Postaporteñ@

Herramienta de comunicación para expresar la identidad, el trabajo y la lucha por una Patria Para Todos: La Patria Grande

Ver números anteriores

COLOMBIA: La rebelión local a la imposición extractivista

Consultas Populares en Colombia

La consulta popular en Cajamarca demuestra que existen caminos para una democracia participativa que atienda los deseos de los ciudadanos.

Por Sandra Hincapié - Marzo 2017 - Nueva Sociedad

Colombia es uno de los países más peligrosos del continente para la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Las amenazas, hostigamientos y asesinatos sistemáticos de activistas, denunciados en diversos informes e investigaciones, han convertido en riesgo inminente la defensa de los bienes comunes. A pesar de ello, la ciudadanía movilizada de Cajamarca, un pequeño pueblo enclavado en la cordillera de los Andes, a través de una consulta popular ha ganado una batalla por el agua y los bienes comunes a los «poderes salvajes» extractivistas que amenazaban con imponerse desde el gobierno central.

¿Qué se decidió a través de esta consulta popular y por qué es importante para Colombia?

El domingo 26 de marzo la ciudadanía fue convocada para responder la siguiente pregunta: « ¿Está de acuerdo sí o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?». Los resultados obtenidos no dejaron lugar a dudas sobre la decisión de la ciudadanía, ya que el 97.92%, equivalentes a 6.296 votos, se pronunció negativamente frente a la realización de proyectos mineros.

La implementación de este mecanismo de democracia directa fue posible gracias a la movilización que, desde 2009, vienen encabezando diversos colectivos sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos y organizaciones campesinas en contra del proyecto minero La Colosa de la empresa multinacional AngloGold Ashanti.

Este proyecto minero pretende explotar un yacimiento de oro que se estima en 26 millones de onzas, uno de los diez más grandes del mundo, a través de una mina a cielo abierto en una Zona de Reserva Forestal en la cuenca alta del río Coello. En esta Zona de Reserva Forestal se encuentra una gran diversidad de ecosistemas como páramos, bosques de niebla y zonas forestales protectoras y productoras, es rica en recursos acuíferos, ya que se encuentran 160 nacimientos de agua y la cuenca del río Coello, que abastecen de agua a los municipios de Cajamarca, El Espinal, la ciudad de Ibagué y al distrito arrocero más grande del país.

La consulta popular de Cajamarca se convirtió en referente de la movilización y acción colectiva que se está llevando a cabo en los escenarios locales, a lo largo y ancho del país, frente a la imposición del extractivismo como política económica del gobierno nacional. Para su realización los diversos colectivos tuvieron que enfrentarse no sólo a los intereses corporativos de la empresa multinacional, sino también a diversas autoridades del gobierno nacional, incluido el propio Presidente de la República, que encabezó una dura batalla en contra de las aspiraciones de la ciudadanía movilizada.

Diseños institucionales, derechos y acción colectiva

América Latina asistió, durante las últimas décadas, a procesos democratizadores que llevaron a cambios constitucionales, a través de reformas o procesos constituyentes. Estos procesos incorporaron diversas formas para el ejercicio de la participación ciudadana, combinando mecanismos de democracia representativa y democracia directa. En las investigaciones comparadas sobre la utilización de los mecanismos de democracia directa, se ha señalado que éstos han sido poco aplicados y en su mayoría convocados «desde arriba», bien por el ejecutivo o por los parlamentos 1/

En Colombia, después de una agitada década de movilizaciones por la exigencia de apertura y democratización del sistema político, la Constitución de 1991 sentó las bases para una democracia participativa. Desde el primer artículo de la nueva Constitución se declaró una República «democrática, participativa y pluralista». La participación apareció transversalmente en toda la Constitución considerada como principio, como derecho y como mecanismo de «empoderamiento» ciudadano /2

El capítulo IV específicamente fue dedicado a la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas. En ese sentido se hacía referencia a «formas de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía», con diversas medidas para fomentar las iniciativas populares, el control y la vigilancia del poder político como: «el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato» (Artículo 103), que fueron reguladas posteriormente por medio de la Ley de mecanismos de participación ciudadana en 1994.

En lo que atañe a la democracia local, la valoración de la democracia participativa en el proceso constituyente buscó generar procesos organizativos alrededor de la descentralización y gestión del desarrollo a través de la planificación local participativa, fortaleciendo el municipio como entidad territorial y jefatura del gobierno local (Ley 60 de 1993). Una gran apuesta no sólo constitucional sino también legislativa, reglamentó una amplia gama de instancias donde se buscaron crear las condiciones por acercar lo público al ciudadano, como pilar fundamental en el que se legitimaron las nuevas condiciones de modernización estatal /3

Las reformas democráticas inusitadas sobre la participación que promovió la Constitución de 1991, fueron la respuesta institucional más clara a las movilizaciones sociales constituyéndose en una gran oportunidad de transformación del orden estatal. Sin embargo, mientras las conquistas jurídicas prometían un cambio para la democracia local, las dinámicas del conflicto armado interno marcaron una tendencia de auge y degradación de la confrontación a todo lo largo y ancho del territorio nacional que impidió en los hechos la democratización de los escenarios locales. Por el contrario, a través de la guerra fueron construidas las hegemonías regionales que, al calor del fusil, crearon las condiciones económicas —gracias al despojo y la concentración— y sociales —de contención y eliminación de las resistencias— que hacen posible hoy la explotación intensiva de los recursos naturales.

Democracia local frente al centralismo extractivista

A pesar del contexto adverso que impone la presencia de organizaciones armadas asociadas al paramilitarismo en buena parte del territorio nacional, a partir del 2010 se está viviendo una renovación de la democracia local y los procesos participativos, como respuesta colectiva a la imposición que desde el nivel central de gobierno se hace de proyectos extractivistas.

En el año 2009 comenzaron las tareas de exploración del proyecto La Colosa en el Tolima y, con ellas, las movilizaciones sociales en contra del proyecto, en la medida que amenaza las fuentes de agua, los ecosistemas y la vocación agrícola de la región. Encabezados por el Comité por la Defensa de la Vida, diversos colectivos sociales y organizaciones campesinas realizaron sostenidas acciones colectivas en oposición a la construcción de La Colosa, sin encontrar respuestas favorables por parte del gobierno nacional que otorgó la licencia de exploración.

Como antecedentes fundamentales a la consulta popular de Cajamarca-Tolima, encontramos una activa movilización local en la región y otros lugares del país por la defensa de los bienes comunes, donde se reivindicó el derecho a decidir a través de los mecanismos de democracia directa.

Primero, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a través de intensas movilizaciones, diversos colectivos se opusieron a los proyectos mineros de la empresa canadiense Greystar en el Páramo de Santurbán. Defendiendo su derecho a participar, exigieron la posibilidad de llevar a cabo consultas populares para declarar como bienes de interés público los ecosistemas que proveen de agua a la región e impedir el desarrollo de proyectos megamineros. Sin embargo, la petición de consulta popular fue negada por el Tribunal Administrativo de Santander en 2011 y en el departamento de Norte de Santander, donde sí fue aceptada su realización, la Registraduría Nacional argumentó falta de presupuesto y no fue llevada a cabo.

Posteriormente, en el municipio de Piedras, municipio que también se encuentra en el área de influencia del proyecto La Colosa, por primera vez logró realizarse una consulta popular convocada por el alcalde municipal en julio de 2013. Como resultado de la consulta popular, el 92,2% de la comunidad votó en contra del megaproyecto minero. En diciembre del mismo año, en el municipio de Tauramena, departamento del Casanare, a través de otra consulta popular, el 96% de los votantes se manifestó en contra de las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en sus territorios.

Sin embargo, a pesar de las disposiciones constitucionales, el gobierno nacional intentó frenar la realización de Consultas Populares al establecer que no pueden oponerse al desarrollo de proyectos mineros gobiernos locales, regionales o sus comunidades (Decreto 0934 de mayo de 2013). El propio presidente Santos fue claro al expresar que la consulta era «ilegal» ya que «el subsuelo es de todos los colombianos». En ese sentido, por medio del decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014, el gobierno nacional facultó al Ministerio de Minas para tomar medidas concluyentes frente al desarrollo de los proyectos mineros. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación «advirtió» a los funcionarios locales sobre su «incompetencia» para decidir sobre la posibilidad de la Consulta. En los casos de Piedras y Tauramena la Procuraduría decidió abrir investigaciones disciplinarias a los funcionarios locales.

En este contexto, la fuerza de la movilización y la acción colectiva no cesó y a través del litigio estratégico como forma de movilización, fueros interpuestos recursos que culminaron con históricas sentencias de la Corte Constitucional en 2016. A través de la sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016, la Corte Constitucional colombiana declaró que ante la presencia de títulos mineros, debe prevalecer el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales

Así mismo, prohibió la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos, y reiteró la autonomía constitucional que tienen los municipios para decidir sobre sus suelos y ordenar el territorio, sentando un precedente fundamental de legitimidad para las Consultas Populares. Más adelante, en agosto de 2016 la Corte Constitucional reiteró su postura a través de la Sentencia T-445/2016 al señalar que las entidades territoriales hacen parte del Estado y por tanto son propietarias del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, precisando que: «los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera».

Cajamarca: las lecciones aprendidas

Después de los históricos fallos de la Corte Constitucional y de una intensa batalla jurídica —debido a múltiples recursos interpuestos ante el Consejo de Estado— fue posible realizar la consulta popular en el municipio de Cajamarca, que permitió expresar democráticamente el contundente rechazo de la comunidad a los planes y proyectos mineros.

Todo el proceso alrededor de la consulta popular en Cajamarca deja lecciones fundamentales para Colombia, donde la acción colectiva de comunidades locales, apoyadas por diversos colectivos sociales, ha permitido las condiciones para la generación de un amplio debate donde se discuten las posibilidades reales de participación ciudadana en el planeamiento del desarrollo local-regional, como promesa de las sociedades democráticas en general y de los principios constitucionales colombianos en particular.

Gracias a la acción colectiva local, la creación de redes de movilización y la convergencia de diversos sectores de la sociedad civil, se ha demostrado que es posible construir un lenguaje enmarcado en derechos, en el que la defensa de los bienes comunes prevalezca frente a los intereses privados y corporativos. Los resultados obtenidos a través de la utilización de mecanismos de democracia directa como estrategia de movilización, no dejan lugar a dudas sobre la ilegitimidad de la política extractivista, a favor de los intereses corporativos, e impuesta desde el gobierno nacional a las regiones y localidades que son, en últimas, quienes asumen los inmensos costos y pasivos ambientales inconmensurables que deja la minería.

En toda América Latina, un continente sumido en el consenso extractivista, los gobiernos nacionales se oponen de manera decidida a la implementación de los mecanismos democráticos de participación para consultar a las comunidades afectadas directamente por los proyectos extractivos. Basta observar los graves incidentes ocurridos hace poco en proyectos mineros de Brasil, y esta misma semana en Argentina, para advertir que los planes y programas de gobierno en los cuales se sustentan las políticas extractivistas, difícilmente se ajustan a los marcos constitucionales que garantizan derechos fundamentales a sus ciudadanos. La intensidad de los daños ya causados en el deterioro de la calidad de vida las comunidades locales donde se han desarrollado grandes proyectos —como La Guajira en Colombia, el Gran San Juan en Argentina, Zacatecas en México, Cajamarca en Perú—, hacen evidente las graves violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos intergeneracionales y el detrimento patrimonial de toda la ciudadanía por la explotación de los recursos naturales.

Por todo lo antedicho, es fundamental la fuerza de la movilización exigiendo más y mejor democracia, así como el desarrollo de múltiples mecanismos de democracia directa que hagan posible la participación ciudadana efectiva en el planeamiento del desarrollo local. La reivindicación de la participación democrática en los escenarios locales forma parte de las promesas no cumplidas en los procesos de democratización asociados a la descentralización del poder, como parte fundamental de las reformas promovidas en las últimas décadas. Es preciso recordar que el derecho a decidir, como condición del ejercicio de la ciudadanía, es una aspiración legítima en un orden democrático.

 1/ Alicia Lissidini. Yanina Welp y Daniel Zovatto (Comp.) Democracias en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participación en América Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre Democracia Directa, Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, 2014. Alicia Lissidini: «Democracia directa en América Latina: avances, contradicciones y desafíos» en Minnaert y Endara (Coord.) Democracia participativa e izquierdas. Logros contradicciones y desafíos, Quito, FES-ILDIS, pp.120-189, 2015

2./ Fabio Velázquez, La institucionalización de la participación en Colombia: notas para su interpretación En: Política & Sociedade. Revista de sociología política. v. 10, n. 18, pp. 155-186, 2011

3/ Fabio Velázquez y Esperanza González, ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Bogotá: Fundación Corona. 2003

NUSO - postaporteñ@ 1747 - 2017-04-02 11:56:56
postaporteñ@_______________________________

ECUADOR : Las políticas correístas que dividieron a la Amazonía

Las elecciones presidenciales sacaron al aire divisiones internas en el movimiento indígena amazónico. La región que ha votado mayoritariamente por el banquero Guillermo Lasso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales vive un verdadero fraccionamiento, aguzado por el escenario electoral. El candidato opositor disputa la preferencia del electorado amazónico, ofreciendo concesiones ecologistas puntuales, como la consulta previa vinculante y la amnistía a dirigentes que han resistido a la actividad extractivista

Por Mallu Muniz periodista y PhD en Sociología, autora de La búsqueda de la palabra robada: estrategias de comunicación y articulación de pueblos y nacionalidades indígenas en la Amazonía Ecuatoriana.

SERVINDI 31 de marzo, 2017

 “¿Qué pasa con la Confeniae?”. La pregunta fue compartida en una red social, después de que un grupo, autoidentificado como representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador, anunciara su apoyo a Lenín Moreno en la internet y en los periódicos.

Abrigado bajo el paraguas del reconocimiento legal otorgado por el gobierno de Rafael Correa, el sector presidido por Felipe Tsenkush no es reconocido por la Conaie ni por organizaciones indígenas internacionales, como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

El sendero trazado por las nacionalidades amazónicas empezó a bifurcarse con la implantación de proyectos desarrollados por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) –subordinada a la Presidencia– y por otros órganos del gobierno de Rafael Correa, como la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (SHE) y el Ministerio de Minas. Mientras Tsenkush ha gozado de reconocimiento inmediato desde su elección, en septiembre de 2015 –incluyendo asesoría mediática en medio del conflicto con el pueblo Shuar Nankintz–, el dirigente achuar Marlon Vargas comanda otro sector de la Confeniae sin respaldo legal.

“Lo que se hizo fue dividir y entregar una legalidad a esta organización –defiende Severino Sharupi, dirigente de Territorios de la Conaie–. La Confeniae, que estuvo presidida por Franco Viteri y que ahora está con Marlon Vargas, es una Confeniae legítima, pero la otra, que está presidida por Felipe Tsenkush, carece de legitimidad y apoyo. Por esto, nosotros como Conaie habíamos otorgado un nombramiento a la nueva directiva (de Vargas), porque la Constitución nos faculta este derecho”.

El gobierno ha actuado como juez y parte

A lo largo de la trama organizativa de los últimos años, el gobierno ecuatoriano ha asumido un doble rol de juez y parte. Con el decreto presidencial 691, promulgado en junio de 2015, la SNGP ha sustituido al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe). Bajo el comando de la abogada Viviana Bonilla, el brazo de la Presidencia para una “gestión de la política” junto a organizaciones y movimientos sociales, pasó a legalizar y registrar estatutos, directivas y consejos de gobiernos de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. La Secretaría debió reconocer legalmente, desde este momento, a las organizaciones que, como la Confeniae, mantienen su derecho propio y consuetudinario para la elección de sus dirigentes.

Dos meses después del decreto presidencial, la Conaie convocó a sus bases para el levantamiento de agosto de 2015, caracterizado por la SNGP como “días de violencia”. En aquella ocasión, Bonilla declaró: “Derecha y movimiento indígena juntos. Opresores y oprimidos unidos. ¡Cuánta contradicción!”. Según la abogada, “el anuncio del paro nacional, lejos de ser una expresión espontánea del pueblo indígena”, constituía “una estrategia más de la oposición, por crear un clima de malestar en el país”.

A su vez, Andrés Tapia, Dirigente de Comunicación de la Confeniae, afirmó que el levantamiento fue un divisor de aguas. “En la Asamblea Anual de la Conaie, en mayo de 2015, en Salasaca, se resolvió ir a un levantamiento y paro nacional en contra de las políticas desfavorables a los pueblos indígenas. La Amazonía tuvo una participación protagónica y firme en estas jornadas –dijo, refiriéndose a las movilizaciones de agosto, cuando indígenas amazónicos ocuparon las calles de Morona Santiago, Pastaza, Zamora y Orellana durante algunos días.

Tapia, que estuvo al lado de Franco Viteri e integra actualmente el Consejo de Gobierno presidido por Marlon Vargas, opina que “el gobierno vio que ya no podía de manera alguna tener injerencia en la agenda política de la Confeniae, y tomó la decisión de dividirla”.

‘Somos Amazonía’ hizo propaganda de la unidad amazónica

Pasado el paro nacional de 2015, llegó el día de la supuesta destitución de Franco Viteri –expresidente de la Confeniae reconocido por la instancia máxima nacional del movimiento indígena, la Conaie–, en septiembre del mismo año.

Dos días después de la supuesta destitución de Viteri, un funcionario de la Secretaría Nacional de Hidrocarburos (SHE) registró su viaje a Puyo para identificar a los “actores del nuevo Consejo de Gobierno de la Confeniae”. Tsenkush, exdiputado y exmiembro de Pachakutik, brazo político de la Conaie, fue expulsado del MUPP en 2004, después de abandonar su bancada y apoyar al grupo gobiernista que seguía al lado del entonces presidente Lucio Gutiérrez, en el Congreso Nacional.

“Está paralizada la Confeniae, por lo que debemos buscar nuevas estructuras. Si no dialoga con el Estado, ¿qué vamos a hacer?”, cuestionó el dirigente kichwa de Pastaza Antonio Vargas, poco antes de apoyar la destitución de Viteri. En noviembre, otro grupo de dirigentes amazónicos se reunió en la comunidad Unión Base, en Puyo, para ratificar la legitimidad de un presidente en contra de la legalidad del otro.

La división entre organizaciones amazónicas, mapeada años antes por la SNGP, fue consumada

La postura de las organizaciones frente a la exploración petrolera fue destacada en un mapeo realizado por el gobierno desde años anteriores. Esta tarea fue ejecutada por la misma SNGP en uno de sus principales proyectos, destinado al “fortalecimiento organizativo” en las distintas regiones del Ecuador.

Fueron señalados aquellos más o menos cercanos políticamente al gobierno. La Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), que también ha enfrentado procesos de división entre 2015 y 2016, fue descrita como “vinculada al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik” y “opositora a los programas del Gobierno Nacional, [como la] XI Ronda Petrolera [y la exploración en el bloque] Yasuní ITT”.

En 2014, la NAE estaba bajo el comando de Jaime Vargas, primo de Marlon y una de las principales voces opositoras a la XI Ronda Petrolera, desde su anuncio en 2012. Marlon Vargas en este momento ejercía el rol de director de la Radio La Voz de la NAE, una de las catorce frecuencias de radio que el gobierno ha concedido a las respectivas organizaciones indígenas del país, a partir de otro proyecto emblemático de incidencia político-comunicativa conducido por la SNGP.

Para desarrollar el “fortalecimiento organizativo”, la Secretaría se ha enfrentado con algunas barreras, como la imposibilidad de diálogo con dirigentes de la NAE que, según el propio texto de la SNGP presentado a Senplades, no ofrecían “opción de diálogo” frente al tema extractivo.

El acercamiento a las nacionalidades amazónicas se dio por medio de “convenios de Cooperación Interinstitucional” firmados principalmente con grupos favorables a los “proyectos estratégicos del Gobierno”. Según Tapia, “lo que se ha visto fue una inversión clientelar por parte del Estado”. El Dirigente de Comunicación de la Confeniae defiende que la provincia de Pastaza estuvo “desatendida en términos de infraestructura” por su tendencia “anti-correista”. Para él, “esto intensificó los procesos de división porque unos tienen a su lado todo el aparato gubernamental y otros somos perseguidos y criminalizados por el mismo régimen”, se quejó el dirigente.

A su vez el gobierno ha tratado las tendencias “anticorreístas” como parte de los “intentos de desestabilización”.

En marzo de 2015, en el cantón de Archidona, provincia de Napo, la SNGP y representantes de varios ministerios asistieron a un evento con el objetivo de “neutralizar los intentos de desestabilización a la actual dirigencia de la NAWE (Nacionalidad Waorani del Ecuador), evidenciando el trabajo articulado del Ejecutivo con la dirigencia”. Una de las diapositivas presentadas a los funcionarios del gobierno en reunión preparatoria decía: “Moi Enomenga, presidente de la NAWE, es un actor estratégico a favor del gobierno en temas de explotación petrolera”.

Nuevos intentos de “neutralizar” a sectores opositores se dieron a lo largo de 2015, a partir de los eventos Somos Amazonía I y II, respectivamente en febrero y agosto. La SNGP ha colaborado con la organización del evento, a través de una comisión de funcionarios asignados por cada subsecretaría. “Somos Amazonía fue una iniciativa para transmitir un mensaje de los logros que se pueden conseguir cuando se trabaja articuladamente, haciendo primar el interés de la comunidad sobre los intereses particulares. Porque juntos somos invencibles, juntos somos Amazonía, juntos somos Ecuador”, dijo Bonilla en Morona Santiago, durante Somos Amazonía II, realizado poco antes del paro nacional anunciado por la Conaie. La abogada destacó el “subsidio del 35% a los municipios amazónicos para obras de saneamiento”, y en el caso de las juntas parroquiales, el “7% de los valores que por la Ley 010 se transfieren al ECORAE (Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico)”.

Para el dirigente de Territorios de la Conaie, “a la Revolución Ciudadana solo le sirven las organizaciones que se sometan o que beneficien a su proyecto, pero apenas cuando no tienen otros planteamientos o críticas, por lo tanto el tema de la división de la Confeniae es un conflicto político entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena”, opinó Sharupi.

Asesoría mediática fue impulsada por el Ministerio de Minas

“El poder está en la sapiencia, no en la lanza”, dijo el Shuar Felipe Tsenkush en un video publicado el día 1 de diciembre de 2016 en Youtube, quince días antes del enfrentamiento entre integrantes de la nacionalidad Shuar y las fuerzas policiales, por resistencias a la explotación minera al sur de la Amazonía ecuatoriana. “Todos hemos coincidido en que necesitamos la unidad. Igualmente hemos identificado desde dónde vienen las apuntaladas de la división”, dijo el mismo dirigente en otro video, publicado el 2 de diciembre del mismo año. La página de Confeniae Oficial en Youtube, ha publicado apenas estos dos videos y no tenía ningún inscripto en la página hasta el día de ayer.

Entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre últimos, funcionarios del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MCSE) y del Ministerio de Minas estuvieron en Puyo para apoyar a Tsenkush. Con la Coordinación Estratégica de Intervención Social, subordinada al MCSE, se ha realizado una “reunión de trabajo con la Confeniae y su presidente Felipe Tsenkush, para trabajar en un diálogo para los procesos de paz en la zona de los Proyectos Estratégicos Nacionales

A su vez, una funcionaria de la Dirección de Comunicación Social describió sus funciones en un informe de servicios abonados por el Ministerio de Minas. El Informe de servicios institucionales presentado por la servidora pública indica el objetivo de su visita a Puyo: asesorar “en cuanto a logística, manejo de redes sociales y discursos del presidente de la Confeniae Sr. Felipe Tsenkush”. Como “productos alcanzados”, el mismo informe revela que se ha logrado aportar con “publicaciones en la página oficinal de Twitter y Facebook de la Confeniae, free press en los medios de comunicación de territorio”, “ruedas de prensa realizadas en Puyo y en Quito”, además de la elaboración de “un vídeo con Declaraciones del Presidente Felipe Tsenkush”.

Un expresidente de la Confeniae lanza su voz desde la clandestinidad

“Nadie denuncia como ellos hicieron callar a los líderes, como intimidaron a los líderes. Por esto yo tengo que seguir hablando, no importa que me busque donde sea”. Estas son palabras de Domingo Ankuash, líder Shuar histórico, antiminero y expresidente de la Confeniae. Sus declaraciones e imágenes fueron divulgadas en una red social. Son videos cortos, atrapados por Alba Crespo y Edu Leon en medio a la selva, donde el dirigente se encuentra escondido hace más de tres meses. Su nombre y el de otras 70 personas se encuentran en una lista de sospechosos de envolvimiento en el enfrentamiento con las fuerzas policiales que protegían al campamento de la empresa minera china EXSA. La muerte de un policía ha llevado el gobierno a declarar Morona Santiago en Estado de Excepción por sesenta días. Fueron ofrecidos hasta 50 mil dólares de recompensa.

Desde el 2009, hay un saldo de cuatro muertos en la región: un policía y tres líderes Shuar (José Tendetza, Bosco Wisum, Freddy Taish), además de varios heridos. Desde su Enlace Ciudadano 505, el presidente Correa ha atribuido los últimos acontecimientos a “un grupo minúsculo de extremistas de la etnia Shuar; con dirigentes irresponsables, que siempre ha demostrado comportamientos muy violentos”. Se trataría, dijo el presidente, “de un grupo de paramilitares y semidelincuenciales que no están luchando por ideales, están luchando por imponerse a la fuerza”.

- postaporteñ@ 1747 - 2017-04-02 11:56:48
postaporteñ@_______________________________

¿De quién se trata cuando hablamos de una conspiración histórica?

 Roland Denis | Viernes, 31/03/2017 Aporrea

Primero que todo:

¿Cuándo hablamos de conspiración a qué nos referimos?

No es la conspiración cuya permanente acusación ya parece propaganda de farándula; la conspiración de la derecha goda. Claro, en un país como el nuestro siempre la conspiración oligárquica está latente. De hecho es una realidad que desde el siglo XIX no hemos podido superar, precisamente por todas las debilidades nacionales y en qué medida cada etapa de gobierno, cada régimen en curso, siempre tendrá metida la mano de una clase que parasitariamente garantiza su reproducción colonial.

Conspiraciones que en el caso de Brasil por ejemplo, de Honduras y Paraguay, recordando el viejo caso del 11 de Abril por acá y los intentos e Ecuador y Bolivia hace seis y ocho años, siempre están latentes. Son parte de la idiosincrasia política de nuestras oligarquías algunas con éxito otras no. Lo de Brasil y el golpe parlamentario contra Dilma, dada la degradación burocrática y derechista del PT, y donde sí están metidas las manos de la socialdemocracia global en esta deformación burocrática e ideológica, al igual que acá como veremos, ha sido su trofeo mayor en décadas y que cambia toda la geopolítica continental. Pero aquí esto ya no les funciona dado el plan absorbente de todo el marco institucional de Estado que se elaboró después de los golpes del 2002 y sobretodo de la institución militar. Diríamos en nuestro caso que esa misma conspiración de todas formas sigue latente pero se juega fundamentalmente desde dentro. No se conspira en sí contra el gobierno, se ejerció de facto contra una revolución que buscó hacerse gobierno y a los años se entendió que solo desde ese mismo gobierno-Estado podía ser al menos neutralizada. Y como ya vimos en las anteriores entregas -el dónde y cómo de esta paralización del proceso transformador-, eso está funcionando perfectamente.

Tampoco, mucho menos, estamos hablando de las pequeñas y traidoras conspiraciones internas. Eso es el pan de todos los días entre las peleas tribales entre grupos de poder, tomando en cuenta que estos estados nunca dejaron de estar asentados sobre una historia pre estatal, ligada a los caudillos y los jefes de grupos que se internan en el Estado, sin ninguna visión nacional sino de tribu saqueadora y secuestradora. Por supuesto le serán muy importantes a la conspiración de fondo ya que se trata de los sectores más fácilmente sobornables y corruptos aguardando su momento y lleguen los contactos pertinentes a sus intereses tribales.

Ni siquiera estamos hablando de esa otra conspiración que ya tiene una lógica planetaria y es la de los servicios secretos del "imperio" (NSA, CIA, Departamento de Estado, MOSSAD, inteligencias europeas, y sus respectivas franquicias a través de agencias, ONGs, personajes infiltrados dentro de los estratos del poder, integración de estas con las compañías transnacionales, medios de comunicación, partidos, estructuras militares, gerencias de Estado, etc.). Ese es otro capítulo, más tradicional dentro de la denuncia de izquierda e importante de ubicar, y que ahora suelen identificarlo en el espacio de las guerras de "cuarta generación".

Pero no es este caso lo que quisiéramos empezar a develar, no porque lo desestimemos sino porque se trata de algo que permanente esta mostrándose y no soy el más especialista al respecto; no participo del aparato de contraespionaje interno si algo aún existe al respecto, veo como simplemente el imperialismo sigue siendo quien es. Lo que sí estamos seguros es de la conexión de esta "inteligencia imperial" con los ejes conspirativos internos que trataremos, como aparatos globales de poder de orden político y geoestratégico. Muy interesante la manera en que se utilizan todas las perspectivas de estas nuevas teorías de la guerra, pero a través de agentes que no son la IV Flota norteamericana, o las bases militares continentales, sino las redes geopolíticas que se han venido configurando en el mundo, sobre todo después de la caída de la URSS, y la imposición del proyecto unipolar de dominio.

El punto que nos interesa es tan solo una hipótesis, quizás una larga intuición que hemos venido corroborando y que permite comprender mucho mejor en qué medida la acción política internacional juega con nosotros o se va internando hasta convertirse en una directriz que toma la fuerza de los eventos liberadores a frente a los cuales están supuestamente alineados para revertirlos por completo o simplemente descomponer por completo el "agua al pez" donde se fabrica y reproduce la voluntad revolucionaria, siguiente las tradicionales directrices contrainsurgentes. Es decir, nos interesa la conspiración política de fondo a través de las "CONEXIONES" como puntos de intersección de intereses globales con expresiones políticas e ideológicas concretas, y que en su conjunto actúan como grandes hilos nerviosos por donde se anima la contrarrevolución mundial, utilizando cerebros políticos, militares e intelectuales que juegan su partida la mayoría totalmente conscientes, otros hasta de "buena fe izquierdista, o nacionalista, o liberal-democrática".

No nos interesa el juicio ético-político por sí mismo ni la reafirmación de nuestro dogma político propio, sino el papel de cada quien en una historia que se quiso libertaria pero encerrada dentro de una "entropía natural" que hace de este territorio la gula del mundo, no solo de burócratas y parásitos empresariales nacionales, sino de los agentes presentes en esa "otra guerra" de orden estrictamente político por medio de agentes que conforman sus grandes tendencias mundiales.

En este caso solo dejaremos señalados las que son a nuestro parecer las conexiones más importantes y sobre qué personajes de mando político recae su acción, o más bien el efecto final de una acción que comienza siendo o simplemente un trabajo de subversión interna hacia el gobierno o hacia la nación venezolana y su población que luego se extiende hacia la difusión de la violencia y el paramilitarismo, como es el caso de lo que llamamos la "Conexión Uribe", o por los efectos de una nefasta política gestada desde Miraflores la Conexión francesa-española, que busca, entre choques interglobales, la hegemonía política occidental de una izquierda que hereda la influencia pero también todo el revisionismo y el desarme mundial revolucionario que jugó en sus últimas décadas la URSS, posiblemente desde la revolución española en los años treinta.

Cada "conexión" hace su historia dentro la lucha hegemónica mundial y están ligadas a su controversia geopolítica. Pero que se entienda, no es nuestro centro la geopolítica por ella misma que es solo un instrumento de compresión de correlaciones de fuerza a cualquier nivel territorial desde lo más global hasta lo más local, nos interesa su papel propiamente conspirativo, es decir, su capacidad de desmembramiento de la potencia transformadora que genera un acontecimiento revolucionario como verdad, deseo e identidad colectiva conquistada en la lucha victoriosa. Es su capacidad por tanto de neutralización, des-integración, des-organización, caotización, saboteo, y sobre todo de prefiguración de los escenarios finales de manera de poner fin al peligro que supone la subversión liberadora de un orden, utilizando las mismas debilidades de una historia de emancipación, y hasta sus mismos lenguajes.

¿Cómo lo hacen, como se van tejiendo los hilos internos, sus personajes, sus modos de articulación con los grandes centros de dominio mundial?, es todavía una larga investigación que sugiero hacerla entre muchxs. El poder es una relación de fuerza no una cosa, por tanto son muchas las relaciones, personajes, entes nacionales e internacionales, que habrá que seguir develando y descubriendo. Lo único que podemos avanzar hasta los momentos es la identificación de los grandes hilos por donde consideramos se han movido esos agentes globales a nivel nacional.

Pero antes de ubicarlos dejemos algo en claro que el objetivo de esa conspiración una vez derrotada la conspiración de principios del siglo XXI es el quiebre completo de la base material y las consistencias sociales que son bases fundamentales de una subjetividad colectiva dispuesta a dar la pelea libertaria. Qué y cómo han ejercido su labor de destrucción?, de eso se trata los artículos anteriores Quebrar por completo a un país no es solo un problema de solvencia y cartera presupuestaria, es su derrota como pequeño centro de des-orden y subversión de un orden mundial consolidado, hasta llevarlo a las condiciones que hoy se evidencia, tener que venderse al mejor postor. ¿De quién se trata hasta donde nos llega la mirada?, de eso se trata en este caso.

Trabajaremos esas dos grandes conexiones principales que han provocado un verdadero desastre y una tercera que aún no entra a nuestro criterio en la historia de esta larga conspiración pero se abre como una fuerza enigmática en la lucha hegemónica y geopolítica mundial que es lo que llamaremos la conexión "Putin" en el renacer del neoconservadurismo mundial.

La conexión francesa-española.

En nuestro caso esta es la más interesante e intrincada esfera de conspiración, un verdadero cerebro que desde el lenguaje y las intenciones del bien va atando todos los juegos de la muerte. Es una "conexión" porque se trata de un tejido de elementos –personajes, universidades, asociaciones, intelectuales y burócratas- conectados y cada vez más influyentes desde muy temprano con las esferas de gobierno, particularmente el venezolano. Sujetos que se identifican con la izquierda histórica, que no provoca hechos directamente conspirativos sino efectos completamente neutralizadores de todo el propósito de liberación planteado, engendradas dentro del originario gobierno revolucionario o directamente desde el movimiento popular. Es un lagarto que se va comiendo desde dentro la vitalidad de una revolución, le quita potencia, la desactiva, ayuda a crear políticas absolutamente absurdas y destructivas, evita la consolidación de todo pensamiento propio, hasta provocar la imposición de políticas que son un verdadero suicidio a la hora de destrabar los males estructurales de un país como el nuestro.

En otras palabras, su fuerza maligna, su capacidad conspirativa, se juega en el orden de los diseños programáticos y las estrategias transformadoras. Conexión experta en el estrangulamiento e implosión de procesos a partir de sus propias fuerzas (trabajo emprendido en el caso de Europa por ejemplo con el partido Podemos en España que se hace "representante" y a la vez desfigura y neutraliza la insurrección de los "indignados", o el partido Syriza en Grecia que termina quitándole toda potencia al movimiento obrero-popular de insurrección contra la Troika europea), utilizando lenguajes e intencionalidades que a veces deslumbran por su radicalismo y lenguaje anticapitalista. Se trata en definitiva de agentes que se mueven dentro de la palabra, la estrategia y básicamente el pensamiento conjunto de un proceso de liberación. Papel que tan bien han sabido jugar históricamente las más arraigadas cofradías de dominio, desde los sacerdotes que nacen con los reinados sumerios y egipcios, las cofradías de la cábala judaica, la masonería, los jesuitas, etc. Son los nuevos sacerdotes de la opresión en su versión progresiva, en contacto sin duda con todo lo que queda de esta ancestral manipulación enmascarada entre órdenes y religiones.

La ubicamos en sus ramales franceses y españolas por la temprana inserción de los agentes de la socialdemocracia de izquierda latino-europea que pronto entraron en los pasillos de gobierno y Miraflores hasta hoy y pronto supieron hacerse de un universo de aliados internos que terminaron produciendo un polo fuertísimo de poder que utilizó básicamente la cancillería de la República como escenario conspirativo y finalmente a Nicolás Maduro como candidato propio (¿a consciencia de él?, ni idea, pero pieza central del equipo sin duda) que supieron ayudar a convertirse en el hoy presidente.

¿De dónde viene su fuerza?. Está muy ligada con la historia de la caída de la URSS y quien son los herederos de este inmenso imperio con una influencia enorme dentro y fuera de lo que fue el "campo socialista". Una vez caída la URSS, las secciones más de izquierda de la socialdemocracia europea se convierten en herederas directas de sus esferas de influencia política, en general dentro de una izquierda que se mantuvo atada al revisionismo soviético, más allá de los naturales partidos comunistas, sino dentro de movimientos y formaciones izquierdistas que buscaron polos sustitutos de referencia.

Su llegada y sustitución de influencia en Nuestra América se da a través de Cuba que por su lado utiliza sus canales para influir dentro de los mandos conservadores de la socialdemocracia cada vez más cercana al neoliberalismo hegemónico en los años 90 pero decisiva en múltiples sitios de gobierno, y de esa manera salvar una revolución y un Estado de corte netamente stalinista que se desmoronaba si no fuese con la ayuda de gobiernos socialdemócratas europeos básicamente. Cuba le sirve de puente (un personaje como Ramonet, su cercanía a Fidel y su influencia a través del "Le Monde Diplomatique", es pieza clave desde un inicio) para entrar en todo el laberinto de sujetos de izquierda cercanos a Cuba y sobre todo al naciente gobierno bolivariano de Chávez a principios de los años 2000.

La impresionante atadura que aún se mantiene por razones históricas, de la izquierda genérica a la dirección del Partido Comunista Cubano en nuestro continente, sin duda moldeó un criterio geopolítico de apoyo al proceso venezolano como era de esperarse, pero con dos condiciones básicas: actitud absolutamente acrítica y criminalizante de quien la ejerza desde el campo de izquierda. Y luego, el moldeo de una programática de gobierno cada vez más alejada a los a las fuentes propias y libertarias de pensamiento y el regreso a la direccionalidad burocrático-corporativa que en Venezuela funciona a la perfección. Al contrario de países como Bolivia que logra salvarse en gran parte de esta veta mortal, manteniendo los hilos nacional-obrero-indígena de su búsqueda y estrategia propia, aún con todas las deformaciones burocráticas que todo Estado produce.

Integrada mundialmente a personajes como el economista de izquierda Igor Pigasse (que sirve de "gurú intelectual" en este caso, nuevo director de Le monde Diplomatique), a su vez personaje muy cercano a Dominique Strauss Khan, quien por poco termina siendo quien presida el FMI o incluso candidato del Partido Socialista Francés a la presidencia, públicamente asociado al proyecto sionista israelí, las relaciones entre esta conexión y el proyecto hegemónico occidental, en su versión "socialista" (el marxismo que terminó siendo una pieza clave en el proyecto de la modernidad capitalista por tomarle prestadas al líder kurdo Oçalan), se van haciendo cada vez más evidentes.

Grupos como el de "Boston" integrado por sujetos del "liberal" norteamericano y donde han participado conocidos "chavistas" como Cilia Flores o Calixto Ortega o centros como el CELAG (Centro de Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), personajes propios como Temir Porras en sus relación con los agentes franceses internados en la cancillería desde hace años (inventor de una visión "pragmática" de la línea de gobierno más empobrecedora del planeta) y su relación la integración de todos estos asistentes españoles a Miraflores muchos venidos de la Universidad Complutense y viejas militancias en el PSOE, en definitiva para que sirven?: para darle forma y luego del mal hecho, buscar de la manera hasta sínica de convertir el desastre en un paraíso, sembrar de argumentos absurdos la realidad de un país que perdió –por ahora- todas las todas posibilidades materiales y subjetivas de emancipación integral frente al despotismo imperial global y la opresión endógena que subsiste entre nosotros.

El puente más interesante a descubrir son en último término las relaciones no solo con la socialdemocracia europea, sino con el proyecto del "alargement" (Alian Joxe 2009), el expansionismo caotizante y la guerra permanente, sintetizados en las figuras de Obama-Clinton del partido demócrata y sus hilos internacionales. Son líneas que en lo concreto habrían de investigar, pero que ahora, en el enfrentamiento con la sorpresa de la victoria de Trump, se van haciendo más claras. Vemos como se van pegando estos proyectos al enclave de los "liberals" norteamericano-socialdemocracia las redes y escenarios asociativos de difusión de un reformismo fragmentario, impotente, herramienta de profundización de las brechas de desigualdad entre el norte y el sur del planeta. En definitiva, grandes fábricas político-ideológicas al servicio en última instancia del capitalismo financiero más agresivo (¿qué hacen tipos como Soros, y detrás los grandes dueños de la Reserva Federal de EEUU, los clanes Rockefeller y Rothschild, sosteniendo esta versión de los "liberals" gringos actualmente)

La relación de esto con la formación de la "modernidad líquida" (desalmada, virtualizada, hecha dinero y crédito) denunciada por Bauman es muy interesante, pero no es el punto.

Quizás su controversia no resuelta reside en el problema de cómo abordar la soberanía de los Estados estando los europeos en una posición de desventaja estratégica y minoría absoluta frente al complejo militar-industrial norteamericano y su expansión por el mundo. La "izquierda" allí juega a la soberanía mientras que el resto de la social-democracia va desintegrando posiciones, como lo prueba frente a los hechos en el Medio Oriente y el claro apoyo que le ha dado al sionismo y bajo cuerda a la Yihad islámica. La actual controversia de Venezuela con la OEA, la asquerosa posición de la oposición en conjunto con Almagro (hombre criado en esta izquierda reformista uruguaya) es otro ejemplo de una dimensión para nada resuelta. Aquí la coincidencia estratégica en última instancia choca con los intereses del hegemonismo europeísta con el uni-imperialismo norteamericano.

Para cerrar el punto hasta ahora de esta "Conexión", sintetizaríamos la labor conspirativa y contrarrevolucionaria de esta compleja red como una estrategia del "des-valor" del campo de las infraestructuras que quedan despedazas en la corrupción del paso de un Estado corporativo-burocrático a un Estado virtualmente mafioso, desbaratando sus instituciones propias incluidas las FAB. En el campo de la moneda donde utilizan intelectuales para darle hasta sentido revolucionario -¡que genios macabros!- a la desvalorización total de la moneda y por encima de todo de la capacidad autovalorizante que tenga la clase trabajadora en sus luchas por reivindicar el valor de su trabajo, la cual queda atrapada en una espiral inflacionaria que hace imposible la búsqueda al menos de un sueldo justo. Algo que está en su agenda o no los enlaza con la "Conexión Uribe", cuya estrategia también podríamos sintetizar como el llevar las realidades al total des-valor de la nación y de la vida colectiva.

La Conexión Uribe

Tomamos el título de "Uribe" para esta Conexión por tratarse de uno de los representantes más claros de un proyecto imperial que desborda la tradicional estrategia de intervención de los Estados y las economías de los países para transformarse en una intervención directa sobre las poblaciones que necesitan ser debilitadas como naciones y como colectividades, mucho más si se trata de un pueblo en lucha. Dentro de nuestro país ha jugado el papel de un complemento perfecto al proyecto hegemónico y burocrático disolvente que han jugado los agentes de la socialdemocracia europea aunque aparentemente se trata de enemigos declarados en el campo político-ideológico.

Viendo su papel dentro del conjunto continental, el proyecto "Uribe" en Colombia, el cual logra situar al capital mafioso y las formaciones paramilitares a nivel de gobierno, rápidamente se transforma en un modelo indirecto de intervención violenta sobre naciones en conflicto y cuyos gobiernos chocan por una razón u otra con las geoestrategias imperiales. La situación vivida luego de la "primavera árabe" en el medio oriente y la introducción de la yihad islamista como forma de quiebre no solo de las naciones y sus Estados sino de toda posibilidad liberadora a su interno, tiene su contrapartida en nuestro continente y sobretodo en el área de México, Centroamérica, norte de Suramérica y grandes zonas de marginalidad urbana en Brasil, en este modelo violento de la derecha más recalcitrante que sintetiza la figura de Uribe. Por supuesto las potencias imperiales aquí corren el mismo riesgo de la que ha pasado con el terrorismo islámico donde el caos y la violencia inducida luego tienden a devolverse contra ellos mismos, en nuestro caso en la formación de monstruosos carteles mafiosos que van convirtiéndose en poderes independientes. Es el riesgo calculado pero no controlado de un imperialismo postguerra fría completamente alocado.

Su afloramiento y multiplicación con cada vez más fuerza en nuestro continente de formas de "paraestados", ligados a todas las formas del tráfico de narcóticos, tráfico de blancas como llaman, de órganos, blanqueo de dineros, pero además en nuestro caso de la mercancía proveniente del suelo, el subsuelo y el comercio en general que llevan a los mercados internacionales, no es solo una realidad que se extiende sobre nuestro territorio, sino el complemento de un plan conspirativo cuyo objetivo no es el de penetrar y dominar las estrategias de un gobierno, no es burocrático como el anterior, sino de penetrar la sociedad y descomponer sus organizaciones propias, públicas y no públicas, además de órganos de seguridad e inteligencia, agentes de las fuerzas armadas pero directamente en la relación de estos con los espacios sociales donde se desplaza. Es la creación forzada de una situación que tiende a la degradación bárbara y violenta del todo social por lo que supone desde el punto de vista de la acumulación bélica en manos de sujetos criminales, utilizando las mismas debilidades y pobrezas acumuladas por siglos de colonialismo y opresión imperial sobre nuestras naciones.

En su conjunto se trata de un cerco estratégico de violencia sobre la población a través de personas que hacen parte de ella y se multiplican cada vez más como hierba mala incontenible. Esto la debilita desde todo punto de vista, destruye su sentimiento de identidad, posibilidades de comunitarismo, organización autogobernante y capacidad productiva, conspirando deliberadamente contra cualquier manifestación auténtica del proyecto transformador y justiciero.

La "Conexión Uribe" si la vemos desde el punto de vista material, no es más que un derivado directo de la misma dinámica de un capitalismo dominado por los códigos delirantes de la acumulación financiera. La ganancia D-D’-D’’ presagiada por Marx, abre tal cantidad de posibilidades a un movimiento de capitales desorbitado y sin control, sin tiempo ni espacio establecido, movidos por una banca que descubre todos los días nuevas zonas de burla de cualquier control legal a su actividad, y que en cualquier momento iba a transformarse en una estrategia de dominio político más allá de los intereses económicos que allí se mueven.

