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?Cristina usa a Messi para vender el ?maldesarrollo? petrolero?

Entrevista a Maristella Svampa

La socióloga argentina Maristella Svampa habló con Brecha sobre las claves de su último libro, “Maldesarrollo, la Argentina del extractivismo y el despojo”, escrito con el abogado ambientalista Enrique Viale, en el que se critica el rumbo del modelo productivo de los gobiernos progresistas sudamericanos

Emiliano Guido, desde Buenos Aires, Brecha, Montevideo, 7-11-2014

Los libros de y ensayos de Maristella Svampa no ocupan un lugar central en las bateas promocionadas por los gobiernos progresistas sudamericanos. Indudablemente piezas como 15 mitos y realidades de la minería transnacional argentina, o la novela Donde están enterrados nuestros muertos, van a contramano de la narrativa de época gubernamental

—Venís acuñando la categoría “consenso de los commodities” para referirte a un modelo productivo y cultural regional invisibilizado en el relato político de los gobiernos progresistas, ¿Qué hechos, datos o acontecimientos de la actual coyuntura sudamericana te parecen que refuerzan o resignifican tu tesis sobre la “ilusión (neo) desarrollista”?

—Creo que, en los últimos años hubo una suerte de “blanqueo” del consenso de los commodities. Me explico. La expansión del neoextractivismo, y la conflictividad asociada a éste, hay que leerlas desde una perspectiva dinámica. En esa línea, el consenso de los commodities tiene varios momentos. La primera fase es la del período de auge económico, de apertura política, pero también de no reconocimiento de los conflictos asociados a la dinámica extractiva. Esta fase se extiende aproximadamente desde 2002-2003 hasta 2008-2010, época en la cual varios gobiernos progresistas, consolidados en sus respectivos mandatos (algunos en un contexto de reelección) fueron admitiendo una matriz explícitamente extractivista, debido a la virulencia y la visibilidad a nivel nacional que adquirieron ciertos conflictos territoriales y socioambientales: ahí los casos del Tipnis (Bolivia); la construcción de la mega represa de Belo Monte (Brasil), la pueblada de Famatina (Argentina) y las resistencias contra la megaminería (Argentina), la suspensión final de la propuesta Yasuní (Ecuador), el conflicto por el proyecto megaminero de Aratirí (Uruguay), entre ellos. La respuesta de los diferentes gobiernos progresistas fue la estigmatización de la protesta ambiental y la deriva hacia una lectura conspirativa. Optaron por un lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo, sea al “ecologismo infantil” (en Ecuador), al accionar interesado de ONG extranjeras (en Brasil y Bolivia) o incluso al “ambientalismo colonial” (según el vicepresidente García Linera, en Bolivia). Ni que hablar de Argentina, donde se minimizó el conflicto en Famatina, se buscó su reencapsulamiento en la esfera provincial y la megaminería fue finalmente blanqueada; esto es, presentada como parte legítima del proyecto kirchnerista

Se abrió, entonces, lo que llamo una segunda etapa que nos interna en un período de blanqueo u oficialización del consenso de los commodities, a raíz de los conflictos en los territorios. Esta corresponde también a una época en la cual los gobiernos progresistas redoblaron la apuesta, a través de la multiplicación de los proyectos extractivos, paradójicamente utilizando un discurso industrialista. Para el caso de Brasil, el Plan de Aceleración del Crecimiento multiplica el número de represas en la Amazonia. En Bolivia es la promesa del “gran salto industrial”, fórmula lanzada en 2010 y basada en la multiplicación de los proyectos extractivos (gas, litio, hierro, agronegocios, entre otros). Para el caso de Ecuador, es el avance de la megaminería y el final de la moratoria del Proyecto Yasuní (2013). Por su parte Venezuela formuló en 2012 el plan estratégico de producción del petróleo, que implica un avance de la frontera de explotación en la faja del Orinoco, donde se hallan los crudos extrapesados (no convencionales). Argentina lanzó el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, que proyecta un aumento de la producción de granos, al tiempo que avanza en la explotación de los hidrocarburos no convencionales, a través del fracking. Entre 2013 y 2014 Uruguay anuncia de modo unilateral dos aumentos en la producción de la pastera UPM (ex Botnia); y el conflicto por Aratirí se profundiza

Además, como afirma Martínez Alier en un artículo reciente, la balanza comercial de países como Argentina, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador ya presenta un saldo negativo. Se exporta mucho y sin embargo no se cubre el costo de las importaciones. Esto no sólo conlleva más endeudamiento sino también más extractivismo, a fin de cubrir el déficit, con lo cual entramos ya en una espiral perversa

—¿Qué líneas de continuidad o ruptura tiene el actual desarrollismo con el modelo desarrollista de sustitución de importaciones pregonado en la década del 60 en la región

—Veo escasas continuidades y claras rupturas. Más allá de la retórica nacionalista en boga, uno de los elementos clave es la asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías regionales, lejos de atenuarse, se fue acentuando a medida que se expandían y multiplicaban las actividades extractivas. Un nuevo desarrollismo, más pragmático y en clave extractivista, no necesariamente ligado a las formas del estatismo propio de los años cincuenta-setenta, asoma como rasgo central de la práctica dominante, y configurando la nueva hegemonía. Además, el efecto de reprimarización de las economías se profundiza con el rol cada vez mayor que tiene China en América Latina

El “maldesarrollo” no tiene que ver solamente con modelos de producción sino también con modelos de consumo que prevalecen tanto en el Norte como en el Sur global, con lo cual estamos frente a un problema de fondo, de orden civilizatorio. Esto no significa desresponsabilizar a los gobiernos latinoamericanos, cuando vemos que éstos promueven activamente dichos modelos de maldesarrollo a través de políticas públicas y los presentan como la panacea. Es lo que hizo el kirchnerismo en la última década, a través del modelo sojero, el de megaminería y ahora con el de hidrocarburos

Tomemos el modelo sojero: en vez de pensar en una transición y salida del monocultivo, el gobierno redobla la apuesta a través del Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, que plantea un aumento del 60 por ciento de la producción de soja, con los efectos que esto tiene en términos de deforestación, corrimiento de la frontera agropecuaria y, por ende, de mayor criminalización y represión de poblaciones campesinas e indígenas. A esto sumaría los efectos socio-sanitarios que se están haciendo públicos y los nuevos convenios con la trasnacional Monsanto y los conflictos desatados en la provincia de Córdoba, que también ilustran la relación entre modelo sojero y regresión de la democracia. Por último, agreguemos el proyecto de la nueva ley de semillas, que avanza en el sentido de la mercantilización. Así, pese al fuerte imaginario agrario que hay en Argentina, la visibilidad del agronegocio como modelo de maldesarrollo es cada vez mayor

—Los gobiernos de la región aducen que China, o muchos de los países del BRICS (grandes inversores en el área de los commoditites), ejercen una suerte de dominación suave, ya que como hegemón no se entrometen en la agenda doméstica gubernamental, en contraste con el injerencismo estadounidense. ¿Qué te parece esta lectura política?

—Creo que es de una gran ingenuidad. Lejos de la autodefinición como “país en desarrollo”, China constituye hoy una gran potencia económica, con un ascenso vertiginoso y una diversificada presencia a nivel global. El ingreso a un mundo multipolar tiene a China como uno de los candidatos firmes a convertirse en posible hegemón en el moderno sistema-mundo. Según el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, para el año 2030 Asia habrá superado a América del Norte y a Europa combinadas en términos de un poder global basado en el nivel de PIB, población, gasto militar e inversión tecnológica. En este marco, en los últimos años los intercambios entre América Latina y China se intensificaron notoriamente. Tal es así que China ocupa el primer puesto como país de destino de sus exportaciones para Brasil, Chile y Perú; el segundo para Uruguay, Venezuela y Colombia, el tercero para Argentina. Asimismo, es el principal país importador para Brasil y Paraguay, y el segundo para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, Panamá y Venezuela

Así, en el sector de hidrocarburos, están presentes en la región las cuatro grandes empresas de origen chino: SINOPEC, la Corporación Nacional de Petróleo de China, la China National Offshore Oil Company y Sinochem. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar la participación conjunta en explotaciones por parte de Sinopec con Repsol Brasil, y de Sinochem con Statoil Brasil (ambas de origen europeo) y la adquisición del 50 por ciento del grupo Bridas (Argentina) por parte de Cnooc. Bridas, que es la propietaria del 40 por ciento de las acciones de Pan American Energy, explota el yacimiento petrolífero más importante de Argentina, Cerro Dragón, en Chubut. También están presentes capitales chinos en Vaca Muerta, para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Puede concluirse que el tipo de inversiones que la región latinoamericana recibe de China no tiende a desarrollar capacidades locales, ni actividades intensivas en conocimiento o encadenamientos productivos. Tiende a potenciar las actividades extractivas en detrimento de aquellas con mayor valor agregado, lo cual genera un efecto reprimarizador de las economías de América Latina

Más allá de las expresiones de deseo que podemos encontrar en los documentos de la CEPAL, o en ciertos analistas (Mónica Bruckmann, por ejemplo), estamos lejos de una relación de cooperación Sur-Sur. Antes bien, estamos asistiendo a la consolidación de nuevas y vertiginosas relaciones asimétricas entre América Latina y China. La emergencia de una nueva dependencia, cuyos contornos –en término de ordenamiento económico y jurídico– y condiciones de subordinación (y de desarrollo) se estarían definiendo, hacen plausible la hipótesis del pasaje del consenso de los commodities al consenso de Beijing, lo que traerá aparejado nuevas consecuencias políticas, sociales, ambientales y culturales

—Muchos intelectuales orgánicos del rumbo progresista regional, como el vicepresidente boliviano García Linera, defienden el modelo extractivista con dos ejes bien claros: que la captura de renta posnacionalización de recursos permite fomentar planes sociales y, por otro lado, recuerdan que los países periféricos deben completar la senda del desarrollo económico para luego, sí, poder dar un salto cualitativo en la matriz productiva

—Bolivia es uno de los países en los cuales la política de planes sociales está directamente atada a la renta extractiva. Sin embargo, creo que se exagera la relación entre planes sociales y reducción de la desigualdad. En realidad, a la hora de hacer un balance ya se está viendo que en países como Ecuador y Argentina, en la última década, la disminución de las desigualdades fue mínima y la concentración económica mayor. Sucede que si el patrón de distribución de riqueza no es afectado, como afirma el ecuatoriano Alberto Acosta, “los ricos seguirán siendo más ricos, y los pobres, pueden en algún caso mejorar sus condiciones de vida, gracias a una serie de ejercicios clientelares del Estado, pero seguirán siendo marginados y dependientes”. Tengamos en cuenta que el 19 por ciento de la población latinoamericana, según estimaciones de la CEPAL, recibe planes sociales. Podemos compartir la medida, pero de ninguna manera podemos afirmar que esto se traduzca en una reducción significativa de las brechas de desigualdad. Los excluidos siguen siendo excluidos y, más que nunca, dependientes de las políticas gubernamentales

Por otro lado, es un error seguir creyendo que hay una senda evolutiva que conduce del subdesarrollo al desarrollo. El extractivismo no conduce a un modelo de desarrollo industrial o a un salto de la matriz productiva, sino a más reprimarización y a la consolidación del maldesarrollo, insustentables en diferentes niveles y dimensiones, que abren a una fase de criminalización y violación de derechos humanos. Por último, hay que pensar de modo más global, no quedarnos en la cuestión nacional y regional: los sucesivos informes sobre los límites del crecimiento, la huella ecológica, el calentamiento global, entre otros, nos envían claras señales hacia los países del Sur de que el modelo de desarrollo industrial propio de los países del Norte no puede ser universalizable, ya que tenemos un solo planeta, y queremos conservarlo

—El agronegocio sojero y la megaminería ganaron cierto consenso social y un significativo apoyo gubernamental gracias a su alta renta en divisas. ¿Los promotores petroleros del fracking recorren la misma estructura narrativa que las anteriores oleadas extractivistas para promocionar la viabilidad del gas shale?

—Para comenzar, no es lo mismo el agronegocio, en términos de renta en divisas, que la megaminería. En el libro mostramos las limitaciones de esta lectura respecto de la megaminería, contestando punto por punto los argumentos y datos de la Cámara Empresarial Minera. No los voy a repetir acá. Por otro lado, el libro tiene un capítulo largo sobre el fracking donde analizamos la construcción de lo que llamamos el “consenso sobre el fracking”, el cual se monta sobre una campaña nacionalista (la expropiación parcial de YPF), y en la asimilación entre soberanía hidrocarburífera y soberanía energética

No es casual que esta campaña haya arrancado luego de la aprobación del convenio con la multinacional estadounidense Chevron. A partir de ahí, la estrategia comunicacional del gobierno se propuso minimizar todas las irregularidades e ilegalidades cometidas, colocando un manto de olvido sobre las múltiples dudas que había respecto del citado convenio. Más aun, buscó construir un consenso en torno del fracking, mostrando que de la mano de YPF éste no es sólo “seguro” y “necesario”, sino además altamente “beneficioso” para el país. Así que, si bien encontramos una narrativa “eldoradista”, ésta se hace en clave fuertemente nacionalista; algo que el gobierno argentino explotó al máximo, al punto de identificar la selección de fútbol con YPF, y el valor de la recuperación de YPF con la figura de Messi

—¿A qué te referís cuando hablás de urbanismo neoliberal?

—Me refiero al modelo de ciudad que hoy se impone en nuestro país, expresado en el vertiginoso proceso de especulación inmobiliaria que mercantilizó hasta el paroxismo las condiciones de acceso a la vivienda, cuestionando la tradición de los espacios públicos. Enrique Viale lo denomina también “extractivismo urbano”. Lejos de salir del modelo de ciudad neoliberal, en los últimos diez años los diferentes gobiernos profundizaron la acción del mercado de la mano de los grandes agentes económicos. También incluimos en el libro la expansión de los megaemprendimientos residenciales –al estilo de los countries–, comerciales y turísticos, que se reactivaron de la mano de desarrolladores y grandes grupos inmobiliarios a partir de 2004. Un ejemplo de ello son las urbanizaciones cerradas acuáticas que construyen su oferta en torno a paisajes asociados al agua y que hoy amenazan ecosistemas estratégicos y frágiles, como los humedales y las cuencas de los ríos, imprescindibles para la sustentabilidad del aglomerado metropolitano

—En clave regional, organismos como la UNASUR han dado debates y acciones soberanas muy interesantes en el capítulo de la defensa (Consejo de Defensa Sudamericano), en materia política (desconexión de la OEA), e incluso antinarcóticas (despegue de la doctrina del Comando Sur). ¿Por qué te parece, entonces, que el proceso de integración regional no aborda de manera encendida cómo desconectarse de las grandes cadenas de valor mundial que profundizan el perfil primarizante de nuestra economía?

