colonial de viejo tipo llevada al extremo, se fue deteriorando y se hizo insostenible, la aguda penuria de la sociedad haitiana hizo MÁS FÁCIL dar en el plano político ese “dos pasos en uno” de que hablamos, ningún otro país latinoamericano (excepto Nicaragua) logró una apertura democrática que fuese también un intento avanzado de transformación social.

Pero luego de eso -evitemos el término “arcaico”- los problemas de la singular estructura social haitiana se fueron poniendo en evidencia e hizo MÁS DIFÍCIL la profundización del proceso. La crisis de régimen de Lavalas (Aristide) fue un modelo en pequeño de lo que pasaría luego con la socialdemocracia latinoamericana en sus distintas variantes, populista, bonapartista, reformista o social-liberal. La invasión extranjera y la ocupación siguiente muestran también la diferencia con los procesos del mismo signo pero distinta forma, hoy en el continente.

La misma fragmentación de la sociedad haitiana ha condicionado, por un lado, el proyecto de reconstrucción del Estado neocolonial, prolongando la tutela extranjera y haciéndola más obscena ante la debilitad de la construcción de un poder burgués que pueda guardar las apariencias de independiente. Y por otro lado, también, ha limitado el alcance de la resistencia popular. Ésta afloró y creció en todo este período y se ha mantenido en la pelea, pero no ha sido capaz de expresarse en un proyecto político maduro. Pero anotemos algo más en el haber: el fracaso final de Lavalas deja, en todo caso, el espacio para NUEVOS proyectos políticos que puedan expresar la resistencia popular.

Nos queda entonces: URUGUAY. En esto hay que una tendencia histórica de LARGA DURACIÓN, un fenómeno propio del PERÍODO POS-DICTADURA, y un fenómeno COYUNTURAL.

Hay una tendencia general a compensar la debilidad con servilismo hacia el poder internacional que impere en la época de que se trate. Es la forma congénita de ser de nuestra clase dominante pero la trasciende, ha modelado la política del Estado, y aparece como reflejo condicionado en cualquier situación emergente.

La hipertrofia del aparato armado como disuasorio pasivo y último recurso represivo ha sido también otra constante histórica como contrapeso de contención de la "sociedad amortiguadora". Pero en el período pos-dictadura esto se complica por dos factores: el costo desproporcionado del aparato militar (inútil además en términos de defensa) en relación a los problemas presupuestales crecientes del país, y la autonomía respecto del poder político que ese aparato cobró (por ejemplo retención bajo su órbita de organismos estatales civiles que no le corresponden, desbordes políticos anticonstitucionales de sus integrantes, aparatos de inteligencia clandestinos, etc.)

Esos elementos son los que determinaron la participación de Uruguay en las “Misiones de Paz” de Naciones Unidas, los de larga duración en cuanto al contenido, los de media duración en cuanto a la forma desproporcionada, porque se trató de hacer de dos problemas una solución: financiar al aparato armado por la participación de un socio que tomase sus servicios y compartiese sus costos, y dar algo que hacer a los militares que los tuviese lejos, en alguna medida. Pero esta solución trajo sus propios problemas.

Sobre la participación desproporcionada, alcanza con ver que Uruguay llegó a tener en la MINUSTAH, en relación a la población, 30 veces más efectivos que el promedio de la región. Sobre los costos, en realidad ha sido antes que nada una pantalla para cubrirlos, porque si bien Naciones Unidas ha contribuido a cubrir parte de los costos de las “misiones” (costos del servicio que toma) es solo una pequeña parte. Uruguay cubre el 70%, la ONU el 30%, si tomamos todos los costos de principio a fin: reclutamiento, entrenamiento, armamento, relevos, logística, administración, recuperación, costos sociales generados por la actividad, etc. No estamos incluyendo las jubilaciones militares

Esto es un procedimiento estándar, y en cualquier país NORMAL, que contribuya a misiones internacionales con una parte sensata del aparato que destina a su defensa territorial y que sostiene con su presupuesto en límites racionales, no daría ni para hablar. Pero Uruguay no es normal en esto. Por lo tanto, no puede extrañar que esa desproporción termine siendo una distorsión, y la distorsión un estrés. Y el estrés, cuando hablamos de cuestiones militares, una derrota