Habría que ver cuál es el cerebro final de todo esto, ese cerebro final malvado que los rebeldes descubren en la película de los "Juegos del hambre" donde prácticamente entramos en dimensiones esotéricas y milenaristas del dominio, al menos hasta que terminemos de entender el origen y la lógica final de estas grandes conexiones de dominio. Pero en todo caso nuestra tesis, y allí lo macabro de todo esto, es que hubiese sido imposible conspirar a tal nivel sin este complemento directamente violento sobre la sociedad a partir de sus mismas debilidades y los efectos sociales que trate la disolvencia "por arriba" del proyecto de construcción y transformación revolucionaria.

La tesis esgrimida por la izquierda de que es el modelo del "Plan Colombia" el que va introduciendo todo el paramilitarismo y a la vez arma el contexto militar-estratégico dentro de Colombia (bases militares norteamericanas, estrategias contrainsurgentes) para contener la revolución popular que empieza en Venezuela a comienzos de los años 2000, es correcta y muchas veces explicado, pero tiene como defecto el tratamiento de tal estrategia como si se tratase de un plan aislado, dedicado a la realidad que en Venezuela se abre para esos años. Ciertamente el "plan" como tal se centra en Colombia y Venezuela, pero el paso de Uribe es el de haberlo integrado a un modelo mucho mayor de poder paraestatal, que Santos ahora trata de contener y a la vez continuar desde una visión mucho mas "aristocrática" del mismo (fue al fin y al cabo uno de sus creadores como ministro de defensa de Uribe). La formación de los paraestados es un hecho en expansión en Nuestramérica como mecanismo de fragmentación nacional y formación de nuevos dispositivos de poder criminales totalmente disfuncionales y antagónicos frente a toda expresión soberanía de los pueblos.

Ahora, ¿de dónde se sostiene esta red nacionalmente?. Obviamente se trata de las conexiones hechas en primer lugar con todos los agentes de una ultraderecha interna, conectada a su vez con los polos más influyentes del campo más reaccionario norteamericano como es el caso del universo político que gira alrededor de los Bush, el senador Marcos Rubio, etc. Todo ello en conexión con el uribismo colombiano y el campo conspirativo que se ha formado luego de los golpes exitosos en Honduras y Paraguay, y que prosiguen en Brasil hasta ganar un gran poder con la victoria de Macri en Argentina. Las "guarimbas" del año 2015, pusieron en claro su unidad estratégica, siendo para entonces una manifestación violenta de calle que intentaba inaugurar la contraofensiva reaccionaria en Venezuela, habiendo hecho su parte la socialdemocracia europea en el debilitamiento absoluto del proyecto revolucionario y todo el campo institucional civil y militar. La torpeza y completo alejamiento de estas manifestaciones del campo popular las hicieron sucumbir por completo, pero ayudaron a crear la imagen de martirio de sus héroes sociales estudiantiles y la creación del "mártir mayor" Leopoldo López, lo que les permite crear un liderazgo sólido y presidenciable dentro de la derecha.

Toda esta situación ha sido perfectamente aclarada por todas las denuncias hechas, ahora, insistimos, no se trata tan solo de "ultraderechas" neoliberales que hace su parte como factores tradicionales y más apegados al juego hegemónico de los EEUU sobre nosotros. Se trata de hace al menos diez años de una avanzada caotizante y violentista donde estos factores políticos combinan fuerzas y estrategias comunes en función del control territorial y la aspiración de todas las fuerzas de Estado y organizaciones sociales (incluidos por ejemplo muchos "colectivos" que se mientan revolucionarios en nuestro país, o el caso de los famosos "sindicatos" en Bolívar impulsados por Rangel Gómez, verdaderas maquinarias de la guerra paramilitar al modelo Uribe de las cooperativas de autodefensa) dentro de esta estrategia de descomposición de la autoorganización, la identidad, la unidad y la colaboración poblacional.

Describir y descubrir todos estos intrinquicados vínculos de tal "Conexión", es una tarea compleja, que en el caso del gobierno chavista solo ha utilizado como propaganda contra la oposición y la avanzada de fuerzas represivas terribles como es el caso de las OLP’s, pero en ningún momento ha hecho un desmontaje y una guerra a fondo con verdadero sentido de defensa revolucionaria contra este fenómeno dada la cantidad de personeros suyos, militares y civiles de altos cargos y medianos cargos, líderes nacionales y regionales del PSUV, gobernadores, alcaldes, altos funcionarios, que por igual han sido absorbidas por estas fuerzas casi demoníacas. Esto es parte de todas las tareas autodestructivas que estas conexiones han trabajado junto a sus respectivos agentes "revolucionarios" y "protofascistas".

No podemos dejar de lado que esto se combina con fuerzas mucho más sutiles que hablan desde su lado "bueno y religiosos"; como todo hegemonismo tiene que presentar el paliativo de su cara buena y moral. Nos referimos en nuestro caso a sus vínculos explícitos con sectores de la iglesia católica en sus cúpulas nacionales y regionales como sectores de la derecha jesuítica que desde la UCAB, trazaron toda una estrategia para la formación de una juventud realmente comprometida con el legado colonial-liberal que estos promulgan. Pero los más importantes y peligrosos factores que realmente han metido la mano dentro de las comunidades pobres en un mega diseño continental, trazado desde los años 80 por el grupo Santo Domingo, es la agresiva entrada del evangelismo más fundamentalista, propio de una devoción sumisa que en algunos casos empiezan a ser determinantes en el fortalecimiento incluso electoral de los factores más derechistas que en muchos casos voltean las correlaciones de fuerzas tanto militares como políticas, como el caso Brasil y su influencia dentro de las grandes favelas. Ese diseño está operando en Venezuela creando verdaderas estructuras de mucho poder y capacidad manipulante de juventudes como es el caso del Grupo Maranata, comandados por jefes aquí, en Brasil y EEUU, algunos de ellos ya denunciados por sus vínculos con el lavado de dinero y el capital bancario. Una verdadera maquinaria fundamentalista que poco a poco repite con otros métodos y estrategias la experiencia del fundamentalismo islámico.

Podríamos, y es la tarea, seguir descubriendo y aclarando las redes de esta Conexión terrible. Se trata en definitiva de una hiedra que va extendiéndose bajo una lógica que como aclaramos en el caso de la anterior Conexión socialdemócrata no es burocrática, signada por el viejo modelo de los socialismos de Estado, sino viral y terriblemente autoritaria y déspota, de acuerdo al modelo genérico neoliberal, virtual y desterritorializada, donde se impone sin miramientos de derecho la lógica del más fuerte. Actúan como un virus destructivo y expansivo que van profundizando su tarea destructiva dentro de un intrincado entramado de relaciones que se van chupando y "desalmado" las sociedades.

La Conexión Putin

Pasamos por dos Conexiones que a nuestro punto de vista constituyen el cordón básico de una conspiración contra la lucha del pueblo venezolano. Ahora no queremos dejar este análisis respecto a las grandes zonas de conspiración contrarrevolucionaria, sin llamar la atención de respecto a una conexión ligada obviamente a la figura líder de una federación rusa que solo en esta década ha abierto su boca al mundo. Conexión que posiblemente aún no tenga fuerzas propias en nuestro país de importancia, ni tiene mayor papel ni sujetos propios en la tarea demoledora de la esperanza revolucionaria en nuestra tierra a pesar del gran acercamiento que a través de la presidencia de Chávez se produjo y sigue manteniéndose con Putin y Rusia. No obstante, más allá de los acercamientos estratégicos entre Venezuela y Rusia (aquí no estamos juzgando la pertinencia o no de una postura en favor de una alianza con Rusia que es otra cosa), esta última, como nuevo hegemonismo conservador podría jugar a futuro un rol muy particular en tanto mural de bloqueo frente a las inevitables tareas de reconstrucción nacional y liberación social que tendremos que asumir en los tiempos venideros si en algo nos interesa nuestra tierra.

Le damos el nombre a esta Conexión de "Putin", por el papel muy especial que viene jugando Rusia a través de la figura de Putin, no solamente por su renacimiento como potencia mundial luego de la debacle de la URSS, sino como polo hegemónico de una cosmovisión político-ideológica que frente al discurso y la política disolvente de naciones y pueblos que vienen jugando los hijos políticos directos tanto del socialismo real de Estado como del neoliberalismo, se alza contra estas procurando un discurso de la unidad de los pueblos, la identidad, la tradición, la nación, la soberanía, el mundo multipolar. Incluso haciendo puentes con muchos novedosos intelectuales que de manera muy interesante se enfrentan al liberalismo y donde suman a su crítica feroz las líneas libertarias de la izquierda, buscando la reconstrucción del pensamiento conservador y nacionalista, en un mundo de naciones que frenen la caotización globalizante "atea, bancaria y posmoderna" que producen según estos el quiebre de las identidades humanas. Es el caso de intelectuales como el ruso Alexander Duguin y el francés Alain Benoit. Es la contraposición de la que se ha venido llamando el "euroasiatismo" al mundo unipolar de la OTAN-Europa-EEUU.

Se trata de un nuevo polo hegemónico naciente que ya tiene sus efectos en la renovación del nacionalismo de derecha europeo antiUE (Unión europea), que busca en estas nuevas síntesis deslastrarse del manto nazi-fascista con que se le sigue acusando con razón, pero que también rebota sus ecos en personajes tan díscolos como Donald Trump en su xenofobia, su racismo, y su aparente confrontación con los capitales transnacionalizados, banqueros, mediáticos. De allí la acusación que se le ha hecho de ser "un agente de Putin". El encuentro de Putin con Marie Le Pen previo a las elecciones presidenciales venideras (más importante representante de esta extrema derecha europea por el peso de Francia) lo hace evidente, pero su extensión no se queda allí. El criminal y fascista de Erdogan, presidente de Turquía, en sus juegos geopolíticos y su obsesión por consagrarse como el nuevo sultán Otomano, para el actual referéndum donde intenta constitucionalizar su dictadura, también ha hecho suyo este nuevo nacionalismo, hablando de soberanía, independencia, poder del pueblo –¿ecos de un chavismo desarmado?-, buscando así mismo alianzas con Rusia que podrían ser estratégicas y una postura de encuentro con el euroasiatismo.

Si a ver vamos se trata de un renovación de los viejos ríos del fascismo, pero que en este caso menos delirantes, totalitarios y ambiciosos. Como todo nacionalismo conservador a la final es la otra cara de un mismo despotismo del capital queriendo lavar las consecuencias de la obra empobrecedora, caótica y destructiva en su alma exclusivamente imperial y globalizante, no por el reformismo sino por el conservatismo enclavado en el pueblo pobre. Pero al renovar también genera seducción y enseñanza, de allí lo interesante de la radicalidad crítica de sus intelectuales. Y es por esta razón donde simplemente advertimos de su entrada entre nosotros en su versión más reaccionaria, utilizando posiblemente no una derecha goda ignorante y archineoliberal, sino pedazos de un chavismo empobrecido espiritualmente que tiene todas las condiciones para que muchas de sus partes más plebeyas busquen inclinarse y salvarse en estas posturas de unidad, sangre, nación, identidad, como pasa en otros lados del mundo. ¿Serán personajes como Diosdao Cabello y el mundo cívico-militar que gira sobre ellos, sus candidatos a "conectar"?. Vaya a saber, de estos personajes de gobierno ya es muy difícil saber qué líneas de mundo pasan por sus cabezas, cuando todo debate está desde hace mucho tiempo cancelado.

Al haberse perdido la profundización política, programática, teórica, del pensamiento propio revolucionario y libertario, se busca en la cabeza del amo nuestra propia salvación, cuando es en realidad el enterramiento más hondo y seguro. Todas estas conexiones, la que ya han hecho sus terribles juegos conspirativos, y las que podrían ser como esta última, tienen en realidad una razón de haberse impuesto y destruir hasta donde han podido: la ausencia de una capacidad de contraofensiva nuestra, como pueblo y nación en lucha, contra estas "conexiones" que siempre estarán presentes. Una contraofensiva que haya permitido la reafirmación de un camino propio y jugarnos también nosotros la posibilidad en el mundo y el continente de una conexión potente y contra hegemónica. Nada que hacer por ahora, ya la primera obra revolucionaria, soñada entre los años ochenta y noventa del siglo pasado, la han destruido casi por completo en estos juegos del hambre, la destrucción y la conspiración completa.

Debilitados como estamos los tiempos que vienen van a ser muy duros, de una injusticia hacia las condiciones materiales, de dignidad y libertad de nuestro pueblo que todos los días son más asombrosas. Aún así el ave fénix de la respuesta espera su momento hasta con cierta felicidad porque demasiadxs sabemos y segurxs estamos de que aquí no acaba la historia…esperamos haber contribuido con estos tres trabajos de "Notas al margen" a aportar algo a esa inteligencia rebelde que sigue construyendo su tiempo.

- postaporteñ@ 1747 - 2017-04-02 11:56:36
postaporteñ@_______________________________

De nuevos y viejos fujimorazos

-------------------------

Se caía de maduro

---------------------------

"Fujimorazo": el Tribunal Supremo de Justicia se declaró representante de los 30.000.000 de venezolanos.

Con una sencilla y quirúrgica medida se obtienen varias cosas importantes: menos blablá + simple llegar a la sanción de las leyes y + ahorro en dietas de legisladores.

Antes de Fujimori en Perú, en Uruguay, el 27 de junio de 1973, otro presidente que había llegado por las urnas disolvió las Cámaras legislativas.

Lo demás ya se sabe (eeeh... huuum...: ¿se sabe?).

Ese presidente, Bordaberry, dijo en la ocasión:

Afirmo nuestra profunda vocación democrática y nuestra adhesión sin reticencias al sistema de organización política y social que rige la convivencia de los uruguayos.

Este paso no va a limitar las libertades ni los derechos de la persona humana.

Para ello y para su vigilancia estamos nosotros mismos...

Espero que al leer la palabra presidencial todos hayan exhalado un suspiro de alivio.

¡Continuar!

 Juan del Sur

@juandelsur2

 

CEJIL | Condenamos que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela deje Asamblea General sin competencias

30/83/17

El Tribunal Superior de Justicia venezolano le quita las facultades democráticas al Parlamento, rompiendo con esta decisión la separación de poderes.

San José y Washington D.C., 30 de marzo del 2017.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra preocupación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia venezolano de arrogarse facultades legislativas rompiendo con esta decisión la separación de poderes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venezolano decidió —en una sentencia del pasado 29 de marzo de 2017­— que la “Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por [dicha] Sala o por el órgano que ella disponga”. Dos días antes de esta sentencia, el TSJ realizó un pronunciamiento declarando inconstitucional el respaldo a la Carta Democrática Interamericana, por parte de la Asamblea General, y estableciendo que sus miembros incurrieron en el delito de traición a la patria, despojándolos de su inmunidad parlamentaria.

El fallo del 29 de marzo es contrario al espíritu de la Carta Democrática Interamericana que consagra expresamente en el artículo 3 como elementos fundamentales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, […] y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Desde CEJIL exhortamos al Estado venezolano a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y a restablecer el Estado de derecho en el país.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Repudiamos sentencias del TSJ que profundizan la

restricción a las libertades democráticas

Partido Socialismo y Libertad (PSL) 

En los últimos dos días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio nuevos zarpazos antidemocráticos, profundizando la restricción a las libertades democráticas que el gobierno de Nicolás Maduro viene realizando, amparado por el TSJ, el cual viene siendo controlado por el propio gobierno de Maduro.

Con estas decisiones del TSJ, el gobierno en los hechos, disuelve la Asamblea Nacional en la medida en que formaliza la eliminación de sus atribuciones constitucionales y levanta la inmunidad a los parlamentarios, dejándolos sin el fuero correspondiente y a merced de las decisiones arbitrarias del gobierno y el TSJ.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) repudia categóricamente todas estas acciones que evidencian que el gobierno de Maduro se constituye en un régimen semidictatorial. Un gobierno autoritario basado en el respaldo de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, y apoyado por amplios sectores empresariales, los banqueros, las transnacionales petroleras y la burocracia sindical.

El PSL rechaza este nuevo ataque a las libertades desde una consecuente posición de izquierda y de defensa de los derechos de los trabajadores. No reconocemos a este gobierno como un gobierno socialista. Maduro viene gobernando hambreando al pueblo trabajador y haciendo acuerdos con el empresariado y las transnacionales. 

Tampoco confiamos ni apoyamos a la MUD. Nuestro repudio a la disolución de hecho de la Asamblea Nacional no es un apoyo político a la MUD sino un rechazo a una acción antidemocrática contra la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del 6D. De ninguna manera sembramos esperanzas en la MUD, la oposición patronal y proimperialista, quienes también son responsables de los males que aquejan a todos los venezolanos. Ellos sólo quieren ser los sucesores de Maduro en Miraflores, apropiarse de la renta petrolera y seguir con el ajuste a los trabajadores.

Estas medidas del TSJ son continuación de las restricciones antidemocráticas del gobierno de Maduro, el cual viene instrumentando las llamadas OLHP, un operativo criminal con el cual se han perpetrado varias masacres de personas inocentes y sin antecedentes penales. Se conformó el Comando Antigolpe, el cual procedió a detener a varios diputados y dirigentes políticos de la oposición burguesa agrupada en la MUD. El gobierno se niega a realizar elecciones regionales y de alcaldes, así como elecciones sindicales, siendo el caso más emblemático el de la federación sindical petrolera, Futpv. Y el pasado año hizo malabares para evitar que se activara el referendo revocatorio, solicitado por un importante sector de la población.

Mientras el gobierno de Maduro muestra su cara más antidemocrática, avanza en acuerdos económicos con el empresariado en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, y más recientemente, en la Expo Feria Venezuela Potencia 2017, donde otorgó más de 45 millones de dólares a empresas nacionales y transnacionales. Por otra parte, entrega el Arco Minero del Orinoco, y paga puntualmente la deuda externa a la banca internacional. Este año se apresta a pagar 17 mil millones de dólares, y en el 2016 pago 18 mil millones.

Es evidente que el gobierno, con este avance totalitario busca allanar el camino para seguir aplicando el brutal paquete de ajuste con el cual se hace pagar al pueblo trabajador el costo de la crisis, y continuar entregando nuestras riquezas minera y petrolera a las transnacionales a través de la empresas mixtas.

Asimismo, el gobierno pretende perpetuarse en el poder. No es de extrañar que se esté preparando declarar el estado de conmoción nacional para suspender todas las elecciones, inclusive las presidenciales del 2018, y tomar acciones más drásticas contra los diputados, contra el conjunto del movimiento de masas y los sectores que se movilicen por sus derechos, y contra los que disientan o se opongan al gobierno.

Nuestra organización rechaza todo tipo de injerencia de la OEA, en asuntos que deben ser resueltos por los venezolanos. Nos oponemos a la implantación de la Carta Democrática, porque esta representa la injerencia de fuerzas e intereses imperiales respecto a nuestra soberanía, así su llamado sea la justa realización de elecciones.

Rechazamos a este represivo y hambreador gobierno, que sólo ha sembrado miseria en el pueblo trabajador y se ufana de la entrega de nuestros recursos petroleros y del Arco Minero del Orinoco. Hay que salir ya de este gobierno.

En ese sentido, la salida estratégica es un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo que revierta la debacle social y política que vivimos. En ese camino debemos luchar en defensa de las libertades reclamando una inmediata convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde el pueblo trabajador pueda decidir todo.

El PSL llama a la Plataforma en Defensa de la Constitución, a la Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico, a Marea Socialista, y a todos los sectores democráticos, a los sindicatos, organizaciones populares, campesinas y estudiantiles a movilizarnos y pronunciarnos unificadamente en contra de estas medidas, antes que se terminen de liquidar todas las libertades democráticas.

31 de marzo 2017

 

Transparencia Venezuela | Siete magistrados dejan sin Estado de Derecho a más de 31 millones de venezolanos al poner en manos del Presidente Maduro todos los poderes públicos

Mar 30, 2017 

Transparencia Venezuela hace un llamado a los representantes de los poderes públicos que fueron despojados de sus funciones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a defender la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y la vigencia plena de la Constitución. De no hacerlo y obedecer o ejecutar algún acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución, no sólo serán cómplices de la ruptura del orden democrático, sino que incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso.
Caracas, 30 de marzo de 2017. Siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ), 5 de ellos designados en procesos viciados de irregularidad, acabaron con la separación de poderes —condición sine qua non de la democracia— al entregar al presidente Nicolás Maduro la potestad de tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias, sin consulta de ningún otro Poder, para “evitar un supuesto estado de conmoción”.

Los autores materiales

Los magistrados Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo (en suplencia de Gladys Gutiérrez) firmaron en ponencia conjunta, la sentencia 155 de la Sala Constitucional del TSJ, que entrega todo el poder al Presidente de la República y declara traidores de la Patria a los diputados por solicitar la activación de la Carta Democrática.

Estos magistrados se convirtieron en incondicionales aliados de los intereses del gobierno nacional y, finalmente han acabado con la democracia, sostenida en el Estado de Derecho y en la separación de los Poderes. Llama la atención que la magistrada Gladys Gutiérrez, por más de 4 años presidenta del TSJ y miembro de esta sala, no haya tomado parte en una sentencia tan crucial como ésta.

Estos siete magistrados coronaron a Nicolás Maduro como el Jerarca de Venezuela, traspasaron a él la soberanía nacional y le entregaron las funciones de todo el Poder Público Nacional. 

Transparencia Venezuela 

CIDH | Condenamos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y la alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela

31 de marzo de 2017

Washington, DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional.

El 28 y 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos decisiones a través de las cuales levanta las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional, establece que sus actos constituyen traición a la patria, otorga al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales, y, por otra parte, arrogándose las competencias del Poder Legislativo, decidió que dichas competencias serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que dicha sala disponga. Además establecen otras afectaciones al funcionamiento de un Poder Legislativo independiente en Venezuela.

La Comisión condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado. La CIDH expresa su absoluta preocupación ante decisiones mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido funciones y decisiones sobre asuntos políticos y legislativos que son ajenos a la función judicial, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular. Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático. Anteriormente, en septiembre de 2016, la CIDH había condenado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mediante la cual dicho tribunal declaró nulas y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea Nacional, a la cual declaró en desacato.

La Comisión Interamericana condena el uso del derecho penal -del delito tipificado como traición a la patria-, como un medio para silenciar, intimidar y criminalizar la crítica al Gobierno realizada por los diputados de la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, la Comisión observa que la primera decisión del Tribunal Supremo de Justicia dota al Presidente de la República de poderes discrecionales, que través de un lenguaje amplio y ambiguo permite la adopción de medidas de toda índole. Esta situación tiene la potencialidad de generar limitaciones a los derechos humanos.

La CIDH ha establecido reiteradamente que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto.

La relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción  al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho. En particular, la Comisión urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación en la vida política en el país de todos los sectores.

La CIDH se pone a disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país. En este sentido, la CIDH reitera la solicitud de anuencia del Estado de Venezuela para realizar una visita de observación, que la Comisión viene solicitando desde el año 2004.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Foro por la Vida | Denunciamos golpe a la soberania popular

31 Mar 2017

Las organizaciones no- gubernamentales de derechos humanos que suscribimos el presente pronunciamiento, integrantes de la coalición “Foro por la Vida” rechazamos categóricamente las sentencias N° 155 del 28 de marzo de 2017 y 156 del 29 de marzo de 2017 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) . Estas decisiones desconocen el mandato constitucional de los diputados libremente elegidos en votación popular y golpean las garantías constitucionales relativas a la separación y autonomía de los poderes públicos.