—La UNASUR defiende una perspectiva neoestructuralista, desarrollada por la CEPAL, que parte del reconocimiento de que la acumulación se sostiene en el crecimiento de las exportaciones de commodities o bienes primarios. Ya en 2010 el brasileño Bresser Pereira escribió sobre el neodesarrollismo señalando que “en la era de la globalización, el crecimiento liderado por las exportaciones es la única estrategia sensata para los países en desarrollo”. El neoestructuralismo aparece así como la base conceptual de los gobiernos progresistas en cuanto a la concepción del desarrollo. Esta posición, hoy sostenida por la CEPAL, fue presentada oficialmente en la UNASUR en la reunión de Caracas, en junio de 2013, centrada en el tema “Recursos naturales para un desarrollo integral de la región”, que subraya las condiciones privilegiadas que ofrece América Latina en la actual fase, en términos de “capital natural” o de recursos naturales estratégicos, demandados por el mercado internacional, muy especialmente Asia

El neoestructuralismo tiene una concepción sobre los bienes naturales que instala un campo de ambigüedad entre la noción de commodities y recursos naturales estratégicos. Si bien la política de desarrollo se orienta al crecimiento de las exportaciones y la asociación con grandes corporaciones trasnacionales, también busca un control mayor por parte de los estados de la renta extractiva, en materia de hidrocarburos y energía. En una suerte de wishful thinking, la región propone como estrategia industrializar los recursos naturales, que algunos avizoran a través de la relación estratégica con China (véase Mónica Bruckmann). Otros autores consideran que a partir de la primera parte del siglo XXI ya no es posible hablar de deterioro de los términos de intercambio (tal como lo hacía Raúl Prebisch en décadas pasadas al criticar la estructura productiva de los países latinoamericanos y dar cuenta de las relaciones asimétricas del intercambio comercial con los países desarrollados). Pero los deseos no pueden contra la realidad, ya que lo que tenemos es un escenario crecientemente reprimarizador. Y, además, pareciera que la caída de los precios de los commodities en los últimos tiempos no les darían la razón

—La Alianza del Pacífico, en caso de ensancharse a nivel regional, ¿implicaría una profundización del modelo productivo extractivista?

—Es cierto que tres de los cuatro países que componen esa alianza (Perú, Chile, Colombia), son exportadores de commodities y son extractivo-dependientes (a excepción tal vez de México, el cuarto socio). Pero la profundización del extractivismo también se ha venido dando en un contexto de gobiernos progresistas. La industria retrocede en Argentina, e incluso en Brasil, frente a la demanda de commodities.

fuente Correspondencia de Prensa / Ernesto Herrera

- 1281 - 2014-11-12 13:17:23
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Por OMAR BETARTE, ?el Cabeza?

La noticia de la muerte de Cesar Omar Betarte Benítez nos llega, cuando estamos con un pie en el estribo, de regreso a los pagos. Cuando la noticia nos llegó -de la pluma de Julio Louis- sentimos de repente, dolorosamente, la llegada de ese vacío que deja en nuestra memoria, su fallecimiento

Estuvo presente, en momentos cruciales de nuestra vida. Fue a la vez compañero de prisión y de celda en el pabellón B, de Punta de Rieles. Aquel primer encuentro nos dejó a ambos con una amistad incipiente que -en su caso- se refería a todas sus cualidades. Modesto, medido, austero, tenía también sus toques de humor particular.

Entre cientos de otros presos, su figura era rápidamente recordada, con cariño. Años después, en Montevideo, tuve la oportunidad de señalárselo, esperaba yo un ómnibus -distraído en la calle, como siempre-  y la oportunidad se dio de que me sorprendiera con su saludo y se lo dije: -”Vos sabés Cabezón, que me da alegría, siempre, verte?”. Me miró entre sorprendido y divertido y sonrió levemente, -”A mí, me pasa lo mismo”, me dijo.

Hoy, con la noticia de su muerte, lamento estar lejos de Uruguay y de Montevideo, no poder estar presente en su entierro, no poder estrechar la mano de su compañera de toda la vida, no poder saludar a su hijo, con un pésame.

Amigos, de amistad nacida en prisión, en medio de incertidumbres sin cuento, cuando todos nos presentíamos ”la segunda ronda, en pelo y sin bastos”, a garrote limpio, peleábamos en la juventud de nuestras vidas, por salir del trance, con la dignidad personal intacta, capaces de ver directamente a los ojos, a los demás, a los otros. Sin tener que bajar la mirada. Creo que ambos cumplimos aquel compromiso y de ese esfuerzo nació la concordancia de propósitos y la amistad incipiente, esa que comienza por la simpatía.

En la prisión -me toco ser ”responsable” de una de las celdas del pabellón B- me llegó la noticia de que ”el Cabezón”, antiguo tupamaro, era también ”microfracción”

Se esperaba que tuviera ante él una actitud reservada. Eventualmente hostil. Hay sectarismos inútiles en nuestra izquierda que nunca amainan. Lo acaba de marcar nuevamente, las últimas semanas de las últimas elecciones nacionales.

 Pero los que esperaban, esperaron un imposible. No pertenecíamos al estrecho círculo ”de la oficial” y teníamos luego de la estadía en los cuarteles, y en el diálogo de Punta de Rieles, muchos motivos para dudar muy seriamente de las versiones ”oficiales” de la derrota, cuestiones que nos acompañarían para siempre.

Tanto Omar Betarte, ”el inglés” Wilburn, ”el Lobito” y tantos otros, eran excelentes compañeros. Era imposible no sentir simpatía por ellos, que se afianzaba en el ”día a día”

Al lado de ellos, en la misma celda estaban otras presencias ”compañeras”, del ”mismo palo” que eran lamentables: cierto dramaturgo que después fue ”rehén”, ególatra entre los ególatras y de una vaciedad moral e intelectual sorprendente; cierto ”Coreano”; cierto marino mercante que había descubierto los beneficios de ser ”ortiva”; cierta ”Vaquita Pobre” que apenas detenido movilizó a un cuartel entero y todos sus vehículos por sus confesiones apresuradas preñadas  de delaciones

Todos ellos eran recordatorios tristes de que entre ”los compañeros” había ”gente” que uno hubiera preferido no haber conocido nunca antes, tanto era el desagrado y la repugnancia moral que provocaban sus presencias

Un episodio merece contarse. Existía en aquello momentos -entre ”la guardia” del Penal, cierto oficial de caballería, que merecía -por la tropa- el apelativo de ”El Tordillo” porque era un albino

Tenía el susodicho, como prenda de carácter el ”judear” a los detenidos. Y en nuestra celda, residía, -habíamos conseguido trasladarlo desde el diminuto ascensor donde cumplía su arresto ”de parado” y con luz todo el día para mayor mortificación- Pereira Mena, ”el negro Alejandro”. Hacía él se dirigía todas las noches ”el Tordillo”, lo sacaba de la celda y se divertían él y la tropa a su mando, con un paseo en jeep militar. Primero lo hacían arrodillarse-en el ambulatorio de las visitas- ante la fotografía de los ”cuatro milicos muertos” en el enfrentamiento a que dio lugar la operación ”de hostigamiento” al general Gravina. Después, lo trasladaban a un descampado de las inmediaciones y, a la luz de los faros del jeep, le espetaban ora que era un ”perro”, un ”burro” o un ”caballo”. La negativa a identificarse motivaba un castigo, hasta que el detenido aceptaba que era cualquiera de los animales mencionados. Pero era solo el comienzo...

Qué hace un perro? -Anda en cuatro patas. Pues póngase en cuatro patas!!!

Que hace además, un ”perro”? -Ladra. Así que póngase a ladrar!!!

Cada caracterización, que era negada por el detenido, era obligada a aceptarse a palos, trompadas y patadas, en la soledad de los campos, rodeado de enemigos y a la luz -siniestra, para ese entonces- del mentado vehículo que pagan los dineros del pueblo contribuyente.

Al amanecer, traían a Pereira Mena de regreso al cuartel y la celda, después del tormento de una noche de sevicias.

Mientras el dramaturgo, que había sido jefe y después fue rehén, se hacía ”el burro” con lo sucedido a un camarada de su misma celda, los demás, las bases, planeábamos como encontrar una salida y terminar con la situación

Al final, llegamos a un acuerdo: un detenido (fue ”el Lobito”) cambiaria de lugar de dormir con Pereira Mena, y despertado de su sueño en la noche, por la presencia del torturador, se despertaría haciendo barullo. El mismo serviría para despertar a los otros presos conjurados que rodearían al oficial, en la oscuridad de la celda, mientras preguntarían  -” Que pasa oficial, algún problema?”

En el corredor, que tenía las únicas luces, que iluminaban aquel celdario de tormentos, estarían a las rejas, los otros presos, para ”fotografiar” con su mirada dura, silenciosa y reprobatoria, a aquel miserable.

La defensa ”del negro Alejandro” se realizó con todo éxito. Despertado, ”el Lobito” hizo su barullo, los otros presos de la celda, saltaron de sus camastros y rodearon al infame Tordillo, y en tono comedido, mientras fingían simplemente preguntar: ” qué pasa oficial?”, le metía las palmas estiradas de las manos en las costillas, como un recordatorio, que ahí, adentro, todos éramos simplemente hombres. El resto del pabellón también cumplió su cometido de presencia silenciosa, acusatoria y vigilante

El ”valiente” oficial, de nuestras miserables y cipayas Fuerzas Armadas, el Tordillo, rodeado de presos, no se cagó ni se meo, en los pantalones, pero se pegó el tal jabón. Como pudo, en silencio gano la puerta de la celda y enfrentó en el corredor las miradas acusatorias, silenciosas de las otras celdas. Fue una victoria moral extraordinaria y las ”visitas nocturnas” jamás volvieron a repetirse. Así dejaron de ”verduguear” en el penal de Punta de Rieles al detenido Pereira Mena.

César Omar Betarte Benítez, ”el Cabeza” fue uno de los de la partida

La ”historia” tiene un epílogo. Mas aciago y amargo que el incidente.

Porque al otro día, el dramaturgo-jefe y luego rehén, me llamó a un ”aparte” y me espetó que yo era un ”irresponsable” que ponía en peligro la vida de 16 hombres para salvar a uno. Le respondí, que yo era tan ”irresponsable” como él era un jefe ”cagón”, que prefería sacrificar a un hombre (que pertenecía al selecto ”aparato militar”, la niña de los ojos, de toda ”la oficial” del aparato) para salvar su pellejo miserable. Quedamos enemigos para todo el resto de nuestras existencias y yo me fui a contarle el incidente a los conjurados, entre ellos Cesar Omar Betarte, que se rieron virilmente de los argumentos del ”ruso” jefe.

Todos estos recuerdos me asaltan, a la llegada de la noticia de la muerte de ”el Cabeza Betarte”.

Reflexionen los lectores que la lean, sobre un hecho: las cosas que contamos son acciones colectivas de los hombres de la base de la organización en defensa de la integridad personal de un semejante

Ahora vayan quién quiera a los relatos de los denominados ”jefes”. Verá el recuento de sus penurias particulares, pero nunca jamás una acción colectiva en defensa de la integridad de otro. Las bases de la organización en cambio tienen cientos de historias de solidaridad efectiva para contar, pero, ay, nunca llegan a las crónicas escritas

TODOS LOS RELATOS DE TORTURA DE LOS JEFES, EXPLICAN LO QUE LES PASO A ELLOS, JAMAS HABLAN DE LO QUE HICIERON POR OTROS. En cambio todo el resto de la militancia, además de bancarse LA PERSONAL, siempre hicieron algo personal o colectivo por otros. Pasó en los cuarteles (en plena tortura) pasó en los diferentes Penales. Los JEFES eran INDIVIDUALISTAS, las bases siempre fueron COLECTIVISTAS

La nota de los compañeros de Crysol, refresca además mis recuerdos. Detenido en el 72, Betarte recupera su libertad en el 74. Estaba ”liviano”. Inmediatamente -reconstruyo- se puso a estudiar nuevamente y, retomó sus estudios que eran en Química.  Así como refugiado político llegó luego a Suecia, donde volvimos a encontrarnos El trabajaba en aquellos años en una empresa de química, que dirigió un cometa egipcio -Rafaet-el-Sayed-, en el cerrado universo del mundo empresarial sueco.

Allí retomamos nuestros contactos, porque trabajábamos cercanos -él en el Sur (Söder), yo en la Ciudad Vieja (Gamla Stan) y almorzábamos una vez al mes en el restaurant del Colegio de Comercio, a la orilla del mar en la ciudad vieja, un venerable edificio que debe haber destruido ”la piqueta fatal del progreso” y las remodelaciones actuales de la zona.

Eran aquellos almuerzos decentes y frugales, motivo de rememoración, recuerdos, intercambios de información sobre otros conocidos que las circunstancias habían alejado en el tiempo, pero, que la evocación amistosa acercaba y permitía retomar cercanía. Eran también almuerzos donde había lugar para los balances y conclusiones personales.

Recuerdo que en cierta ocasión, ”el Cabeza” Betarte, adelantó una evaluación que me quedó grabada a fuego en la memoria. Me dijo entonces: ”Qué burros y bestias, fueron los gobernantes y políticos uruguayos, que cagaron a palos a una de las generaciones más brillantes que produjeron ellos mismos y sus instituciones.” y agregó: ”Como éramos jóvenes, ante aquellos castigos, tomamos cuenta de la agresión con las armas en la mano, y bastó eso para que se les derrumbara el Uruguay de la mentira, la democracia de los falsos oropeles, toda la inmensa patraña”

Aquellas -sus palabras- en el comedor del Colegio de Comercio sueco, son las palabras y los testimonios que se escaparon en sus ”investigaciones” a Lessa, uno de los tantos corifeos de ”la revolución imposible”, a Gallo también triste interprete ”de los cielos que se toman por asalto” y al mismísimo Sanguinetti, que irresponsablemente pretende seguir vendiendo la mentira ”de la Democracia agredida”

Aquellos jóvenes, que se convirtieron en adultos en el exterior, que en el consiguieron con sus conocimientos, tesón y virtudes, abrirse un horizonte en el mundo del trabajo, mantener su familia, criar y educar sus hijos, no son los testimonios preferidos por los corifeos que pululan en el mundo de las noticias y de la cultura bibliográfica burguesa nacional. Ellos prefieren citar a los malos ejemplos, los ”jefes” algunos de los cuales se quebraron y degradaron en las mismas presiones. Un EFH, el ”dramaturgo ruso” de marras, el Sr. ”Picapedrero” Marenales, y hasta cierto ”Sr. Presidente” y su cónyuge -aún de más pésima historia particular y personal. Todos estos ”arrepentidos” les sirven a las mil maravillas para justificarse en sus mamotretos con pretensiones.

Hombres decentes y honrados, como César Omar Betarte Benítez, el ”Cabeza”, no.

A ellos no les estará nunca permitido en ”la historia oficial” dejar su testimonio, se les silenciaran sus voces, aún después de muerto.

Cuando Omar Betarte regresó a Uruguay, no cesó por eso su compromiso, militante, silencioso y humilde.Eligió militar en la izquierda socialista agrupada dentro del FA. Pero su experiencia le permitía ser un observador cauto y crítico del panorama nacional

Las veces que nos encontramos en Montevideo lo confirmaron en más de una charla particular

Con recuerdos de esa segunda patria, que es Suecia, que acogió tantos uruguayos en su seno, militaba en la organización sueco-uruguaya y era un puntal organizacional en la misma. En la pasada feria del Libro, atendía el stand sueco, como antes había contribuido a impulsar el homenaje a ese gran político asesinado en Suecia, como fue Olof Palme, en la plaza que lleva su busto en la Avenida Propios, así como en el estela recordatoria que recuerda los esfuerzos para salvar vidas de uruguayos que, en Chile,  realizó el diplomático Edelstam

Hablar de Suecia, en Uruguay, encontraba en Betarte un admirador devoto, dispuesto a retribuir con su esfuerzo personal

Así, ese figura del militante silencioso, modesto, dedicado, encontró en sus últimos años un último lugar donde verter sus esfuerzos: la Fundación Vivian Trias, que tanto a contribuido a levantar con charlas, exposiciones y conferencias, un lugar de debate político-teórico importante en el panorama político nacional

Luego, viene, esa enfermedad que lo aquejó finalmente y le quitó la vida.