Porque la participación mercenaria de Uruguay en las “misiones” ha llevado a la derrota política. Ya no vivimos en los tiempos de los “guapos” que criticaba Florencio, la garra charrúa ha perdido su filo hace tiempo. Los militares uruguayos rechazan misiones que puedan significar riesgos bélicos reales y están sólo para “proteger civiles” (y pasemos por alto algunas de las cosas de esa “protección”). Y con tanta parte, Uruguay se retira de Haití pidiendo por favor un nuevo curro en otro lado para los pobres muchachos, pero hasta ahora nada.

Si no estamos dispuestos a seguir más en la aventura colonialista de la MINUSTAH, y justo estamos sentados en el CS de la ONU y en la presidencia, podríamos aprovechar la oportunidad, aunque sea en forma oportunista, de retirarnos mandando el tal discurso de principios anticolonialistas y Artiguistas y pacifistas y lo que venga, y hasta citar las cartas de Florencio. Pero... Mirá si se enojan, y misiones nunca más.

Vamos a repasar un poco el problema. La política mercenaria, en el grado en que se encaró, implica algunas cosas:

Reclutamiento. Como bien se sabe, las fuerzas armadas uruguayas tienen ya problemas para conseguir gente, sea tropa u oficialidad, no son atractivas. La promesa de misiones en el extranjero es un cebo compensatorio. Y allí empieza a rodar la bola de nieve.

Estructura, formación, entrenamiento especializado, y todos los costos subsidiarios en salud, vivienda y mantenimiento del personal en funciones.

Armamento y equipo. Sabemos que la cosa es un desastre, los aviones y helicópteros se caen, los barcos ya ni andan, las armas livianas y municiones van a parar a la delincuencia. Pero para justificar dinero en compras que al país no le sirven de nada, alguna cosa hay que encontrar.

Y así sucesivamente. Todo esto, puesto en marcha, forma una MASA INERCIAL que después resulta difícil frenar. Y si no se puede seguir y no se puede frenar...

¿Qué hay después de haber vuelto de la MINUSTAH? ¿Y qué hay de un balance político de esta participación? Habrá que seguir con el tema.

FERNANDO MOYANO - postaporteñ@ 1749 - 2017-04-06 09:06:29
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Inversión extranjera ¿para qué?

Se dice que precisamos inversión. ¿Por qué? No tenemos dinero?  Tenemos. ¿Entonces? Nos falta tecnología? La adquirimos, la compramos, contratamos técnicos, o nos ponemos a desarrollarla en el País. ¿No sería lo mejor?

¿Por qué nada de esto se hace?

Esta pregunta, complico las cosas. ¿Por qué?  Bueno, se hace evidente que entramos en un terreno que tiene que ver con decisiones,  que el URUGUAY, como NACIÓN debería asumir. Es decir,  decisiones POLITICAS.  “Si no trabajo la política nada me va a dar”. ¿Sera tan así? Veremos. Unas políticas, pueden quitar trabajo y por más que quieras hacerlo puede dificultarse;  el hacerlo o no, en las mejores condiciones.

Llegamos  a algo que,  siempre sostenemos, la importancia, de lo POLÍTICO.

Mucha gente nos dice:“si no vienen inversiones el Uruguay no tiene forma de tener trabajo”

De la forma, que está ORGANIZADA, nuestra Sociedad, es así. Es que acaso ¿ habría  otra posible ORGANIZACIÓN  de Nuestra Sociedad? Si hay otras. Más adelante, las esbozaremos.

