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A 19 años de la MASACRE del FILTRO: Ayer Como Hoy Impunidad Y Represión

CON EL FILTRO EN TU MEMORIA PARTE DEL PRESENTE Y DE LA HISTORIA 

24 de agosto- hora 17 DEL OBELISCO AL FILTRO

MVD

Convoca Coordinación 24 de agosto

posta - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 19:10:06
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DEL DICHO AL HECHO HAY UN GRAN TRECHO

En el documento enviado por la presidenta del Frente Amplio Dra. Mónica Xavier dirigido a los compañeros y compañeras de dicha fuerza política expresa “el 25 de agosto festejamos nuestro Día del Comité de Base en coincidencia con la celebración del día de la Declaratoria de la Independencia, fecha trascendental para nuestra nación, en la que renovamos el compromiso con el proyecto Frente Amplio”  nada más lejos de la realidad lo que se escribe y lo que se hace porque nada de lo que decía el proyecto de país que se tenía en el nacimiento de esa fuerza política a lo que se está llevando adelante ahora que se es gobierno.

Nada de tierra para el que la trabaja sino tierra para los extranjeros que vienen a llevarse nuestra riqueza a cambio de incrementar sus ganancias dejándonos destrucción y miseria, nada de industrias nacionales, donde nuestros jóvenes tuvieran un trabajo digno y no tiempo para pensar en la marihuana como medio de ser felices, la droga el alcoholismo y los suicidios son lo que tienen por delante, puertos de gran calado para barcos que destruirán la belleza natural de nuestras costas dejando escoria y arrasando con la riqueza ictícola de nuestras aguas y después hablamos de Uruguay Natural donde quedará eso cuando los agrotóxicos envenenan el agua porque son necesarios para los cultivos transgénicos matando la fauna autóctona, ya no hay mariposas ni abejas, no quedan en los arroyos y ríos del territorio nacional peces y muy pocos animales en sus riberas.

 Pero como si esto fuera poco está el tema de la celebración de lo que en otro tiempo fue una verdadera fiesta para los comités de base que supieron ser la  fuerza motriz del partido político FA, hoy se les ignora y la presidenta de esa fuerza política se ríe de los mismos diciendo que ella es dueña de ir a donde quiere.

Muchos se preguntaran porque yo que hace unos años ya dejé de pertenecer a la misma me preocupo por lo que pasa dentro de la misma... y si amigos me preocupa porque dejé gran parte de mi vida en la construcción de la misma y me fui  de la misma cuando vi que desde la cúpula se ignoraba el trabajo de las bases que eran el motor de la misma,  pero como no me arrepiento ni reniego de lo que hice si algo siento es la pena de que los sueños no se hicieran realidad pero hay un montón de compañeros a los que sigo queriendo y respetando dentro del comité y de la coordinadora a la que pertenecí y que lo hago porque quiero que me respeten  que se que lo hacen;  el comité al que concurría era el 1º de Mayo de la coordinadora Q y este siempre había tenido la costumbre de invitar a la ahora presidenta y siguió haciéndolo aunque la misma olvidó los hechos como olvido lo que decía el programa del FA y en lugar de ir al mismo va a concurrir a la casa de una persona que no concurre al comité y que ha ignorado que hay una organización y compañeros que han sido elegidos para una tarea es decir ignora o se pasa por las nubes, por no tener una expresión grosera, toda la estructura de la fuerza política y la Sra. presidenta se hace eco de la misma no por ignorancia en su caso sino porque dice que tiene el derecho de ir donde le plazca cosa que nadie le negaría si cumpliera con su deber de presidenta...;  y ella que habla tanto en su comunicado del Gral. Seregni  no sigue su ejemplo ni el de los Licandro y tantos otros compañeros muertos o desaparecidos y los que quedaron por el camino porque la vida se los llevó o por propia decisión al ver rotos los sueños por los que dejaron gran parte de su vida y como dije antes : no me arrepiento de haber pertenecido sino que sigo luchando por los ideales que tuve en aquel momento y que me acompañaran hasta el final

KATTY - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 19:09:59
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VOTARÁN LEY DE MEGAMINERÍA A PESAR DEL RECHAZO POLÍTICO Y SOCIAL

La Cámara de Diputados se prepara para aprobar el Proyecto de Ley de Minería de Gran Porte que confiere poderes discrecionales al gobierno en el manejo de las riquezas mineras del país y otorga beneficios extraordinarios a las empresas que, como la minera extranjera Aratirí, solo se propone extraer el hierro de VALENTINES para venderlo en bruto en el mercado internacional.

 La Comisión Especial de Diputados designada para analizar el proyecto de ley decidió hoy no conceder las audiencias solicitadas por diversos ciudadanos y organizaciones sociales y aceptó por mayoría la propuesta con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores el pasado 13 de agosto y que fuera aprobada exclusivamente con los votos del oficialismo.

 El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) advirtió que esta iniciativa no cuenta con los apoyos políticos y sociales requeridos para una decisión de esta importancia, que se propone un cambio de la matriz productiva del país y que no ha pasado por la consulta a la ciudadanía dado que ningún sector político propuso esta alternativa en los planes electorales del 2008.

 Esta ley es ajena a la realidad de un país que posee tierras privilegiadas para la producción de alimentos. Las reservas minerales del Uruguay son pequeñas, la corta duración de la actividad extractiva posible no justifica la destrucción del ecosistema. El proyecto Aratirí es el negocio de una empresa especulativa que solo se propone sacar y exportar el hierro en bruto.

 Por la exención del IVA, esta ley habilita beneficios por más de 700 millones de dólares, a lo que se agrega el no pago del impuesto al patrimonio ni de los aranceles de importación y exportación. Mantiene el impuesto a las ganancias (IRAE) y su adicional, pero no evita la  subdeclaración y le permite a la empresa descontar las inversiones previas y el canon del adicional del IRAE.