Vaya un caluroso abrazo para su mujer y su hijo, en éste trago amargo de sus existencias.

Por Cesar Omar Betarte Benítez, el ”Cabeza”, un buen militante, un buen amigo, un ser humano íntegro y leal

c.e.r. - postaporteñ@ 1280 - 2014-11-10 18:00:14
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Teología del gran canal

SERGIO RAMÍREZ

El Tiempo 4 de noviembre de 2014-Managua

Daniel Ortega reveló que quien lo persuadió de las ventajas del canal interoceánico fue el célebre teólogo brasileño Leonardo Boff.

Ahora quizás resulte que la idea mesiánica del gran canal de Nicaragua tiene un origen teológico. Y no una teología cualquiera, sino la teología de la liberación. Durante una reunión de partidos políticos celebrada en Managua, Ortega reveló que quien lo persuadió de las ventajas del canal interoceánico, cuya construcción y propiedad entregó por medio de un tratado de cien años de duración al empresario chino Huag Ying, fue el célebre teólogo brasileño Leonardo Boff: “La prueba de fuego la pasé con Leonardo Boff…hace dos años andaba aquí Leonardo...yo venía preparado para que me dijera que la construcción del canal era una barbaridad, eso esperaba”. Pero fue todo lo contrario.

Entre los ejemplos de megaproyectos bondadosos que el teólogo puso a Ortega estuvo la represa de Iguazú en el río Paraná, entre Brasil y Paraguay, iniciada para el tiempo de las dictaduras militares en ambos países, una de las siete maravillas del mundo moderno. Oír todo aquello “fue un gran alivio para mí”, comentó Ortega. Un alivio trascendental, pues antes la sola idea del canal le parecía una monstruosidad. En mayo del año 2007 había declarado: “No habrá oro en el mundo que nos haga ceder en esto, porque el Gran Lago es la mayor reserva de agua de Centroamérica y no la vamos a poner en riesgo con un megaproyecto como un canal interoceánico”.

Boff, por su parte, cuenta también aquel encuentro con Ortega, que, por lo que se ve, podrá llegar a definir la suerte de Nicaragua si es que los chinos llevan adelante la construcción de su gran canal: “No tengo secretos. Hace dos años, en una conversación informal en la casa de la excanciller Miguel D’ Escoto, el presidente Ortega dijo que los Estados Unidos están presionando a todos los países y a las empresas para que no hagan inversiones en el país. Y Nicaragua se está ahogando en deudas. La solución definitiva sería construir un canal que le daría al pueblo nicaragüense un mínimo de subsistencia y desarrollo”.

Boff debería saber que no es cierto que Estados Unidos mantenga ningún bloqueo económico ni financiero sobre Nicaragua, y que las relaciones de cooperación económica entre ambos países son normales.

Tampoco en cierto que Nicaragua se esté ahogando en deudas. Ortega se precia de que el país es un excelente pagador de sus créditos públicos y privados, y de la solidez de las reservas monetarias. De acuerdo con el Índice de Libertad Económica en el Mundo, que tiene que ver con la inversión extranjera, Nicaragua ha escalado en los últimos años 75 posiciones, y se coloca en el primer rango de países donde el Estado interfiere menos con regulaciones del mercado. Es decir, un ejemplar gobierno neoliberal.

Y sigue Boff: “Le aconsejé que fuera a visitar la presa más grande del mundo, la de Itaipú en Foz do Iguaçu, pues allí se lleva a cabo una experiencia exitosa de equilibrio entre el hombre y la naturaleza…fue todo lo que dije”.

Pero aún dice algo más: “China es uno de los pocos países que se resiste y se enfrenta a los Estados Unidos. Todas las demás empresas fueron bloqueadas”. Y ya no sabemos si esta última frase es suya propia, o la copia de Ortega. De cualquier modo, también es falso. China y Estados Unidos no están enfrentados alrededor del cacareado gran canal por Nicaragua.

Ni tampoco Estados Unidos ha prevenido a sus empresarios de invertir en este hipotético proyecto, a lo mejor porque la Casa Blanca lo sigue considerando fantasioso. Cuando Wang Ying lo presentó con toda pompa en Managua en el 2013, se hizo rodear de representantes de poderosas empresas norteamericanas cuyos servicios ha contratado, una de ellas los cabilderos McLarty & Associates, dueños de una clientela que incluye a Wal-Mart y la General Electric.

Y Boff debería saber también que entre los expertos al servicio de McLarty figura John Dimitri Negroponte, quien desde su cargo de embajador de Reagan en Honduras dirigió en los años ochenta las operaciones militares de la CIA contra Nicaragua.

Quizás estamos asistiendo al nacimiento de una nueva teología

- postaporteñ@ 1280 - 2014-11-10 17:59:35
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postalinas

Vamo arriba, Tambero

De repente -siempre es así- llega la noticia. Un antiguo compañero esta enfermo, o una enfermedad lo aqueja. En la oportunidad, Jorge ”el Tambero” Zabalza. La crónica, por suerte, la ha hecho él mismo, así como prolijamente ha presentado su plan particular de lucha. Cuando un luchador, lucha, los demás, los que lo conocimos, solo podemos desear que triunfe y, venciendo, se recupere

No creemos -bajo ningun punto de vista- que seamos los únicos, muchos otros uruguayos así tambien lo desean. Zabalza es de los luchadores, uno de los campeones populares, por eso deseamos que pronto logre superar esta nueva acechanza. Más allá de concordancias, discrepancias y no pocos desacuerdos, que en este momento son superfluos. Espumas superficiales, dentro de una corriente que es mas poderosa que los hombres que participamos en ella.

Vamo arriba, Tambero, con fe, coraje y esperanza, vamo arriba!!!

c.e.r.

QUE SIGAN

QUE SIGA don Pedro I, exiliando batllistas y dirigiendo los destinos de lo que queda del Partido Colorado, QUE SIGA  Luis Alberto “sanatero” Lacalle Pou cerca de algún mástil, para “hacer la bandera” y demostrar su buena condición física más no su condición intelectual, QUE SIGA Lorena Ponce de León de Lacalle Pou preocupándose por todos los trabajadores rurales.

QUE SIGAN POR MUCHOS AÑOS.

Saludos.

Aníbal Dagostino

posta - postaporteñ@ 1280 - 2014-11-10 17:25:44
postaporteñ@_______________________________

¿Qué hora es en Chile, a noviembre de 2014?

Andrés Figueroa Cornejo

1. La primera semana de noviembre de 2014  fue designado por la presidenta Bachelet el nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Jorge Robles Mella. Durante el cambio de mando fue consultado por la prensa respecto de los casos de crímenes políticos cometidos por la tiranía donde están implicados miembros de su rama castrense. El Comandante Robles se limitó a responder fuerte y claro que “El tema de los Derechos Humanos es un capítulo cerrado”. Y como es tradición de los gobiernos civiles luego de un cuarto de siglo administrando uno de los capitalismos económicamente más liberales del planeta y culturalmente, más conservadores, ninguna autoridad gubernamental o de la jerarquía religiosa dijo nada sobre las aseveraciones políticas del nuevo señor del aire. Un par de voces de lo que resta de las agrupaciones de DDHH y cuyos funcionarios/as son dirigentes del conglomerado gubernativo, emplazaron al militar. Y caso cerrado

Lo cierto es que debido a que los dueños de todo no están dispuestos a ceder nada (¿por qué habrían de hacerlo si aún nadie golpea con fuerza sus palacios blindados?), los últimos meses, al menos en un Santiago que concentra a un 40% de la población del país, se han vuelto corrientes los avisos de bombas en lugares públicos. Afortunadamente, un ínfimo porcentaje de ellos han resultado verdaderos. Sin embargo, justifican la puesta en escena de operativos policiales tipo CSI-Santiago,  que generan cierto clima de conveniente temor entre la gente, por un lado, y normalización de procedimientos policiales, por otro. Asimismo, las pocas oportunidades en que las bombas han estallado, han costado la vida de inocentes. 

¿A quién le interesa la muerte de inocentes y sencillos con objetivos políticos? ¿A quién le interesa agredir físicamente y a la manera de la mafia y los sicarios al secretario general del Partido Comunista, como si el secretario general del Partido Comunista fuera un obstáculo para la revolución socialista o un enemigo clave para la burguesía? ¿A quién le interesa asesinar mapuche, apresar y torturar a los/as jóvenes empobrecidos que luchan por la justicia social, reprimir a las comunidades movilizadas contra  la violencia del extractivismo y la apropiación empresarial del agua potable, y a los trabajadores en huelga?

A la juventud popular y rebelde, no. A los intelectuales orgánicos de los oprimidos/as, no. A los anarquistas, anarco-comunistas, anarco-sindicalistas, anarco-insurreccionalistas, a los libertarios parecidos a los de antes, a los que se hacen llamar libertarios por no encontrar mejor mote para nombrar a su indignación, a los nacional-libertarios, etc., no

En Chile sólo ha existido terrorismo de Estado. Las leyes antiterroristas impuestas desde los gobiernos civiles son cláusula imperialista y represión precautoria (aniquilar al disenso antes de que crezca), manga ancha para sangrar a quienes levantan la cabeza siquiera sea para tomar aire.

Terrorismo es la cruzada bélica de última generación con fines geo-económicos de los EE.UU. y la OTAN en Medio Oriente, del sionismo en la Palestina ocupada, de Marruecos sobre el pueblo saharaui, del Estado islámico contra el pueblo kurdo, de los Estados hondureño, paraguayo, colombiano contra sus pueblos. 

En consecuencia, el terrorismo tiene que ver con el fascismo.

2. Como la historia concreta no es un conjunto de anécdotas dispersas sino que la expresión leal de la densidad de la lucha de clases, de las relaciones de fuerza y de poder entre la minoría que ordena y la voluntad colectiva de la mayoría que puja por la realización de sus intereses en un momento dado, los dichos del Comandante de la FACH en materia de derechos humanos ilustran el estado del arte del conflicto social chileno, al menos en sus aspectos más gruesos e inmediatos. 

Por ejemplo, en México –tan sobreexplotada su humanidad y tan saqueada su naturaleza por las corporaciones de los capitalismos centrales, como en Chile-, decenas de miles de personas atiborraron recientemente las calles de ciudades y pueblos, exigiendo la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto a causa del asesinato de los 43 normalistas y otros tantos militantes del Congreso Nacional Indígena y el EZLN. En México, la crisis de credibilidad del sistema político y sus partidos funcionales, en el sentido común de la población en acción adquiere las maneras del hartazgo ante el llamado corrupto narco-Estado y mal gobierno. Es decir, la protesta del pueblo que realizó la primera revolución social en América Latina, finalmente comienza a cobrar dimensiones no existentes antes para destruir el consenso o la denominada paz social que demanda el capital para su reproducción bajo control y poca incertidumbre. Mientras tanto, en el Chile-Estado-policial en general,  y militarizado en particular en el  territorio mapuche en lucha, la sociedad aún es presa del miedo y la alienación devenida esencialmente de la deuda y la alta rotación y volatibilidad del trabajo.  Más allá de toda propaganda por arriba (dirigida en dos sentidos: tanto como tracción de la inversión extractivista minera, energética y forestal, como para intentar mantener la mansedumbre de la comunidad, como si la gente debiera ser cómplice de un crimen que nunca cometió), de acuerdo a la encuesta Adimark de octubre de 2014, sólo un 17% de la población confía en la televisión. Ello significa que la inmensa mayoría sabe que los discursos tranquilizadores y el mensaje unívoco repetido una y otra vez  por el poder y sus medios monopolizados (incluso más que en los tiempos en que la dictadura del capital tuvo la forma de tiranía militar), no se corresponden con la realidad

He aquí entonces, uno de los principales desafíos de las fuerzas destacadas a transformar las presentes relaciones sociales, de producción, de propiedad: cómo colaborar eficientemente con la politización de la desconfianza popular sobre un sistema político que aparentemente contiene su alternancia, toda vez de que se trata de un único proyecto de sociedad en curso desde hace más de 40 años. Y cuando se escribe “colaborar”, se quiere decir cómo hacerlo desde dentro del propio pueblo despierto y hoy repartido en distintos enfrentamientos anticapitalistas. No desde afuera, no como uno o muchos aparatos políticos o político-militares que portan la valentía, el conocimiento terminado, el horizonte traducido del proyecto liberador, como si fueran un padre, un diccionario ilustrado, o una oferta. La emancipación social no es una alternativa política, es la misión histórica de la humanidad, independientemente de las formas que adquiera

3. Sólo para refrendar la crisis de representatividad y credibilidad popular del sistema político chileno con las propias metodologías de los concesionarios del Ejecutivo y el Legislativo, es suficiente observar los resultados de la misma encuesta Adimark. Según la consulta, la aprobación de la mandataria Michelle Bachelet, por cuarto mes consecutivo llegó a un 45% y su desaprobación aumentó hasta un 47% (lleva 8 meses en el cargo). El gobierno fue aprobado por un 42%. Apenas el 40% de los encuestados conoce a 14 de los 23 ministros de cartera. La Nueva Mayoría fue evaluada positivamente por un 33% y mal evaluada por un 55%, mientras que la oposición sistémica, la Alianza, fue aprobada por un 22% y desaprobada por un 66%. Las áreas peor calificadas correspondieron a salud, educación y vivienda, ejes programáticos de los inquilinos de La Moneda, junto a la llamada reforma tributaria (regresiva), el sistema único y privado de seguridad social (que no se toca, sino que termina por consagrarse, y que, de continuar tal como está, condena y condenará a más de un 80% de los trabajadores/as inactivos o jubilados/as a pensiones mínimas y de hambre); la reforma laboral (que bajo el argumento de la desaceleración económica, simplemente no se efectuó); y la reforma de la Constitución, que fue postergada para un futuro incierto ante las presiones empresariales y las escasas resistencias de quienes la prometieron en la última campaña electoral

4. De alguna manera, y si un gobierno se reduce a un programa, puede afirmarse que antes de cumplir un año, ya terminó la segunda administración de Bachelet. No es una sorpresa, pero es preciso constatarlo a la hora de caracterizar rápidamente la contingencia

5. Casi toda la última década, la movilización social de envergadura en Chile, además de la lucha mapuche (anterior a la invasión española y a la guerra declarada del Estado chileno) se ha centrado en el ámbito educacional. Pero toda sociedad dividida en clases sociales produce una educación de clase (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=107228). El sistema de enseñanza es parte de la totalidad opresiva del capital, productora de trabajadores/as calificados para los requerimientos del empresariado; sobreproductora de esos mismos trabajadores/as calificados con el fin de bajar todavía más el precio de su labor, y es industria irracional de la educación en tanto mercancía generadora de ganancia. Su propaganda está asociada al mito de la enseñanza como promesa de movilidad social, cuando en la realidad existe precarización y empobrecimiento de los profesionales y técnicos

Aquí no se ingresará a la discusión falsa sobre “el lucro” o el “no lucro” de la educación (término moral que enmascara y explica las utilidades del negocio como fin en sí mismo, más aún en el capitalismo de vanguardia chileno). Aquí no se fundamentará el contenido aspiracional de la demanda, ni sus requerimientos provenientes de la OCDE, del Banco Mundial, del FMI  y otras instituciones mundiales que establecen la gramática jurídica de la deuda sin fin y la mantención del actual orden de las cosas. Aquí únicamente se reproducirá el resultado de las investigaciones del Observatorio Chileno de Políticas educativas, http://www.opech.cl/, realizado junto a otras entidades reflexivas y críticas de la materia:

“Propuesta de Medidas Esenciales para una Nueva Educación Pública:

El debate educativo actual tiene varias aristas que complejizan su compresión por parte de la ciudadanía. Principalmente, presenciamos las maniobras del gobierno de la Nueva Mayoría que ha planteado modificaciones y anuncios desarticulados que sólo permiten hacer análisis parciales. Por otra parte, las medidas aisladas, aunque afirman fortalecer la educación pública, lo hacen desde una interpretación tan ambigua de “lo público”, que terminan fortaleciendo el supuesto “aporte público” de los establecimientos privados. 