Ahora, veamos lo que surge a partir DE ESTA REALIDAD                       

 Por ejemplo. Nosotros, en nuestro Departamento,  TENEMOS INVERSIONES EN OLIVOS. Esas inversiones, es evidente generan una dependencia, de una Patronal ( clan  BULGHERONI) que impone  abusos  en el trato. Despide personal, sin ninguna justificación. ¿Por qué? Son parte DE UNA OLIGARQUÍA DE PODEROSOS, a nivel mundial, que te manda la siguiente “señal”: nosotros hacemos lo que queremos”

Podríamos, “distraernos” comentando,  el origen de parte de los dineros,  usados allí. No es lo que nos interesa señalar. Estamos, tratando de explicar de qué forma podríamos prescindir de tales inversiones.

Precisaríamos para ello, de tres cosas,  mínimamente:

1 ) Otros políticos , 2 ) la PLANIFICACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR  y 3 ) LA EXISTENCIA DEL AHORRO y DE NUESTRO DINERO EN MANOS DE UN BANCO ESTATAL.  Un banco estatal, gobernado con otras intenciones. No el actual

Si tuviéramos, y eligiéramos,  políticos que gobernaran para los intereses de todos y no que estuvieran al SERVICIO de unos pocos.

Por ejemplo, en ese mundo  ”imaginario”(pero realizable) los políticos buscarían que países quieren comprar aceite de oliva. ( Lo mismo, para otros rubros).

Establecerían las cantidades que les interesan,  se fijaría el precio que les sirve a ambas COMUNIDADES, se acordaría UN PLAN. Acá, aparece una palabra clave: PLANIFICACIÓN. ( No solo en lo referente al comercio exterior, sino para el conjunto de la economía)

Es decir, se establece un intercambio comercial que durará  tantos años. De otra forma, sería imposible ponerse a plantar OLIVOS, para vender al EXTERIOR.

Es totalmente viable, plantar olivos con el objetivo que nuestra población consuma aceite de oliva, orgánico y sano. ¿Por qué no se ha hecho? 

Quienes elegimos y nos gobiernan,  no les interesa nuestro bienestar. Simplemente, se ponen al servicio de toda una trenza organizada del gran capital. Tanto de sus ramificaciones locales o externas. Así estamos.

De allí, la DEPENDENCIA que tenemos y es, la que percibimos y que nos lleva a pensar, “QUE NO HAY OTRA”

NO SOLO NO TENEMOS  la Sociedad que nos merecemos, sino que IDEOLÓGICAMENTE,  reclamamos  la que le sirve a otros.

Vienen las PASTERAS. Estamos “desesperados” para que lleguen. ¿Qué nos dejan?    Contaminación y pérdida de AGUA. Para vender troncos, que solo sirven para las PASTERAS.  Ni siquiera,  exigimos, ARBOLES  para un uso maderil.  E importamos maderas,  negándonos trabajo y SOBERANÍA

 ¿Qué decimos?” Por qué no se produce el papel aquí”.  ¿Porque no sabemos? que acá se produce en demasía, el papel que los uruguayos consumimos y precisamos. 

Es parte del dominio ideológico, que se ejerce sobre la población

Le niegan informaciones básicas. ¿Con que objetivo? HACERLE CREER QUE NO TENEMOS INDUSTRIA. Afirmar la idea, que  precisamos  llegue de AFUERA, la Inversión extranjera.  Nuestro País, no está en condiciones de industrializarse y por ello, DEPENDE  de inversiones externas.  Así hemos vivido y vivimos.

Un hecho tan sencillo y comprobable como la existencia de fábricas nacionales. ES DECIR TENEMOS PASTERAS Y PAPEL.  Que a partir de plantaciones de eucaliptus, unas decenas de miles de hectáreas, tenemos pasteras (FANAPEL, en Colonia) .  Que usa el proceso menos contaminante; un agua oxigenada, no USA CLORO (gran contaminante). Fabricamos, papel higiénico (IPUSA),  tenemos cartón (PAMER, en Mercedes, Soriano).  En CICSSA, Paso Carrasco, entre otras producciones,  bobinas de papel para diarios. Todo esto ha existido por décadas, ante nuestros ojos y ha sido una realidad.  ¿Sin embargo?