Las referidas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante TSJ)  confirman la preocupación manifestada por los distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos ante la ausencia de institucionalidad democrática, separación de los poderes y ruptura de las garantías democráticas básicas  La actuación del TSJ confirma la ausencia de una institucionalidad democrática en el país.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 156, dá un golpe certero a los restos de soberanía popular que quedan en el ordenamiento político e institucional venezolano al abolir de facto las competencias de la Asamblea Nacional (en adelante AN). Las sentencia usa como pretexto un supuesto desacato a fallos anteriores del propio tribunal; con este nuevo fallo queda abolida de hecho la voluntad del pueblo venezolano que libremente eligió a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público de Elección Popular.

El TSJ con su  sentencias 155 y 156 destruye el Estado de Derecho al otorgar al Ejecutivo atribuciones que son exclusivamente de la Asamblea Nacional contempladas en el artículo 187 de la Constitución; declara la “omisión institucional parlamentaria” y decidió que ” mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Estas sentencias de facto constituyen la consumación de la disolución o cierre jurídico de las competencias constitucionales de la AN, lo cual es una ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el funcionamiento de la democracia. Configura un secuestro de la soberanía popular representativa de la AN que es la esencia de una democracia: el respeto a la voluntad popular.

Con estas sentencias la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia transgrede y da la espalda a sus atribuciones constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en los distintos instrumentos de protección de derechos humanos.

De acuerdo a la Fiscal General de República, Luisa Ortega Díaz, “estas sentencias tienen varias violaciones del orden constitucional ydesconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

El Foro por la Vida recuerda que estos principios y normas constitucionales son transgredidos precisamente por el órgano llamado a ser su intérprete y garante de su supremacía y efectividad. Por ello señalamos que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos; de igual modo la Constitución no pierde su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza.

Por más que desde el poder recrudezca la conducta criminalizadora y estigmatizante, destinada a silenciar la crítica y el debate democrático, seguiremos firmemente cumpliendo el deber y el derecho de todo ciudadano a exigir la plena vigencia del orden constitucional y el respeto íntegro e indivisible de todos los derechos humanos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales.

La grave situación social derivada del rápido empobrecimiento de la población, la crisis de los servicios de salud publica, las altas tasas de violencia criminal, el deterioro de la educación pública y la desnutrición no pueden enfrentarse efectivamente sin plenas garantías para las libertades y derechos humanos.

Ante tan delicada situación que afecta la vigencia de la institucionalidad republicana establecida en la Constitución, las organizaciones del Foro por la Vida reafirman la importancia del estricto apego a las normas del derecho internacional de los derechos humanos como mecanismo para alcanzar la justicia y dignidad para todas las personas.

Exigimos que se reestablezcan inmediata y plenamente los derechos y libertades de la personas que habitan en el territorio venezolano y ello implica ceñirse con estricto apego a lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y las  garantías establecidas en la Constitución venezolana.

Requerimos a las altas autoridades del gobierno nacional el cese de la violencia institucional en contra del Poder Legislativo y que se respeten los mecanismos instititucionales para avanzar en la resolución de la grave crisis política nacional.

Agradecemos la solidaridad expresada por diversos gobiernos, personalidades y organizaciones de derechos humanos que igualmente rechazaron estas sentencias y reclaman la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela

Acción solidaria
Accion Ciudadana contra el SIDA (ACCSI)
Caritas Los Teques
Centro de DDHH de la UCV
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Cofavic
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
Comisión de Justicia y Paz de la Conver
Coprodeh
Espacio Público
Observatorio Venezolano  de Derechos Humanos de las mujeres
Servicio Jesuita a Refugiados
Vicaria de Dd.hh de Caracas

BOLIVARIANA

INDISCIPLINA PARTIDARIA,
la columna de Hoenir Sarthou en Voces 29/3/17

Venezuela se ha convertido en un problema para quienes se proclaman “de izquierda”


Como ejemplo, basta ver el abanico de posturas existente en el oficialismo uruguayo, así como en fuerzas que se consideran más a la izquierda que el Frente Amplio. Hay desde quienes apoyan la postura agresivamente intervencionista adoptada por Luis Almagro como Secretario General de la OEA, hasta quienes consideran que cualquier crítica al gobierno venezolano es un acto desleal de apoyo al imperialismo.

¿Quién tiene razón? En caso de que alguien la tenga.

El análisis de este asunto requiere responder no una sino dos preguntas.
La primera es si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas, es decir las garantías constitucionales que el mismo chavismo promovió en su momento, y si tiene o no válidamente cuestionada su legitimidad democrática.
Si la respuesta a esta primera pregunta es “sí”, se abre otra interrogante: ¿qué actitud deberíamos asumir ante eso como uruguayos y en particular cómo debería actuar nuestro gobierno?
Esta segunda pregunta es importante porque la respuesta no puede ser dada desde la pura abstracción. Por un lado, porque es claro que cualquier intervención que se produzca, ya sea política, económica o incluso de fuerza (no es la primera vez que se incentivan conflictos fronterizos en la zona), no será hecha por la mano de Dios, sino por intereses y gobiernos muy deseosos de intervenir, directamente o a través de organismos internacionales, en su propio beneficio

Y, por otro lado, porque opinamos y actuamos desde un país chico de Sudamérica, para el que el principio de “no intervención” debería ser una regla sagrada.
Sobre la primera pregunta (si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas y tiene válidamente cuestionada su legitimidad democrática), mal que nos pese a muchos, sólo puede darse una respuesta afirmativa. La crisis económica, la corrupción, el desorden administrativo y el desabastecimiento de productos esenciales han erosionado el apoyo popular inmenso que Maduro heredó de Chávez.

La fractura política del país, la manipulación y luego la desconsideración del poder ejecutivo hacia los otros poderes del Estado, el encarcelamiento de líderes opositores y finalmente la suspensión de las elecciones son la prueba del desgaste del gobierno, que no posee ya la capacidad de hegemonizar en grado suficiente ni siquiera a los sectores populares de la población venezolana. Cada vez más recostado en el ejército y en el núcleo duro de sus militantes, funcionarios y prebendarios, el gobierno de Maduro ha perdido esa condición de marea popular, tal vez no muy escrupulosa en las formas pero sin duda mayoritaria, que caracterizó al chavismo de Chávez.
Más allá del debate constitucional sobre la suspensión de las elecciones, esa suspensión es un símbolo claro de lo que está pasando en Venezuela.

Si algo caracterizó a Chávez y a la segunda ola de gobiernos de intención revolucionaria en América Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia) es que sus pretensiones revolucionarias de “socialismo bolivariano” no se fundaron en los fusiles ni en focos insurreccionales. Nacieron, vivieron, intentaron cambiar la ecuación de poder y cambiaron sus respectivas constituciones a golpes de urna, en base a apoyos populares masivos verificables en sucesivas elecciones. Si algo caracterizó al chavismo de Chávez fue la confianza absoluta en su capacidad de enfrentar elecciones y plebiscitos

Por alguna razón, el chavismo no produjo material teórico sobre este punto (como sí lo hizo el castrismo con la guerra de guerrillas y la teoría del foco), pero a estas alturas es evidente que la capacidad de legitimarse popularmente mediante instancias electorales y plebiscitarias, no rehuyéndolas nunca y sometiéndose a ellas con considerable honestidad, fue parte sustancial de la concepción de Hugo Chávez Frías, para quien el ejército y el aparato estatal no podían sustituir al calor popular en que fundaba su liderazgo y el futuro de su régimen.
Hoy vemos a Maduro en la posición opuesta. Aunque intenta seguir las políticas sociales populares del chavismo, ha perdido la legendaria confianza de Chávez en las expresiones políticas de su pueblo. Por eso rehúye una elección en la que casi seguramente saldría derrotado. No saber soportar una derrota, y -como lo hizo mil veces el peronismo- conformar un movimiento opositor que seguramente llevaría de nuevo al chavismo al poder en poco tiempo, es la prueba de la debilidad e incapacidad política de Maduro y de los cuadros que lo rodean. Incapacidad para entender y promover el funcionamiento democrático, pero también para entender la premisa estratégica y política sobre la que se edificó el chavismo: un gobierno popular no puede temer a las elecciones.

Esa incomprensión probablemente lleve a la ruina a Maduro y a su gobierno, pero sobre todo compromete el futuro de la tradición política chavista.

¿Esa debilidad democrática del gobierno de Maduro justifica la intervención externa y la actitud de Almagro que la promueve?

Por cierto que no. Sea cual sea la situación política de Venezuela, sólo los venezolanos tienen legitimidad para buscar alternativas y luchar para imponerlas. Detrás de la idea de que los organismos internacionales, como la OEA, tienen facultades para supervisar el carácter democrático de los Estados que la integran late una noción muy peligrosa: la de que la democracia y las garantías institucionales pueden ser impuestas a presión o por la fuerza. Una noción que encierra una contradicción básica.

¿Qué legitimidad democrática tiene un organismo como la OEA para decirles a los gobiernos qué deben hacer?

¿Qué autoridad democrática, otorgada por qué pueblo, tiene el Sr. Almagro para discutir de igual a igual con cualquier presidente? Y más aún: ¿qué autoridad moral y política tienen los gobiernos de los Estados que respaldan a Almagro en su gestión contra el gobierno de Venezuela? ¿La tienen los EEUU, que han invadido y bombardeado a países enteros, siguen enredados en guerras inadmisibles y espían hasta a sus socios? ¿La tienen Estados fallidos, incapaces de asegurar la vida de sus habitantes, como México? ¿La tiene Brasil, presidido por un suplente acusado de delitos peores que la presidente a la que sustituye?


El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, principio clásico del derecho internacional, no es una formalidad del pasado. Está hoy en discusión justamente porque es un freno a la idea de que las decisiones políticas pueden ser impuestas o supervisadas por organismos tecnocráticos carentes de todo respaldo y control popular, organismos, en todo caso, dominados por los Estados más fuertes y, lo que es aún peor, por los intereses financieros y corporativos que controlan a su vez a los gobiernos de esos Estados.
En el caso de Uruguay, muy especialmente, nos va la vida en ese principio. Porque carecemos del poder económico, el territorio y la población como para resistir por la vía de los hechos el poder de las corporaciones y de los organismos internacionales que operan para ellas.

¿Por qué el caso de Venezuela inquieta a la OEA y al Sr. Almagro, que nada dicen sobre las guerras y el espionaje de los EEUU, ni sobre las masacres impunes en México, ni sobre el carnaval político en medio del cual se destituyó a Dilma Rousseff y se instaló a Temer?

La respuesta es obvia: a pesar de todos los pesares, los poderes e intereses que están detrás de organismos como la OEA no se mueven con comodidad en la Venezuela de Maduro. Al menos no con tanta comodidad como en los EEUU de Obama y Hillary (no sabemos todavía qué pasará con Trump) en el México de Peña Nieto, en el Brasil de Temer, o en la Argentina de Macri. 
Sumarnos a la cruzada de Almagro y de la OEA no favorece a los venezolanos, por más que los venezolanos tengan todo el derecho a estar hartos de Maduro. Pero, sobre todo, sumarnos a esa cruzada equivale a trenzar una cuerda con la que un día podríamos ser ahorcados.

posta - postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01 10:00:11
postaporteñ@_______________________________

Como el Uruguay no hay...!!! Campeones en concentración de la tierra en pocas manos

¿La Tierra para el que la trabaja o para las S.A.?

Editorial periódico La Verdad 107 marzo 2017

Los  gobiernos seudo progresistas del Frente Amplio han sido responsables no solo de una extranjerización y concentración de la tierra histórica, sino de facilitar su propiedad a través de las S.A.

Según un trabajo detallado, publicado en el suplemento Campo, del semanario Búsqueda del 23/3/17, basado en cifras oficiales, unas 90 empresas, en su mayoría S.A, fueron autorizadas, durante estos 10 años(bajo los gobiernos de Tabaré y Mujica) a ser propietarias nada menos que de 5,7 millones de hectáreas.

Esta barbaridad la realizaron reglamentando la Ley 18.092, del año 2007, que tenía supuestamente como objetivo justamente prohibirle a las S.A., la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles y explotaciones agropecuarias. El decreto reglamentario estableció el régimen de excepciones a la obligatoriedad de identificar a los propietarios de dichas explotaciones, sobre la base de que “sean proyectos prioritarios para el desarrollo productivo del país”.

En el listado de las principales empresas autorizadas aparecen, Union Agriculture Group(UAG) con 320.000 has., Stora Enzo con 308.000, Agronegocios del Plata con 156.994, Guanaré(Forestal Atlántico Sur) con 118.000 has., Forestal Oriental(UPM) con 115.709has., a las que se suman las de Uruwood subsidiaria de la antedicha, con 115.000 has. Eufores adquirida por Arauco y Stora Enzo (Montes del Plata) joint venture con 369.000 has. Con decenas de miles de hectáreas figuran MSU, Pérez Companc, Hudson Investiments, Inglebay, Louis Dreyfus, Soros, Bulgheroni y Weyerhaeuser.

Todos son monopolios de los países imperialistas y asociados a ellos, que tienen sus inversiones fundamentalmente en los monocultivos forestales y sojeros, depredadores y contaminantes, aunque abarcan también la explotación de la ganadería, la lechería y también la minería, y cuya instalación en nuestro país se ha incrementado explosivamente, junto a la profundización de la dependencia y la cada vez mayor sujeción a la división internacional del trabajo imperialista, que han promovido a rajatabla los gobiernos del Frente Amplio.

En esta política, que ha venido expulsando a miles de pequeños y medianos productores del campo, que mantiene a la lechería en una larga crisis, afectando a miles de tamberos y a la industria láctea, estos gobiernos entreguistas han  tenido el apoyo político de la derecha tradicional, y han sido sostenidos a nivel social por la mayoría oportunista de la dirección del PIT-CNT, que maniata las luchas y apoya abiertamente las plantas de celulosa, como en su momento a Aratirí, la Regasificadora, etc.

La ocupación de tierra en Bella Unión

Vaya desde estas páginas nuestro saludo y solidaridad con la justa lucha que han emprendido trabajadores cañeros de Bella Unión, Artigas, nucleados en UTAA, con la ocupación de una fracción de tierra que lleva 50 días y la huelga de hambre en Montevideo. Denuncian valientemente la crisis social que se está viviendo en esa zona del país, donde se siguen súper explotando a los trabajadores y cerrando fuentes de trabajo.

Esto demuestra una vez más la necesidad de una verdadera Reforma Agraria, con expropiación de los latifundios de más de 2.500 has, que reparta la tierra a los campesinos pobres, asalariados agrícolas y todo el que quiera trabajarla, que promueva la cooperativización y que instale también grandes explotaciones estatales, para impulsar un nuevo desarrollo agropecuario. Esto podría generar decenas de miles de puestos de trabajos estables y dignos en el campo, garantizar la soberanía alimentaria y proveer de materias primas a la industria nacional. La Reforma Agraria es parte fundamental del programa revolucionario, para romper la dependencia del imperialismo y marchar al socialismo.

El gobierno del FA en problemas

El tercer gobierno del FA enfrenta desde el 2015 los efectos de la crisis económica internacional en la región y el país. Hubo un pobre crecimiento del PBI, del 1,5% en el 2016, pero con  sectores fundamentales de la economía, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio, en recesión.

Esto lo ha llevado a un déficit fiscal del 4%, a un aumento de la desocupación y el trabajo no registrado (alrededor de 300.000 trabajadores según recientes cifras oficiales) a un salto en la deuda externa, al ajuste fiscal, a los tarifazos y a la rebaja de salarios.

Al mismo tiempo tiene una situación política cada vez más complicada por las luchas obreras y populares que a pesar del oportunismo, y la dispersión y carencias de los sectores clasistas entre los que nos contamos, se ha abierto paso estos años y se puede incrementar en este año, como lo demostró la histórica marcha del 8/3, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde las reivindicaciones por los derechos de la mujer y contra la violencia doméstica y los feminicidios, se unieron claramente con reivindicaciones sociales y duros cuestionamientos al gobierno y al sistema explotador.

Luchas como las que están protagonizando estos días los obreros del Molino de Dolores por su reapertura, los obreros gráficos de la Impresora Polo, los trabajadores camioneros del SUTCRA por salarios y condiciones de trabajo. Luchas que se vienen en el sector público cuando se plantee la Rendición de Cuentas con el Presupuesto que quedó pendiente.

Está complicado también por la acción de la derecha tradicional que apoya la política de Astori en general, pero lo picanea por derecha por más “seguridad”, más apertura al exterior etc., y lo viene golpeando por la corrupción y el despilfarro de ANCAP, realiza interpelaciones permanentes e impulsa comisiones investigadoras que lo exponen ante el pueblo y le generan cada vez más contradicciones en una interna en la que ya juegan también las candidaturas y alineamientos para las elecciones del 2019.

Muestra de ello es la pérdida del diputado 50, y la polémica pública entre Darío Pérez y De los Santos de Maldonado, cuando cerró el Cambio Nelson, que además de una mini crisis financiera con importantes derivaciones, comprometió al BCU que “no sabía nada” y se expusieron incluso los vínculos de sectores del FA con su dueño, Francisco Sanabria, secretario del Partido Colorado en Maldonado, fugado a  Miami.

Complicado también por la persistencia de la Unidad Popular-AP, que aparece ya como fuerza de izquierda consecuente y factor político nacional en un proceso que lleva ya 11 años, y que avanza a su 7° Encuentro Nacional de Militantes el 13/5.

Hacia un 1° de Mayo clasista contra el gobierno y el oportunismo

En estas condiciones marchamos a un nuevo 1° de Mayo, con la necesidad de la mayor unificación posible de las luchas obreras y populares, para evitar que el gobierno descargue la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, y para enfrentar también esta amenaza represiva surgida a partir del decreto que posibilita la represión policial, sin participación judicial de los cortes de calles y rutas. Decreto que supuestamente no se aplicaría a las luchas sindicales pero que al otro día de su promulgación debuta con la detención policial de trabajadores camioneros por un piquete frente a Montes del Plata, en Colonia.

Para unificar las luchas y abrir una nueva situación en el movimiento sindical, en la perspectiva de doblarle el brazo al gobierno del oportunismo y poder derrotar su política de entrega,  el ajuste y la rebaja salarial, es fundamental fortalecer el clasismo y sus agrupamientos en cada sindicato y avanzar en la coordinación y unidad de acción de las corrientes clasistas que persistimos pero estamos dispersos.

¡Por la Unidad de los que luchan!

  Ricardo Cohen

----

 

NdeR: en nota  siguientedonde se reproduce, también  en forma completa el estudio de la revista Campo del semanario Búsqueda.

 

Concentración de la propiedad de la tierra bate records


En contra de su prédica ideológica, el Frente Amplio ampara la mayor concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se registra en la historia del país

.Correo de los Viernes 664-31/3

Cuando hizo su campaña electoral en 2004, el actual presidente Dr. Tabaré Vázquez prometió que iban a temblar hasta las raíces de los árboles, dando cuenta de que un gobierno del Frente Amplio significaría un cambio radical, sobre todo en materia económica.

En su prédica histórica, el Frente postuló la nacionalización de la banca, la reforma agraria, el no pago de la deuda externa y la ruptura con el Fondo Monetario Internacional.

Nada de eso se hizo –por suerte para el país– y se ratificaron las orientaciones económicas que históricamente tuvo el país.

Pero en algunos casos hay situaciones extremas. Eso es lo que ocurre con la concentración de la propiedad de la tierra, que ha alcanzado un registro record, según un reciente estudio de la revista Campo que se publica con el semanario Búsqueda.

En la actualidad y como consecuencia de la forestación y la extensión de las actividades agrícolas, 90 empresas son propietarias de predios que abarcan 5.700.000 hectáreas, equivalentes a los territorios de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.

Una ley del año 2007 intentó prohibir que las sociedades anónimas fueran propietarias, pero a la vez se estableció un régimen de excepciones al que se ha acudido reitera y abusivamente.

Según Campo, la nómina de excepciones es realmente enorme.

Reproducimos acá el listado.

Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union Agriculture  Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.

Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.

En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en conjunto.

Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.

El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas pertenece a Hudson Investment Holding, constituido en las Islas Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de Ganadería y Economía en 2011.

Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000 hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos, y que opera en diferentes países.

Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000 hectáreas.

El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes: Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación y arándanos.

En el listado figura además la estatal Alcoholes del Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.

RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500 hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.

Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.

Como se ve, tanto la vieja prédica frenteamplista como la propia ley del año 2007 –que tenía el objetivo de limitar la concentración de la propiedad– han quedado por el camino.

- postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01 09:44:10
postaporteñ@_______________________________

POSTALINAS

A propósito del decreto del Ejecutivo y UPM

Recibimos y publicamos. Por Ignacio Stolkin.

Fuente: la diaria 30/3

A quien haya observado en los últimos tiempos la desesperación del gobierno por promover la instalación de una nueva planta de celulosa a orillas del río Negro -que traerá millones de dólares de pérdida al país- y conozca la existencia del acuerdo de inversiones Finlandia-Uruguay, no le llamará la atención la aparición del decreto presidencial del 20 de este mes dando no sólo libertad de acción a la Policía para disolver por la fuerza manifestaciones que puedan interrumpir el tráfico “normal” de caminos y carreteras, sino habilitando el llamado al Ejército si esta lo cree necesario. “De inmediato” daría aviso al juez. Nada se dice de para qué se le avisa.

Y es que el acuerdo (más bien, el contrato leonino) Uruguay-Finlandia fija la obligación de nuestro gobierno de dar “una total y constante protección y seguridad” a las inversiones finlandesas (artículo 2º inciso 2) y de compensar al inversor “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones en el territorio de esta Parte Contratante” (artículo 6º inciso 1)

¡De más está decir en qué forma se obliga al Estado uruguayo a pagar!

Es claro que el apresuramiento por decretar la acción policial sin intervención judicial y de hacer mención al derecho de huelga (consagrado por el artículo 57 de la Constitución de la República) dejando su alcance a la libre interpretación de la autoridad es, justamente, demostrar a los inversores que somos un “país serio” (yo diría genuflexo) y que vamos a obedecer el acuerdo internacional y todas sus órdenes y prepotencias, incluso determinando cuál es el lugar del puerto de salida de sus productos, independientemente de que el tránsito o la belleza de nuestra capital esté en juego.

Llama la atención la intervención de la ministra Marina Arismendi, sugiriendo en forma subliminal que el conocido levantamiento de camioneros que condujo a la caída de Salvador Allende en Chile puede precipitar la caída del gobierno porque se puede interrumpir la salida de la producción de arroz. Y, en general, aceptando que se impida demostrar a cualquier grupo social. ¿Hubiera preferido la señora ministra que la Policía (acompañada del Ejército) hubiera “sacado del forro” a las 300.000 personas que interrumpieron el 8 de marzo ni más ni menos que nuestra principal avenida?

Pero si necesitamos una confirmación de a quién va dirigido este decreto, veremos que su primera aplicación fue la detención de dos trabajadores. ¿Dónde? Ni más ni menos que frente a una productora de celulosa a la que se otorgaron las mismas condiciones de inversión que a BOTNIA -hoy UPM-, sin que mediara ningún acuerdo o contrato comercial que obligara a nuestro país. Mejor no aplicar el dicho “más claro, echale agua”, porque de ese elemento hacen uso sin pagar un céntimo.