A nivel comunicacional, el gobierno ha concentrado su discurso en defensa de la libertad de elección, la libertad de enseñanza y un sistema de provisión mixta. Este argumento es ahistórico y conservador. En la práctica, consagra la extinción de la educación pública que se inició desde principios de los años 80 y que fue intensificada bajo los gobiernos de la Concertación. Si bien en Chile siempre ha estado presente la educación privada, el sistema educativo previo a la instalación de la dictadura era preferente y mayoritariamente público

Existe amplia evidencia que el sistema escolar está altamente segregado, que continúa el declive de la matrícula y de establecimientos de la educación municipalizada y, de forma paralela, se aumenta y fortalece la oferta privada. Además, se ha desdibujado un proyecto educativo público, inclusivo, integral y con pertinencia social en las escuelas municipales. En reemplazo se consolida uno competitivo, estandarizado y segregador, que invade incluso al sistema municipal. Es por esto que se torna relevante señalar que no hay una educación pública que defender, sino una educación pública que debemos reconstruir

Existe una falta de perspectiva sobre dónde debiese apostar un proceso de reconstrucción de lo Público. El gobierno ha generado llamados a “participar” que son abstractos, improvisados, y desconocen la historia de organización y de generación de propuestas del movimiento social

Nos encontramos frente a dos agendas. Una, de carácter formal, establecida principalmente por el Ministerio de Educación, pero también instalada por los centros de opinión pública, partidos políticos y, en general, por la elite religiosa y empresarial que se encuentra tanto dentro como fuera del espacio educativo y que a su vez hacen parte del gobierno. Por otro lado, los movimientos sociales han levantado otra agenda con criterios y propuestas para la construcción de una educación pública que sea pertinente para las mayorías

Algunas Medidas Esenciales para una Nueva Educación Pública: 

Desde la experiencia de los actores sociales movilizados, hemos recopilado una serie de propuestas esenciales para fortalecer la educación pública, pero no de cualquier tipo, sino aquella que sea pertinente para las comunidades, participativa, democrática e inclusiva y que derechamente confronte la hegemonía neoliberal

1. Descentralizar y territorializar la nueva educación pública. Esto implica contar con la institucionalidad adecuada que permita implementar las políticas educativas a cada contexto, y cuente con las condiciones para dar respuesta rápida y oportuna a las necesidades educativas de cada localidad y, al mismo tiempo, facilite la participación activa de la comunidad educativa en las definiciones curriculares, de gestión y administración en cada establecimiento

2. Refundar una educación pública participativa. Es necesario eliminar todas las trabas a la participación: en el caso de la educación básica y secundaria, se deben modificar los consejos escolares, para que se tornen resolutivos; para el caso de la educación terciaria, se deben derogar los decretos que inhiben la participación. En ambos casos, es primordial construir todas las condiciones para garantizar una participación efectiva. Es importante superar la idea de la participación formal y apostar a una participación sustantiva, democrática, verificable, con control comunitario. Para ello es fundamental construir condiciones para la participación, es decir, otorgar los espacios de deliberación, con la representatividad adecuada de todos los miembros de la comunidad educativa, financiamiento y tiempo adecuado, para generar espacios realmente resolutivos

3. Generar una educación pública que sea de construcción colectiva y propuesta permanente, en contraposición a soluciones tecnocráticas desvinculadas de la realidad local. En este sentido, proponemos que debiera levantarse un debate amplio y constituyente de la educación, permanente y legitimado desde el plano local, que se pronuncie sobre temas como: el significado de la libertad de enseñanza, los alcances del derecho a la educación, y el proyecto educativo nacional, el rol del Estado, entre otros temas

4. Construir un nuevo currículum para la Educación pública. Esto conlleva deliberación y reflexión con las grandes mayorías. Debe referirse a qué tipo de ser humano y qué tipo de convivencia se pretende en la escuela y en el conjunto de la sociedad. Un currículum fruto de este proceso de trabajo con las comunidades debe ser de carácter situado, pertinente, integral y en permanente revisión y discusión

5. Construir un sistema nacional articulado en todos sus niveles, desde la educación parvularia hasta la educación superior. Esto va en contra de la idea de mercantilización y la fragmentación educacional, que permite un amplio, diverso, y complejo negocio educativo, en todas sus etapas y áreas de especialización. Además, un sistema educacional de estas características permite que las luchas y movilizaciones se hagan desde la unidad de los trabajadores y estudiantes y no solamente de manera gremial o aislada

6. Desestandarizar la educación. Eliminar el SIMCE, porque es una medida de competencia en el mercado, y para el control gerencial de los colegios y los actores educativos. Es necesario cambiar el paradigma actual que se sostiene sobre la base de mecanismos de estandarización que instrumentalizan el conocimiento en función de valores e intereses neoliberales

7. Desmercantilizar la educación. Eliminar la concepción de que la educación es un servicio y reposicionarla como un derecho social. De esta manera, se eliminará la competencia entre las escuelas por una lógica de colaboración. Entre otras medidas esto implica, eliminar las ATE, ya que el Estado debe construir un sistema de apoyo institucionalizado y permanente. Es necesario superar la lógica mercantil en todas las instituciones educativas, incluyendo las  estatales en sus diversos niveles. Esto implica fiscalizar y finalmente eliminar los grandes negocios presentes hoy en la educación pública: editoriales, empresas de alimentación, constructoras, etc.

8. Generar una Educación inclusiva y no discriminadora. Esto se traduce, entre otras iniciativas, en que ningún establecimiento educacional pueda seleccionar, en base a su proyecto educativo, exigencias económicas u otras medidas segregadoras. La educación pública no puede permitir las escuelas segregadas por género; tampoco se puede permitir la discriminación de género tanto en las relaciones interpersonales como en el contenido o materias curriculares

9. Eliminar los mecanismos secundarios de selección, como la organización de cursos en relación al rendimiento académico. A su vez y en un mediano plazo, cada escuela pública debiese garantizar las condiciones de infraestructura y equipo humano disponibles para los y las estudiantes con necesidades educativas especiales y proyectos que incorporen adecuadamente procesos de educación intercultural, que respeten las tradiciones, valores, diversidad, identidad, y cultura de cada pueblo, incluidos los inmigrantes

10. Fortalecer la formación docente y mejorar las condiciones de trabajo. Algunas medidas son: disminuir las horas lectivas, elevar los salarios, establecer una carrera única de profesores de Estado. Es fundamental restituir la deuda histórica en su sentido amplio: además del justo e ineludible reparo económico, se deben abordar temas como la imagen social de los profesionales de la educación, una estructura de apoyo permanente a los docentes, particularmente en las problemáticas de salud laboral de los trabajadores de la educación

Por otra parte, un buen camino que apunte a la unidad de los trabajadores de la educación es que el Colegio de Profesores deje de ser una organización meramente gremial, para convertirse en una unión sindical de trabajadores de la educación

11. Cambiar el modelo de financiamiento de subvención a la demanda, por uno basal a colegios públicos, que cubra los costos reales y de acuerdo a las necesidades de cada comunidad educativa. Por ejemplo, los colegios rurales y de localidades aisladas, así como las escuelas urbano–populares en contextos complejos requieren más recursos que los actuales. De forma paralela se deben congelar los aportes del Estado a instituciones privadas y en caso de recibir financiamiento público, estas instituciones deben cumplir una serie de exigencias y ser susceptibles de ser fiscalizados por Contraloría en el uso de sus recursos, ya que éstos provienen del Estado. Hoy no puede haber el mismo trato entre la educación pública y la particular subvencionada: por ello, dentro de las medidas urgentes, es importante eliminar las donaciones empresariales con fines educacionales, ya que éstas fortalecen sólo a un grupo

12. Creación de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Estatales. En este sentido, INACAP debiera volver al Estado, ya que le fue arrebatado a éste en la década de los 80 y entregado a grupos vinculados al gran empresariado, representados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Asimismo, los 70 Liceos Técnico Profesionales traspasados según el Decreto 3166 a corporaciones empresariales en esos mismos años debieran volver a la Administración del Estado (MINEDUC). Se debe además, formar profesores especialistas para la Educación Media Técnico Profesional. Además, es necesaria también la articulación entre la enseñanza media técnico profesional y la formación técnica superior

13. Incorporar, como parte de un nuevo sistema de educación pública, un financiamiento permanente a las iniciativas autogestionarias de educación popular, muy extendidas actualmente en el país. Estas alternativas son un hecho y contribuyen significativamente a la recomposición del tejido social. Si la Iglesia y el empresariado reciben dinero del Estado para educar, ¿por qué no las organizaciones populares?

Ninguna de estas propuestas, por sí sola, basta para que sea considerada como válida. Hemos sido testigos de la estrategia de la clase dirigente de extraer el título de alguna iniciativa, de forma aislada, pero además cambiando el contenido y propósito, para mostrarse a favor de las demandas de los movimientos educativos y sociales

Por otra parte, es imprescindible que estas propuestas sean continuamente debatidas y deliberadas

Ante las acciones de la Nueva Mayoría de englobar a las iniciativas legislativas como reformas, que se deciden en el aquí y ahora. La apuesta es a seguir trazando un horizonte en el que a la educación se le quite su carácter mercantil y se reconstruya una Educación Pública para las actuales necesidades de las mayorías.”

6. Tampoco es asunto nuevo que el sindicalismo en Chile se encuentra en bancarrota desde los primeros días del golpe de Estado de 1973. Lo interesante para comprender la actualidad es la información ofrecida por el Centre for Social Conflict and Cohesión Studies (COES) y su Boletín Nº 2 de huelgas laborales correspondiente al cuatrimestre de mayo-agosto de 2014. Allí se indica que en el período acotado, ha habido un 62.6% de huelgas legales y un 34.7% de huelgas ilegales. El Boletín afirma que “la huelga ilegal ha sido mucho más convocante en términos de masas trabajadoras involucradas que la huelga legal (tanto a nivel de sumatoria, como a nivel del promedio por cada acción huelguística)”, y que “la Región Metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de eventos huelguísticos con un 54% del total, seguida por los tipos de huelgas multi-regionales con un 7.3% y las regiones de Valparaíso y Bio- Bío, ambas con un 6.6%”

Asimismo, el informe dice que “las huelgas de este periodo se sitúan principalmente en las ramas de Industrias manufactureras y de Enseñanza (16.2% en ambos casos), en Transporte, almacenamiento y comunicaciones (15.5%); y en Comercio (14.8%). Ahora bien, al desagregar las huelgas por su condición de legalidad en cada rama de actividad económica, podemos apreciar una distinta composición entre ellas: las huelgas legales se concentraron principalmente en la Industrias manufactureras (26.1%), Comercio (20.5%) y Enseñanza (12.5%), mientras que las ilegales se produjeron en mayor medida en el Transporte, almacenamiento y comunicaciones (29.6%), Enseñanza (2.2%) y Servicios sociales y de salud (2.2%)”. Y añade que “la concentración de huelgas se ubica en la gran empresa por amplio margen, con un 79%; seguida por la mediana empresa, con el 14% de los casos. Este porcentaje decreciente de eventos huelguísticos según el tamaño de empresa se corrobora con la tesis recurrente dentro de los estudios sindicales, a saber, que el sindicalismo chileno se concentra mayoritariamente en la gran empresa”.

Sobre las tácticas de lucha de los trabajadores/as, el estudio expresa que “hay una primacía de la marcha con un 23% del total de tácticas, seguida de los cortes de ruta (15%) y de las manifestaciones o movilizaciones (1%) en lugares específicos. Es importante destacar que la cantidad de tácticas presenta bastante variedad: se registraron 18 tipos en total; cuestión donde hay presencia de tácticas bastante convencionales (tácticas judiciales, conferencias de prensa, asambleas, huelga de brazos caídos), otras más artísticas (coros, cánticos, etc.), otras más disruptivas (cortes de ruta, piquetes externos), hasta algunas incluso autodestructivas (huelgas de hambre)”. Respecto de los “Aliados del sindicalismo, del total de huelgas registradas en el cuatrimestre, tan solo en un 12.9% se expresó la presencia de un grupo que apoyaba la huelga, vale decir, el sindicalismo se encuentra generalmente aislado a la hora de presentar esta forma de conflictividad. Aún más, un 31.6% de las huelgas que recibieron apoyo fue de parte de trabajadores no vinculados directamente con el paro. En más de la mitad de los casos los aliados fueron estudiantes y sólo un 10,5% fueron autoridades públicas (diputados, por ejemplo)”.