 Son un engaño para confundir a la población las declaraciones de quienes afirman que este proyecto de ley impondrá mayores exigencias tributarias a la minería de gran porte. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, no es significativa en nuestra historia y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.

Este proyecto de ley es altamente inconveniente para el Uruguay y no puede ser aprobado por el simple hecho de contar con una mayoría parlamentaria.

Los legisladores son representantes y no dueños de la voluntad de los electores.

La ciudadanía está movilizada y se seguirá movilizando para poner en práctica mecanismos de consulta y decisión verdaderamente democráticos.

Por mayor información:

Ingeniero Carlos Anido 09949494679

Periodista Víctor Bacchetta: 098935317

Escribano y productor Julio Gómez: 099978302

Ingeniero Químico Ignacio Stolkin: 2411 3910

22/8/13


MOVUS - Movimiento por un Uruguay sustentable 

MOVUS - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 19:09:35
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Acuerdo Neuquén-YPF: ¿El nuevo piso para las demandas corporativas?

Por OPSur.- 23/8/13

 El acuerdo entre la provincia de Neuquén e YPF S.A., firmado el 24 de julio y aprobado por el gobernador mediante decreto 1208/13, espera ser ratificado por la Legislatura provincial a fines de agosto. Si esto ocurre, la petrolera accederá a la nueva área no convencional ‘General Mosconi’ bajo los beneficios del decreto nacional 929/13.

La única empresa que figura es YPF, que invertirá más de mil millones de dólares para asentar las bases de la explotación no convencional en el área, mientras la estadounidense Chevron aparecería en escena de ser aprobada el Acta Acuerdo por la legislatura neuquina, cosechando ‘los beneficios’ que recibiría el sector corporativo.

Acuerdos y política

El acuerdo se enmarca dentro de los principios de la política hidrocarburífera establecidos por el kirchnerismo a partir del control de YPF: la integración del capital público-privado nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales con el objetivo prioritario de lograr el autoabastecimiento y  saldos exportables.

Si bien el objetivo estratégico en materia energética es el autoabastecimiento nacional, las reglas de juego hasta ahora demarcadas permiten dilucidar que lo se busca con este acuerdo de inversión va más allá del objetivo planteado.

Varios puntos contenidos en el decreto 929/13 nos hacen pensar en esto, teniendo en cuenta la laxitud y permisibilidad del Estado frente a las obligaciones de la empresa nacional y la eventual entrada de Chevron.

La libre comercialización en el mercado externo del 20% de la producción de hidrocarburos, a partir del quinto año de la aprobación e inicio de la ejecución del proyecto, aportando el 0% al país en alícuotas aduaneras y permitiendo  liquidar divisas fuera del país; si el gobierno no autorizara la exportación -porque no se alcanzan a cubrir las necesidades internas de energía- la empresa tendrá el derecho a obtener por ese porcentaje de hidrocarburos un precio no inferior al de exportación.

Hay que destacar que la puesta en producción de un área lleva varios años, no es inmediata, por lo que el plazo que impone el decreto para poder empezar a exportar es, aproximadamente, el que necesitan las operadoras para la puesta en producción.

Es decir, habilitaría a exportar apenas entra en producción un área.

Asimismo, el Ejecutivo Nacional crea por decreto la figura de “explotación no convencional de hidrocarburos” para la cual se necesitan técnicas de estimulación no convencionales (fractura hidráulica, entre otras).

Se profundiza así la política de valorización de estos recursos, desconociendo un debate actual, nacional e internacional, en el cual se plantea la necesidad de escuchar más voces, dados los daños ambientales denunciados en diferentes partes del mundo. Se esperaría de los gobiernos y cuerpos legislativos que legislen basándose en los principios ambientales como máximas de interpretación y guías de razonamiento, solo por mencionar dos, el principio de prevención -pretendiendo evitar los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir- y el principio precautorio -según el cual, si no hay certeza científica o información sobre un determinado tema que pueda generar daños graves o irreversibles en el ambiente, no deben postergarse las medidas eficaces para impedir la degradación ambiental (1); daños que lógicamente repercuten en la vida de las personas

. Estos principios no sólo no están siendo considerados, sino que además, en el caso del acuerdo entre la provincia e YPF, en la legislatura neuquina se evitó darle intervención ala Comisión de Medioambiente. Negándose también las autoridades provinciales a abrir un debate social amplio. Entonces, ¿qué están priorizando los gobiernos nacional y provincial?

Por otra parte, con el pretexto de que las empresas necesitan largos períodos para recuperar sus inversiones, se establece la prórroga anticipada de áreas que ya poseía YPF, una política que se viene implementando con resultados a la vista.

Recuérdese que el mismo argumento se utilizó en el año 2000 para ‘garantizar’ las inversiones de Repsol en Loma La Lata, en aquel momento se prorrogó hasta 2027 un contrato que vencía en 2017.

Ahora la provincia, habilitada por el decreto 929 del gobierno nacional, otorga en concesión y sin licitación pública, la nueva área no convencional General Mosconi hasta 2048. Esta área está conformada por la totalidad del área Loma Campana, cuya concesión vencía en 2026, y la parte norte de Loma La Lata– Sierra Barrosa, que vencía en 2027 –por la vergonzosa prórroga anticipada a Repsol.

Estas prorrogas anticipadas tan extensas van a contramano de lo establecido legalmente como adjudicaciones mediante concurso, procedimiento fundado en la publicidad y en la posición igualitaria de los oferentes, que atribuye a la Autoridad de aplicación facultades suficientes para decidir el mismo con un criterio de equidad y certeza (2), en el que el concesionario que detente el área podrá participar y, de esta manera garantizar, si así lo quisiera, su continuidad en la concesión. Por la vía implementada se sella la suerte del área y los recursos estratégicos a las decisiones de una empresa por 35 años.