SE HAN ENCARGADO DE NEGARLO. El papel de los grandes medios de manipulación de la opinión pública

Este hecho, después JUSTIFICA, que reclamemos  la inversión extranjera

Preferimos, una nota corta, le vamos a ir dando final.

Dos constataciones: 1) la no protección de nuestro mercado interno y otras jodas y acomodos, han ido deteriorando la producción y el empleo, en algunas de estas INDUSTRIAS. Los dueños, del diario EL PAÍS, por ejemplo, importan de forma casi monopólica  las bobinas de papel diario, que después venden en el mercado interno. Perjudicando, el empleo local y haciendo grandes ganancias, de importar trabajo ajeno. Bueno, sabrán a que sector político, defiende este diario.

2) en todo este ejemplo, quienes ven la necesidad de la inversión extranjera, aun la seguirán DEFENDIENDO. ¿Por qué? Entre otras cuestiones, estarán pensando que falta empleo. Y tienen razón. Esto tiene que ver que no solo debemos PROTEGER Y DEFENDER,  el mercado interno y el empleo local.  Sino que además, tenemos que empezar a pensar en otras formas organizativas, para nuestra SOCIEDAD

Vamos a empezar esta parte, con una pregunta,  ¿a qué animalito puede ocurrírsele que si tiene todo lo necesario ( igual” quisiera “trabajar,) en lugar de disfrutar lo que tiene?

Cualquier “animalito”, si tiene lo necesario para vivir.  ¿Qué hace? Se dedica a disfrutar. A lo sumo, puede por precaución ( lluvias,  tormentas, etc. ) poner a recaudo los alimentos Después a divertirse. En todas sus variantes.   Esparcimiento, recreación, vacaciones (dos veces por año), comer “afuera”, tantas cosas más que nos faltan y serian viables.

Sin embargo, el ser humano bajo el actual sistema socioeconómico que se ha dado, EL CAPITALISMO,  aun estando lo necesario (poca cosa más lo resolvería) vive ENLOQUECIDO  por tener trabajo.  ¿A QUE SE DEBE?

El,  como persona, como parte integrante de la SOCIEDAD, no dispone de lo producido. Ni siquiera, dispone que producir, cómo, no generando desempleo y para quiénes. Entre tantas cosas a DECIDIR.

SON OTROS. Los dueños, de los instrumentos de producción QUIENES DISPONEN. Por lo tanto, se  ve obligado, a tener trabajo. De no tenerlo, no disfrutaría, de todo lo que ya está ahí. LO MARGINAN.  Pierde, la oportunidad de tener ingresos y con ello, comprar lo ya hecho. De ahí, su DESESPERACIÓN.

No solo ello, gran parte del TRABAJO, no se dirige a resolver sus necesidades. TODO LO CONTRARIO, se dispone producir para otros, extraños a  su Sociedad, porque a  los QUE MANDAN, les da ganancia extra.

Por lo tanto, lo que está planteado es cambiar esta REALIDAD por OTRA. Para ello, debemos ORGANIZARNOS.  Sin ello, nada cambiaremos. 

Queda esbozada, en qué  consiste, esa NUEVA SOCIEDAD. PLANIFICADA. Con el objetivo, de satisfacer, las necesidades de todos. Resuelto, entre todos, DEMOCRÁTICAMENTE. Esa PLANIFICACIÓN, no excluye la presencia de agentes emprendedores, ni la iniciativa privada y particular, de cualquier ciudadano. Es más fácil, que “querer controlar”.  Esto daría, para un desarrollo mayor. De todas formas, queda  enunciada una idea básica, para evaluar. Para pensar.

Lo fundamental es, lo PLANIFICADO, ESE PLAN, concebido democráticamente, Y REALIZADO,  a partir  de una enorme organización, ciudadana y popular.

MUY DISTINTO,  al dominio de unos pocos PODEROSOS que nos mandan y DISPONEN, HOY.

Sería una Sociedad Socialista, la que decidiríamos, entre todos. ¿Qué Socialismo, democrático, que instituciones, como participar, etc., etc.?