Finalmente, el Boletín concluye que existe “un fenómeno estructural del desigual poder entre los factores de capital y trabajo en las relaciones laborales, en el momento en que dicha normalidad sociolaboral se torna un conflicto abierto y, en específico, con una paralización deliberada de la producción por parte de una organización de trabajadores –típicamente el “sindicato” formal, mas no necesariamente-. Aunque la extensión del sindicalismo nacional sea muy escasa en comparación al conjunto de trabajadores del país y, de forma más acentuada aún, el fenómeno de la huelga sea también escaso en relación al conjunto los sindicatos, es relevante estudiar esta forma de acción excepcional a la normalidad productiva, toda vez que ella rompe de forma explícita y organizada con ésta. (…) El fenómeno en sí reviste suficiente importancia como para comprender, con esta las tendencias actuales en el quehacer de los trabajadores/as. En el contexto de las nuevas tendencias sectoriales, destaca la rama económica de comercio con un buen porcentaje de huelgas realizadas y, asimismo, con una fuerte potencia en cuanto DHTP, algo poco común en su dinámica de las últimas décadas. La rama que más destaca en DHTP, eso sí, es la enseñanza, con un ya consolidado movimiento de trabajadores. Pero destacan también entre las debilidades de la huelga chilena: (a) el que se realiza con una alta concentración a nivel regional –predomina por lejos la actividad en la Región Metropolitana; y más profundamente, (b) que lo hace con una muy excesiva concentración en la mediana y gran empresa, al reflejar necesariamente el gran déficit de la fisonomía del sindicalismo nacional, a saber: aún no capaz de organizarse ‘por arriba’ y ‘entre’ la avanzada fragmentación productiva, lo cual tiene a los trabajadores con escasa cohesión social y tan dispersos hoy entre múltiples etapas de trabajo, tipos de oficios y localizaciones productivas

Por último, y de modo transversal a todas estas variables, se observa que la tendencia chilena a mantener un buen número de huelgas ilegales, manifiesta algo poco común para los chilenos/as: actuar en disconformidad o ajenos a la institucionalidad

Los datos entregados son madera para otro fogón, pero ya por sí mismos grafican la situación y movimiento real de los asalariados/as organizados, materia prima para los activos anticapitalistas en acción

7. En medio de la noche cerrada del planeta capitalista y sus modos nacionales en Chile, ahora se recrea el combate por la libertad y la igualdad, por la estrategia de socializar todos los aspectos de la vida, ya no como si el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hubieran realizado su labor de manera incompleta, y sólo bastara resetear de manera corregida esos empeños para estar más cerca de la victoria. Todos y cada uno de esos emprendimientos políticos tuvieron un contexto de producción que objetivamente no rima con la actual fase del capitalismo y sus contradicciones. Fueron productos políticos de su tiempo: sólo allí se explican sus conquistas y también sus límites. La realidad juzga su comportamiento político de manera implacable. Cualquier reivindicación que escape al homenaje y al aprendizaje obligado poli-éticamente de sus conductas históricamente enmarcadas, es puro fetichismo, cosificación, melancolía, pasado

El nuevo instrumental político de la revolución chilena se encuentra en su momento fundacional, prometeico. Enfrenta todas las adversidades y todos los desafíos otra vez, y en condiciones de altísima incertidumbre. Ese es su signo, la estatura de su horizonte y su naturaleza épica

andres - postaporteñ@ 1280 - 2014-11-10 17:21:21
postaporteñ@_______________________________

México: Las mentiras del procurador #YaMeCansé

Por Heriberto Paredes /8 noviembre, 2014/ SubVersiones   

«Los muchachos están vivos y están pidiendo una millonada por ellos», declaró la semana pasada Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero. Incluso afirmó que podrían pedir el apoyo económico de organismos internacionales para recabar el monto y pagar el rescate. Adela Micha, con su fingido tono de seriedad, le preguntó –continuando con la entrevista– quién le había dicho eso y el funcionario respondió que los propios estudiantes de la Normal. Sin ningún tipo de sustento, en cadena nacional y en horario estelar, se daban esperanzas a las familias

No ha transcurrido ni una semana de estas declaraciones y Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en conferencia de prensa, afirmó ayer que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados y calcinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU), aunque luego declaró que todavía serán considerados como desaparecidos y que se intensificará la búsqueda

A lo largo de estos 44 días de desesperación y de nulos resultados en las investigaciones, tanto el gobierno de Guerrero, en los primeros 10 días, y la PGR, luego de atraer el caso, han dado diferentes versiones, han filtrado declaraciones ministeriales que se contradicen y que no brindan respuestas. La nueva versión difundida por el procurador, por un lado, da sentido al último hallazgo de restos humanos en el basurero municipal de Cocula, y por otro, quita lugar y sentido a las declaraciones ministeriales de los primeros detenidos, es decir, 22 policías municipales y 12 sicarios que confirmaron su participación en los tiroteos contra los estudiantes el pasado 26 de septiembre

Vale la pena detenerse un poco en esta falta de concordancia entre estas primeras declaraciones ministeriales y lo que ahora se anuncia como la «reconstrucción de los hechos» y su posible explicación. Los distintos niveles de gobierno y quienes los detentan han mentido y mienten sin tener consideración del dolor que las familias padecen y sin atender a los reclamos nacionales e internacionales que exigen justicia y presentación con vida

Primeras versiones oficiales y su desmentido

El 30 de septiembre fueron detenidos 22 policías, acusados de ser los responsables del asesinato de 6 personas, entre ellas 3 normalistas. Fue la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJEG), a través de su titular, Iñaki Blanco, quien anunció estas detenciones y aseguró que se abrirían los procesos penales correspondientes. El 4 de octubre se descubrieron 5 fosas clandestinas y 28 cuerpos enterradas en ellas; al respecto, algunos de los policías detenidos aseguraron que se trata de los estudiantes normalistas y en declaraciones oficiales, la PGJEG afirmó que fue por las primeras declaraciones ministeriales que se dio con este hallazgo. Es entonces cuando la PGR atrae el caso

Más adelante, el 10 de octubre, ya se encontraban detenidas 34 personas, entre policías municipales y presuntos integrantes de la organización Guerreros Unidos, al mismo tiempo que se contabilizan 9 fosas clandestinas y 28 cuerpos. En este momento, varias declaraciones ministeriales se filtraron a diversos medios de comunicación, en ellas, los detenidos afirmaron que asesinaron a 17 jóvenes y que los enterraron en las diversas fosas que se han encontrado. La PGR no podía determinar si los cuerpos encontrados eran de los estudiantes, sin embargo, obstaculizó –sin motivo alguno aparente– las labores del equipo argentino de antropología forense que es el único grupo de trabajo avalado por las familias de los desparecidos

Para el 16 de octubre, las declaraciones de tres presuntos asesinos de los estudiantes –hechas ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel Cuevas Aparicio– dan cuenta de todos los implicados en los hechos contra los estudiantes, incluyendo al Director de Seguridad Pública, Francisco Salgado Valladares, y coinciden en por lo menos tres hechos claros: los policías municipales hacen este trabajo para la célula de GU en Cocula, hay un personaje al que apodan «El Chucky» que da órdenes y que determina que hay que matar a los estudiantes y por último, que 17 de los normalistas son asesinados por arma de fuego, otros enterrados inconscientes y otros calcinados. Cabe mencionar que en las declaraciones nunca se menciona que los cuerpos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula y que posteriormente, luego de una enorme fogata que dura hasta las 2 o 3 de la tarde del día 27 de septiembre, las cenizas son recolectadas en bolsas de plástico y luego tiradas al río San Juan, cercano a la ya mencionada población. Los declarantes afirman que están en las fosas clandestinas que se han encontrado y que algunos normalistas no fueron incinerados sino enterrados

Hasta este momento esta versión coincide con la información que dice tener el padre Alejandro Solalinde y que sólo se diferencia de la que posee la PGR por un testigo del cual él no tenía conocimiento. Se tiene la información de la presunta muerte de 17 estudiantes normalistas pero no del resto y los municipales y sicarios no reconocen ningún rostro de las fotos de los estudiantes desaparecidos, pese a que sí recuerdan frases dichas por ellos, quiénes eran los «revoltosos» y a cuántos de ellos supuestamente asesinó cada uno de los tres declarantes

Esa era la versión oficial, a la cual se le agregó la afirmación de uno de los detenidos que alegó la pertenencia de 17 jóvenes normalistas al cártel de los Rojos, razón que daría explicación al ataque, por tratarse de la organización rival a quien detenta el poder real en Iguala y en la región norte de Guerrero. Tanto familias como estudiantes normalistas de inmediato desmintieron esta versión y levantaron la voz para mantener el nombre de los 43 desaparecidos libre de la sucia estrategia de criminalización que el Estado mexicano utiliza constantemente

Con la más reciente conferencia de prensa que da el procurador Murillo Karam, teniendo como antecedente inmediato las detenciones de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda así como el descubrimiento de restos humanos en el basurero municipal de Cocula, la versión cambia radicalmente y ata cabos sueltos pero deja sin lógica declaraciones anteriores. Nuevos declarantes afirman –no bajo el proceso jurídico obligatorio sino en momentos como una entrevista psicológica o la reconstrucción de hechos– que los estudiantes fueron transportados en camiones de carga hacia Cocula, que algunos llegaron muertos o inconcientes y que fueron incinerados todos en ese lugar

Como si estuvieran hablando de una actividad inofensiva, quienes aparecen con el rostro difuminado, relatan cómo adecuaron el lugar para prender una gran fogata, ya no existen estos momentos previos en donde algunos normalistas son asesinados con arma de fuego, ya no se mencionan las fosas anteriores y se elimina por completo lo que muchos testigos afirman: que los policías municipales trasladaron a los 43 estudiantes en camionetas oficiales de la corporación hasta una comisaría y ahí, una vez hecho un cambio de vehículos, fueron trasladados a un lugar desconocido; ya no aparece el Chuky como personaje que da órdenes. Además, en esta nueva versión, es el personaje conocido como Cabo Gil (quien firmó un mensaje en donde daba a conocer los nombres de políticos implicados en el crimen organizado y donde también menciona que los estudiantes están con vida) un eslabón fundamental para conocer lo que, presuntamente, ocurrió aquella noche

Muchas preguntas se mantiene en el aire tan sólo tomando en cuenta estas dos versiones dadas como certeras por la PGR, ¿quién da la orden de balacear a los estudiantes, José Luis Abarca en su borrachera e influenciado por su esposa, operadora financiera de GU en Iguala o bien, directamente personajes tan oscuros como el Chuky o como el detenido y supuesto líder máximo del cártel, Sidronio Casarrubias Salgado? ¿Cuáles son las razones de estos ataques contra los normalistas de Ayotzinapa? Porque de lo que no ha dicho nada la PGR o cualquiera de las instancias inmiscuidas, son las razones que motivaron los hechos, lo que se jugaba en este ataque y lo que se juega con la desaparición forzada de 43 estudiantes. ¿En qué medida es cierto lo que Rogelio Ortega declaró casi como verdad y sobre la posibilidad de que los estudiantes hayan sido o sean aún, moneda de cambio en un pacto de dimensiones y detalles inimaginables?

Guerrero aún se encuentra en disputa entre dos grandes grupos de poder: el primero, detentado por la familia Figueroa en relación estrecha con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el cártel de GU como brazo armado y como operador de las más diversas actividades criminales; el otro, hasta hace poco encabezado por Ángel Aguirre, en el cual está metido hasta la cocina el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con amplia vinculación con Los Rojos y el cártel de los Beltrán Leyva.

En esta disputa del poder económico y político, los normalistas han sido golpeados y tal vez usados como parte de alguna negociación. ¿Acaso estos dos grupos pelean sólo por la gubernatura o también por el control de la zona minera del Cinturón del oro o por determinar la administración de la segunda mayor producción de goma de amapola en el mundo? Este es también parte del contexto que no debe olvidarse, porque fue ahí en donde se dieron los ataques contra los estudiantes

La lucha de las 43 familias

Para las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos el dolor que día a día los atormenta ha sido también la construcción de una sola voz, clara y contundente, «no le creemos a la PGR ni al gobierno federal» sostuvieron en otra conferencia de prensa desde las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa. «Vivos se los llevaron y vivos los queremos» se mantiene como una consigna central en esta lucha que ha rebasado todo lo supuesto en la cotidianidad nacional

Como muchas luchas en este país, los familiares de los normalistas han recorrido las diferentes instancias y los escalones del poder para buscar respuestas y la presentación con vida de sus hijos. A estas personas, trabajadoras y campesinas, les queda claro que hay incompetencia en el gobierno, que hay contubernio con el crimen organizado y que hay que seguir luchando hasta las últimas consecuencias

La exigencia de respuestas claras y concretas, pruebas de carácter científico e intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para determinar lo que ha ocurrido en este caso, están presentes en las palabras de los familiares. Denuncian que Enrique Peña Nieto no ha cumplido con ninguno de los 10 puntos acordados a comienzos de la semana pasada en una reunión a puertas cerradas. «Gracias por permitirme hablar con la verdad y demostrarles que es una prioridad para mí y mi gobierno el que se sepa qué pasa con sus hijos» afirmó el presidente mexicano al terminar la reunión con las familias. Miente con descaro

El comité de madres y padres de los normalistas desaparecidos sigue luchando para volver a ver a sus hijos con vida y dando muestras de dignidad y fortaleza a pesar de que son el epicentro actual de una de las más grandes crisis sociales que pasa México en las últimas tres décadas. Es tal vez la gota que derrama el vaso. Las madres y padres rechazan las versiones del procurador Murillo Karam y señalan la ineptitud del gobierno federal. De esta manera, lo que comenzó como una demanda del movimiento estudiantil, ahora se ha vuelto una exigencia nacional que está cuestionando hasta la existencia misma del Estado

Para evitar la fatiga

Jesús Murillo Karam, procurador general de la república, quien está al frente de las investigaciones para encontrar con vida a los 43 estudiantes desaparecidos, es también cínico en sus declaraciones más recientes. Si para él es agotador tener que dirigir esta investigación y responder a la prensa le parece una enorme fatiga, lo más prudente sería que se retirara y dejara de mentir, de tergiversar la información, tal vez, lo más adecuado sería que dejara el cargo y se uniera al gran grupo de funcionarios públicos y políticos que están convocados a irse definitivamente.

#YaMeCansé es ahora una de las más poderosas consignas y expresiones del descontento generalizado que vive México. Si nos detenemos un poco en las expresiones populares para enunciar las demandas, reclamos o denuncias que este movimiento ha dado, el doloroso camino que comunica el central «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!» hasta el ahora difundido ampliamente «Fue el Estado», pasa por la consigna que sintetiza el proceso desatado hasta ahora: «Ya me cansé del miedo»

Hasta ahora, muchas de las desapariciones y asesinatos ocasionados por el narco-Estado se han ido transformando en anécdotas del dolor nacional, que si Maricela Escobedo, que si Nepomuceno Moreno, que si la matanza de Villas de Salvarcar, que si los 72 migrantes asesinados por los zetas, pero este caso tan cínico e impune de desaparición forzada tal vez ayude a entender que más allá de los detalles de cómo pasó es, sin duda, un momento para comprender que todos los agravios son parte de una ofensiva de mayor envergadura que busca la explotación, el despojo, el control total de la población o la suma de todo; a través del miedo. La desaparición forzada de 43 estudiantes, el asesinato de miles de jóvenes en los años recientes y la rabia popular son, tal vez, detonadores para que las cosas cambien

Ante la esquizofrenia y la mentira: #FueElEstado

Carlos Ímaz Gispert

La Jornada 09/11/14

Escribo desde el dolor y la rabia que me han producido los crímenes de lesa humidad cometidos contra jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre, donde fueron asesinados seis seres humanos, 15 más resultaron heridos y 43 fueron detenidos y desaparecidos. Indignación exacerbada por la versión oficial acerca de esos hechos, que fue presentada por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) el día 7 de noviembre pasado y a la cual me referiré (https://www.youtube.com/watch?v=QNcfdHUiP8c).

Lo primero que llama la atención es la evidente esquizofrenia discursiva del gobierno que, en grotesca intención de encubrir su responsabilidad en los hechos y en voz del procurador, nos dice: “Qué bueno que el Ejército no salió, pues obviamente hubiera apoyado a la autoridad constituida… hubiera sido un problema mucho mayor...” O sea, que, de haber salido, los militares habrían colaborado con los policías municipales que disparaban a mansalva, torturaban y secuestraban estudiantes indefensos y que el saldo sería aún peor. Es decir, que no hay estado de derecho posible, pues ni las fuerzas armadas federales del Estado, supuestas garantes de la legalidad, actúan respetando las garantías básicas de nuestra Constitución.

Como si no fuera suficiente, pero como para tranquilizarnos, el procurador realizó una segunda confesión: El Ejército sólo se mueve con órdenes. Lo cual nos refiere de inmediato al caso reciente de Tlatlaya y a la obligada pregunta de ¿quién ordenó esos asesinatos? y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que sólo se mueven con órdenes. Por ley, el Presidente de la República es el comandante general de las fuerzas armadas.

Producto del esquema de ser y pretender no ser, del esquizofrénico discurso gubernamental, el procurador también afirmó: ¿Crimen de Estado?... Iguala no es el Estado mexicano. Como si Iguala fuera una ciudad de otro país y Guerrero y sus policías no formaran parte del Estado mexicano, abdicando de la obligación legal del gobierno federal de velar por la seguridad de todos los habitantes de la República mexicana. Declinación que se agrava por la magnitud de los hechos que se conocieron de inmediato y por tratarse de delitos que, de acuerdo con su propia versión, implican al crimen organizado, pero frente a los cuales el gobierno federal hizo todo lo posible por no involucrarse, y finalmente tuvo que atender 10 días después de los hechos (¡cuando cada minuto era valiosísimo para encontrar con bien a los 43 muchachos secuestrados!). Hoy sabemos, en palabras del propio procurador, que lo hizo hasta que la fiscalía de Guerrero declinó la competencia y le turnó a la PGR la investigación, y no por atracción jurídica del caso, que es facultad de dicha dependencia.