De beneficios fiscales y roles ambiguos

En materia impositiva la provincia se compromete a no gravar con nuevos tributos, renta extraordinaria ni Canon Extraordinario de Producción a la empresa y mantener el porcentaje de regalías en 12% durante el plazo de vigencia de la concesión y su prórroga (año 2048).

Se supedita la no actualización porcentual a la confianza en el aumento anual de producción para que este porcentaje mantenga una vigencia que le sea realmente beneficiosa.

De esta manera, no se aborda a los hidrocarburos como un recurso estratégico no renovable, que hace a la soberanía del país, sino como un commodity del que se obtienen beneficios a partir de abastecer masivamente al mercado. La misma determinación que garantiza beneficios extraordinarios se observa con el impuesto a ingresos brutos, que es del 3% para la actividad de extracción de crudo y gas natural. Esta es más baja que la alícuota para otras actividades de menor impacto, contenidas en la ley provincial impositiva 2837, tales como: comercialización directa de vehículos automotores nuevos o usados, comercialización mayorista de bienes, comercialización minorista en hipermercados y supermercados con predominio de productos alimentarios y bebidas -que tienen una alícuota de 3,5-, durante el plazo de la concesión y su prórroga.

En materia de fiscalización YPF permitirá el seguimiento de los trabajos, erogaciones e inversiones a realizar dentro de la concesión, para que sean inspeccionados y certificados por la Autoridad de Aplicación u otros organismos provinciales. Pero el Acta Acuerdo deja abierta la posibilidad de conformar un grupo de trabajo integrado por “las PARTES”, con la finalidad de hacer más eficiente el ejercicio de la Autoridad de Aplicación.

Con esta medida se eleva el rango de control a la empresa que está llevando adelante el proyecto. Consideramos que este proceso de fiscalización no será objetivo e imparcial por los intereses que ella tiene sobre el mismo, además de que su deber sería el de colaborar en la forma más amplia con ejercicio de fiscalización e inspección de la autoridad pero de ninguna manera ejercer este rol.

Retomando la línea ambiental, el acuerdo estipula que iniciada la etapa del proyecto piloto se conformará una comisión integrada por YPF y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Provincia para “revisar la existencia o no de otros posibles impactos ambientales relativos a la actividad hidrocarburífera”, ésta realizará controles e informes ambientales regulares.

Lo anterior nos sitúa en la misma observación hecha para el tema de la fiscalización y supone que la empresa cumplirá un rol en igualdad de condiciones que el ente que se ocupa de la política ambiental provincial, rol que por su carácter de sociedad anónima no le corresponde y menos por ser parte interesada. Un avance en la materia sería dar intervención en esas comisiones a la sociedad civil a través de sus organizaciones.

Por último, otra de las obligaciones de la empresa será la financiación por US$ 45 millones de programas de Responsabilidad Social Empresaria. Lejos de un manejo y decisión provincial sobre el uso de los recursos, estos estarán sujetos a lo concordado por los funcionarios públicos y la Fundación YPF, desdibujando una vez más roles, responsabilidades y funciones.

La Justicia por París y Chevron por la ventana

Para la solución de controversias el acuerdo dice que se regirá y será interpretado  a la luz de las leyes argentinas y por negociación entre las partes por cualquier controversia relativa a la interpretación, vigencia y/o validez. Pero en caso de no llegar a un entendimiento se acudirá a la vía inapelable del arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la más grande y representativa organización empresarial mundial, situada en París, Francia.

Esto plantea serias dudas de la capacidad de ejercicio soberano sobre el territorio y los actores que en él se sitúen y, aún más, sobre el carácter de imparcialidad de la mencionada instancia de arbitraje.

Finalizando, en el acuerdo se menciona la posibilidad de ceder todos los derechos y obligaciones en cabeza de YPF a cualquier otro cesionario. Este último punto abre la posibilidad de que YPF ceda –total o parcialmente- sus atribuciones a la norteamericana Chevron, detentando las pautas normativas tan laxas y beneficiosas antes expuestas.

Consideramos que es un acuerdo que se establece de manera rápida, sin información, participación social, ni consulta previa a las comunidades mapuche de ese territorio y que adolece de un debate que excede la delimitación de una nueva área en la que se utilizarán técnicas altamente cuestionadas de extracción de hidrocarburos en formaciones no convencionales.

Por otro lado, consideramos que la política en materia energética a nivel nacional y provincial debería planificarse y desarrollarse en un marco de integralidad jurídica que no se aleje de los avances en materia de derechos humanos, tanto individuales como colectivos.

Notas:

(1) Ley 25.675 Política Ambiental Nacional, art. 4°.

(2) BELLORIO, Dino, CAVALLI Luis y PIGRETTI Eduardo [2011]Ambiente, petróleo y gas. Buenos Aires: Lajouane.

op - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 19:08:43
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URUGUAY DIVIDIDO EN DOS BANDOS

Los que lo defienden por un lado y por el otro,  los del cuento de “la diversificación de la matriz productiva del país”.

CUANDO SUMAR ES RESTAR

 “Sumar para ganar” fue el nombre elegido por INIA Treinta y Tres para dos jornadas técnicas realizadas entre miércoles 21 y jueves 22 de agosto, en las que el tema central fue la comparación de dos cultivos: arroz y soja.

Muchos productores arroceros acudieron atraídos por este tema, debido a los precios internacionales que hacen de la soja un negocio sumamente rentable.

Llama la atención que el negocio de la soja transgénica reciba promoción, cuando están abundantemente documentados los desastres ambientales que provoca empobreciendo y envenenando suelos y aguas. Parece que no se tomara en serio la gravedad del problema, que además de su innegable aspecto ambiental, también suma su contribución a la escases mundial de alimento humano, al acaparar cada vez más tierra fértil que podría destinarse a esa prioridad, y que por razones de mercado, se destina a la soja para fundamentalmente dar alimento a animales.