Sin duda, no precisamos de “la inversión extranjera”.  Por ejemplo, en las PASTERAS, estas no invirtieron nada. El URUGUAY, SOLICITO UN PRÉSTAMO ( es decir, nos endeudamos) y con ese dinero, “ se hizo la inversión”.  Entre tantas cosas, esto explica en parte, porque crece tanto, “nuestra “ deuda  externa.

Lo dicho, al principio, no precisamos inversión extranjera.  PRECISAMOS: 1) otros políticos, 2 ) la planificación del comercio exterior  y  3 ) una BANCA  ESTATAL, distinta.  Estas 3 cosas, tendrán un desarrollo en otros AVANZA.                                                                

Hoy, esbozamos, algunos conceptos, enfrentamos  una parte de tantas mentiras, les remarcamos que hay desarrollo industrial. Que podría haber muchísimo más.  Que todo esto solo tiene SALIDAS, a partir de conformar un enorme PODER POPULAR, QUE HAGA VIABLE  OTRA REALIDAD.

QUE SEPAMOS, que esta realidad que nos obligan a vivir, no es ineludible.

Pero sola  no cae. La invitación a acercarse, queda hecha. La arena es un puñadito, pero ¡hay montañas de arena!!

INCLUSIÓN FINANCIERA

Vamos a entrar en un tema, donde el F.A. aparte de otros negociados, prepara el camino y se encarga, (papel político), de SERVIRLE A LA BANCA PRIVADA

A los banqueros. A  los especuladores. Se encarga de servirle (papel político), a los sectores poderosos de la Economía Capitalista (minúsculos socialmente), que de la nada, de la estafa, crean Riquezas, acumulan Dinero.

Manejan,  se sirven  del dinero plástico. Generan ganancias, concentran riquezas. Disponen de más poder y todo esto es, resultado de determinadas posturas políticas.

Esto es, que siga vigente la ley de la competencia.

Justifica con el cuento que el mercado,  con los distintos “agentes económicos en competencia”, DISPONGAN, (entre tantas cosas más) EL CRÉDITO USURERO.

Ley de la competencia, pergeñada por blancos y colorados y continuadora de las políticas liberticidas y aperturistas, iniciadas por la dictadura gran  empresarial y militar.

Sumatoria de blancos y colorados, colorados y blancos, y siempre colaborando con sus políticas el ejecutivo, del Part. Independiente.

HOY, se agrega a esta “familia ideológica”, el P. de Gente de Edgardo Novick. Nuevo engaña-bobos, hacia nuestro PUEBLO. TODOS al servicio de los mismos intereses antinacionales y antipopulares.

En sintonía con ellos, sirviendo a los mismos intereses del GRAN CAPITAL, el Encuentro Progresista-Nueva Mayoría- Frente Amplio.

“Distintas”, familias ideológicas, es  parte de su discurso y con ello confunden y dividen a nuestro PUEBLO, que cree elegir distintos, sin percibir que defienden los mismos intereses.

De todas formas, no dejamos de reconocer que, “hasta ahora”, el F.A. ha podido conservar para sectores de la clase trabajadora (no todos), mejores condiciones de ingreso y de trabajo.

Pero esto, ya empieza a ser PASADO

Y en el tema BANCA, la Desvergüenza de Emitir Dinero (a partir del ahorro de los uruguayos), y el BROU prestar a tasas usureras. 36%, “el crédito social”. Interés, que tiene el propósito de hacer viable y gananciosa (para ellos) la presencia de la banca extranjera.

AHORA,  ley de inclusión financiera mediante, a partir de la  tarjeta plástica (crédito y débito) lograr ACUMULAR MAYORES RIQUEZAS, ENTRE OTROS, LA BANCA EXTRANJERA.  A partir de sus distintas tarjetas. PUEBLO, aún pequeños y medianos capitales, a no engañarse en esto todos están juntos. Blancos, Colorados, Indep., P. de la Gente. ¿Los oyó declararse en contra? Aún, después de esta positiva actitud de CAMBADU, del Comercio Organizado del Interior contra el gran  robo de la BANCA, sobre servicios y comercios? ¡!Claro qué no!!