Y aquí no hago mención al problema de las pérdidas económicas -que alcanzarán los miles de millones de dólares-, porque eso ya es poco frente a las pérdidas de carácter moral que estamos sufriendo con este ataque a la libertad de nuestro pueblo y el abuso de autoridad de nuestro Poder Ejecutivo, que, en aras de favorecer intereses externos, ha llegado a quitar autoridad a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debe dar cuentas al Parlamento, instrumentando por decreto una secretaría sobre cambio climático que estará a la orden del presidente de la República y que podrá decidir, sin consulta alguna, sobre temas de importancia nacional, entre los cuales se encuentran las concesiones sobre la no adopción de medidas correctivas a métodos de producción que sean negativos para el medioambiente.

Es de hacer notar que eso ya lo había intentado el presidente José Mujica por la instalación de Aratirí, que finalmente no funcionó.

 

Organizaciones internacionales denuncian amenazas de muerte a defensores y defensoras de derechos humanos en Uruguay

Washington D.C. y Buenos Aires, 29 de marzo del 2017—

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciamos las amenazas de muerte hechas a autoridades estatales, personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, que trabajan por la justicia en casos ocurridos durante el régimen militar en Uruguay.

Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los amenazados y las amenazadas, realizar una investigación efectiva para identificar a todos los responsables por este crimen, y tomar medidas para asegurar que no ocurran de nuevo hechos similares.

La amenaza de muerte fue dirigida a 13 individuos, incluyendo al ministro de Defensa de Uruguay Jorge Menéndez; el fiscal de la Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ex fiscal Mirtha Guianze, que presentó cargos en contra de varios violadores de derechos humanos, incluyendo el antiguo dictador Juan María Bordaberry y el general retirado Gregorio Álvarez; la ex ministra de Relaciones Exteriores y defensora de derechos humanos Belela Herrera; los abogados de derechos humanos que han representado a las víctimas de crímenes durante la dictadura: Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Dirigida en un correo electrónico, la amenaza exponía que “el suicidio del General Pedro Barneix no quedará impune”. El General Pedro Barneix fue nombrado por el Presidente Tabaré Vásquez para dirigir a un grupo que investigó el destino de personas que fueron desaparecidas de manera forzada durante la dictadura. Barneix se suicidó el 15 de septiembre del 2015, después de conocer que sería arrestado por la ejecución extrajudicial del militante de izquierda Aldo Perrini, en 1974. El mensaje también establecía que: “No serán aceptados más suicidios o persecuciones. Desde ahora en adelante, por cada suicidio, asesinaremos tres personas al azar de la siguiente lista”.

Además de estas amenazas, hace menos de un año, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) de la Universidad de la República, quien desde el 2005 ha tenido un papel clave en localizar e identificar los restos de las víctimas de desaparición forzada en Uruguay, fue amenazado de manera similar y fueron víctimas de un ingreso forzoso en su laboratorio. Hasta la fecha, la investigación del robo y amenazas en contra del GIAF no ha producido ningún resultado tangible.

Jo-Marie Burt, asesora principal en WOLA, declaró que “amenazas como estas buscan intimidar a todos aquellos que persiguen la rendición de cuentas por graves violaciones a derechos humanos, y demuestra la persistencia de la impunidad institucionalizada en Uruguay. Su objetivo es asegurar que casos de violaciones a derechos humanos de la pasada dictadura permanezcan impunes. Esto contribuye en la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado que administran e imparten justicia

Por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, apuntó que, en el caso Gelman—CEJIL representó a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos—Uruguay aún tiene pendiente cumplir con varias de las reparaciones ordenadas por este Tribunal, “incluyendo su deber de organizar la estructura del Estado para superar la impunidad que rodeaba los crímenes cometidos por Uruguay durante la última dictadura (1973-1984). Es fundamental que el Estado tome todas las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir las amenazas a quienes ocupan un papel clave en la búsqueda de justicia en estas causas, y no queden impunes”.

WOLA y CEJIL expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de las amenazas quienes, como defensores y defensoras de derechos humanos y oficiales de gobierno, llevan décadas luchado por la justicia y por acabar con la impunidad. Hacemos un llamado al Estado uruguayo para que enérgica y públicamente condene estas amenazas y se comprometa a asegurar la seguridad de los operadores y las operadoras de justicia y de las personas defensoras de derechos humanos. Para asegurar la protección, el Estado debe investigar a fondo las amenazas, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en las Américas.

Uñac BASTA de advertencias, FUERA BarricK Gold YA!!!

San Juan / Nuevo derrame en Veladero de la minera Barrick Gold

29/03/2017

La multinacional admitió que sufrió la rotura de un caño. Aseguró que el líquido no es de solución cianurada, aunque no detalló qué clase de "material rico" se derramó. Advertencia del gobernador.

La minera canadiense Barrick Gold admitió ante el gobierno sanjuanino que sufrió un nuevo incidente, el cuarto de la compañía desde 2015, al producirse la rotura de un caño, lo que provocó un derrame de líquidos, informó hoy el subsecretario de Información Pública provincial, Osvaldo Lima.

El funcionario dijo que anoche la compañía multinacional indicó que "se desconectó un caño no con solución cianurada, sino con material rico", aunque no especificó a qué tipo de desecho se refirió la empresa.

Lima informó que "anoche se hicieron los trabajos de contención necesarios" y puntualizó que se están "pidiendo las imágenes de las cámaras de seguridad que nos dan la hora del incidente y qué trabajos se hicieron para remediar esa situación"

Mientras se aguardaba que el ministro de Minería, Alberto Hensel, brinde una conferencia de prensa en las próximas horas, una comisión de la Policía Minera partió esta mañana a la mina Veladero, ubicada en Iglesia, 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo que la Barrick "no tenía margen de error después de los derrames anteriores", que "se tendrá que poner a la altura de las circunstancias" y que van a ser "inflexibles en las sanciones que correspondan", tras conocerse el nuevo derrame.

El 13 de enero último se produjo un derrame en otro yacimiento en San Juan a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold, que admitió un "incidente" en Lama provocado por "deshielo".

En esa oportunidad, la organización Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron en un comunicado el "cierre definitivo de las operaciones en la zona Lama/Veladero" y advirtieron que "es el gobierno nacional el que debe ponerse los pantalones y defender nuestro ambiente"

La empresa canadiense informó entonces que el evento en Lama fue "a raíz del deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera"

"El evento se originó por la crecida del río Turbio cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación", explicó.

La empresa canadiense debió detener en septiembre último las actividades en la mina Veladero, donde se registró un derrame de agua cianurada, al igual que en el mismo mes de 2015.

(Fuente: Dyn) envió FACUNDO

 

Declaración de la Unidad Popular contra el decreto “antipiquetes”

Manifestamos nuestro más enérgico rechazo al decreto 76/017 que sancionó el gobierno seudoprogresista del Frente Amplio, el 20 de Marzo, y que permite a la policía dispersar cualquier manifestación popular que corte calles, sin orden judicial y con el argumento de garantizar la libre circulación.

Con este decreto se limita el derecho de reunión (art. 38 de la Constitución) y a la libre expresión (art. 7 sobre la libertad y específicamente la libertad de protesta). La Constitución establece que sólo se pueden limitar derechos y libertades a través de una ley fundada en el interés general (art. 7 inciso 2). Por lo tanto, el decreto es inconstitucional. Más grave aún es la posibilidad de recurrir a otros organismos públicos (art. 1 del decreto), donde por ejemplo podrían entrar las Fuerzas Armadas a pedido del Ministerio del Interior.

El artículo 4 del decreto  establece que éste no se aplicaría en caso del ejercicio del derecho de huelga, pero el texto es demasiado vago, lo cual le da un margen de discrecionalidad al gobierno para reprimir las manifestaciones sindicales. Así pasó con trabajadores del SUTCRA, el 21/3, a quienes se detuvo por hacer una asamblea en una ruta.

En los hechos este decreto va contra la actividad sindical y otro tipo de manifestaciones populares en un momento donde persiste la crisis económica, con cierres de fábricas, se perdieron 50.000 puestos de trabajo en 2 años, se agrava la situación social del pueblo y se viene la Rendición de Cuentas, con ajuste fiscal y rebaja salarial.

Se profundiza con este decreto al estilo del “pachecato”, el espíritu represivo de la Ley de Procedimiento Policial de 2008, usada por la policía para “disuadir” una manifestación de trabajadores del transporte frente al Ministerio de Trabajo en 2011, o las amenazas (“disuasión”) en un piquete del FOICA, en el puerto de Montevideo en 2010. Este decreto busca “blanquear” este tipo de actuaciones con un sustento jurídico.

El gobierno quiere dar una señal de mano dura a UPM, con la que negocia la  instalación de su segunda mega-planta contaminante de celulosa y a los monopolios imperialistas que potencialmente puedan hacerlo.

El gobierno pro imperialista del Frente Amplio se prepara para imponer su política antiobrera y antipopular con más represión. Hay sectores del FA que vienen acompañando el conjunto de esa política desde el 2005 y que se quieren distanciar de la cara represiva para no perder su base social, pero esta es inseparable de esa política económica y social, y estos sectores son también  responsables de ella.

Desde la Unidad Popular llamamos al pueblo oriental a resistir con lucha este decreto represivo y desarrollar la lucha por todas sus reivindicaciones en el camino hacia un auténtico gobierno antiimperialista y popular.

UNIDAD POPULAR –AP     27/3/17

 

PROGRAMADE LA SEMANA DEL APARTHEID ISRAELÍ 2017

3 AL 7 DE ABRIL - MONTEVIDEO

LUNES 3, 19 hs. -AFFUR (Canelones 2033):
Video debate: "La historia sionista",de Ronen Berelovich.


MARTES 4, 19 hs. -AFFUR: Charla debate: Sobre los orígenes de la limpieza étnica de Palestina, a 100 años de la Declaración Balfour. Laura Lema.


MIÉRCOLES 5, 19 hs. -SAG(Durazno 972):
Video debate: "Hoja de ruta al Apartheid", de Ana Nogueira y Eron Davidson.


JUEVES 6, 19 hs. -SAG:
Charla-debate: Del 'proceso de paz' a la lucha contra el apartheid: el necesario cambio de paradigma. María Landi.


VIERNES 7, desde las 15 hs. -Plaza LIBERTAD: Exposiciónfotográfica sobre Palestina de las activistas españolas Sandra Barrilaro y Estela Vidal, y del colectivo RebelArte.
Música y materiales de difusión.


Coordinación x Palestina

- postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01 09:11:53
postaporteñ@_______________________________

EXTRACTIVISMOS Y TEORÍA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

Entrevista a Eduardo Gudynas, por Hernán Cuevas Valenzuela  investigador en la Universidad de Chile, y Dasten Julián Vejar profesor investigador en la Universidad católica de Temuco. La entrevista fue publicada en la revista Pléyade, Chile, No 18.

Eduardo Gudynas es un renombrado pensador ambientalista, investigador y activista uruguayo. Ha escrito decenas de trabajos sobre desarrollo y posdesarrollo, extractivismo y sus consecuencias socioambientales y sobre ecología política. Es particularmente reconocido por su trabajo crítico sobre los impactos ambientales y sociales de las estrategias de desarrollo impulsadas en América del Sur, así como por su propuesta posdesarrollista que favorece la sostenibilidad y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. También ha sido un activo promotor de la idea del buen vivir como alternativa al desarrollismo. Desde esta perspectiva, ha explorado el concepto y la práctica de la “buena vida” y sus dimensiones sociales y ecológicas.

La entrevista que acá presentamos a los lectores de Pléyade fue realizada en Buenos Aires el 1 de abril de 2016 durante el taller (Neo) Extractivismo en América Latina. Posibilidades, Límites y Riesgos. Este fue un encuentro académico coorganizado por la Fundación Friedrich Ebert y el proyecto “Cambio trasnacional, desigualdad social y manifestaciones estéticas: el ejemplo Patagonia”, ejecutado por la Universidad Friedrich Schiller de Jena y sus instituciones asociadas en Chile y Argentina. Fue financiado por el DAAD y el Centro de Investigaciones en Trabajo, Distribución y Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

En aquella ocasión, Eduardo Gudynas presentó su conferencia “Extractivismo en América del Sur después del auge de los commodities. Su presentación abordó el concepto de extractivismo y evaluó críticamente sus impactos socioambientales en Latinoamérica. Según Gudynas, el extractivismo “se caracteriza por la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities y dependen de economías de enclave (que pueden estar localizadas, como los campos petroleros o las minas, o bien ser espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja) 1.

En sus trabajos ha distinguido un extractivismo conservador y otro progresista (al que en ocasiones denominó también neoexctractivismo) y ha desarrollado una crítica implacable y rigurosa a dichos modelos de desarrollo.

 La entrevista fue editada por Hernán Cuevas, Dasten Julián y el equipo editorial de Pléyade. Para facilitar su lectura el texto se divide en dos secciones: “Extractivismo, transiciones y alternativas al extractivismo” y “Crítica del desarrollismo, extractivismo, y la emergencia de una nueva teoría social en América Latina”

Entrevistadores (en adelante consignado como E, en singular)En América Latina podemos observar una matriz extractiva de carácter minera, petrolera o sojera. ¿Podemos preguntarnos si hay otros fenómenos extractivos, es decir, otras industrias extractivas?

Gudynas (en adelante consignado como G): Según nuestra definición, es extractivismo la apropiación de recursos naturales en un gran volumen o bajo alta intensidad, donde la mitad o más es exportado como materias primas. A partir de esa idea básica ofrecemos precisiones sobre sus componentes, como por ejemplo qué quiere decir gran volumen o intensidad, o cómo delimitar las materias primas.

Bajo esa definición, otros sectores como los monocultivos forestales de exportación o las salmoneras son extractivas. Incluso el turismo de masas es extractivismo.

Nosotros hemos probado esta definición con diferentes ajustes, en distintos contextos, etcétera. No digo que sea perfecta, pero es una definición estable y robusta.

Siempre hay algunos que critican algo de la definición y eso es aceptable. Pero de todos modos se contemplan todas las posibles opciones, porque ya la hemos probado de arriba para abajo durante años. Bajo nuestra perspectiva, los extractivismos son plurales, no pueden ser entendidos como una “industria” y siempre están anclados localmente pero a la vez se insertan globalmente (son glocales) 2.

E: ¿Por qué es tan importante la orientación a la exportación en esta definición de extractivismo?

G: La orientación a la exportación de las actividades extractivas es clave en nuestra definición de extractivismo ya que es un sector dependiente de los precios y demandas internacionales. Por ejemplo, la apropiación de minerales que necesitamos en América Latina para nuestro propio consumo es muy poca en comparación con lo que se extrae hoy principalmente para su exportación. Puede haber ciertos emprendimientos mineros que sean aceptables, de menor escala, con cuidado del ambiente y orientados al consumo interno, y eso lo hemos defendido. Esa clase de emprendimientos mineros no constituyen expresiones de extractivismo

Hay que entender que el principal factor de presión ambiental sobre América Latina a escala continental, lejos en el primer lugar, es el conjunto de actividades extractivas para alimentar los mercados globales. Todos los otros problemas vienen muy por detrás y pueden ser solucionables con medidas internas más o menos autónomas; con eso quiero decir que el Estado las puede llevar adelante. Me refiero a problemas como el saneamiento de las ciudades y el manejo de residuos sólidos urbanos. Pero al extractivismo no lo controlas nacionalmente, porque depende de los precios y demandas globales. Entonces, la distancia que hay entre el extractivismo y el siguiente problema ambiental en cada país de la región es en verdad enorme.

E: Sin embargo, muchos actores sostienen que este neoextractivismo o este extractivismo va a ser bueno para la sociedad, que “va a ser bueno para todos”, agregan. Entonces preguntan ¿cuál es tu propuesta?, ¿cuál es tu escenario alternativo?, ¿cuáles son tus actores? Con estas preguntas pienso en espacios locales, territoriales, específicos, en comunidades y en actores concretos. Lo pregunto porque son ellos los que suelen estar involucrados en los conflictos propios del modelo extractivo.

G: Es así. Por ello postulamos “transiciones” 3 para salir del extractivismo, y ellas recuperan todas esas experiencias locales, las articulan y postulan alternativas que deben ser de países y de conjuntos de países. Nuestras ideas balancean dos aspectos. Por un lado, un horizonte de cambio más allá del desarrollo, por lo tanto, más allá de la modernidad. Queremos salir de la modernidad en ese sentido, pero a la vez reconocemos que esa salida, para romper con estas profundas raíces culturales, no va a ser instantánea. Vamos a tener que ir sumando sectores sociales de a poco y demostrando que es viable ese cambio. Por lo tanto, nuestra idea del cambio radical va de la mano con la idea de la transición hacia el cambio radical. No son elementos separados. Me parece que es una distinción importante.

Cuando vos tenés a veces propuestas que van desde “es solo el cambio radical”, y propuestas que dicen “no, es solo una transición cortita que al final termina siendo una reforma instrumental al estado de cosas prevaleciente”, nosotros postulamos el horizonte del cambio drástico de salida al desarrollo. Pero agregamos que ese horizonte de cambio indique, construya y permita armar políticas y estrategias de salida hoy, que sean transicionales, que sean concretas, efectivas y expresables en público y entendibles por la mayoría. Por ejemplo, si nuestro país quiere salir de la dependencia del extractivismo minero, ¿cómo funcionaría la economía de nuestro país, sin depender de la minería? Esto implica dar propuestas concretas de cómo sería la reforma tributaria, cómo sería el gasto del Estado y demás. Entonces, pensar esas reformas a la luz de un cambio de alternativa radical por fuera del desarrollo, esa es una particularidad importante.

Por otro lado, ahora con la crisis de los progresismos hay varios colegas míos que dicen que “la idea de revolución está muerta”, “no podemos hacer nada”, “habrá que esperar y solo podemos hacer cosas a nivel micro”. Sin embargo, hay una idea de revolución que sigue siendo vigente, pero el lugar de esa revolución está en las raíces culturales, no está en la toma del Estado. Es que si tú vas a tomar el Estado para terminar reproduciendo, por ejemplo, un extractivismo minero con una empresa estatal minera, ya se ha demostrado que no funciona. Por lo tanto, el lugar de la revolución, su alcance y hacia donde apunta cambia de lugar.

También hay que considerar cuáles son los nutrientes de este proceso de transición. Hay un componente que es reflexivo-conceptual. Por ejemplo, ¿cuál sería la reforma tributaria necesaria?

Pero hay otro componente desde la sensibilidad, del afecto, que tiene que ver con ese romanticismo. Es cómo me imagino esa sociedad alternativa que sea más convivenciable. Entonces, a partir de eso están armadas las ideas de cambio radical y de transiciones.

Finalmente, quién es el sujeto de este cambio, que es otra de las discusiones llevadas hace cien años. Esto es sencillo: el sujeto somos nosotros.

E: Pero eso no me parece sencillo. La constitución de un sujeto de cambio me parece un proceso difícil.

G: La “constitución” de un sujeto no lo es. Pero el problema es que antes se ponía la carga del cambio en un tercero, que había que ilustrar, formar o educar. En cambio, en mi perspectiva tú dices: el sujeto del cambio sos tú mismo. ¿Qué vas a hacer tú mañana para empezar ese cambio? ¿Qué vas a hacer tú?

E: Cuando hablamos de cambios sociales, nos referimos usualmente a cambios colectivos. ¿Cómo concibes ese proceso?

G: El cambio social siempre empieza por grupos. Insisto que en primer lugar debemos preguntarnos: ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos dar talleres, podemos participar de campañas públicas, movilizarnos. Los que están en la universidad pueden hacer otro tipo de investigaciones, otro tipo de enseñanza, y así sucesivamente.

En segundo lugar, esto implica diálogos con otros actores. Podemos hablar con otros que tal vez no opinen en todo lo mismo que nosotros. Pero debemos coordinarnos con ellos si lo que queremos es avanzar algo en la dirección de producir cambios importantes y duraderos.

Tercero, las diferentes políticas o instrumentos de cambio transicional que yo aplico las tengo que sopesar y evaluar en referencia a ese objetivo de mediano plazo. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un cierto monto económico es el valor de un bosque –lo que sería contribuir a mercantilizar la naturaleza por medio de la valorización del bosque– que decir “no quiero introducir en las cuentas nacionales el costo económico del daño ambiental”. La valorización del costo de los impactos económicos me permite visibilizar un daño oculto y presentarlo a aquellos que solo entienden el lenguaje de los números en dinero. Esta también es una tarea de las transiciones. Entonces, algunos me dirán que utilizar un instrumento económico, como el costo de un impacto ambiental, me acerca a un neoliberal. Pero yo pienso que eso es un error. Los instrumentos económicos tienen diferentes usos posibles. Depende del instrumento económico, de para qué se lo use y de cómo se lo use. Hay muchas personas en la sociedad que solo entienden el lenguaje de la valoración económica. Y hacer uso de ese lenguaje no debe ser tomado como una concesión al economicismo.

Sigo reivindicando los derechos propios de la naturaleza, pero también tengo que hablar con los que piensan de otra manera, en clave económica. Lo que debemos hacer es demostrarles que lo que ven como crecimiento económico es un error, una creencia equivocada, porque nunca restaron el costo del daño ecológico que se produce en aras del crecimiento económico. Si queremos introducir otro tipo de debate en las políticas públicas y para poder incidir tenemos que poder hablar también los lenguajes de otros, pero sin abandonar nuestros principios. Se trata de hablar sus lenguajes para poder interactuar, para facilitar que me entiendan y para poder generar reacciones según sus propios lenguajes.

E: Me parece que es interesante esa propuesta, pero presenta un riesgo: sigue estando contaminada con la lógica de comodificación.

G: Todos estamos comodificados, porque estamos insertos en eso. Salimos de a poco. Se requieren pasos sucesivos, ensayos, y va a haber errores. Se necesita un nuevo lenguaje, nuevos términos, una nueva manera de pensar. Sí, siempre vamos a estar en esa tensión.

E: Pero cuando tenemos disponibles otros lenguajes, diferentes del lenguaje economicista, por ejemplo, el discurso de los derechos o el discurso de los bienes comunes (de uso público), ¿no sería mejor insistir en ellos para no entrar en este juego de lenguaje economicista?

G: Bienes, sí. Pero bienes comunes depende de qué significa bienes comunes para cada uno. Buena parte del término y de la discusión alrededor del término gira en torno a una concepción anglosajona, trasplantada a América del Sur. Cuidado, que no es lo mismo que decir bienes de la comunidad o comunitarios. Entonces hay una gran mezcolanza que es necesario separar. Los bienes comunes anglosajones se referían fundamentalmente a las tierras comunes, y esa concepción es muy diferente de nuestra idea de lo comunitario o de lo colectivo.

Nosotros tenemos un acervo especialmente andino que define en nuestra cultura qué es lo comunitario. Muchas veces veo que hay una mezcla o sinonimización rápida, lo cual supone que bienes comunes es lo mismo que lo comunitario, confusión que también siguen varios sudamericanos. Me parece que con eso hay que tener cuidado.