Asimismo y específicamente, parece que Treinta y Tres no quiere asumir que es el Departamento del Uruguay con más pacientes de enfermedades derivadas de los agrotóxicos, insumos característicos del cultivo arrocero y sojero que se intensifica en nuestro país.

 EN CONTEXTO

Esta situación no es un hecho aislado. Acaban de conocerse, por ejemplo, declaraciones del Presidente Mujica revelando que UPM quiere aumentar un 20% su producción y con ese fin construiría una segunda pastera, si se le autoriza a ello. Como si no hubiera prueba del daño ambiental que ya está causando y en lugar de pensar en disminuirlo, se habla de construir una nueva planta de celulosa, lo que implica seguir profundizando el modelo forestal que ha invadido el territorio ocasionando la expulsión de la familia rural, déficit hídrico, pérdidas irrecuperables de monte y fauna nativa, entre otras consecuencias negativas.

¿Cómo puede siquiera considerarse la posibilidad de otra planta de celulosa con los resultados que están a la vista?

Pero hay más. ANCAP fue noticia días pasados anunciando hallazgos auspiciosos que hacen pensar en la posibilidad de extraer petróleo de nuestro subsuelo.

Como si no hubiera suficiente prueba del daño ambiental que provocan los carburantes de origen fósil, se presenta la información como positiva, cuando en realidad lo positivo sería transitar el camino de retirada de la dependencia petrolera incentivando formas alternativas de energía que son sustentables, más limpias y más baratas.

Y no puedo dejar de mencionar la reciente aprobación en el Senado de la República, de la Ley de Minería de Gran Porte, que pretende abrirle la puerta a las multinacionales dedicadas a este rubro, para que desertifiquen y contaminen con sus terribles explosivos y cráteres gigantescos, lo que hoy es campo ganadero y agrícola y lo seguiría siendo por siglos, de no mediar este negocio provisorio e incompatible, que es la mega minería.

¿Y EL URUGUAY NATURAL?

Parece una broma de mal gusto ver el logotipo de “Uruguay Natural” en algunas promociones que hace el ministerio de turismo.

 ¿Hasta cuándo vamos a engañar a los turistas con ese slogan? La triste realidad es que ya no somos un país natural. Somos el país de los transgénicos, de las pasteras y parece que vamos rumbo a ser un país minero y petrolero.

CRECE LA RESISTENCIA

Los que denunciamos este rumbo tan equivocado que ha tomado el país, cada vez somos más, solo que quienes ocupan puestos de gobierno están sordos. También están ciegos para ver el daño que le están haciendo a su país y las futuras generaciones.

Felizmente la ola contraria a este derrotero va cobrando fuerza. Hay cada vez más personas interesadas en el cultivo orgánico, el consumo de alimentos de calidad, la protección del monte nativo, la promoción de conductas amigables con el medio ambiente. Mientras aumenta la presión externa para que consintamos la explotación y destrucción de nuestra biodiversidad, con más vigor surgen colectivos de ciudadanos que se organizan y suman fuerzas para defenderse.

Es una lucha desigual, porque el poder económico de las grandes corporaciones se hace sentir sobre gobiernos y medios de difusión. Pero a pesar de ello, crece la resistencia en cantidad y en calidad.

A los que nos declaramos a favor de la administración responsable de los recursos naturales, se nos rotula de “ambientalistas” y “radicales”.

Somos noticia destacada para la prensa capitalina, cuando algún encapuchado se infiltra en una marcha a tirar piedras o cuando se nos desaloja de las barras del parlamento.

Pero aún así, crecemos en número y en argumentos. Cada vez más políticos de los que sacan cálculos electorales, toman nuestro discurso, porque les gustaría que fuéramos los aliados circunstanciales que les aporten votos.

La lucha está planteada en toda América, donde comunidades enteras están escribiendo capítulos históricos de dignidad y ganando batallas que marcan hitos en este camino hacia una nueva independencia.

La historia se encargará de juzgar el proceder de cada quien. Los del bando que se han sometido a la “corporatocracia” que está llevando al mundo hacia un abismo, no podrán eludir su responsabilidad.

Los que hoy resistimos en el bando opuesto, no pretendemos ser recordados ni como mártires ni como héroes, estamos cumpliendo con nuestra conciencia y eso ya es suficiente. 

Aníbal Terán Castromán - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 18:34:32
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Uruguay: Por un paro general activo de 24 horas y un Plan de Lucha

El gobierno reconoce la esencialidad de los servicios públicos, sólo cuando los trabajadores ejercen el derecho a la huelga, nunca cuando hay que aumentar el presupuesto y mejorar el salario
.
 La salud y la educación públicas están en situación crítica todo el año.
El presupuesto asignado por el Parlamento, votado por todos los partidos parlamentarios, es el sobrante de las finanzas públicas, luego del desangre a favor de los usureros de la banca.
 
Todos los partidos y legisladores del Frente Amplio dan su voto en el Parlamento a un presupuesto que garantiza los intereses de la banca y los grandes capitalistas.
 
 Son miles de millones de dólares anuales de exoneraciones impositivas a la clase capitalista, de pago de intereses y amortización de deuda externa a la banca, de devolución de impuestos, que deberían volcarse a crear cargos en la salud y la enseñanza, a aumentar salarios y jubilaciones.
 
 Una vez más el gobierno, a pedido de la ministra de Salud Pública que integra el Partido Comunista del Uruguay, viola el derecho de huelga decretando los ‘servicios esenciales’ contra la FFSP. De esta manera el gobierno da respuesta a las demandas de los trabajadores de mejoras a la salud popular.
 