Que esta ESTRATEGIA, sirve además para que las GRANDES SUPERFICIES (mayoritariamente, capital extranjero),  sigan apoderándose del mercado interno

Nuestro PUEBLO, ni siquiera EXIGE que una moneda extranjera no cotice, en su mercado interno.  Ello implica, que ésta desplaza la moneda nacional. Pérdida de Soberanía.

Nuestro PUEBLO, no EXIGE que la presencia de la tarjeta plástica sólo sea del BROU. ¿Por qué?

Son transacciones del comercio interior que nada amerita la presencia de tarjetas “internacionales”, para que lucren (actual  situación) a costa de todo el comercio minorista y de los consumidores. De éstos, en el futuro.

ESTO ES DETERMINADA POLÍTICA. Compartida por todos.  La UNIDAD POPULAR, es el único partido político que plantea la ESTATIZACIÓN DE LA BANCA.  Otro Estado, el que surgirá de otra organización de NUESTRO PUEBLO.

La UNIDAD POPULAR, impondría la presencia de la tarjeta estatal “sin costo”(a lo sumo, un mínimo), por razones de seguridad. HOY, comprensibles. Por supuesto, nada de obligatoriedad. Quién quiera disponer de dinero efectivo, lo hará.

Pero, ¿qué puede exigir un pueblo que no tiene organización? ¿Qué puede exigir un pueblo, que confía que poniendo un papelito, cada 5 años, encontrará soluciones? 

Porqué emitir un billete de mil pesos o de dos mil, cuesta menos de $2.

Pero nuestro potencial emisor se agota, en pagar intereses y amortizaciones, entre otras cosas,  de una deuda externa INNECESARIA. En otra nota explicaremos, porque es innecesaria, y quiénes la contrajeron, y como ello, los beneficia. De esto, nuestro pueblo nada sabe.

INCLUSIÓN FINANCIERA, le da potestad a las tarjetas de plástico, de exprimir, esquilmar al pequeño bolichero, al pequeño y mediano capital, en servicios y comercio, y en toda la cadena de pagos. Todo esto además, posibilitará que las grandes superficies, sigan apoderándose de más mercado interno. Que capitales extranjeros (mayoritariamente), se lleven en ganancias, el dinero de los uruguayos, hacia el EXTERIOR.

HOY, engañabobos, le dan ventajas al consumidor para ayudar a masificar la presencia de la tarjeta (de débito, especialmente) entre la población. Quiere algo más lindo, para el cazador, que ver entrar un animalito en la trampa.

Pero, ni la LEY, ni nada, especifica que esto no podrá cambiar. En 2014, año de la LEY, a los comerciantes se les brindaron BENEFICIOS. En 2016, se los QUITARON.

AHORA, llegó la hora de tratar de engañar al consumidor, el conjunto de la ciudadanía. Al pueblo. Después, se terminaran los descuentos, y se deberá pagar por toda transacción.

Lo dicho.  Algo más,  el candidato presidencial del Partido Nacional, el Sr. Luis Lacalle Pou DECLARÓ que “ante esta ley no se están moviendo los políticos, solo los comerciantes”.  Esta liviandad, debería costarle caro. Sin embargo, nuestro pueblo inteligente, a veces, no lee bien

¿Por qué no se expresa él, contra la LEY?  POR QUE SU PARTIDO,  el ejecutivo de los part. Colorado, Indep., el Part. de la gente, el F.A., todos juntos están para servirles a los GRANDES CAPITALES. De adentro y de afuera. A la BANCA y a los capitales, que están detrás de las GRANDES SUPERFICIES.

¿Qué quiere? Que se lo digan. Que le digan que están para defender los intereses de los GRANDES, a costa de parte de sus ingresos. En ese caso  ¿Ud. los votaría?

No lo van a hacer, por eso es importante esta “CRUZADA”, iniciada por el comercio minorista, compuesto por medianos y pequeños capitales. No sabemos, como terminará. Los SERVILES, al servicio de los grandes capitales ya empezaron “a mover piezas”.