Por otro lado, no quiero decir que algunos de los elementos de bienes comunes no sean rescatables, porque sí los hay. Pero necesitamos hacer nuestra propia reflexión. Debemos reconstruir, redefinir, ajustar el concepto de bienes comunes a nuestra realidad si queremos usarlo. Prefiero lo comunitario, que es más propio y adecuado a nuestra condición. Por otro lado, lo comunitario no está exento de problemas. La versión andina de lo comunitario debe ser tomada con ciertas precauciones, porque en su concepción del espacio y la geografía de lo comunitario, el espacio es una geografía humanizada. En este concepto no hay una naturaleza silvestre.

E: En esas transiciones quizás hay que pensar una “temporalidad del extractivismo”.

G: Eso dice ahora Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia). Sostiene que los extractivismos son como temporales o que van a tener unos años y se acaban. Y ese es el problema: es un marxista leninista que todavía no entiende que, por ejemplo, la destrucción ecológica es perpetua. Uno destruye un ecosistema y no hay marcha atrás.

E: Bueno, por ello no va a haber regeneración, ¿no?

G: Bueno, ellos defienden esto desde una versión del marxismo y el leninismo. Yo sé que es una discusión extraña para Chile, pero ustedes tienen que entender, por ejemplo, que en Ecuador el presidente Rafael Correa lanza una proclama diciendo “si Marx fuera latinoamericano sería extractivista”. O que se tiene un vicepresidente que publica libros que salen como suplemento del diario del domingo, como sucede en Bolivia, haciendo una defensa de los extractivismos citando a Lenin, Stalin y a Gramsci. ¡Imaginen algo así en Chile!  El Mercurio en Chile nunca sacaría un suplemento reivindicando el extractivismo con una cita de Marx.

E: En tu artículo “Conflicto y extractivismo. Conceptos contenidos y dinámicas” 4 revisas el concepto de los “umbrales”, que refiere a los umbrales de tolerancia de esta dinámica extractiva. Frente a este proceso ¿qué implica la redefinición en la micropolítica, entendiendo por micropolítica los espacios locales, territoriales donde el capital aún no ha avanzado o lo ha hecho de manera parcial?

G: La idea de umbral es sobre todo referida a un margen por el cual una comunidad pasa de una situación de aceptar cierta condición en el ambiente y cierto impacto ambiental a una condición donde los considera intolerables, ya que afectan su salud o porque son negativos para su reproducción.

E: Deja ponerlo más en contexto. Por ejemplo, en el caso de un país que recorta a través de una medida fiscal la subvención, los bonos, etcétera, alimenta un proceso de aún mayor vulnerabilización del territorio, y hace que el sujeto esté en una posición distinta o una simetría distinta con respecto a la relación política con el Estado y la relación política con el capital, ¿crees que el umbral se mueve, permanece, se sostiene o muta?

G: Hay dos procesos en paralelo. Por un lado, es un proceso por el cual el límite del impacto ambiental que se tolera o acepta sube o baja. La tendencia que veo es que en general está bajando en muchos lugares por razones varias, tales como que la gente tiene más acceso a la información y sabe si su suelo está contaminado con plomo, por ejemplo. También sabe si en una comunidad vecina ese mismo tipo de minería contaminó.

Por otro lado, empresas, gobiernos locales, gobiernos nacionales u otros miembros de la comunidad dicen: “Acepte ese impacto, porque a usted lo compensaré”. Esa propuesta de compensaciones puede ser rechazada o aceptada. Además se discute qué tipo de compensación es viable o no viable. En este caso, la situación no es tan clara; hay lugares donde el conflicto está centrado en este asunto.

Entonces los umbrales reflejan si se aceptan o no ciertos impactos, y si se reciben o no ciertas compensaciones. Son discusiones que van en paralelo. Algunas comunidades se contentan con recibir dinero, otras dicen “no, no me alcanza el dinero, y quiero que ustedes construyan tal infraestructura”, por ejemplo. Finalmente, otras no aceptan ni las compensaciones ni los impactos.

A mi modo de ver, los extractivismos que van acumulando impactos también cambian el nivel de conocimiento de formación y de organización de las comunidades, y por ello creo que la tendencia es que los umbrales bajan.

E: ¿No habría que considerar acaso también los impactos positivos que se pueden derivar de los extractivismos? Por ejemplo, al fomentar la generación de cadenas de proveedores, al ofrecer puestos de trabajo directos e indirectos, al fomentar inversión en ciencia y tecnología. ¿No cometemos un error si solo valorizamos los costos negativos de los extractivismos, pero no consideramos algunos de sus impactos positivos? Además, los defensores de dichas industrias extractivas, con los que debemos comunicarnos como dices tú, enfatizan estos impactos positivos.

G: Es que si seguimos nuestra definición de extractivismo, concluimos que el extractivismo carece de un impacto positivo. El paquete, es decir, el extractivismo como totalidad, no tiene un impacto positivo. Desde tu mismo razonamiento habría que decir que si bien el reactor de Fukushima estalló, antes de eso también produjo una cantidad de impactos positivos: había desarrollo científico y tecnológico, estaban los trabajadores, la red de proveedores de servicios, etcétera. Pero una vez que estalló, arruinó todo. Si bien el caso es diferente, buena parte de lo que hace el extractivismo es comparable, sobre todo en el caso de la megaminería, cuyos efectos son como amputaciones ecológicas.

Crítica del extractivismo, el desarrollismo y la emergencia de

una nueva teoría social en América Latina

E: Eduardo, tienes una gran producción científica vinculada al extractivismo en América Latina, ¿con qué referentes teóricos es posible dialogar en esta aproximación a/desde América Latina? Recordando tus textos, estoy pensando en un acercamiento a teorías más pos y decoloniales, especialmente cuando planteas el concepto de posdesarrollo. Hay un enfoque con respecto al extractivismo que empalma también con la propuesta del colonialismo interno de Aníbal Quijano 5.

Hay un acercamiento a los sujetos o actores a través de cómo internalizan, cómo se apropian del extractivismo, lo cual se vincula con la propuesta de Boaventura de Sousa Santos 6 respecto de la multiplicidad de saberes 7.

También hay un enfoque que se concentra en el relato de la modernidad como un discurso hegemónico que también haría pensar una relación con Enrique Dussel 8  en términos de trasmodernidad. ¿Cómo dialoga claramente un enfoque como el extractivismo, que empieza a pensar América Latina como un concepto y como una realidad también total y diferenciada, con sus propias particularidades en la relación sistema-mundo para además tener un rendimiento práctico y político para la construcción de un nuevo escenario? ¿Es un diálogo práctico o un diálogo abstracto todavía?

G: Buenísima la pregunta. Hay un diálogo con muchos de esos autores. En ese diálogo con estos autores voy a hacer la distinción después entre práctico y abstracto. Comenzaré con el diálogo abstracto de “leer al autor”. Dialogo con varios de los autores que se han mencionado, como Dussel, Quijano y varios otros más. Ese es el diálogo, digamos, personal, de cuando uno está por ejemplo leyendo un texto. En lo que escribo, no siempre los cito a todos. Por eso me llama la atención que a veces evalúan lo que escribo o digo dependiendo de si cité a “fulano de tal” o porque no está citado “mengano”. Entonces a mí me parece importante señalar que hay un diálogo con varios de esos autores y que no necesariamente eso se traduce en una cita. Es más, hay otros que leo, me parecen interesantes, pero como estamos en desacuerdo con su formulación, aunque no con su espíritu crítico, no me parece interesante o relevante criticarlo.

¿Te pongo un ejemplo? A mí me parece que hay un diálogo bien interesante para hacer con [Walter] Mignolo y con [Enrique] Dussel. Me parece que es una lectura interesante Bolívar Echeverría, pero la defensa que hace Echeverría de que puede haber modernidades alternativas no es una línea en que yo me embarcaría a continuar. Por el contrario, creo más bien que hay que salir de la modernidad.

Es así que, pongamos por caso, la ausencia de Echeverría no quiere decir que no sea leído, quiere decir que se puede coincidir en su espíritu de crítica a la modernidad capitalista pero no estamos compartiendo la misma visión de las alternativas. Después hay otro nivel de diálogo con quienes son los compañeros de ruta, donde el diálogo se mezcla con el conocimiento personal y la reflexión compartida en diferentes niveles. Ahí es donde destacaría sobre todo Alberto Acosta en Ecuador, quien fue un buen amigo con el que iniciamos toda la reflexión sobre los extractivismos hace muchos años atrás. En paralelo también quisiera señalar mi amistad y diálogo con Arturo Escobar y Marisol de la Cadena, antropólogos.

Aquella discusión sobre los extractivismos de principios del 2000 no estaba claramente relacionada con los diálogos iniciales con Arturo Escobar, por ejemplo.

En parte eran como dos mundos más o menos separados. Lo que sucedió es que a medida que se avanzaba en la reflexión, las piezas de una línea de trabajo y las piezas de la otra línea comenzaron a coordinarse, a articularse unas con las otras.

Ante los extractivismos se necesitaba una crítica al desarrollo, y nuestra crítica del desarrollo era en parte inspirada por lo que hacía y escribía Arturo [Escobar]. A la vez, la realidad de lo que sucedía en América del Sur obligaba también a decirle a Arturo que él tenía que reformular sus propias críticas al desarrollo, ya que por ejemplo la llegada de los gobiernos progresistas cambió sustancialmente el marco del debate.

En el caso de Alberto Acosta, Arturo Escobar, Marisol de la Cadena y Mario Blaser, también mantenemos un espacio de diálogo que es raro en el mundo académico, que tiene un componente de generosidad y de apertura donde nosotros podemos discutir borradores de ideas, podemos incluso criticarnos y discutirnos desde diferentes abordajes y eso es parte de esa construcción en colectivo y a la vez individual.

E: Me parece que es poco usual encontrar ese nivel de diálogo en la comunidad científica, al que me refiero más como diálogo “práctico” que abstracto.

G: Sí, yo he visto varios colectivos que se llaman a sí mismos “grupos de trabajo” pero realmente no hay un trabajo compartido alrededor de un tema, más allá de reconocer que puede haber diferentes opiniones sobre la misma problemática –lo que no tiene nada de malo–, pero que igualmente se pueden discutir en común. Entonces, por un lado, a veces no se discute en común, porque hay competencia académica, pero por el otro lado hay casos de exageraciones en los que se supone que todos los participantes debemos arribar a conclusiones iguales e idénticas.

E: ¿Es también una consecuencia de “la modernidad” en las ciencias sociales latinoamericanas ese tipo de práctica?

G: Sí, bueno, no solo la modernidad. Me parece que hay un modelo academicista muy basado en el journal en inglés, con alto nivel de impacto, y que eso se está devorando la academia.

Una vez en un taller, discutiendo estos temas, estaban los editores de una de las revistas más prestigiosas de desarrollo rural de América Latina. Uno de ellos me relataba que producto de esta moda academicista del artículo en inglés, con el review y altos índices de impacto, tuvieron que reformular su revista para introducir estos sistemas de arbitraje, evaluación y publicar en inglés. El editor decía que su revista hace diez años atrás publicaba mucho sobre temas de coyuntura, era leída en el país, la usaban los colectivos rurales, las federaciones agrarias, y participaba de un debate público nacional. Ahora, la revista tiene un excelente nivel en el ranking de las publicaciones académicas pero no se la lee. No es que no nos lea nadie, dijo, sino que la lee muy poca gente en el ámbito académico y no tiene impacto político.

E: En ciertos artículos dialogas con la teoría de la dependencia (TD), digamos, de forma crítica con respecto a su legado y a su actualidad. Al revisar, por ejemplo, “Conflicto y extractivismo, conceptos contenido y dinámica” uno está sujeto a pensar que al encontrarse América Latina en una coyuntura política, en una situación geopolítica a nivel regional donde izquierda, derecha o el gobierno de turno está atravesado por este modelo extractivista de dependencia global, de colonialismo externo, etcétera, la teoría de la dependencia sigue teniendo gran vigencia explicativa. Especialmente el caso de conceptos como sobrexplotación o sobrexplotación en el trabajo, también de acumulación por desposesión u originaria, ¿hay procesos en ese sentido, o sea, en esa dirección?

G: Sí, a mí me parece que algunas ideas de algunos autores del gran paquete de la TD, su visión y parte de su crítica son totalmente válidas en cuanto a la dependencia global, y en cuanto a cómo esa articulación global determina cierto tipo de estructura dentro de los países. Ideas que deben ser reformuladas, actualizadas y demás, pero como inicio de ese pensamiento en diálogo crítico con “nuestros propios autores”, conceptos como el de colonialismo interno, ideas referidas a la simetría en el comercio global, etcétera, todo ello sigue siendo necesario. Además, lo que más me gusta de toda esa época, de todo ese grupo de gente en esas tres grandes tendencias a su vez dentro de la TD, es que ellos se propusieron “pensar nosotros por ellos mismos”. Eso me parece muy válido.

Incluso, por ejemplo, releyendo el clásico libro Dependencia y desarrollo en América Latina 9, cuando lo repaso, me pregunto qué pasaría si ahora esa monografía es sometida a una revista arbitrada. Sospecho que sería rechazada. Es que hay ciertas generalizaciones, manejo de bibliografía, que puede ser cuestionado, etcétera.

Pero de todos modos me parece que aquel espíritu es interesante, y también, de esa época, creo que es muy potente esa práctica que había del ensayo crítico. Se escribían ensayos.

Entonces, volviendo a la pregunta anterior, también la manía de los Papers en los journal te fragmenta toda una línea de pensamiento que a veces se exagera para publicar diferentes artículos, porque eso me da más puntaje, cuando todo se podría resumir en un libro o en una monografía.

E: Cuestión que muestra otra cara de la dependencia, ¿no? ¿Cuál es entonces la “novedad” de esta dependencia?

G: Sí, sin duda. Bueno, pasa por la idea de extractivismo, neoextractivismo como concepto de extractivismo progresista. En mi uso, la palabra neoextractivismo fue puesta de manera secundaria para darle agilidad al texto, porque el término en el que pensamos en aquel momento era “extractivismo progresista” en paralelo a los extractivismos conservadores. Entonces, para no repetir extractivismo progresista o porque era muy largo poníamos neoextractivismo [risas]. Esa palabra se popularizó.

Más recientemente la he visto en usos, especialmente desde el inglés y del alemán, que están alejados, incluso, del significado inicial de hace diez años atrás. Por ejemplo, hay quienes piensan que el neoextractivismo es una fase pos o nueva del extractivismo, cuando la discusión a la que se respondía en aquel momento era una coyuntura política muy clara.

En aquel tiempo los gobiernos progresistas decían: “Como nosotros somos de izquierda, no hacemos extractivismo. Lo nuestro no se llama extractivismo”. Por lo tanto, la respuesta de reflexión y de práctica desde donde estamos fue decirles: “No, ustedes hacen un extractivismo que es distinto, es un extractivismo progresista”

E: ¿No podría ser una modalidad o una variedad más del extractivismo?

G: Es la definición de extractivismo conservador, que incluye los casos chileno, peruano y colombiano. En Chile hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ha habido un intento de reforma de la gestión minera para reducir sus impactos, y eso ha introducido ciertas exigencias para las empresas, incluso fuertes presiones para que desarrollen políticas de responsabilidad social empresarial y demás. Pero en verdad es típica de los extractivismos conservadores la apelación a una gestión de mejor calidad científico-tecnológica y la trasferencia de ciertas políticas de compensación económica que se traducen en lo social. Así, en vez de llevar adelante el gobierno municipal o el gobierno nacional la regulación o la gestión de algunos los impactos socioambientales de la actividad empresarial, se privilegia que lo hagan directamente las propias empresas. Pero eso no cambia para nada la esencia del extractivismo.

También me parece que hay un cambio en la actitud de las grandes empresas. Ustedes ven, por ejemplo, los informes sobre la marcha del sector minero a nivel global, donde parecería que a mediados de los años 2000 las grandes mineras reconocieron que tienen que hacer ciertos cambios de gestión porque llegaron a “un techo en el poder” al ingresar a ciertos países y territorios. Además estas empresas ya introducen como uno de los principales factores de riesgo los conflictos con las comunidades locales. Por otro lado, tener una activa política de responsabilidad social empresarial era mucho más fácil con los altos precios de las commodities, porque el excedente que manejaban las empresas era más alto y les permitía gastar plata en eso. Ahora, tengo mucha curiosidad de ver qué pasa con esas políticas empresariales en la actualidad, en esta época restrictiva. Vemos, por ejemplo, que sobre todo las empresas mineras se están retrayendo, achicando, incluso vendiendo parte de sus activos. Entonces, surge la pregunta ¿qué capacidad tienen para mantener esos programas de responsabilidad social en contextos más restrictivos?

E: Tomando justamente esa pregunta, tú mencionaste en tu conferencia de hoy los temas de la compensación y de la corrupción. No sé si cabe ponerlo en una especie de continuo, pero te voy a nombrar otros temas, como la figura del lobby y las políticas de responsabilidad social. Todas ellas –políticas de responsabilidad empresarial, compensación, lobby e incluso corrupción– tienen que ver con maneras de negociación de los impactos con las comunidades, con los entornos, y también con tratar de mover esos umbrales, de modificarlos. La pregunta fundamental es ¿crees tú que estos fenómenos pueden ser comprendidos como constitutivos de una misma operación fundamental?

G: No, una operación no. Me parece que son distintos factores moviéndose, pues no creo que estén organizados.

E: Aun así hay algunos autores que han llamado posextractivismo a este modelo que busca la dinámica de compensación, de gestión, de manejo sustentable, responsabilidad social, “gobernanza”, etcétera.

G: Sigue siendo extractivismo, como decía anteriormente.

E: En tu texto “El posdesarrollo como crítica y el buen vivir como alternativa” 10, hay una parte donde hablas de los “modos de pensar el desarrollo” y actuar en su nombre. Así es como identificas su forma de saber, sistemas de poder, formas de subjetivación y régimen de representación. A partir de estos cuatro elementos, las empresas empiezan a tener otro enfoque en términos de gubernamentalidad dentro de los espacios territoriales. ¿Qué es lo nuevo en esta dinámica de expansión del capital?

G: Creo que las empresas son consecuencia de eso. Me parece que esto no solo lo generan las empresas, lo generan múltiples actores en múltiples niveles a la vez.

E: ¿En qué actores estás pensando? ¿En el Estado…?

G: Sí, y en los políticos, la academia también. Una de las consecuencias de esta articulación de este conjunto heterogéneo de actores es este tipo de empresa que desempeña actividades extractivas. Si tú dices “esto lo crean las empresas” es como si consideraras que las empresas son un actor privilegiado, que crean el tipo de gubernamentalidad que permite esa modalidad de desarrollo. Pero la idea de gubernamentalidad o de régimen de saber es mucho más profunda que la organización de la empresa. Para expresar esa profundidad a veces utilizo la palabra cultura. Pero no es el mejor término. Por eso se usa a veces el concepto ideología, pero también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en el uso tradicional la palabra ideología termina siempre pensada como ideología política partidaria.

Cuando utilizamos la palabra cultura, que me parece que tiene la ventaja de ser más abarcadora, debemos admitir que su uso tiene un problema. La concepción pluralista de cultura (es decir, de culturas en plural, que es más adecuada que una visión de cultura en singular) no asegura una adecuada comprensión de su relación con la naturaleza.

Quienes aceptan esa pluralidad de culturas también se equivocan cuando tienen como referencia una única naturaleza, concebida como una entidad científicamente descriptible y objetiva en sí misma. Sin embargo, en la realidad cuando vamos a lugares concretos, por ejemplo, a diferentes territorios y comunidades en América del Sur, encontramos que hay concepciones de culturas en plural que van englobadas, atadas, articuladas con concepciones de naturaleza también distintas. Son paquetes asociados.

Entonces, para incluir esa diversidad en concepciones de naturaleza y culturas la palabra que hay ahora, en una cierta definición de ella, es ontología. Este término, ontología, describe la cultura y la naturaleza a la vez, y por eso en los últimos años paulatinamente he ido usando más la palabra ontología, la que no siempre es fácil de explicar en una conferencia o en un taller. Por ejemplo, cuando hacemos talleres con organizaciones locales o grupos indígenas, frecuentemente usamos como sucedáneo la idea de “territorios del saber y del sentir”, pues eso ellos lo entienden. Y los talleres son fructíferos, funcionan porque entienden que hay un espacio propio que es del saber y del sentido. Entonces, no es porque usemos la palabra ontología que estamos hablando de lo mismo, al igual que cuando se habla del concepto de territorio, del saber y del sentido.

E: Me parece muy interesante este tránsito desde el uso de categorías más materialistas, ancladas en ciertas versiones del marxismo, que son articuladas con otras categorías que forman parte de este nuevo giro ontológico en la teoría social. Uno ve algo similar también en Quijano 11.

G: Sí, sí, tal cual.

E: ¿Cómo evalúas ese tránsito en el pensamiento latinoamericano contemporáneo, visible tanto en tu caso como en el de Aníbal Quijano, por nombrar solo dos casos?

G: A mí me parece que es un tránsito que aprendí a los golpes, por medio del trabajo en algunos lugares concretos y con alguna gente de grupos locales donde la aproximación convencional no funciona. Es decir, la aproximación convencional no recoge y no permite un diálogo con lo que está pasando en algunos sitios.

Además, las visiones convencionales tampoco son capaces de ofrecer propuestas alternativas al desarrollo. No funcionan, por ejemplo, para salir del extractivismo.

El extractivismo tiene una fuerte base cultural que le permite reproducirse en el tiempo, y que es común tanto a sus versiones progresistas como conservadora. Los problemas del extractivismo no se corrigen solo con una reforma tributaria o una reforma de la propiedad de los recursos. Hay que atacar esas otras concepciones más profundas que le subyacen.

Tampoco esto quiere decir regresar a un indigenismo, porque el que de verdad hace trabajo con esas comunidades ve que en las comunidades indígenas hay mucha pluralidad también, hay muchos problemas. Por ejemplo, un problema repetido en muchas comunidades indígenas o campesinas es el machismo. Entonces ellos también necesitan un diálogo con todos los diálogos feministas, especialmente con las ecofeministas. Es una tarea de aprendizaje, de diálogo y cambio de todos, y de todo a la vez.

E: Hasta qué punto hay, o puede haber, riesgo de romantizar ciertas formas de pensamiento como el indigenismo.

G: Pero no tiene nada malo. ¿Por qué se usa romantizar en un sentido negativo?

E: Cierto. Ahora yo lo estoy utilizando en ese sentido negativo para especificar una forma de comprender la realidad de manera mistificada. Tal vez habría que decir mitologizar ciertas formas de pensamiento.

G: Está bien, entiendo. Pero para escarbar en el problema, los defensores del desarrollo son los más románticos de todos, porque te lo presentan como maravilloso, y si admiten un problema es porque alguien lo aplicó mal. Entonces tampoco hay que tenerle miedo a romantizar ciertas ideas para poder hacer una ruptura con el mito del desarrollo. Tenemos que dialogar y convencer a amplias mayorías, eso es parte de esa tarea. Tiene que haber un sentido en ello, que las personas vean esa alternativa no solo como potencialmente posible, sino también como más querible. La salida de una alternativa no va a ser racional, no va a ser una ecuación matemática. Va a ser una cuestión muy enfocada, enraizada y articulada con emociones y sensibilidades de querer cambiar. Las transiciones operan sobre las ontologías.

E: Muchas de las categorías que estás utilizando, pero además tu lógica explicativa, tienen cierta resonancia con el pensamiento gramsciano. Te refieres a la cultura, a ir ganando posiciones en la sociedad, a la necesidad de persuadir a grandes mayorías, y al desafío que implica este proceso, que debe ser no solo racional sino sobre todo emocional. ¿Hay tal influencia?