 La respuesta represiva del gobierno se produce luego de dos meses de conflicto en la enseñanza pública. El presidente Mujica ha pisoteado su juramento de “educación, educación y más educación” en función de pagar la deuda externa a los especuladores y grandes capitalistas.  
La Mesa Representativa del PIT-CNT tiene en el orden del día la propuesta de un paro general de 24 horas. Una propuesta que hace meses había sido levantada por diversos sindicatos y debió ser adoptada para unificar la movilización por el salario de toda la clase trabajadora.
La mayoría oficialista del movimiento sindical discute ahora tardíamente este paro, que debería ser el primer paso en un plan de lucha contra el gobierno y las patronales, en primer lugar por el salario mínimo de $ 25.000, como reclaman los trabajadores de la educación.
 Cuando se están venciendo los convenios colectivos, los trabajadores del sector privado enfrentan la misma amenaza de parte del gobierno y las patronales, que quieren descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
 
Las pautas salariales resueltas por el gobierno conducen a la rebaja salarial, en momentos en que la carestía licúa los salarios.
 
Las jubilaciones y pensiones son miserables.
Cientos de miles de  trabajadores se aprestan a salir a la lucha por convenios colectivos, y son cada vez más los sindicatos que reclaman un aumento sustancial de los salarios.
 
 El Partido de los Trabajadores llama a concretar el paro general de 24 como parte de un Plan de Lucha contra el gobierno y las patronales:
 
-          Por el triunfo de los trabajadores de la Educación y la Salud públicas. Por la unificación de la lucha.
 
-          Salario mínimo de $ 25.000 para todos los trabajadores.
 
-          Contra la carestía, aumento general de salarios, jubilaciones y pensiones.
 
-          Eliminar los impuestos a los sueldos. Fuertes impuestos a los grandes
capitalistas.
 
-          No pago de la deuda externa.
 
-          Fuera el decreto de “servicio esencial” en la Salud Pública.
 
 
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
 
21/8/2013
pt - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 18:30:36
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Declaración de Huelga Unión de trabajadores del Hospital de Clínicas

POR QUE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

ESTAMOS EN HUELGA

POR:      INCREMENTO SALARIAL

              CONVENIO COLECTIVO

              ESTATUTO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Después de agotar todas las instancias de negociación y diálogo nos vemos obligados a tomar esta medida a partir del 27 de Agosto, al no obtener resultados positivos ni en la UDELAR, ni con el Poder Ejecutivo ni en el Parlamento.

El HC, nuestro único Hospital Universitario, se encuentra –como hace muchísimos años- jaqueado intencionalmente por quienes tienen la responsabilidad de otorgarle los recursos necesarios para funcionar correctamente, para cumplir con su cometido que es: la atención, docencia, investigación y extensión.

  Todos los gobiernos desde la salida democrática, le han negado los recursos necesarios para su funcionamiento.

Pero ninguno como el actual, ha sido tan mezquino, ya que no le ha otorgado ni un peso en esta su última rendición de cuentas. Si a eso le sumamos que el HC  está fuera del SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud) y por ende tampoco recibimos dinero de los U$S 2.000.000.000 que reparte el  FONASA  

Esto significa que no recibiremos dinero, ni para salarios ni para recursos materiales, hasta el 2016. Como se dice vulgarmente: “estamos en el horno”.

Esta situación traerá como consecuencias, reducción de personal, tanto docente como no docente y ni que hablar la caída de la atención a los pacientes, la investigación y extensión universitaria. Esta es la manera que encuentran las clases dominantes para ahogar económicamente al Hospital Universitario.

Para los trabajadores del Clínicas organizados en la UTHC, esta situación no es ajena a la intencionalidad de los dueños de la Salud en el Uruguay, que desde hace muchos años intentan terminar con el Hospital más importante que tiene el país, para que nadie interfiera en el “pingüe negocio” que es la salud en el Uruguay, con un gasto que supera los cuatro mil millones de dólares por año.

Pero los trabajadores no estamos dispuestos a “tirar la toalla” a pesar de la actitud anti-popular del actual gobierno, de tratar de hundir al Hospital de Clínicas.

Para eso necesitamos la comprensión de todos aquellos uruguayos que se atienden en el HC, sus acompañantes, que sufren con nosotros los recortes incomprensibles del gobierno de turno y le solicitamos a que se sumen a los reclamos de quienes día a día, cuidamos de su salud.

A nuestros compañeros tanto docentes (Médicos) como estudiantes de medicina, que comparten con los funcionarios no docentes, las mismas penurias, les solicitamos que se sumen a los reclamos que hacemos los funcionarios no docentes – de la manera que consideren mejor- que sí se logran los recursos que necesitamos, también ellos se verán beneficiados.

Para finalizar: todo aquello que signifique sumar en el camino de conseguir los recursos que la Cámara de Diputados no nos otorgó y que esperamos que el Senado rectifique, bienvenido sea. Todo aquello que interfiera en el desarrollo de la lucha por mejores recursos, abonará el camino de la privatización de nuestro único Hospital Universitario.         

UTHC -  PIT CNT

Agosto del 2013      

                         

 Repudio al decreto de esencialidad en la salud publica 

 

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SOBRE EL DECRETO DE ESENCIALIDAD DE LA SALUD PÚBLICA

 

   El actual decreto de esencialidad puesto en marcha por el actual gobierno “progresista” es anticonstitucional, ya que viola el derecho de huelga establecido en el art. 57 de la Constitución. También viola un derecho fundamental incluido en la Declaración de Derechos Humanos, derecho que está enmarcado en los principios de inderogables.

Contraviene además el convenio Nº 87 de la OIT, en su art. 3, por el cual se dispone que la autoridad pública se abstenga de afectar la actividad sindical. Debemos consignar que cualquier decreto es de rango inferior tanto a la ley como naturalmente a la Constitución de la República.

  No solo se recurre a un acto anticonstitucional, sino que el actual Poder Ejecutivo va más lejos, amenaza a los trabajadores con la posibilidad de sumario administrativo con el resultado de la destitución, en caso de no acatar el decreto de esencialidad. Lisa y llanamente “el despido”.

En ningún momento se respetó la ley de negociación colectiva para discutir los salarios de los trabajadores.