Sin embargo, siendo esto muy grave, es aún peor que el gobierno mintiera, a sabiendas, en su informe. El Ejército no salió, dijo categórico el procurador. Testimonios públicos de estudiantes sobrevivientes (youtube.com/watch?v=W2yBb-4B5FI), y así está documentado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una gran variedad de medios de prensa, dan cuenta de que el Ejército sí salió de su cuartel y estaba patrullando el lugar de los hechos. Al menos se puede probar que poco después de las 12 de la noche (una hora después de la segunda agresión a los estudiantes) una patrulla militar arribó a la clínica donde un grupo de normalistas habían llegado para que atendieran a uno de sus compañeros herido de bala en la cara; ahí los militares no sólo no los ayudaron, sino que los retuvieron, los fotografiaron y luego de increparles un muy sugerente ustedes se lo buscaron, los desalojaron mandándolos con todo y herido a la calle. Además, un par de horas después, a las 2:40, militares encontraron dos cuerpos sin vida, y a las 9:30 de la mañana el cuerpo del joven normalista que fue desollado y asesinado.

El Ejército sí salió de su cuartel, sabía lo que estaba pasando y si nos atenemos a lo dicho por el procurador, resultaría, que, el Ejército, obviamente apoyó a la autoridad constituida. Si el Ejército sólo se mueve por órdenes, tendríamos que saber quién dio la orden de salir del cuartel y a quiénes se consultó y/o informó, lo cual, por cierto, sería también obligado en la hipótesis contraria, pues incluso aun en la falsedad de que el Ejército no salió, el gobierno está obligado a informar de dónde vino la orden de no intervenir y dejar hacer a los policías municipales

Ya sea por omisión y/o comisión, el Ejecutivo federal tiene responsabilidad directa en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Iguala por miembros de las fuerzas armadas del Estado mexicano, pero miente descaradamente para encubrir su propia responsabilidad. Por decir lo menos, la de su cómplice negligencia criminal, tanto frente a lo que ocurría en Iguala antes del día 26 de septiembre y que el procurador ni siquiera menciona, como en lo que ocurrió durante y después de la masacre. Paradójicamente, la prueba más reciente de ello es la postura oficial del gobierno federal presentada por el titular de la PGR.

Con una investigación claramente sesgada y acotada a lo local, que asume de antemano que se trató de un caso aislado y sin ramificaciones profundas en la estructura del Estado, el régimen pretende dar un imposible carpetazo a la atrocidad cometida en Iguala, como si ésta no hubiera hecho evidente a los ojos del mundo que, en México, el narco y el gobierno de Peña Nieto son dos caras de una misma moneda. Por el bien de México, deben marcharse

México se cansó: tiembla un régimen asentado

en el terror contra la población

 

El terrorífico asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, acaba de enfurecer  al pueblo mexicano que exige no solo justicia, sino terminar con un sistema político ultra corrupto, encabezado actualmente por el PRI de Enrique Peña Nieto.

La masacre despertó la ira de la población, y no es para menos. Los estudiantes fueron atacados con saña, a balazos. Fueron secuestrados, descuartizados y quemados vivos, para luego ser lanzados al río en bolsas de basura. Los cartels, el crimen organizado, la policía y el Estado mexicano, están íntimamente ligados en estas nefastas prácticas en las que actúan en total complicidad desde hace décadas.

Los 43 normalistas se suman a una larga lista de desapariciones, de líderes campesinos y sindicales, de estudiantes y trabajadores, de pobres y del pueblo en general. Y es que el estado mexicano se asienta en un régimen totalmente corrupto, en connivencia con los grandes cartels como el de Sinaloa, los Zetas o los Guerreros Unidos.

Los años y años de “guerra a las drogas”, con apoyo de los Estados Unidos, el endurecimiento de las leyes, el aumento de la represión y el gatillo fácil, que supuestamente es para combatir la inseguridad y el narcotráfico, es utilizado contra los trabajadores, los estudiantes y el pueblo, como una política sistemática de exterminio, que es la verdadera inseguridad para los trabajadores, mientras que los cartels siguen con su negocio millonario imponiendo el miedo y el terror entre la población.

El caso de los estudiantes de Ayotzinapa fue la chispa que terminó por encender el descontento popular. La lucha en Iguala es la vanguardia y el emblema de lucha contra un régimen corrupto y podrido que gobierna en connivencia con el narcotráfico. Es el espejo que nos muestra adónde nos lleva el aumento de la represión y el capitalismo en descomposición.

Ya comenzaron en México las movilizaciones multitudinarias y las paralizaciones en las universidades, y también una amplísima solidaridad internacional que debemos seguir aumentando. Ya han sido varias en nuestro país las actividades en este sentido, las cuales desde IST y la Juventud Internacionalista saludamos y apoyamos.

El próximo lunes 17 de noviembre, adherimos a la convocatoria de la FEUU para movilizarnos en solidaridad con los estudiantes mexicanos, a las 18hs desde la Plaza Independencia hasta la embajada de México, vení con nosotros! Vamos a manifestar nuestra solidaridad!

·         Solidaridad con los estudiantes y el pueblo de México!

·         Justicia y castigo a todos los responsables materiales, intelectuales y políticos!

·         Abajo el régimen del terror del estado mexicano!

Grupo Socialista Obrero (organización de la LIT en México):

Rebelión Prensa

El proceso de lucha popular se profundiza

¡Fuera Peña! ¿Y después qué?

Manuel Aguilar Mora *

México DF, 9-11-2014

En la noche de ayer y en la madrugada de hoy sucedieron dos acontecimientos consecutivos que muestran cada una a su peculiar manera las dimensiones que está tomando la crisis desatada con motivo de la masacre de Iguala. Una manifestación de las decenas que se realizan en el país y en el mundo entero, finalizó en el Zócalo y un grupo de jóvenes anarquistas al grito de “¿Cuál pacifismo? ¿Cuál no violencia? ¡Acción directa y resistencia!”, se desprendió del grueso del contingente y prendió fuego a la puerta principal del Palacio Nacional, sede oficial del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien dos horas después a la una de la mañana y a pesar que algunos diputados y senadores le exigían que suspendiera el viaje, despegaba del aeropuerto de la ciudad de México con destino a China.

De esta manera se está acelerando la crisis que en el lapso de unos cuantos días escaló a niveles que están transformando al país. Hoy México es muy diferente al país que existía antes de ese fatídico 26 de septiembre cuando fueron asesinadas seis personas (entre ellos tres estudiantes normalistas) y 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero desaparecidos. El incendio de la puerta del Palacio Nacional ocurrió precisamente 43 días después de esos macabros acontecimientos, marcando a su modo el tránsito que tiene lugar hacia tiempos más complejos en los que sólo hay una cosa segura: grandes sectores populares están madurando y entrando a uno de los momentos más decisivos de su historia porque a ojos vista de los mexicanos y mexicanas y del mundo entero el régimen político priista y de sus aliados el PAN y el PRD se encamina hacia una terrible crisis terminal.

“Asesinados, quemados y sus cenizas arrojadas al río”

El 7 de noviembre Jesús Murillo Karam, el procurador general de la República anunció a una expectante nación que esperaba un primer informe oficial de lo sucedido, “en lo que va de nuestras investigaciones, las más importantes en décadas, pero que no son las  definitivas (¡!sic¡!)” se ha encontrado que los 43 estudiantes fueron asesinados a sangre fría, quemados sus cuerpos en una pira humana y sus cenizas arrojadas en bolsas de plástico al río San Juan en un paraje apartado localizado en la semijungla entre Iguala y Cocula. Los autores de tamaña atrocidad habrían sido sicarios de la banda de Guerreros Unidos, con la cual estaban vinculados el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa. Negando rotundamente que se tratara de un crimen de Estado Murillo Karam presentó como “pruebas”  los testimonios de tres jóvenes sicarios, típicos representantes de los cientos de miles de jóvenes desempleados del campo y las ciudades que son los reclutas naturales de las bandas de los narcos. La banalidad de su argumentación se hizo evidente: ¿cómo tres jóvenes como ellos y algunos otros parecidos a ellos pudieron realizar tamaña salvajada durante horas y horas sin que nadie los molestara controlando a 43 estudiantes activistas fuertes y dinámicos cuya valentía y músculo eran notorios? 

Durante la conferencia el procurador Murillo, en forma característica de la soberbia de los altos funcionarios del gobierno peñista, contestó displicente y hasta groseramente las numerosas preguntas que le dirigieron los también numerosos periodistas nacionales y extranjeros presentes. Pero Murillo mismo cometió varios lapsus que mostraron ante los millones de espectadores que estaban pegados a las pantallas televisivas las incongruencias de la intervención del gobierno mexicano. En una ocasión dijo que “Iguala no era el Estado”, siendo así evidente que para los altos funcionarios existen espacios enteros del país en los cuales la vigilancia y la seguridad federales no existen. Y el otro desliz fulminante fue su comentario, casi al final de la conferencia, cuando declaró “yo ya me cansé”. Inmediatamente la frase ha inundado las redes y es materia de comentarios en todo lugar:”si ya te cansaste, vete”, “Peña ¿también tú te cansaste? pues vete”, “los mexicanos estamos cansados hasta la madre del gobierno de ustedes”, y así por el estilo muchas otras variaciones.

Los padres y familiares de los normalistas desaparecidos inmediatamente respondieron a las declaraciones de Murillo Karam en una conferencia realizada también ante la prensa nacional e internacional en la normal de Ayotzinapa, en el corazón de Guerrero. No podían aceptar la versión del gobierno que niega rotundamente que se trate de un crimen de estado. Dijeron que “el gobierno los seguía torturando” insistiendo en su versión de la muerte de sus hijos y que ellos no concedían ningún valor a las indagaciones gubernamentales mientras los forenses argentinos no den sus resultados y se llame a agencias extranjeras a asistir como coparticipes en todas las investigaciones. Lo mismo ya lo habían dicho dos días antes desde el templete frente al Palacio Nacional ante las decenas de miles de asistentes que llenaban el Zócalo. EN SÍNTESIS NO CONFÍAN PARA NADA EN EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO.

El rostro macabro de un régimen bárbaro que opera con la más absoluta impunidad está saliendo a relucir ante la toda la nación y el mundo entero a pesar de los esfuerzos diplomáticos del gobierno por impedirlo. El secretario de Hacienda, Videgaray Caso, posiblemente el más poderoso del gabinete de Peña Nieto, aceptó días antes en una reunión con empresarios que lo que está sucediendo en Guerrero y en el país en su conjunto ha afectado negativamente la imagen de México al nivel internacional. Por ejemplo. El turismo, actividad económica central  del puerto de Acapulco, la ciudad más poblada de Guerrero, se ha desplomado hasta niveles nunca antes vistos.

El 4 de noviembre el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, se habrían entregado a la policía “cansados de estar huyendo” según informaron los medios habría dicho Abarca. Las autoridades concedieron a este hecho una gran importancia recalcada por el propio Peña Nieto. Pero extrañamente se añadió que Abarca habiéndose rehusado a declarar, fue confinado a una prisión de “alta seguridad” mientras que su mujer sería “arraigada” durante 40 días. Todo indica que las autoridades buscan colocar al ex alcalde como el chivo expiatorio principal del crimen.

Otra gran movilización

¡Fuera Peña! Fue una de las consignas más gritadas durante la gran manifestación del 5 de noviembre que inundó, por tercera ocasión en menos de un mes, el centro histórico de la ciudad de México. Las autoridades calcularon en 30 mil los manifestantes y los organizadores en 100 mil. Ciertamente la cifra real se acercaría más a la segunda estimación que a la primera pues un río de juventud desfiló durante más de tres horas en un recorrido de casi 10 kilómetros que se inició a las 16.00 hrs. en el Auditorio Nacional de Chapultepec en una marcha cuyo destacamento final llegó al Zócalo poco antes de las 20.00 hrs. Y por supuesto al mismo tiempo se realizaron manifestaciones en demanda de la presentación de los 43 normalistas desaparecidos en otras ciudades de la república.

Juventud, mucha juventud, fue la tónica que caracterizó a la abrumadora mayoría  de los participantes, igual que en las ocasiones anteriores. Grandes destacamentos de estudiantes de las universidades e instituciones de educación media y superior públicas y privadas de la ciudad de México, en paro durante 72 horas, acompañadas de los padres de los desaparecidos, de grupos de estudiantes de Ayotzinapa y de otros centros educativos del estado de México. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” fue el grito más oído acompañado cada vez más frecuentemente con el de “¡Fuera Peña!”

La impunidad como regla

La crisis se va desarrollando imparable sometiendo tanto a las autoridades como al pueblo encolerizado a la potencia implacable de sus contradicciones cada vez más agudas y explosivas. Los padres de los desaparecidos fueron nuevamente los oradores principales del acto central desarrollado en la atestada plaza del Zócalo. Son ellos los primeros que expresaron la idea que se ha desparramado como pólvora: “si Peña no puede hallar a nuestros hijos, que se vaya”. Eso mismo se lo habían dicho en su cara al propio presidente en la reunión de más de cinco horas que días antes tuvieron en Los Pinos con él.

Miles, cientos de miles se han hecho eco de esta consigna. Tanto es así que también López Obrador (AMLO) no tardó en incluirla en sus diarios discursos en las plazas de las ciudades que visita en su interminable campaña que ha emprendido para ser por tercera ocasión candidato presidencial del nuevo partido Morena en el 2018.

Es evidente que la versión oficial expuesta por Murillo Karam deja multitud de cabos sueltos y refuta el cargo principal que desde las calles se le lanza al gobierno de que se trata de un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado. Sin embargo, los propios dichos del procurador involuntariamente apuntan a situaciones que evidencian situaciones que comprometen por completo al gobierno.

Por ejemplo, el desliz que cometió cuando una periodista le preguntó por el papel del ejército. Su respuesta fue absolutamente increíble: “el ejército sólo se mueve con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyad? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!” Esta respuesta es falsa pues los militares sí intervinieron con motivo de las consecuencias de la primera balacera; los testigos indican que se presentaron en el hospital en donde habían sido llevados los heridos, registraron a los estudiantes, los regañaron, los amenazaron con entregarlos a los municipales, retirándose después sin explicar nada no sin antes decirles el oficial al mando: “El Ejército ya tomó la zona, ya están seguros(¡sic!)”. Alguien les dio “esas órdenes precisas” y también no les dio órdenes de intervenir ante el secuestro de los 43 literalmente efectuado en sus narices. Todo este asunto del papel del ejército en la masacre de Iguala está absolutamente sin dilucidar y constituye uno de los más evidentes lagunas del informe oficial de Murillo. Si se sabe que Guerrero es uno de los estados de la república en donde la presencia militar es más notoria y decisiva desde hace décadas, es evidente que hay un objetivo subyacente de ocultar el verdadero papel de complicidad ya sea por omisión o comisión de los militares en los sucesos igualtecos de la noche del 26-27 de septiembre.