En el comienzo, era la LEY, y no había cambio alguno. El GOBIERNO, no intervenía. LAS DECISIONES,     los acuerdos se establecían entre particulares. Comercio y dueños, de tarjetas y post.

AHORA, ante la posibilidad de realizar UN PLEBISCITO. HABLAN de REGLAMENTAR, de bajar el costo de las tarjetas. LUCHAMOS, contra una institucionalidad muy bien instalada, tenemos escasez de sectores del campo popular organizados con UN PROGRAMA ALTERNATIVO CLARO.

De desactivar el PLEBISCITO, HABRÁN LOGRADO DEBILITAR, lo nuevo y bueno qué ha surgido en el CAMPO POPULAR

Se tomarán un respiro en sus pretensiones de JODERNOS. ENTRARÁN con costos menores. Después, los cambiarán. Ya lo han hecho. Luchamos, contra gente inteligente, que tiene una ESTRATEGIA y sabe, a quién debe BENEFICIAR.

EL CAMPO POPULAR, no tiene aún una ESTRATEGIA PROPIA, ni claramente definido su PROYECTO ALTERNATIVO.

En principio, apoyo a esta lucha de “los bolicheros”, de los pequeños y medianos capitales, a que el consumidor (conjunto del PUEBLO) NO SE ENGAÑE, con los “regalitos”, “las lisonjas”.  Hay que sacarse el sombrero, son hábiles. El saberlo, puede ayudarnos, a dar mejor la lucha.

¡Qué pasen bien!! Un gran saludo,  “pa los Sánchez”.

GRUPO DPTAL ANDRESITO ARTIGAS. LISTA 8.

ESPACIO FEDERAL ARTIGUISTA

UNIDAD POPULAR

Julio de la Llana - postaporteñ@ 1749 - 2017-04-06 08:59:38
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Victor KLEMPERER: "LTI: La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo" (1947)

Klemperer, en su materia, es un equivalente de lo que significa Darwin en ciencias naturales: es la capacidad —en condiciones en las cuales se está exponiendo la vida— de ver cosas minúsculas, u otras que de tan inmensas se hacen invisibles, y registrarlas minuciosa, tercamente, para luego ordenarlas, analizarlas y correlacionarlas hasta descubrir la ley que las une.

Darwin y Klemperer representan la ciencia llevada al plano de la aventura, tal como la definía Whitehead: la conjunción de riesgo físico aceptado junto a audacia del pensamiento.

La humanidad ha sido infinitamente afortunada de que ellos (y sus investigaciones) sobrevivieran a las múltiples asechanzas implícitas en sus búsquedas, peligros que en el caso de Klemperer abarcan cada segundo de su vida desde la adopción de las leyes de sangre por los nazis en 1935 hasta la derrota del Tercer Reich diez años más tarde.

El monumental resultado de aquel esfuerzo es “LTI: La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo” (1947), donde “LTI” (lingua tertii imperii) era un desesperado intento para que en el caso de que alguno de sus apuntes —escritos con letra micrométrica en papelitos varios— fuera descubierto en una requisa, el tema al cual estaban concernidos no quedara declarado explícitamente.

A continuación se transcriben algunos fragmentos del comienzo de la obra, la cual no por rigurosa es menos atrapante. En suma, doblemente recomendable.

Heroísmo

(EN VEZ DE UN PREFACIO)