El actual SNIS que con tanto bombo y platillos se instaló en enero del 2008 (pero que mantiene por fuera al Hospital de Clínicas) no ha resuelto su principal talón de Aquiles: el Estatuto Único del Trabajador de la salud, manteniendo una brutal inequidad salarial.

  Debemos consignar con inmenso dolor, la similitud de las actuales medidas represivas del actual gobierno con las medidas adoptadas por el gobierno colorado de Pacheco Areco en 1968  que preparó el golpe de estado fascista de Junio de 1973.

  Se podrán decir muchas cosas a través de los medios de comunicación para querer convencer a la población de “lo bien que estamos” los uruguayos con la actual administración.

Si hay alguien que defiende a quienes se atienden en la salud pública son los trabajadores organizados en sus sindicatos, luchando denodadamente por conseguir los dineros necesarios, negados por este gobierno, no solo para los salarios de los trabajadores, sino fundamentalmente para mejorar los recursos para una atención digna.

MESA REPRESENTATIVA U.T.H.C.

22 de agosto de 2013

isabel - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 18:25:42
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Los 2 Compañeros Detenidos el miércoles 14/8 Fueron Procesados Sin Prisión

Montevideo

  El miércoles 14 de agosto, una vez finalizada la marcha las fuerzas represivas se desplegaron en diferentes operativos persiguiendo a personas que habían participado de ésta.
  En la esquina de Cerro Largo y Tristán Narvaja fueron detenidos dos compañeros por el D.O.E. (Departamento de Operaciones Especiales).
  Los compañeros pasaron la noche en la seccional 3ra y a las nueve de la mañana del Jueves 15 de Agosto fueron trasladados al juzgado de Bartolomé Mitre y Buenos Aires donde se les tomaron las declaraciones, cerca de las siete de la tarde fueron trasladados a jefatura y a las nueve de la noche estaban afuera.
  Ambos fueron procesados sin prisión por la jueza Julia Starico con el cargo de “delito de daños agravados por la exposición pública de los bienes dañados” (algún invento a falta de pruebas) con tres meses de tareas comunitarias.

Es importante aclarar que no existe ninguna prueba que demuestre que los procesados tengan algo que ver con los incidentes, sino que se los procesa por ser anarquistas y por pertenecer, según el informe de los policías infiltrados, a la columna desde la cual, presumiblemente ocurrieron algunos incidentes.

No hay duda alguna de que lo que se está condenando no es el hecho de participar de una marcha, sino que más que nada se busca generar miedo, dar una lección a todos aquellos que no aceptan las condiciones de vida impuestas por los poderosos y los explotadores.

La solidaridad se manifestó durante todo el día de ayer en la puerta del juzgado donde constantemente hubo decenas de personas acompañando el proceso. Y hasta el momento de su liberación en la comisaría seccional 3ra donde la policía realizó un ostentoso despliegue de fuerzas.

Más allá de que sepamos que en la "Justicia" del sistema reina la injusticia, el procesamiento es sumamente arbitrario e injustificado. Con este antecedente cualquier persona podría ser procesada por participar en una manifestación si en ella se produce alguna "falta" al orden progresista.

  En las calles está la lucha, solidaridad con los que pelean en cualquier parte del mundo

  ¡Tocan a uno, tocan a todos!

Algunos videos de la prensa sobre lo sucedido:

http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/26003/pedreas-y-disparos-con-la-policia-en-marcha-estudiantil

http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/26028/dos-procesados-sin-prision-por-incidentes-en-marcha-estudiantil

TyT - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 18:21:32
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El albañil Amarildo y la transformación de Brasil

Bruno Lima Rocha*

Amarildo Días de Souza es albañil, 47 años, residente de la comunidad de la Rocinha, Son Conrado, Zona Sur de la ciudad de Río de Janeiro.

Este trabajador, padre de seis hijos y casado hace veinte años se encuentra desaparecido desde 14 de julio. Las circunstancias de su desaparición indican fuertes indicios de participación de policías militares con puestos en la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) local.

Las UPPs son instalaciones permanentes que la Policía Militar del Estado del Río de Janeiro (PMERJ) mantiene en decenas de favelas que –como se dice en la jerga militar– fueron o están siendo “pacificadas”. En estas localidades, el tráfico no anda más con armamento ostensivo y/o se desplazó hacia otras áreas, o actúa de forma silenciosa, muchas veces con la complacencia de los agentes de la ley. Este trabajador ejemplar, fue “desaparecido” y lo que era antes un hecho trivial, se hace hecho político en el Brasil de las protestas. 

Infelizmente, Amarildo no es un caso aislado. Según Amnistía Internacional, sólo en los últimos veinte años desaparecieron más de 90 mil personas en el Brasil.

La democracia realmente existente trata a la base de la pirámide social de la misma forma que la dictadura militar trataba la disidencia política. La “novedad” no es la posibilidad de crimen por parte de un agente de la ley y sí la reacción popular, y la incorporación de esta pauta en movimientos de tipo político.

Aparentemente, el país se transforma de abajo hacia arriba. Las instituciones estatales no vienen sufriendo alteraciones substantivas y menos aún la promiscua relación entre el agente económico y los gobiernos federal, estadual y municipal.

Dos casos ejemplifican el concepto.

Primero, el triste episodio del “papódromo”, un área enorme que fue terraplenada con recursos del ayuntamiento y pertenecía a un empresario conocido como el rey de los autobuses en Río. Apenas la obra fue hecha,  llovió mucho en Río durante la visita de Jorge Mario Bergoglio (Francisco I) y el local terminó conocido como el “mar de lama de Guaratiba”, nombre de una región en la Zona Oeste de la ciudad del Río.

Otro caso es el supuesto cartel formado por empresas ejecutoras de contratos junto al sistema de transporte público del gobierno del estado de São Paulo.