No es posible considerar como creíble un informe basado en las declaraciones de tres jóvenes sicarios de los Guerreros Unidos, evidentemente comandados por los auténticos autores intelectuales y materiales que permanecen protegidos en la sombra, que no toca ni por acaso las verdaderas razones y objetivos de la atrocidad cometida contra los 43 normalistas, razones y objetivos que sólo pueden ser concebibles en los despachos de las autoridades gubernamentales policiacas y militares.

“Fue el Estado” es la otra frase que se grita, se pinta en los muros y se publica en las redes sociales y en los miles de volantes y folletos que circulan ya por todo el país. La consciencia de que sólo el aparato monstruoso de represión y enajenación que es el Estado, con sus múltiples agencias políticas y militares, puede producir o proteger y ser cómplice de tamañas atrocidades está grabándose y cauterizando las mentes de millones de mexicanos. Ya en algunos comentarios se vincula lo sucedido en la masacre de Iguala y la situación de varias regiones del país en donde bandas como la de Guerreros Unidos, “un cuasi estado sin estado”, operan sembrando el terror, matando civiles inocentes, precisamente para garantizar la dominación y el sometimiento de la sociedad, con las atrocidades del Estado Islámico cometidas en Siria, Irak y otras regiones del Medio Oriente.

Los observadores de las organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales por igual lo señalan una y otra vez: el Estado mexicano comete atrocidades que permanecen impunes, por lo cual no hay ninguna garantía para impedir que lo ocurrido en Iguala no se repita como tampoco se repita lo sucedido en Tlatlaya, en El Charco, en Aguas Blancas, en Acteal en una lista de horrores que va hasta Tlatelolco en 1968, sólo para nombrar los momentos más conocidos de este rosario de impunidad.

Por ejemplo, una delegación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (el Frayba) de Chiapas que viaja estos días por España, Italia entre otros países europeos, reiteró la preocupante y peligrosa complicidad de los militares con el crimen organizado, lo cual está conduciendo a “un vacío de autoridad en la república”.

El director de la sección mexicana de la Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, después de un viaje a Iguala y a otros lugares de Guerrero  vinculó explícitamente los acontecimientos en ese estado con lo sucedido en Tlatelolco en 1968.

Declaró: “La explicación de lo ocurrido en Iguala la encontramos en la regla de impunidad  que prima en México desde hace muchos años, desde 1968, regla que consiste en que cuando agentes del Estado cometen atrocidades, los hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, ejemplares e imparciales. La regla en México es la impunidad, no la excepción.” (La Jornada, 06.11.14).

¿Hacia dónde?

Casi un siglo de la hegemonía dominante priista y a partir del surgimiento del PRD en 1989, la renovación de las políticas conciliadoras típicas del frentepopulismo produjeron la sequía en los viveros auténticamente revolucionarios. Durante años los espacios de la izquierda verdaderamente socialista e independiente fueron páramos minoritarios. Igualmente el férreo control corporativo ha impedido el mínimo accionar independiente y democrático de las organizaciones populares, en especial de los sindicatos, ya de por sí muy mermados por la crisis económica. La derrota fulminante en 2009, sin una verdadera batalla de su parte por su dirección burocrática, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el sindicato insignia del movimiento de resistencia contra la política antiobrera y privatizadora de los gobiernos tanto priistas como panistas, dejo muy malherido al movimiento de los trabajadores en los últimos años.

Desde la Revolución mexicana no se ha producido una sola huelga general. Los paros realizados han sido de los sectores movilizados de maestros y estudiantes. La clase obrera ha estado prácticamente ausente en su mayoría de las luchas de los últimos treinta años. Una gran tarea de organización y concientización se perfila para el próximo futuro. Es una tarea ciclópea pero absolutamente ineludible. Mas el ritmo con el cual se está desarrollando la crisis es un factor que también tendrá consecuencias políticas e ideológicas en el seno de las grandes masas, como siempre ha sucedido. En 1994 el estallido súbito de la insurrección neozapatista del EZLN mostró como los impactos de luchas verdaderamente independientes pueden reanimar y promover radicalizaciones y movilizaciones masivas.

La aceleración de la crisis iniciada hace un mes y medio ya ha producido cierto innegable desconcierto entre los grupos gobernantes. El caso del PRD es el más evidente, prácticamente se ha desfondado. Sus dirigentes son abucheados y su situación ha provocado que la dirección de los Chuchos “ se considere víctima de linchamientos” (sic). El PAN se ha mantenido marginado, prácticamente nulificado por su derrota política y electoral de 2012. El PRI, el más fuerte y cínico no parece calibrar bien el momento actual y su dirección da la impresión de haber adquirido el síndrome de los grupos gobernantes que al borde del precipicio creen que todo sigue como siempre. ¿Cómo si no explicar la decisión de Peña Nieto de mantener vigente una gira a China y a Australia, que ha iniciado hoy mismo, a pesar de que deja un país inmerso en una situación de tensión y malestar crecientes? Lo más que aceptó hacer es cortarla de diez días a una semana.

De hecho el autismo político de Peña Nieto es la expresión de un profundo alejamiento de los conflictos que aquejan a la sociedad por parte de toda la casta privilegiada del personal dirigente del gobierno que él encabeza. Se ha ido a China y desde el 26 de septiembre no se ha apersonado en Iguala, ni en un solo lugar de Guerrero. Durante el primer periodo de su gobierno, con la aprobación de las reformas estructurales de la tercera generación en materias energética, educativa y laboral, Peña Nieto estaba en su elemento: quedar bien, en excelente términos, con los capitalistas nacionales y extranjeros. Todo parecía ir viento en popa. El gran frentazo de Iguala lo ha dañado tan duro que Forbes lo ha bajado este año en más de veinte puestos en su lista de los 72 personajes más importantes del mundo. En cambio su compatriota, el multimillonario Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, se mantiene entre los quince primeros personajes de tal lista.

En los acontecimientos actuales se ha repetido una característica de la movilización popular desde hace más de medio siglo: los estudiantes, las poblaciones masivas de las instituciones de educación media y superior se han convertido en la vanguardia de las movilizaciones. Los maestros, en especial los de la Coordinadora Nacional de  Trabajadores de la Educación (CNTE), han respondido tocados sensiblemente por la embestida mortal contra sus colegas juveniles de las normales rurales pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (CECSM), entre las cuales la de Ayotzinapa es sin duda la de mayor rango revolucionario como lo demuestra su historial. Lucio Cabañas y una pléyade de luchadores guerrilleros y de todo tipo han salido de sus aulas El papel de estas escuelas es clave en lo que puede definirse como una dirección de este caótico y multitudinario despertar masivo. Lo mismo se puede decir de los familiares de los desaparecidos que hasta hoy se han comportado a la altura de las circunstancias.

La frustración que cunde en el seno de algunos sectores de maestros y trabajadores, así como en algunos estudiantiles ya está produciendo sus estallidos desesperados, como bien lo indica la quema de la puerta principal del Palacio Nacional cuyas consecuencias políticas con respecto a la movilización de las grandes masas son nulas e incluso negativas. En cambio la derecha se mueve a gusto cuando ocurre ese caos de violencia sin sentido, incluso la llega usar como abierta instrumento de abierta provocación. El gobierno de Peña Nieto ha usado ya en varias ocasiones las provocaciones como justificaciones para ejercer grandes represiones.

El régimen estatal político vigente desde hace un siglo, con sus actuales estructuras electoral, judicial y administrativa, basado en un partido hegemónico PRI que es acompañado por los dos partidos aliados gobernantes PAN y PRD, está en crisis y es irreformable. La corrupción, la represión, los privilegios, los vínculos determinantes con el gran capital nacional e imperialista hacen de los diputados, senadores, jueces, altos funcionarios y oficiales militares una casta absolutamente impermeable a un verdadero cambio democrático. Son el freno estructural que impide el avance del pueblo mexicano hacia el nivel superior de su historia: una sociedad más próspera, democrática, igualitaria e internacionalista. Representan el mejor argumento existente para la justificación de una ruptura política radical, hacia la instauración de un gobierno auténticamente democrático, independiente y revolucionario que no puede ser sino socialista (no socialdemócrata).

El camino que se abre ante este gran movimiento de masas que despierta en todo el país desde hace un mes y medio, ya no sólo en el centro y en el sur, regiones en donde ha existido tradicionalmente con mayor vigor la resistencia democrática e incluso revolucionaria, sino en el amplio norte más conservador, es el de la organización de efectivas y contundentes acciones de masas. Ya se anuncia la organización de un paro nacional para el 20 de noviembre, fecha conmemorativa del inicio de la Revolución mexicana. Fue en diciembre de 1914, hace cien años, cuando los victoriosos campesinos y trabajadores comandados por Villa y Zapata entraron a la ciudad de México y cuando ambos caudillos fueron fotografiados sentados en la silla presidencial del Palacio Nacional, una de las fotografías más famosas que plasmó para siempre ese momento, el más alto al que llegó la Revolución mexicana ..

La auto-organización desde abajo, en comités de lugar de trabajo, de estudio, de comercio, de barrio, de colonia y su coordinación municipal y delegacional, regional y finalmente nacional de movilizaciones masivas es la fórmula para lograr el surgimiento de un poder realmente popular independiente y democrático cuyo objetivo central es construir un nuevo gobierno, un gobierno alternativo que sólo puede ser el de los trabajadores de la ciudad y el campo: un gobierno obrero, campesino, indígena  y popular.

* Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS)

fuente Correspondencia de Prensa -EH

- postaporteñ@ 1280 - 2014-11-10 17:07:06
postaporteñ@_______________________________

Criminales de ?lesa humanidad? en Domingo Arenas

LA HUMANITARIA RECLUSIÓN. LA CRUZ ROJA, LOS CRIMINALES DE LA DICTADURA Y EL HUMANITARISMO DE MUJICA

Marcelo Marchese

Rebelión 07-11-2014

En nuestra República hay presos y presos y cárceles y cárceles. Algunas son visiones del infierno que Dante hubiese utilizado para hacer sufrir, literariamente, a algún enemigo. Otras, aunque no sean un paraíso, semejan en todo caso al purgatorio imaginado por el florentino.

En Domingo Arena los reclusos comparten tres teléfonos públicos y cada cual tiene celda propia, TV cable y un frigobar.

Se da el caso que el Goyo Álvarez disfruta de dos piezas, una para dormir y otra para recibir visitas.

Este privilegio es resultado de ciertos rasgos de carácter de nuestro expresidente y de la mentalidad "hegemónica" en aquel sitio. La cárcel de Domingo Arena es una dependencia militar.

Por lo que sospecho, ni un sólo civil de entre los civiles que torturaron a mansalva goza de la compañía de estos reclusos. Ser militar trae acarreados varios inconvenientes.

Puede suceder que la patria peligre y entonces uno es el primer candidato a regar el suelo con sangre heroica. Pero la incomodidad generada por esta horrible espada de Damocles (salvo Uruguay, casi todos los países alguna vez pueden entrar en guerra) es subsanada por beneficios innumerables.Se jubilan con 20 años de servicio, incluyendo los años de estudio y además no cobran en función del sueldo promedio de los últimos años, como todos nosotros, sino con el sueldo del grado inmediatamente superior al que lograron detentar.

El jubilado común, si vuelve a trabajar, pierde el derecho a la jubilación, pero no los militares, que además consiguen normalmente trabajos en empresas vinculadas con la función que realizaban, empresas que precisan, para sobrevivir, como todos nosotros, de vínculos. Tal es el caso de Air Class. Pero sigamos.

Los privilegios de los militares son: una escuela propia, una justicia propia, un hospital propio. Tienen, al menos los oficiales, un lugar aparte en el Cementerio Central y su entierro no se realiza de cualquier manera sino con cierta pompa. Pueden transitar armados. Se visten con un uniforme que los distingue del resto.

Heredamos ciertos estamentos de ese pasado medieval tan defenestrado, como las Universidades y la Iglesia. Podríamos decir que nuestra República no heredó la aristocracia medieval, sin embargo esa aristocracia está representada por una casta que conoce de gradaciones, hospitales, escuelas y justicia propias, que puede portar armas (como los aristócratas de antaño) que no trabajan y además, dado el caso de ser recluidos, son cuidados de manera especial por otros integrantes de su casta.

No me parece mal que estos señores disfruten de un frigobar y TV cable. No son los únicos reclusos que gozan de estos privilegios. Los grandes narcos, me aseguran, la pasan igual de mal. Lo que preocupa es lo desparejo de su condición con el resto de los privados de libertad, que en todo caso cometieron delitos infinitamente menos graves. Pero no nos vayamos por las ramas.

Estábamos diciendo que nuestro expresidente goza de privilegios resultantes de ciertas circunstancias, las cuales, según los propios encargados de su custodia, están vinculados con una ligera demencia senil y para que nadie piense que me estoy burlando, cito al Director del Instituto Nacional de Rehabilitación “es una persona de mucha edad, tiene más de 80 años y un poco de demencia senil”.

Uno creería que estos presos mantienen entre sí algún trato igualitario o republicano, pero no es así. El que fue militar una vez lo será hasta la muerte. Entre ellos guardan el debido respeto por las gradaciones, de tal forma que un Teniente General da órdenes y aplica castigos a sus subordinados. ¿Allí dentro? Sí, allí dentro.

Resulta que para el resto de los reclusos las órdenes y los castigos aplicados por nuestro expresidente, que además, o sobre todo, fue un Teniente General, eran desproporcionadas o en todo caso ligeramente dementes y por ese motivo pidieron que los libraran del beneficio de su presencia y por una vez todos estuvieron de acuerdo, inclusive el expresidente y Teniente General, pues pidió (exigió) que lo enviaran a otro sitio pues no podía resistir las insubordinaciones de sus subordinados.

Esta orden de un superior no pudo ser cumplida, mas se le construyeron, según el Ministro del Interior, "dos contenedores" en la otra punta del patio común.

Ahora veamos la situación sanitaria de los reclusos. Según el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 2º Turno, que en junio de 2013 rechazó el pedido de reclusión domiciliaria para Gavazzo por motivos de salud, “la atención sanitaria de los reclusos alojados en dicho centro penitenciario se encuentra a cargo del ejército y el encausado cuenta con una guardia de enfermería las 24 horas del día y una visita médica diaria de lunes a viernes, permaneciendo a la orden telefónica por cualquier consulta”.

El TAP sugirió u ordenó (el artículo en el cual me amparo no se pone de acuerdo en este punto) a la Unidad Penitenciaria Nº 8 que dicte un “protocolo eficaz para asegurar la atención inmediata de Asistencia Especializada de Emergencia Móvil en caso de ser necesario por parte de este o cualquier recluso”.

Vista la situación sanitaria de estos señores y esperando se cumpla la sugerencia u orden, me asalta una duda. Estos reclusos se comportan como militares y obedecen las órdenes y cumplen los castigos de sus superiores reclusos. Si uno se va de boca, por ejemplo, es dable esperar que sufra un castigo. Acaso cuando hablen entre ellos se cuadren y exclamen: "Sí, mi general" o "A la orden, mi Teniente General".

Pero la duda me viene en relación a cualquiera de los encargados de su custodia, los cuales son militares. ¿Deben emplear también este vocabulario? ¿En ciertas ocasiones deben guardar el debido respeto por las jerarquías y cumplir las órdenes dictadas por sus superiores, cuadrándose?