[…] En el llamado «instituto nocturno» de la Universidad Popular de Dresde y en los debates organizados por la Asociación Cultural junto con la Juventud Libre Alemana, me llamó la atención más de una vez que los jóvenes se aferraran a argumentos del nazismo, con toda inocencia y en un esfuerzo sincero por remediar lagunas y errores de su formación durante todos esos años. Ni siquiera se daban cuenta; los usos lingüísticos heredados de la época anterior los confundían y los seducían. Hablábamos del sentido de la cultura, del humanismo, de la democracia, y yo tenía la impresión de que pronto se haría la luz, de que algo se aclararía en aquellas mentes tan llenas de buena voluntad... y de repente, de forma inevitable, alguien se refería a un comportamiento heroico o a una resistencia heroica o al heroísmo en general. En el preciso instante en que este concepto entraba mínimamente en juego, la claridad desaparecía y volvíamos a meternos de lleno en los nubarrones del nazismo. No solo los jóvenes que acababan de regresar de los campos de batalla y del cautiverio y no se consideraban debidamente tenidos en cuenta y menos aún celebrados, sino también las muchachas que no habían prestado servicio militar: todos ellos estaban totalmente cautivados por esta dudosísima concepción del heroísmo. No cabía la menor duda, desde luego, de que no podía establecerse una relación realmente adecuada con la esencia del humanismo, de la cultura y de la democracia cuando se pensaba de este modo sobre el heroísmo o, mejor dicho, cuando se erraba de este modo al pensar sobre él.

¿Pero en qué contextos se presentó la palabra «heroico», con toda su parentela semántica, a una generación que en 1933 apenas había superado aún la fase del aprendizaje del abecedario? La respuesta sería, sobre todo, que siempre la vieron de uniforme, con tres uniformes diferentes, pero nunca de paisano. […]

Durante doce años, el concepto y el vocabulario propios del heroísmo se aplicaron de manera creciente, más y más exclusiva, a la actitud intrépida de desprecio a la muerte demostrada en alguna acción militar. […]

—Pero, señor profesor, ¡usted realmente no nos hace justicia! A nosotros..., no me refiero a los nazis, que no lo soy. Pero sí estuve en el campo de batalla durante todos estos años, con algunas interrupciones. ¿No es lógico que en tiempos de guerra se hable sobremanera del heroísmo? ¿Y por qué ha de ser falso el heroísmo que se demuestra en tales circunstancias?

—Para el heroísmo no solo se necesita tener coraje y jugarse la vida. Eso lo consiguen cualquier matón y cualquier delincuente. En su origen, el héroe es alguien que realiza actos positivos para la humanidad. Una guerra ofensiva, acompañada, además, de tantas atrocidades como la de Hitler, no tiene nada que ver con el heroísmo.

—Aun así, había entre mis camaradas muchos que no participaron en las atrocidades y que estaban firmemente convencidos, pues nunca se les había dicho otra cosa, de que librábamos una guerra defensiva, aunque atacáramos y conquistáramos, y de que nuestra victoria sería positiva para el mundo. Solo mucho más tarde, demasiado, comprendimos las verdaderas circunstancias. […] ¿Niega usted que hubiera un heroísmo silencioso y auténtico en la época de Hitler?

—En absoluto..., todo lo contrario. La época de Hitler generó el heroísmo más puro, pero en el terreno contrario, por así decirlo. Pienso en los numerosos valientes de los campos de concentración, en los numerosos ilegales intrépidos. Allí, el peligro de muerte y los sufrimientos eran incomparablemente superiores que en el frente, ¡y a ello se sumaba la total ausencia del elemento decorativo! Allí no le esperaba a uno la tantas veces celebrada muerte «en el campo del honor», sino en el mejor de los casos la guillotina. No obstante, a pesar de la ausencia del elemento decorativo y a pesar también de la indudable autenticidad de su heroísmo, estos héroes poseían igualmente algo que los apoyaba y aliviaba en su fuero interno, pues ellos también eran conscientes de pertenecer a un ejército, también creían firmemente y de forma justificada en la victoria última de su causa y podían llevarse a la tumba la convicción orgullosa de que su nombre resucitaría algún día rodeado de una gloria que sería tanto mayor cuanto más infame fuera en esos momentos su asesinato.

“Mucho se habla de extirpar la ideología del fascismo […] pero el nazismo no se introducía por los grandes discursos, sino por las expresiones aisladas, cotidianas, repetidas, mecanizadas, las de todos los días […] Los tópicos, de este modo, acaban por apoderarse de nosotros y piensan por uno.” - V. K. 

@juandelsur2

Juan del Sur - postaporteñ@ 1749 - 2017-04-06 08:04:24
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