Éste incluye al Metro de la ciudad de São Paulo y a la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos, y el esquema sólo salió a la luz porque la transnacional Siemens acabó declarándolo al Ministerio Público a través de algunos de sus ejecutivos locales. Finalmente, la 5ª economía del mundo no está cambiando porque en el tope de la pirámide, gobernantes de todo tipo –sean tanto los del actual gobierno de centro, Lula–Dilma, como en la Era Fernando Henrique Cardoso, derechista privatizadora –estén alterando sus prácticas. Los cambios que cito son perceptibles en la capacidad de reaccionar, volviendo indignación lo que antes era visto como “natural”, politizando temas básicos

Algunos analistas caracterizan la violencia policial sólo como parte del “basurero autoritario”, una forma de maldición antidemocrática, resquicio de la dictadura. Desacuerdo.

La violación de derechos en el país, en específico de derechos humanos, es parte de la injusticia estructural sufrida por la mayor parte de los brasileños.

Las dos películas brasileñas del director José Padilha, Tropa de Élite 1 y 2, fueron éxitos de taquilla, con públicos enormes tanto en los cines como en la TV y en la reproducción ilegal de DVDs. Por primera vez, los brasileños no iniciados en la política o que no pertenezcan ni al mundo del crimen ni las fuerzas de seguridad, pudieron conocer un poco de lo cotidiano de más de 2 millones de habitantes de Río de Janeiro y su Región Metropolitana. Las dos películas explicitaron las entrañas del aparato policial fluminense (del estado del Río de Janeiro, modelo límite de corrupción institucional) así como la relación promiscua entre crímenes de Estado y oportunismo político.

Como saben los especialistas en seguridad pública, la misma policía que mata de forma indiscriminada es muy corrupta y actúa en la represión política sin ningún tipo de vergüenza o cautela.

Cuando la policía es violenta e ideológica, ahí estamos al borde del fascismo o del autoritarismo de Estado. En Brasil siempre hubo una separación simbólica entre quien enfrentaba a la policía en la reivindicación de derechos y las víctimas del abuso policial en función de los altos índices de criminalidad aislada, actuando de manera predatoria en la base de la pirámide. Parece que, a partir de las protestas de junio, las pautas por los derechos se unificaron. 

En el Río de Janeiro, la desaparición de Amarildo materializa la franja llevada en las protestas contra las relaciones poco republicanas (en la jerga de la política brasileña, esto implica sospecha de corrupción) del gobernador Sergio Cabral Hijo (PMDB), cuyo gobierno estadual también está compuesto por miembros del PT, siendo que la alianza fue creada por Lula.

En el panorama general, la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia dice: “La policía que reprime en la avenida es la misma que mata en la favela!”

Debería ser usual la reacción popular y política contra el hecho de un ciudadano humilde desaparecido estando bajo custodia de un agente de Estado. Pero no lo es. Se trata de una poderosa novedad, implicando en un cambio cualitativo tanto para la ciudadanía como para la militancia popular brasileña. 

*Politólogo, periodista y profesor de relaciones internacionales

                      Publicación Barómetro  15-08-13

BRUNO - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 18:16:33
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Paraguay: ARRECIAN LAS POSTURAS CAVERNARIAS

José Antonio Vera

Horacio Cartes, a pesar de innúmeras sospechas acerca de su estatura moral, subió a la presidencia paraguaya con el eslogan “Nuevo Rumbo”, y antes de una semana de hacerse de la banda y el bastón, varios elementos se están encargando de confirmar esa promesa, aunque la brújula apunta hacia el sometimiento del país,  contra los intereses populares, y la urgente necesidad de transformar el corrupto y paquidérmico Estado.

Preocupa su silencio respecto al clima de zozobra que ciertos grupos de poder quieren instalar en el país, al punto que el Ministro del Interior Francisco de Vargas no encontró mejor respuesta que pedir la colaboración militar de Estados Unidos para sofocar lo que en lenguaje oficial y de la oligarquía y el mundo mediático de la derecha, es la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una entelequia revolucionaria que, de hecho, es funcional al régimen y un rentable pretexto para la represión de las organizaciones campesinas.

En el círculo más incondicional, forman filas para presentar el CV más reaccionario, tal el caso del Diputado liberal Edgard Ortiz, quien exigió hoy martes que durante los cinco años del mandato de Cartes, rija el Estado de Excepción en los Departamentos de San Pedro y Concepción, porque según él, “hay que retirarse de los Derecho Humanos”.

Dos días antes de que el acaudalado empresario asumiera el mandato quinquenal, fue acribillado en el noreste del país el dirigente campesino, enemigo del latifundio y de las corporaciones del agronegocio, Lorenzo Aquino, sumándose a más de 130 luchadores sin tierra asesinados en los últimos 15 años por esbirros de latifundistas y narcotraficantes.

Al cuarto día, un grupo de una docena de hombres secuestró de una estancia a cuatro guardias de seguridad y a un policía, dándoles muerte, hecho que inmediatamente, sin dar tiempo a la verificación correspondiente, el gobierno y la prensa afín, adjudicaron al EPP. Eso alcanzó para desplegar el mayor arsenal represivo en el noreste del país, intensificando el amedrentamiento que sufre la población desde hace años, bajo el argumento de que la guerrilla tendría ahí su estructura de repliegue.

Concepción y San Pedro son territorios muy fértiles y de labriegos esforzados, pero también nichos muy conocidos de narcotraficantes y contrabandistas, relevados desde hace años por la población y, además, por agentes estadounidenses y colombianos y, en los últimos meses por expertos israelíes contratados por Cartes.

Servicios contestes en fingir ignorar la hipótesis de que probablemente ciertos latifundios fungen de retaguardia del llamado EPP, utilizado como pretexto para la estrategia de la mafia y también de la injerencia política de Estados Unidos, que complementa su estrategia de asentamientos, con la penetración de las corporaciones transnacionales del agronegocio y la megaminería.