G: No lo sé. Me da miedo discutir frente a autores marxistas porque siempre hay mucha gente que sabe más que yo de eso. Me parece que esa discusión, académica, de si tal autor marxista dijo tal cosa o tal otra, o si quería decir lo opuesto, no es conveniente para mis intereses.

E: Lo entiendo. Pero cuando tú afirmas que la solución no es una solución de “una ecuación,” no es una “solución racional”, sino que esta necesidad de hacer grandes cambios para hacerse efectiva debe apelar a los sentimientos, debe apelar al convencimiento de grandes masas, ¿no estás acaso pensando en política y en hegemonía?

G: Sí, es así. Pero la discusión, por englobar la dimensión ambiental, impone diferencias importantes con toda la tradición marxista. Aún con aquellos que reivindican una lectura de un marxismo ecológico. Porque de todas maneras, lo que encontramos en el marxismo convencional es una reivindicación de las ideas de progreso materialista. Hay sobre todo un énfasis del ser humano como único sujeto capaz de asignar valor. En cambio, si nosotros estamos ahora defendiendo los derechos de la naturaleza, entonces reconocemos que hay “sujetos no humanos”.

Esa es una ruptura importante con las versiones marxistas, al menos con aquellas definidas de manera más estricta o dogmática.

Dicho esto, hay en la tradición que podríamos llamar marxiana importantes reivindicaciones para esta crítica, que es a la vez social y ambiental. Por ejemplo, lo que mencionaba hoy, el uso que nosotros hacemos en la categoría de excedente, que está basada sobre todo en Paul Baran que es una relectura de la idea de renta de Marx 12. O la introducción del concepto de “modos de apropiación” hermanado con el de “modos de producción”, que es también una lectura marxiana. Entonces ahí hay muchos componentes que podemos utilizar de una forma creativa para la discusión actual.

E: Me ha llamado la atención tu énfasis en la cultura, el espacio simbólico, y tu afirmación de que tenemos la necesidad de dialogar más con sociólogos y filósofos, pues como dijiste en tu presentación de hoy las respuestas a los problemas del desarrollo no parecen tenerlas los economistas ni están en la economía como disciplina. Si eso es cierto, en el actual contexto latinoamericano, ¿cuál es el tipo de teoría del desarrollo que estamos necesitando? O dicho de otro modo ¿qué tipo de teoría necesitamos para enfrentar la actual coyuntura?

G: Hay que reconocer varios problemas en la elaboración teórica, solo voy a mencionar algunos destacados. Primero, en la discusión sudamericana sigue habiendo una fuerte dependencia del entramado teórico y conceptual que se origina en los centros académicos globalizados, especialmente del norte. No me refiero solo a un norte geográfico, porque muchas veces uno lo encuentra en las más grandes universidades de Santiago de Chile, en Buenos Aires, o en Sao Paulo y se reproduce un marco teórico y un tipo de reflexión análogos o similar al que uno encontraría en las grandes universidades de los Estados Unidos de Norteamérica o de la Europa continental.

Nosotros tenemos que recuperar una forma nuestra de hacer teoría. Eso tiene algunas ventajas y algunos riesgos. Cuando me refiero a una nueva forma de hacer teoría no quiero decir que esta no debe ser rigurosa. Tiene que ser rigurosa, muy rigurosa, y también más rigurosa que la teoría convencional porque debe lidiar contra ella.

También reconozco que hay teorizaciones que yo “acompaño en espíritu”; comparto el mensaje que tratan de promover y su reflexión o la reflexión que tratan de desencadenar. Pero que lamentablemente carecen de rigurosidad.

Segundo, esa reflexión de tono sudamericano no quiere decir que sea aislada de los debates internacionales. Por el contrario, debe recuperar los debates internacionales en aquello que nos interesa, aquello que nos parece importante para nuestra tarea de reflexión y las prácticas que nos rodean.

Tercero, me parece que es muy necesario redescubrir o repensar lo que se ha escrito, lo que se ha conceptualizado en nuestra propia región. Por ejemplo, muchas veces encuentro artículos de jóvenes latinoamericanos, que invocan una idea que ya la había dicho algún otro latinoamericano en los años treinta, cuarenta o cincuenta, sin embargo, prefieren citar a un autor estadounidense o francés, y mejor si lo citan en una lengua extranjera. Me parece que falta una reconstrucción de algo así como nuestra propia historia de las ideas para que sean visibles y para que participen en un diálogo con otros entramados teóricos.

Cuarto, estimo que tenemos que repensar qué quiere decir teoría crítica hoy, en el sentido de qué es lo crítico y cuáles son las especificidades de América Latina para que se dé un abordaje crítico diferente de, por ejemplo, Europa, Norteamérica o Asia.

Para mí esos componentes de la actual teoría crítica latinoamericana requieren algunas inflexiones muy importantes. Primero, nosotros tenemos una particular historia que no se repite en otras regiones. Hay que tener en cuenta esa herencia histórica que mezcla lo indígena y lo colonial, la imitación y lo original. Segundo, cualquier reflexión de una teoría crítica tiene que contener un componente ambiental. No olvidemos que estamos en América Latina, que es uno de los grandes reservorios de biodiversidad que aún persisten en el planeta. Entonces necesariamente tiene que haber un componente de esa cuestión ecológica. Tercero, vinculado a la recuperación de nuestras propias escuelas, me parece que una reflexión crítica siempre tiene que estar también articulada, a veces más, a veces puede ser menos, pero tiene que estar vinculada a los aconteceres reales de la gente real, con prácticas concretas. Considero muy importante la tradición sudamericana sobre la investigación participante y la investigación acción participante que por alguna razón ha quedado en desuso en los últimos años en varios lugares. En mis investigaciones, muchas de las preguntas parten de lo que veo en diferentes lugares e intentan responder a las preguntas que provienen de esos lugares.

Por lo tanto, necesitamos una teoría crítica que sea enraizada en lo ecológico, en la historia y la cultura, que sea latinoamericana, que sea rigurosa y que también sea independiente. Ese sería mi último punto en esta reflexión, porque si bien los gobiernos progresistas han tenido muchas ventajas, también han generado un efecto extraño en algunas comunidades científicas en que han terminado con una adhesión casi acrítica de lo que han hecho los progresismos. Es una postura con muchas incapacidades para analizarlas en forma independiente, y eso le ha hecho mal a la propia expresión política del progresismo porque no ha recibido a tiempo la crítica que era necesaria para que se reformulara.

Un síntoma de un bienvenido cambio es que este tipo de pregunta que me acabas de hacer antes no era frecuente pero en el último año me la han hecho varias personas.

E: Ese es un síntoma.

G: A mí me parece un supersíntoma, superbueno. Son preguntas que hace gente joven.

Bibliografía

Baran, Paul. “Economic Progress and Economic Surplus”. Science and Society 17 (1953): 289-317.

–––. La economía política del crecimiento. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1975.

Cardoso, Fernando Henrique y Enzo Falletto. Dependencia y desarrollo en América Latina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 1977.

Dussel, Enrique. Transmodernidad e interculturalidad. Interpretación desde la filosofía de la liberación. Ciudad de México: uam-Iz, 2005.

Gudynas, Eduardo. “Conflicto y extractivismo. Conceptos contenidos y dinámicas”, Decursos 27-28 (2014): 79-115.

–––. “El postdesarrollo como crítica y el buen vivir como alternativa”. En Buena vida, buen vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad, compilado por Gian Carlo Delgado Ramos, 61-95. Ciudad de México: CEIICH, UNAM, 2014.

–––. “Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano”. Nueva Sociedad 237 (2012): 128-146.

–––. “Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo”. En El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina, coordinado por Fernanda Wanderley, 379- 410. La Paz: CIDES / UMSA, 2011.

Jessop, Bob. “Reflections on the (Il)Logics of Globalization”. En Globalization and the Asia Pacific: Contested Territories, editado por K. Olds et al, 19-38. Londres: Routledge, 1999.

Marx, Karl. El capital. Crítica de la economía política. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

–––. Teorías sobre la plusvalía. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1987.

Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En Colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, compilado por Edgardo Lander, 201-246. Buenos Aires: clacso, 2000.

–––. “Colonialidad del poder y clasificación social”. Journal of World-Systems Research, Special Issue: Festschrift for Immanuel Wallerstein – Part I 4, no. 2 (2000): 342-386.

Santos, Boaventura de Sousa. Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2000.

–––. Descolonizar el saber. Montevideo: Ediciones Trilce Extensión Universitaria, Universidad de la República, 2010.

–––. “Epistemologías del Sur”. Utopía y Praxis Latinoamericana 16, no. 54 (2011): 17-39.

Swyngedouw, Erik. “Territorial Organization and the Space/Technology”. Transactions of the Institute of British Geographers, New Series 17, no. 4 (1992): 417-433.

Notas

1.     Eduardo Gudynas, “Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano”, Nueva Sociedad 237 (2012): 128-146.

2.     N. de los E.: el término glocal es un neologismo con el que se describen fenómenos que presentan consideraciones de escala tanto global como local. Bob Jessop en “Reflections on the (Il)Logics of Globalization”, en Globalization and the Asia Pacific: Contested Territories, ed. K. Olds et al. (Londres: Routledge, 1999), 19-38, se refiere a la glocalización como una estrategia de las firmas para obtener beneficios a nivel global de características y diferencias situadas localmente. Erik Swyngedouw en “Territorial Organization and the Space/Technology Nexus”, Transactions of the Institute of British Geographers 17, no. 4 (1992): 417-433, enfatiza procesos de escala global como la acumulación y expansión del capital y su control sobre el espacio, y las reestructuraciones territoriales que implican a escala local estos fenómenos Globales

3.     N. de los E.: Gudynas usa transiciones entre comillas para referirse a un concepto específico en el marco de su teoría posdesarrollista. Transiciones se refiere al diseño de estrategias para salir del extractivismo por medio de procesos de construcción social de aprendizajes situados en contextos históricos concretos. Así, las salidas del extractivismo serán comprendidas como procesos en construcción, en los que tienen lugar ensayos, errores y un aprendizaje de sus posibilidades y límites. Ver Gudynas, Eduardo “Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo”, en El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina, coord. Fernanda Wanderley (La Paz: cides / umsa, 2011), 379- 410

4.   Eduardo Gudynas, “Conflicto y extractivismo. Conceptos contenidos y dinámicas”, Decursos 27-28 (2014): 79-115

5.   Anibal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, comp. E. Lander (Buenos Aires: clacso, 2000), 201-246.

6.  Boaventura de Sousa Santos, Descolonizar el saber (Montevideo: Ediciones Trilce Extensión Universitaria, Universidad de la República, 2010)

7.    Boaventura de Sousa Santos, Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. (Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2000) y “Epistemologías del Sur”, Utopía y Praxis Latinoamericana 16, no. 54 (2011): 17-39

8.   Enrique Dussel, Transmodernidad e interculturalidad. Interpretación desde la filosofía de la liberación (Ciudad de México: uam-Iz., 2005)

9.   Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 1977)

10.    Eduardo Gudynas, “El postdesarrollo como crítica y el buen vivir como alternativa”, en Buena vida, buen vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad, comp. Gian Carlo Delgado (Ciudad de México: ceiich, unam, 2014), 61-95

11.  Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, 201-246 y “Colonialidad del poder y clasificación social”, Journal of World-Systems Research, Special Issue: Festschrift for Immanuel Wallerstein – Part I 4, no. 2 (2000): 342-386

12.  Véase Paul Baran, “Economic Progress and Economic Surplus”, Science and Society 17 (1953): 289-317 y La economía política del crecimiento (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1975), y de Karl Marx, Teorías sobre la plusvalía (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1987) y El capital. Crítica de la economía política (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1995)

EG - postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01 08:58:11
postaporteñ@_______________________________

Uruguay, EN DEUDA CON LA JUSTICIA

DOS ESPECIALISTAS HABLAN SOBRE

LA SITUACIÓN DE LOS DD.HH.

Falta de voluntad política, un Poder Judicial conservador, militares que ascendieron en democracia: trabas que describen el abogado Pablo Chargoñia y la ex fiscal Mirtha Guianze para que avancen los procesos judiciales.

Por Adrian Pérez

Página 12- 27/3/16 Desde Montevideo

En su segundo arribo al Palacio Estévez, Tabaré Vázquez, saludó el 1 de marzo de 2015 con fervor a Uruguay por los 30 años ininterrumpidos de democracia: en ese período, el presidente José Mujica reconoció la responsabilidad en los crímenes de la dictadura de un Estado que no supo, no pudo o no quiso encarar un proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Una conquista, la democracia, golpeada por las amenazas del Comando Barneix a defensores de derechos humanos, intimidaciones que salpicaron al ministro de Defensa uruguayo, Jorge Menéndez, y al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Página 12 visitó a la ex fiscal Mirtha Guianze y al abogado Pablo Chargoñia, dos de las 13 personas que figuran en la lista del Comando, para conversar sobre el avance de las causas judiciales y la situación de los derechos humanos al otro lado del Río de la Plata. 

En el Observatorio Luz Ibarburu, una red de organizaciones sociales que monitorea los procesos de justicia relacionados con el terrorismo de Estado en Uruguay, Pablo Chargoñia –coordinador del equipo jurídico del organismo y patrocinante de 50 denuncias penales por graves violaciones a los derechos humanos– conversa con este diario. De entrada, señala que el perfil conservador del Poder Judicial uruguayo se observa en su resistencia a la aplicación del derecho internacional. Afirma que dos ministros de la Suprema Corte desconocen el valor de la sentencia Gelman al negarse a considerar que aquellos crímenes son de lesa humanidad, por una observación acerca del principio de legalidad y de no retroactividad. “Es un abordaje que revela un escaso conocimiento del derecho internacional en función de los derechos humanos o un escaso afán de analizar adecuadamente en qué consisten los crímenes del aparato estatal y cómo se debe responder judicialmente”, considera el abogado, para quien los vínculos entre militares, la derecha y los poderes fácticos dentro de la justicia obstaculizan los avances. “Si cotejamos con el desarrollo judicial de Chile o Argentina, estamos atrasados”, evalúa. 

Y advierte que la Corte está dividida: dos miembros tienen una postura más conservadora; dos definieron a los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, inamnistiables; y recientemente se nombró a un quinto ministro, Eduardo Turrell, de quien no se sabe qué posición adoptará respecto a las causas de derechos humanos.      

En el plano político, Chargoñia dice que en su discurso del 1º de marzo, Tabaré Vázquez no mencionó una palabra sobre derechos humanos porque, probablemente, no tenía nada para decir. “La política de derechos humanos vinculada al pasado reciente sigue radicándose en los buenos discursos o en las buenas intenciones, pero no en la voluntad política y el compromiso institucional estatal”, examina el abogado. Las líneas de investigación son sugeridas muchas veces por los denunciantes, afirma. En su opinión, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado en 2015 por Tabaré está integrado por personas muy honorables, pero sin personal adecuado para analizar la desclasificación de archivos militares y policiales. “Son gente con escaso peso político y con cometidos tan amplios que encontramos que no los están cumpliendo”, indica.

Entre esas deudas, el abogado dice que no ve capacidad de trabajo que contribuya al hallazgo e identificación de desaparecidos. “Por lo que sabemos, están buscando en dos lugares, sin resultados por el momento. Hace años que no se encuentran restos de desaparecidos”, dice. Por ahora se ubicó a Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco.  

Mirtha Guianze dirige la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, emplazada en el mismo lugar donde en dictadura funcionó el Servicio de Información de Defensa y un centro clandestino al que fueron trasladados detenidos en Automotores Orletti. La ex fiscal recibe a Página 12 en Bulevar Artigas 1532 y anuncia que el edificio será señalizado como sitio de memoria. “En esta habitación donde estamos estuvo Macarena Gelman con la mamá, hasta que las separaron”, comenta la funcionaria. 

En octubre de 2008 presentó un recurso contra la Ley de Caducidad. Un año después la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley que permitía excluir a policías y militares de procesos judiciales vinculados a la dictadura. Guianze pidió el procesamiento de Miguel Dalmao por el asesinato de la militante del Partido Comunista Nibia Sabalsagaray. El 8 de noviembre de 2010, Dalmao se convirtió en el primer militar en actividad acusado por un delito cometido por el terrorismo de Estado. A pedido de la fiscal, fue procesado con prisión por el juez Rolando Vomero. La jueza Dolores Sánchez lo condenó a 28 años de cárcel por el homicidio muy especialmente agravado de Sabalsagaray. Cuando fue sentenciado, Dalmao revistaba como comandante de la División IV del Ejército, en la ciudad de Minas.  

En 2011, el presidente José Mujica fue a verlo a la cárcel. “Fue lo que peor me cayó. No podía entender que el presidente visitara a un militar detenido por ese delito”, señala la ex fiscal. Dalmao falleció en 2014 en el Hospital Militar. Por esa muerte, el general Wile Purtscher amenazó a Guianze y a Vomero. “Ahora soy yo el que quiero venganza. Mi amigo ahora descansa, pero aquellos que fueron contra él, que no duerman en paz”, escribió el militar en el semanario Búsqueda. Para la funcionaria, “ellos están siempre ahí”. “Tienen ese no reconocimiento del terrorismo de Estado, piensan que actuaron bien, y ahora salió una nueva amenaza de ese Comando Barneix, que no sabemos quiénes son”, dice. “Los militares ascendieron en democracia, no hubo limpieza de los que apoyaron la dictadura”, afirma.

A Guianze le robaron una computadora en su casa de Las Piedras. Luego le sustrajeron otra de su casa de veraneo, la misma noche que preparaba la acusación contra Gregorio  goyo Álvarez, militar retirado que encabezó el último tramo de la dictadura uruguaya y que en 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel por el asesinato especialmente agravado de 37 personas. En varias oportunidades, autos blancos con matrícula de Punta del Este se pararon frente a su casa de descanso. 

En una ocasión viajaba con su marido. Pasando Rocha, rumbo a Montevideo, un vehículo oscuro los interceptó en la ruta. “Nos pechó y nos tiró a la banquina. Mi marido dio un volantazo e impidió que el auto volcara”, reconstruye Guianze. Un espejo retrovisor rompió el parabrisas y le pegó en la frente. “No vimos aparecer ni desaparecer el vehículo. Casualidad fue que detrás de nosotros después del choque, paró una camioneta de la policía. Los policías no tuvieron ni la delicadeza de anotar algo”, recuerda la ex fiscal

 

 ANÁLISIS Y OPINIÓN RESPECTO AL DECRETO 76/017 RELATIVO A LOS CORTES DE CALLES, CAMINOS Y CARRETERAS

 

Estimadas y estimados:

Ante la publicación del Decreto 76/017 relativo a los cortes de calles, caminos y carreteras, desde Tripalium Estudio Jurídico queremos aportar nuestro análisis opinión jurídica respecto al tema.

El objetivo de este trabajo es brindar a las organizaciones sociales y a los militantes algunos fundamentos jurídicos de porque este Decreto debe caer.

Desde ya quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta.

Dra. Georgina Barria

Dr. Pablo Ghirardo

 

PRIMEROS COMENTARIOS RESPECTO AL DECRETO 76/017 RELATIVO A FACULTAR AL MINISTERIO DEL INTERIOR

 PARA IMPEDIR CORTES DE CALLES, RUTAS O CAMINOS

En estos momentos, son muchas las ideas que vienen a nuestra cabeza, por las cuales entendemos que este decreto debe derogarse en forma inmediata.

 Pero dado la necesidad de una respuesta clara y concisa, en este primer trabajo nos limitaremos al análisis descriptivo de la norma, algunos de los fundamentos jurídicos por los cuales sostenemos que debe ser derogado y que herramientas jurídicas existen para aquellas organizaciones o individuos que pretendan accionar contra la misma. Quedará para otros trabajos los análisis extra jurídicos y fundamentos políticos por los cuales llegamos a la misma conclusión.

Antecedentes del Decreto:

Diversas organizaciones de Derechos Humanos han venido señalando que desde el Estado y especialmente desde el Poder Ejecutivo se vienen aprobando leyes y decretos que restringen las libertades (especialmente aquellas que afectan acciones colectivas) y que otorgan cada vez más potestades a la policía. Entre ellas destacamos los trabajos elaborados por IELSUR, SERPAJ y Plenaria Memoria y Justicia.

En tal sentido estas organizaciones han cuestionado varios artículos de la Ley de Procedimiento Policial y la Ley Orgánica Policial.

PRECISAMENTE, EN ESTAS DOS NORMAS ES QUE SE FUNDAMENTA EL DECRETO EN CUESTIÓN, así surge de su parte expositiva.

En la línea de limitar los derechos colectivos y de protesta, ya en el 2006 y 2010 se legisló por Decreto, aprobándose dos que prevén el procedimiento de desalojo de las ocupaciones por parte de trabajadores, tanto en el ámbito público como privado. Tal es el caso de los Decretos 165/006 y 354/010, el primero aplica a la actividad privada y el segundo en el sector público. Como vemos la norma en análisis esta antecedida de un camino de ampliación del marco de criminalización y represión y de limitar el derecho a la protesta.

Algunas consideraciones previas:

 Como es sabido en Uruguay los cortes de calles generalmente no impiden la libre circulación de nadie, se demora un poco más, pero haciendo pequeños desvíos es suficiente para llegar al lugar de destino sin muchas más complicaciones. No existen antecedentes en nuestro país que las rutas nacionales permanezcan cortadas durante todo un día y ni siquiera por 12 horas.

Por tanto podemos concluir que en Uruguay los cortes de calles y otras manifestaciones que interrumpen la circulación, NO VULNERAN NI AFECTAN LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN, YA QUE CON PEQUEÑOS DESVÍOS O ALGUNAS DEMORAS TODAS Y TODOS PODEMOS ARRIBAR A NUESTROS DESTINOS SIN MAYOR INCONVENIENTE.

También es sabido por los operadores jurídicos y por la población en general, que la policía actúa en forma discrecional permanentemente y que claramente existe una selectividad al momento de actuar. Son contadas por decenas las intervenciones policiales disolviendo cortes de calles en los barrios cuando se protesta por la muerte de alguna o algún vecino a raíz de la falta de señalización o problemas en los barrios.

Por último señalar que en nuestro Derecho, solo es posible limitar un derecho (como lo son la libertad de expresión y el derecho a la protesta) mediante Ley y por razones de interés general (Art. 7 de la Constitución de la República), debiendo ponderarse debidamente los derechos en presunta contradicción.

En este sentido la Institución Nacional de DD.HH. se pronunció en este sentido en su informe del 27 de abril de 2016 pág. 11 Es decir, QUE POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, NO ES POSIBLE LIMITAR UN DERECHO MEDIANTE DECRETO DEL PODER EJECUTIVO.

 Análisis de la norma

 1.  La misma está compuesta de 4 artículos, los dos primeros hacen referencia a las facultades del Ministerio del Interior. El tercer artículo prevé la comunicación a la justicia con posterioridad a los hechos. Por su parte el último artículo prevé una excepción en cuanto a lo previsto en el Art. 57 de la Constitución relativo al Derecho a Huelga

 2.  Como se desprende claramente del texto del Decreto, en ningún lado se prohíbe la acción de corte de calles, caminos o carreteras, lo que si se dice, es que ante la existencia de los mismos la policía discrecionalmente y sin ningún tipo de criterio previsto en la norma, podrá utilizar las medidas que entienda necesarias para revertir la situación pre existente.

3. Artículos 1 y 2, MARCO DE APLICACIÓN DE LA NORMA

 El art. 1° faculta al Ministerio del Interior a adoptar cualquier medida con el fin de “preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza.”

En primer lugar, hay que señalar la ambigüedad a que refiere la frase “preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras…”, ya que se ha reconocido históricamente que las calles, caminos y carreteras no sólo han sido utilizadas para tránsito de vehículos, sino que se han utilizado para múltiples actividades y manifestaciones culturales, políticas y sociales, siendo utilizados los cortes de calles incluso por actividades gubernamentales y/o estatales, cuya legitimidad se haya establecida por los usos y costumbres, por lo que la preservación del uso público de las calles es una cuestión que no está tipificada jurídicamente y debemos recurrir a los usos sociales para interpretarla.

Esto pone en jaque la supuesta “pretensión” que es una cuestión meramente subjetiva y que, según el texto de la norma, debe existir y cuyo objetivo es “obstaculizar o interrumpir”.

 No sólo que el elemento subjetivo es de muy difícil prueba, sino que en los hechos los cortes de calles no son un fin en sí mismos, sino un medio para alcanzar un fin, por lo que nunca se cumpliría este caso. Véase que no solo se faculta a la policía a actuar ante los cortes totales, sino que también cualquier interrupción u obstaculización podrán ser suficientes para la intervención de la fuerza pública.

 El marco de aplicación de la norma es el más amplio y absoluto, ya que cualquier tipo de interrupción y por cualquier motivo.

 Pero al mismo tiempo no es preceptiva, ya que el núcleo verbal utilizado es “dispondrá”, término claramente discrecional y por tanto, quedará a decisión del funcionario interviniente. La norma no distingue y por tanto cualquier alteración en el transito podrá ser pasible de que la policía intervenga “tomando las medidas pertinentes”.

El artículo 2  dice que estas “medidas” se adoptaran con el “fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad.” Si al entender de la policía algunas de estas tres cosas se ven alteradas, será suficiente para que actúen.

Si el primer artículo decíamos que no deja nada fuera del alcance de la norma y que a cualquier alteración en el tránsito le sería aplicable la norma, el segundo, llena de subjetividad a la norma pues no aporta elementos objetivos que puedan limitar el accionar de la fuerza pública.

Por el contrario los tres términos son absolutamente ambiguos.

EN SÍNTESIS FRENTE A CUALQUIER EVENTO QUE AFECTE EL TRÁNSITO AUNQUE SEA EN FORMA PARCIAL O MOMENTÁNEA Y QUE A ENTENDER DE LOS EFECTIVOS POLICIALES ACTUANTES SE AFECTEN ALGUNAS DE LAS TRES SITUACIONES PLANTEADAS EN EL ART. 2, PODRÁN APLICAR “LAS MEDIDAS PERTINENTES” PARA PROCEDER.

ART. 3, NOTICIA AL PODER JUDICIAL

Después de intervenir, el cuerpo policial informará al Poder Judicial de lo actuado. Lo grave de este hecho es que el Ministerio del Interior tendrá facultades para actuar sin orden judicial, llegándose a la detención incluso cuando no haya infracción de norma penal alguna.

La interrupción del tránsito no es un delito y aun cuando un decreto otorgue potestades a la policía para que libere la vía pública, por tanto si no se incurrió en otro tipo de conducta que encuadre en una figura delictiva, el juzgado penal deberá abstenerse de actuar.

ART. 4 ÚNICA EXCEPCIÓN A LA QUE NO APLICA EL DECRETO (en principio)

Por último el articulo final deja fuera de esta norma “lo previsto en el artículo 57 de la Constitución de la República. Si bien la norma no es clara, pareciera querer dejar fuera del marco de aplicación del Decreto a aquellas acciones que se enmarcan en el derecho de HUELGA. Si bien no es objeto de este primer análisis del Decreto, debemos si mencionar que si bien el derecho de huelga no está definido en nuestro país y a nuestro entender por tanto queda a criterio de lo que la organización sindical defina, nos inclinamos por sostener que un corte de calles o de ruta, no es parte de la huelga, sino una manifestación pública que tiene origen en un conflicto colectivo.

Por tanto esto parece ser más bien, que el Poder Ejecutivo intencionalmente no quiso que aquellas acciones adoptadas por trabajadores, aun cuando “alteren el orden”, impidan la “libre circulación o pongan fin “a la tranquilidad”, no le será aplicable este decreto. Es decir, que la misma acción si es realizada por las mismas personas actuando por un reclamo de vivienda, se les aplicará el Decreto, pero si esas mismas personas hacen la misma acción pero en el marco de una actividad sindical, quedarían exceptuados.

Si bien compartimos que los trabajadores organizados en sus sindicatos tienen derechos que fueron conquistados con su propio sacrificio, cuando hablamos del legítimo derecho de las personas a manifestarse, poco importa donde se nuclean

Pero pese a ello, al día siguiente de publicado el Decreto se procedió por parte de la policía a la detención de dirigentes sindicales por estar haciendo un corte parcial en una ruta nacional, en el marco de una acción sindical. Quedando en evidencia la discrecionalidad policial, que violenta la propia norma en la cual funda su accionar

CONCLUSIONES

1.  El Poder Ejecutivo por Decreto limita el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta, ambos derechos consagrados en la Constitución de la República y reconocidos como derechos humanos fundamentales consagrados en Pactos Internacionales de DDHH, mediante una norma no apta para ese fin.

SOLO PUEDEN RESTRINGIRSE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES MEDIANTE LEYES FUNDADAS EN EL INTERÉS GENERAL

 2.   Se pretende generar una falsa contraposición de derechos entre el de libre circulación y los derechos y libertades mencionados. COMO LO SEÑALAMOS ANTERIORMENTE, UNA DEMORA O DESVÍO EN EL TRÁNSITO NO PUEDE SER CONSIDERADO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN.

 3.   El decreto prohíbe acciones que no se encuentran tipificadas como delitos, y otorga a la fuerza policial facultades ilimitadas para actuar aun cuando no se tenga orden judicial ni se infrinja norma penal alguna, VIOLANDO TODA NORMATIVA QUE CONSAGRA EL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO POR EL CUAL NO HAY PENA SIN UNA LEY PREVIA QUE TIPIFIQUE LA CONDUCTA COMO DELICTIVA (NULLA POENA SINE LEGE)

4.  Que no regula cómo será el procedimiento en estas actuaciones, quedando librado así al parecer de los efectivos presentes en el procedimiento, violentándose todas las garantías de los ciudadanos

 5.  Utilizando la misma técnica que en el ya cuestionado Dec. 354/010, no se prohíbe la realización de los cortes, pero si se otorga facultades a la policía para actuar ante la existencia de los mismos. Generándose así una incongruencia total en la propia norma.

 6.  El Decreto 76/017 violenta las normas constitucionales, los principios del derecho penal y habilita el accionar policial en forma inconsulta con el Poder judicial, que solo tomará conocimiento después de lo actuado

 Medidas jurídicas contra el Decreto

1 -  RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y ACCIÓN DE NULIDAD ANTE EL T.C.A. POR PARTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE HABITUALMENTE UTILICEN ESTAS ACCIONES COMO MODO DE PROTESTA.

Todo acto administrativo (como lo es el Decreto que analizamos), puede ser recurrido por la vía administrativa, siempre que afecte un interés legítimo y directo de quien lo presenta. En este caso, aquellas personas físicas o jurídicas que tengan previstas o sea parte de su práctica habitual, actividades que significan la interrupción del tránsito, podrán accionar en tal sentido. También pueden hacerlo aquellas organizaciones sindicales que fuera del marco del derecho de huelga realicen actividades que implican afectar “la libre circulación, el orden público o la tranquilidad”.

 Es decir que fuera del paro, realicen o participen de actividades que pudieran utilizar las calles. Ya sea marchas, campañas plebiscitarias o simples jornadas de propaganda. Así también cualquier ciudadano puede accionar en tal sentido.

PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO ADMINISTRATIVO:

el plazo de interposición de un recurso administrativo, son 10 días corridos, por tanto en caso de interponerse hay plazo hasta el lunes 3 de abril.

2. - SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO DE INMEDIATO A LA INDDHH

Como ya dijimos, este organismo hace menos de un año se pronunció en contra que mediante un Decreto se limiten las libertades y derechos. Como órgano estatal y atendiendo a las facultades que se le otorga en su Ley orgánica, puede y debe hacer recomendaciones a los Poderes del Estado cuando entienda que se vulneran los derechos y libertades de los y las habitantes de la República. Es por ello que entendemos que las organizaciones sociales y civiles deben exigir a este organismo una posición respecto al tema y que recomiende al Poder Ejecutivo la derogación inmediata de la norma.

3.-   EN CADA DETENCIÓN PRODUCTO DE ESTAS ACCIONES PRESENTAR UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR SER DETENCIONES ILEGITIMAS.

 En cada defensa penal, ante la detención presentar en el juzgado correspondiente una acción penal por vía de excepción, solicitando que se declare ilegitimo el arresto, ya que el mismo carece de normativa legal que lo sustente y que además la acción policial atentó contra el bloque de derechos constitucionales, previstos en la Carta Magna.

posta - postaporteñ@ 1745 - 2017-03-30 11:40:03
postaporteñ@_______________________________

UN GRAN CURRO Urbe Et Orbe

Sorpresa en el Vaticano:

encontraron cientos de millones de euros ocultos

El responsable de Economía reveló que "la situación es mucho más saludable de lo que parecía" en la Santa Sede.

Publicada: 4/12/2014 

NdeR publicamos ya que tiene absoluta actualidad, con los comentarios finales 

El responsable de Economía del Vaticano, el cardenal australiano George Pell, reveló en la revista británica Catholic Herald que descubrieron cientos de millones de euros hasta ahora ocultos.

Hemos descubierto que la situación es mucho más saludable de lo que parecía porque algunos cientos de millones estaban guardados en cuentas particulares de cada departamento y no aparecían en el balance"

El cardenal relató cómo "las congregaciones, los concilios y, especialmente la Secretaría de Estado disfrutaban y defendían una sana independencia". "Los problemas se mantenían en casa", explicó Pell.

En la entrevista, Pell quiso hacer hincapié el Vaticano no está en quiebra: "Aparte del fondo de pensiones, que necesita ser fortalecido para afrontar las demandas sobre él en 15 ó 20 años, la Santa Sede está afrontado sus gastos, al tiempo que posee activos e inversiones sustanciales".

Explicó asimismo que el Vaticano no utilizó estándares contables modernos "hasta hace poco", cuando el Papa Francisco "se dio cuenta de que el sistema financiero vaticano había evolucionado de un modo que resultaba imposible para cualquiera conocer qué estaba pasando en conjunto".

El Papa nombró entonces un comité de expertos para examinar la situación y proponer un programa de reformas basado en dos principios: adoptar los estándares financieros internacionales y asegurarse de que las políticas y procedimientos del Vaticano sean "transparentes", afirmó Pell. 

Al respecto dice Horacio Rivara escritor y periodista


"Confirmé de muy buena fuente que el IOR, Banco del Vaticano, está lavando los cientos de millones de los K.

Benedicto renunció porque tenía una deuda de 700 millones y Bergoglio lo arregló financiándose con los K.

El IOR no está controlado por el Banco Central Italiano, por eso en los 70 lavaba plata Michel Sindona, banquero de la Mafia.

¿Nunca se preguntaron por qué las Monjitas se prestaron a usar el Convento de aguantadero de Bolsos K?

¿Quién es el superior de las monjitas? Empieza con Bergo y termina con glio".

NOTA de Horacio Rivara:

"Entre nos, les voy a contar por qué el Papa Francisco actúa como actúa. Nadie se hace comunista a los 80 años y nadie se hace kirchnerista gratis.

El Vaticano, pese a ser rico en teoría, tuvo siempre enormes problemas financieros, porque esa riqueza no es realizable. Borgia creó el Banco del Vaticano a fin de la Edad Media para no depender de los Príncipes Florentinos. Hoy ese Banco se llama IOR y, en 1975, estaba en graves problemas.

El cardenal de Milán, Giovanni Montini, nombrado como Papa Pablo VI gracias a Licio Gelli, desesperado le pidió ayuda a su amigo. Éste habló con Michele Sindona, genio financiero de la mafia siciliana, y creó dos Bancos: el Ambrosiano, dirigido por Calvi, y el Andino de Perú. El Ambrosiano lavaba plata de la mafia y el Andino de los Somoza, los Castro y otros dictadores ambos bancos prestaban esta plata lavada al Vaticano.

Todo saltó en el 81. Gelli cayó, Calvi se "suicidó", mientras huía, en Londres y Sindona cumplió 6 meses de cárcel.

Desde entonces, el Vaticano se financió gracias al Arzobispado de Boston y su banco controlado, el First de Boston. Pero vinieron las millonarias demandas civiles por pedofilia, el Arzobispado pidió el art. 11 de la ley de quiebras (parecido a nuestro concurso) y todo se complicó.

Por eso renunció Benedicto XVI, estaba seco y al borde de la quiebra.

Asume Francisco y todo se arregla mágicamente y, mágicamente, Bergoglio perdona a sus perseguidores, a quienes lo acusaban de genocida y entregador.

¿Y cómo se fondea ahora el IOR? Con el dinero K. Lavando. Una Madre Superiora de un convento, honesta por 89 años, nunca dejaría entrar armas y plata robada a altas horas de la noche, salvo dos excepciones. Que se aparezca Jesús de Nazaret y se lo pida o que se lo pida el Papa. Y ese fue sólo un bolso; hay cientos.

Como el Vaticano es un Estado Soberano, el IOR no puede ser investigado por la Justicia Italiana, ni debe presentar balances a ningún Banco Central. Por eso Bergoglio envío a Grabois para fomentar piquetes y desórdenes. Él había apostado a Scioli, pero la victoria de Macri complicó a Cristina y Bergoglio teme que, si va presa, se corte la financiación".

Continúa Horacio Rivara:

"Hay gente muy enojada y el mundo financiero europeo es muy pequeño para tapar cosas así.

El error de Licio Gelli, Pablo VI y Sindona en los 70 fue usar al Ambrosiano, de Milán, controlado por el Banco Central Italiano y por el Parlamento. Ahora sólo usan el IOR."

Sigue Horacio Rivara:

"Apenas elegido Papa, Bergoglio recibió a Guillermo Moreno y acordaron: primero, que Scioli era el candidato y luego, humillar a Massa para beneficio de Scioli.

Lo hicieron ir a Roma a Massa y no lo recibió.

Al perder Scioli, Bergoglio se plegó al "club del helicóptero"; el plan para derrocar a Macri antes del 6 de abril, donde Bonadío dictaría la prisión preventiva".

posta - postaporteñ@ 1745 - 2017-03-30 11:22:12
postaporteñ@_______________________________

ME PREGUNTARON: ¿COMO ENCONTRASTE URUGUAY?

"Sarna con gusto no pica", hay fanáticos, como hinchas de fútbol que ven la política de esa forma y se conforman con el mal peor, lo que ocasiona que cada vez más el Frente Amplio, se trasforma en más neoliberal, más de derecha y sacando leyes y posturas reaccionarias, pero para todo hay excusa, para defender posturas.

Es así que si Montevideo es una mugre, la culpa la tiene el sindicato y la gente que tira, (tardaron una semana en levantar el contenedor de basura), si la carne esta cara es culpa de los productores, si los consejos de salario tienen techo, es para que no suba la inflación, teniéndose un salario mínimo de 12350 $ cuando la canasta familiar esta en casi 60000 $.

 Si hay más inseguridad, es culpa de los medios de prensa que la divulgan desestabilizando, si los niños abandonan los estudios es culpa de los padres, si los jubilados ganan poco es porque aportaron poco, si el boleto vale más de un dólar es culpa de CUTCSA, cuando el asesor del presidente de la república es el presidente de CUTCSA. El servicio del trasporte sigue siendo un mero negocio que no está ni cerca de ser un servicio a la población, la gente sigue viajando como ganado, y después de las 21 horas el servicio merma increíblemente.

 Las excusas son para todo, después de 13 años gobernando todavía se habla de lo heredado de los blancos y colorados y se le echa la culpa a los demás.

En posiciones internacionales ya ni hablar, mantenemos las tropas en Haití,” porque llevaremos algún día maestros “, estamos contra Venezuela y se critica Cuba y para poner la frutilla a la torta se decreta una ley para no permitir manifestarse y mandar a la policía a actuar directamente sin orden del juez. Y en cuanto a los derechos humanos y verdad y justicia da vergüenza que mantuvieran la ley de caducidad habiendo e los votos para mandar presos a violadores, torturadores y asesinos de la dictadura y están dejando que pasen las generaciones para que se olvide todo.

 Todo esto al simple votante, no le va ni le viene, le enseñaron que lo único que importa es tener trabajo aunque sea a precio de explotación, mas de 700000 uruguayos ganan menos de  $16000, desarmaron todo espacio de debate asambleario o comités de base, para no tener que dar cuentas y quedaron dentro una mayoría de convencidos de que hay que gobernar según los mandaten de afuera y eso les garantiza permanecer en el gobierno y sus cargos.

 A nivel sindical, no es novedad que el PIT-CNT siempre fue bastión del frente amplio y la mayoría de sus componentes siempre fueron referentes de distintos partidos del FA y en su mayoría del PCU que hoy vota todo con el gobierno, junto a militantes sindicalistas del MPP, seguramente que si se volviera a la oposición se volvería a las trincheras, contra las mismas injusticias y leyes que ellos hicieron ahora mismo. No hay duda que gano esta corriente de forma de gobernar y sindicalmente también; y si, ganaron adentro y gobiernan sin problemas, a su antojo, sin vergüenza histórica, ni principios, pero no es culpa de ellos solamente, fue culpa nuestra, que los dejamos.

Es difícil hoy lograr que la gente vuelva a militar para cambiar la situación, mucho descreimiento y desengaños que hace que sean muy pocos los que puedan hacer una opción verdaderamente de izquierda que cambie las cosas rápidamente. Los riesgos serán los Novick, (el Trump uruguayo), el peligro es que se presenten nuevas opciones de derecha, escondidas en el descontento de la gente y en la traición. Hoy ya es tarde, para cambiar al Frente Amplio desde adentro, ya es un partido de oportunistas de puertas abiertas para los que lleguen, sin condicionar nada de las formas actuales, son una mayoría de oportunistas que dirigen desde arriba y les importa un carajo el qué dirán.

Un Uruguay para los trabajadores, el día 10 sigue siendo fin de mes , mientras se endeuda a tarjeta pura y dura y reduce hasta la compra de alimentos, a la espera de su próximo cobro de sueldo, La enseñanza del consumismo es el día a día, la enseñanza es ser del primer mundo o hacérselos creer, hay que tener el ultimo Samsung, "si no, no sos nadie “o tenes que llegar a comprarte aunque sea un coche 0 Kilometro chino, (no critico al que puede comprarlo) que cuesta menos, que comer durante todo un año, pero parece que eso logra "un mejor bienestar" aunque después no se llegue a fin de mes. Hicieron el shopping nuevo en e la vieja CUTCSA , que no es solo como negocio , sino pensado como tapón ,para que gente humilde no les copara sus shopping de las zonas buenas y lo lograron, este nuevo centro, convoca a los obreros humildes y no "obreros" desde bulevar Artigas hacia afuera y ya no les molesta sus presencias .

Hay una visión divulgada constantemente de que todo está todo mejor, que hay más gente de vacaciones, que Punta del Este está a tope, que se llena el teatro de verano, tal o cual espectáculo y es verdad pero quienes son los que llenan estos lugares los de siempre, son esas 300 000 mil personas y nuevos pudientes políticos que mueven Uruguay de siempre junto a turistas que entran y después tenes 2800000 uruguayos que la siguen llevando como pueden, con sus distintas variantes.

Pude visitar varios barrios y después de 8 años de no ir por el país los encontré igual o más deteriorados, con asentamientos todavía con las aguas podridas corriendo por las puertas, con los niños sentados a su lado, sin veredas ni calles. Los pozos en las calles son innumerables, hay algunos que llevan más de 20 años.

 Se hicieron terminales de ómnibus, que solo se usan como paradas, que solo cambian el recorrido y vuelven a ruta, sin ninguna otra razón y atrasando mas el recorrido. El ensanche de General Flores fue gasto innecesario, (consultado a compañeros de CUTCSA), donde el transito se tranca donde siempre de Bulevar Artigas hacia el centro, más de los mismo con el ensanche de Garzón, donde se trasformó en un cruce peligroso con ya varias muertes, pero parece que las obras había que hacerlas si o si, seguramente alguno o algunos se benefició para construirla.

En cuanto a la salud hay gente que no puede atenderse en mutualistas porque al final no pueden pagar los gastos y en salud pública con las mismas carencias de siempre, en cuanto a atención y espera, salvo algunas excepciones. Ya ni hablar de lo que cuesta algo tan simple como es comer, todo está carísimo comparado con cualquier lugar del mundo salvo excepciones claro.

Uno se pregunta ¿cómo hacen?, todo lo comparo por ejemplo con Madrid y está todo más caro, entre un 30% y 200 %, si así de caro, y cosas que se producen en el país, pero claro la apuesta del gobierno es la soja, plantíos de eucaliptos y papeleras, esas mismas que no quieren en Europa. Muchos de los políticos que se suponían del pueblo de izquierda, olvidaron o no quieren ver la realidad, ¿y porque no? si, algunos están convencidos y se vendieron al poder y lo defienden y piensan que es lo único que se puede hacer.

Esos mismos dirigentes o militantes que surgieron de esos barrios obreros o sindicatos, muchos de ellos se mudaron, para mejores lugares y no han vuelto a pisar barrios carenciados, de trabajadores mal pagados y ocultan o se ocultan la realidad, viviendo en su circuito de seguridad, mandando a sus hijos a escuelas o liceos privados, custodiados de empresas de seguridad. Se mueven en zonas mejores, con coches mejores, con alimentación mejor, pero no solo eso han cambiado, cambiaron sus amistades, costumbres, sus fiestas, están rodeados y compartiendo mesa con quienes antes eran enemigos de clase, viven a otro nivel y claro que no con sueldos de 12400 $ que ellos votan en el parlamento, muy distinto a sus sueldos, que ellos mismos se votan.

Que se hicieron cosas positivas y sí, pero no a la altura de las expectativas que se esperan de un cambio de gobierno que se suponía de izquierda, (para algunos no nos fue sorpresa ya la veníamos venir) y para hacer más o menos lo mismo que los Blancos y Colorados, ya estaban ellos y por lo menos sabias quienes eran. La torta cuando creció, nunca le llego a los trabajadores y si a los empresarios para ellos gobiernan, para ellos mantenerse en sus sillones.

Para terminar aclarar que opino con el mismo derecho que cualquier uruguayo, aunque dentro del país se cuestione que lo puedas hacer si estas afuera, es más te destratan si lo haces ,te dicen que no estás informado y les puedo asegurar que algunos que estamos afuera y lo comprobé, estamos tan o más informados que algunos en el propio país, que no le interesa nada de lo político , a parte si los uruguayos, podemos dentro del país opinar de cualquier país y de hecho se hace, porque no podemos hacerlo del nuestro, estemos donde estemos, estén seguros que yo no soy su enemigo de clase. 

DANIEL CASERTA - postaporteñ@ 1745 - 2017-03-30 11:10:18
postaporteñ@_______________________________
Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] Siguiente