Cartes habla poco, pero en sus breves declaraciones, ha señalado, por ejemplo, que la Reforma Agraria está gastada, sin precisar si es lingüística o conceptual su definición, mientras nada dice de la concentración del 86 por ciento de la tierra entre apenas el 2.5 por ciento del total de la población, haciendo de Paraguay, económicamente dependiente de la agro-ganadería, sea el país con mayor desigualdad distributiva.

Tampoco se refiere al millón y cuarto de niños desnutridos, según organismos de la ONU, en un país que es el cuarto exportador de soja, ni del 40 por ciento de marginados, la mitad en situación de miseria, o de “pobres extremos, que son pocos”, según su Ministro de Defensa el General Soto Estigarribia, un estronista radicalizado, desde que fue escolta del tirano Alfredo Stroessner, una de las cabezas de la Operación Cóndor que, entre 1964 y 1989, asesinó a unas cien mil personas.

Tiempo atrás, como jefe de una fracción colorada, y tras haber sido destituido de la jefatura del ejército por el Presidente Fernando Lugo, Soto Estigarribia incursionó de filósofo y se permitió declarar que “Lugo formó parte de una conspiración continental del S. XXI que es el comunismo del S. XIX, enemigo de la democracia, que busca volver pobre a toda la sociedad, a quien hubo que hacerle juicio político rápido porque existía la posibilidad de una movilización de masas”.  A confesión de partes…

Además, y a pesar de la prudencia ordenada desde palacio, como se percibe en los primeros pasos de ciertos ministros y colaboradores, algunos estarían desobedientes, sumándose con sus irrefrenables declaraciones a la de dirigentes muy influyentes del Partido Colorado, confirmando que los cinco años últimos fuera del gobierno, alimentó  el revanchismo ideológico y gerencial entre la dogmática cúpula partidaria.

Entre los casos de macartismo, también destaca el ex Ministro del Interior colorado Nelson Alcides Mora, quien propone reflotar la Guerra Fría para frenar el comunismo. Sin duda que está inspirado en el ex Senador norteamericano Joseph McCarthy, quien fue destituido por el Senado en 1954, debido a su fanático anticomunismo. En fin, personas escombros, como muy bien los calificó el honorable Arzobispo Ismael Rolón.

A ellos se suma el Canciller Eladio Loizaga, integrante de la generación estronista conocida como  “tierna podredumbre”, jubilado hace poco tiempo de ese Ministerio, todo un referente de la extrema derecha con años de militancia en la Liga Mundial Anticomunista. Por el momento, utiliza un lenguaje respetuoso hacia el MERCOSUR y hoy martes informó a Cartes de pormenores de la reunión de la UNASUR, el día 30 en Surinam, donde el mandatario inaugurará su función internacional.

No fue necesario esperar mucho para comprobar que la “selección nacional”, como llama Cartes a su gabinete, a cuyos miembros califica de personas honorables, probas y capaces, comenzara a develar la concepción ideológica de varios de ellos, quienes persisten en los viejos vicios de la politiquería y el sectarismo, cuando al país le urge que se instale una práctica democrática, pluralista, transformadora de los obsoletos modelos productivos y de convivencia social constructiva.

Sin embargo, su círculo íntimo muy poca atención presta a los temas más sensibles para la ciudadanía, frenando males como la progresiva privatización de los servicios de salud, tras cuatro años de gratuidad bajo el gobierno de Lugo, o la huelga docente, que la Federación de Educadores (FEP) mantiene desde hace 40 días reclamando que se les pague una jubilación aceptable, que ahora es de apenas 150 dólares por mes. El gobierno liberal faccioso dejó un tendal de salarios sin pagar durante meses.

Se comprende bien que Cartes recién comenzó, pero poco esfuerzo le costaría atender mínimamente, dando albergue y comida a los pueblos originarios que deambulan por las rutas y ciudades del país mendigando, o acelerar la elaboración transparente de un Catastro Nacional, para verificar cuántas propiedades tienen dueños legítimos y cuántas están ocupadas irregularmente. Hay ocho millones de hectáreas en conflicto.

La Constitución Nacional, vigente desde 1992, netamente parlamentarista, impide de hecho que el Presidente de la República sea el Jefe de Estado, pero como Paraguay lleva siete décadas de autoritarismo bajo la batuta del Tendotá, una especie de monarca con más poder que el Ejército y el Partido Colorado, papel que ejerció  Stroessner entre 1954 y 1989, varios elementos evidencian que ese legado ha recaído en Cartes que, por encima del malestar de la vieja guardia del partido porque no le reservó ministerios, su ventaja en la relación de poder político y financiero, lo habilita para decidir la marcha del país por encima del judicial y el legislativo.

Desde ese altar, y si el “Nuevo Rumbo” fuera para respetar los derechos humanos y sacar al país de la miseria, como ha prometido,  bien podría dar señales para que sean liberados los presos políticos, algunos en huelga de hambre y otros heridos de bala, con insuficiente atención médica, mayoría campesinos y campesinas que llevan más de un año en prisión, sin que el Ministerio Público haya presentado pruebas definitivas ni respete el principio constitucional de presunción de inocencia.

Cartes también ha prometido combatir la corrupción y limpiar el país de holgazanes y de parásitos del Estado, pero su nuevo Comandante de la Policía Nacional, Pastor Alvarenga, jefe del combate al EPP, está acusado de varios delitos, entre ellos el de capitanear una banda de uniformados que extorsionaba comerciantes en Ciudad del Este y alrededores.

La digital Agencia de Noticias (ADN), recuerda que Alvarenga, como Juez Sumariante, fue denunciado por presentar un informe falso para proteger a tres suboficiales, complicados en una serie de delitos, tiempo después, como Jefe de Narcóticos de la Policía, ignoró una denuncia del Senador liberal Robert Acevedo sobre el narcotráfico en la zona de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil y, asimismo, en la Comandancia se le acusó de participar en un asalto que reportó dos millones de dólares.

J.A.Vera - postaporteñ@ 1014 - 2013-08-23 16:36:53
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