No afirmo nada, pero quisiera salir de esta duda republicana. Cuando Mujica dice que su postura (que pretende escudar en una decisión de la Cruz Roja) "responde a una visión humanista" me pregunto si entiende el significado de la palabra "humanista" y si entiende el sentido de las palabras "visión", "una", "a" y "responde". ¿Qué tiene de humanista atenuar el castigo para con aquellos que cometieron crímenes abominables y que se han empecinado en obstaculizar la labor de la Justicia?

Humanista en este caso es aquel que pretende disuadir a los violadores, arrancadores de uñas de los pequeños, introducidores de ratas engrasadas en las vaginas y castradores de hombres, a que no castren, introduzcan ratas en las vaginas, arranquen uñas a bebitos de un año o violen desde el poder del Estado. Humanista es el que intenta reeducarlos por el bien de la humanidad fijando a la vez un límite y dando un castigo ejemplarizante.

No sé de dónde surge este error de nuestro presidente, pero sospecho un vínculo con aquella creencia, compartida por su grupo y por los militares, de que vivíamos una guerra. Observo una relación con su idea de que debemos dejar atrás el pasado y unirnos por el bien del país y por lo tanto todo sirve: tanto los eucaliptus plantados a granel como las lechugas; las importaciones que arruinan a los pequeños productores y el encadenamiento productivo generado por estos pequeños productores; el latifundio y el reparto equilibrado de la tierra; las heladas y el clima benigno; la mosca del cuerno y el chancho jabalí y las vacas y las ovejas; los que introducen ratas engrasadas por las vaginas y los que salvan vidas.

Me pregunto qué significa esa postura por la cual nos amparamos en organismos internacionales, como la Corte de la Haya o La Cruz Roja. ¿Se pretende que nos vayamos acostumbrando a seguir dictados de organismos internacionales en detrimento de la soberanía nacional? ¿Se pretende coadyuvar a la creación de un Estado supranacional?

A lo anterior sumemos la creencia que acaso tenga Mujica, muy generalizada por otra parte, de que los criminales recluidos en Domingo Arena no son presos políticos. No he logrado aún entender por qué se rechaza esta categoría para delincuentes que cometieron crímenes desde el Estado, que obraron con una obvia justificación política, que fueron adoctrinados políticamente, que fueron enseñados a torturar eficazmente por especialistas de otro Estado que destinaba recursos para esta enseñanza y que perseguían a los integrantes de otras doctrinas políticas.

Los procesados en Núremberg ¿fueron considerados criminales comunes o políticos? Si fueron considerados criminales comunes, cosa que no sé, observo cierto olvido de la ideología y del aparato político que sustentaban a estos señores. En nuestro caso sucede lo mismo.

La pretendida función del Estado es garantizar nuestra libertad, pero cuando ellos se apoderaron del Estado se dedicaron no sólo a robar a mansalva, sino a perseguir a sus enemigos políticos de una manera ejemplarizante. No sólo se los torturaba para castigarlos, sino también para amedrentarnos a todos nosotros. Los militares tenían una idea muy precisa del rol "educador" de sus prácticas aberrantes.

Por esta causa, por ser un crimen político, la situación de estos presos genera tanta controversia. Algo no ha quedado del todo aclarado sobre esos años que vivimos en dictadura, por eso porfiadamente aparecen libros que escarban y revuelven en el período.

Nunca una década fue tan persistente, nunca obsesionó tanto. La responsabilidad en este caso es compartida: por un lado quienes llevaron a cabo este plan sistemático; por el otro quienes pretenden olvidar y no aplicar un castigo que actúe como límite a lo inaceptable.

Todas las sociedades, desde las más primitivas a las más civilizadas, se han organizado en función de límites. Nuestra democracia no ha establecido este límite y paga por eso las consecuencias: heridas que no cicatrizan y de la cuales emanan eternamente pus.

Cuando reclamábamos Verdad y Justicia necesitábamos saber qué sucedió y necesitábamos que desde el Estado se reconozca qué sucedió y por lo tanto que se actúe en consecuencia.

Significaba que la Verdad no sería letra muerta, que la Verdad no es ni puede ser una elucubración de filósofos encerrados en sus gabinetes, sino que está indisolublemente ligada a la Justicia que debe determinar qué es una actitud propia de humanos y qué se convierte en conductas que nos alienan de nuestra humanidad, esto es, de nuestra Verdad como humanidad

envió FMoyano - postaporteñ@ 1279 - 2014-11-08 22:43:37
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BALANCE DE LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS "Un año de plancha"

Con 14 juicios parciales concluidos y 72 condenas en lo que va de 2014  las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, las tres cuartas partes de 2014 fueron incluso menos productivas que los últimos dos años.
Lo más probable es que reste sólo 1 sentencia en lo que queda del año: el juicio realizado en Luis donde hay 29 represores imputados por 46 víctimas, y aunque todos sean condenados no cambia el panorama general.

Desde la caída de las leyes de impunidad al 1 de noviembre de 2014 el Estado argentino sólo efectivizó 125 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 125 juicios estuvieron procesados 708 represores, y hubo como resultado 635 condenas sobre 519 represores, 67 absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 3098 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 36% del total de los 2.000 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 27% de ese número de procesados fue condenado.

Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 519 condenados siguen representando, a casi de 11 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por CCD. Para completar el cuadro, hay menos de 100 represores cuya condena ha sido confirmada por los tribunales superiores del país. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.

Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 2.000 procesados, ese 27% de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

Análisis en todo el país
En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho:

- 31 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo (Bs.As. y La Pampa) con 178 condenas. – 28 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo (NEA) con 128 condenas. – 36 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (NOA) con 200 condenas.

Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de 11 procesos con 45 condenas, la mayoría por hechos del CCD Campo de Mayo.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 9 juicios que condenaron a 64 policías y militares: 3 procesos en Neuquén, 3 en Chubut, 2 en Bahía Blanca y 1 en Río Negro.

En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a 37 integrantes de las patotas de esa fuerza, 2 prefectos y 8 civiles cómplices: Ortiz y Pertusio en la primera parte de la causa de Base Naval de Mar del Plata, 10 marinos y 2 prefectos en el segundo tramo de esa casusa, 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA 2, Policarpo Vázquez, su mujer y la partera que los asistió en la apropiación de Evelyn Bauer-Pegoraro, 3 de los 4 represores del arma acusados en causa “Plan Sistemático”, 3 de los 5 marinos imputados por la “Masacre de Trelew”, el médico del hospital Naval Jorge Magnacco en “Plan Sistemático” y en la rémora de la causa Bauer-Pegoraro, el marino entregador (Juan Carlos Herzberg, también condenado en Causa La Cacha de La Plata) y el apropiador civil de Natalia Suarez Nelson-Corvalán; a 3 de los civiles apropiadores de Federico Cagnola Pereyra desde la Esma; y a 1 prefecto en el juicio Campo de Mayo 9.

Además sólo 7 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Barda, Comes, Mariani, Molina, Beccaria, Sambuelli y Benitez) en las causas Mansión Seré, Área Mar del Plata, Hospital Posadas, Furío y Base Aérea Reconquista. Y hubo sólo 10 integrantes de Gendarmería condenados, Víctor Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Fontana-Sandoval, los alferez Guillermo Cardozo y Eugenio Pereyra, en causa ABO 1, José San Julián en causa Unidad Penal 1 de Córdoba y 6 de los 7 gendarmes imputados la causa Arsenales-Jefatura de Tucumán.

Qué tipo de juicios tuvimos
Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 125 procesos realizados, casi la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.

Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 41% de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 11% de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 48% a menos de 25 años. Esto nos hace reflexionar sobre la calidad de la condena con que el Estado valora los crímenes que está juzgando, que son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, y fueron cometidos en grupos de tarea, utilizando el aparto de Estado y con acumulación de casos; pero que muchas veces son equiparados en sentencia en el monto de las penas a delitos graves y de sangre, pero cometidos por delincuentes comunes.

Además hubo en estos 11 años 67 polémicas absoluciones, de las cuales 15 se produjeron en 2013 y 5 en lo que va de 2014. Los perdones por “duda razonable” sobre connotados represores se siguen repitiendo. Desde la incial absolución otorgada al represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; pasando por el torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia; el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA, y el cúlmine de 9 absueltos sobre 22 imputados con que el TOF de Neuquén marcó al segundo juicio por el CCD La Escuelita de Neuquén como el más impune.
Este año 3 prefectos fueron absueltos en el noveno proceso por el CCD Campo de Mayo, donde los doctores Sagretti, Milloc y Barroetaveña del TOF de San Martín anularon sin más sus indagatorias de hace 5 años y los mandaron a casa. Además el agente “S” de inteligencia de la Policía de Rosario, Pedro Travagliante, fue dejado libre de cargos por los jueces Berros, Lopez Arango y Vella. Y el auxiliar de la Sección Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata recibió pedido de absolución por los fiscales Schapiro y Fernández en el juicio La Cacha, pese a que figura como “sargento 1° de Infantería” en la nómina de integrantes de esa dependencia en todo el período ’76/'83. Con ello los jueces del TOF 1 de La Plata Vega, Jantus y Rozanski (en eterna disidencia) lo absolvieron, además de apartar por “cuestiones de salud” al subdirector de Seguridad de la bonaerense de Camps, Eduardo Gargano, a quien tuvieron a disposición y en perfecto estado durante todo el juicio.

Estos casos alertan sobre la necesidad de mejorar el trabajo fiscal y de jueces de instrucción para completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado, y para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias.
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El estancamiento
Curiosamente venimos escuchando desde los sectores oficialistas que cada año que se inicia será realmente “el año de los juicios”, valoración propia de quien analiza en abstracto el proceso en lugar de ir a los números concretos. Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento se va estancando en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. En 2010 hubo 19 juicios con 114 condenas, mientras en 2011 hubo 21 procesos finalizados con 86 condenas, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 el proceso se estancó en 23 juicios concluidos con 161 condenas. Este 2014, a que le quedan dos meses, sumó entonces la magra cifra de 14 juicios concluidos con 72 condenas.

Es grave el estancamiento de la tendencia, a corroborar este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009.
En este sentido es llamativo el optimismo que trasmite el informe sobre el estado de las causas que el Ministerio Público Fiscal publicó en octubre pasado, y que replicaron los medios oficialistas sin el menor análisis. Allí se destacan las afirmaciones parciales e interesadas. Por ejemplo se señala que “las estadísticas muestran que desde diciembre de 2007 la cantidad de procesados creció en más de un 300%” o que “las condenas vienen experimentando un crecimiento de más de un 1.400% desde 2007”. Ello es verdad, pero podría complementarse diciendo que si el proceso de juzgamiento, es decir realizar efectivamente los juicios y llegar a sentencia, se viene estancando, más procesamientos generan un cuello de botella más cercano a un problema que a una solución. Y que, con la misma liviandad que los empleados de Auat y Parenti, se puede afirmar algo tan cierto y relativo como que la cifra de absueltos creció más de un 1.000% desde 2007 o que “sólo en los primeros diez meses de 2014 concluyeron 14 juicios”, cuando es difícil que el año tenga más de 12 meses y lo cierto es que desde 2011 ese promedio anual no bajaba de 20.

El único dato interesante que aporta el informe de los fiscales es que “en este contexto, sólo hay 125 condenas firmes – es decir, sin posibilidad de revisión- en 54 causas, que involucran a 114 personas”. Entonces, las 125 condenas firmes son mucho menos alentadoras que las 635 de primera instancia logradas de 2006 a la fecha. Y mueven a la carcajada si constatamos que, como informan los fiscales, “buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década de 1980 y casos de apropiación de menores”. Ello da una muestra de la falta de celeridad en el trabajo tanto de la Corte Suprema como de las Salas de la Cámara de Casación, encargadas de revisar (para confirmar o rectificar) los fallos de primera instancia.
Aquí es donde entra a pesar la fragmentación de las causas que llegan a juicio, y por eso sostenemos la necesidad de acumular las causas para juzgar por circuito represivo o por CCD: porque sabemos que incluso más juicios por año no es necesariamente más justicia, y porque sumar juicios en abstracto no es lo mismo que destacar que en 2010, 7 de los 19 juicios fueron a 1 o 2 represores, y que esa cifra aumentó en 2011 a 9 de los 21 procesos, se sostuvo en 2012 en 9 juicios, creció a 11 en 2013 y en este año fueron 6 sobre 14 los procesos que juzgaron a 3 represores o menos.
Claro que no siempre esto es destacado por funcionarios de Justicia o Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, ni por el Ministerio Público, ni por la prensa adepta al gobierno, que viene pregonando “el año de los megajuicios” desde comienzo de 2013 y destacando el supuesto “salto cualitativo en el juzgamiento” o afirma que “comenzaron a realizarse los llamados ‘megajuicios’”. Y si bien es cierto que las causas “ESMA3” en la Ciudad de Buenos Aires o “La Perla” en Córdoba llevan más de un año y medio aletargan el conteo de juicios concluidos, habría que recordarle a esa prensa obseKuente que en 2012 sólo 6 de los 25 juicios terminados juzgaron a 10 o más represores, que en 2013 representaron sólo 7 de los 23 procesos concluidos, y que en 2014 sólo el juicio “La Cacha” entró en esa categoría. Es decir que lo que viene habiendo año tras año son largamente más “mini-juicios” que “mega-juicios” terminados.

La distribución geográfica de los procesos llegados a sentencia hasta el 31 de diciembre de 2013 en las 26 jurisdicciones Federales, continuó destacando a la Ciudad de Buenos Aires (con 22 debates concluidos, sólo 1 en 2014), como la jurisdicción donde mayor cantidad de juicios hubo en todo el proceso, seguida de La Plata y San Martín (11 cada una), Tucumán (9), Mar Del Plata (7), y Santa Fe (6).
Sigue siendo crítica la situación de los juicios en los juzgados el interior del país, sobre todo en lo que fueron en dictadura zonas represivas importantes como Córdoba (37 condenas en 5 juicios), Rosario (37 condenas en 6 juicios) y Neuquén (26 condenas en 3 juicios). Peor es el panorama en las provincias de noroeste y noreste del país, que en general no superan los 5 procesos terminados. Los casos más extremos lo representan las provincias de Jujuy y Entre Ríos (2 juicios concluidos cada una) y Río Negro, que tuvo hace 3 años su única sentencia de este tipo de juicios

Apropiaciones y delitos sexuales
En cuanto a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos (contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad), el panorama de juzgamiento ha avanzado con las mismas contradicciones que el resto de los procesos.

Un total de 19 juicios en 11 años, que incluyeron 64 casos y donde se obtuvieron 78 condenas sobre similar número de represores. En esos 64 casos juzgados, siendo que el total de restituciones es de 115 identidades, y pese a haberse juzgado a algunos de los represores responsables de su apropiación, encontramos que en 14 de estos casos los jóvenes aún no han sido restituidos a su verdadera identidad.
La comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, pero como un delito autónomo al de tormentos, sigue siendo resistida por la mayoría de los tribunales del país. En los últimos años sólo los represores Musa Azar y Miguel Garbi en Santiago del Estero han sido condenados por estos delitos. La querella de Justicia Ya La Plata planteó en el juicio La Cacha un concepto amplio de violencia sexual, que no se reduce tan solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD. Pero los planteos fueron rechazados por el TOF 1 porque “no integran el objeto procesal de la causa”.
Sólo los fiscales Nebbia y Palazzani en Bahía Blanca se han atrevido a romper la inercia imperante, y han planteado ampliar indagatorias a un grupo de imputados en esa localidad por delitos sexuales específicos. Recientemente la Cámara Bahiense hizo lugar al planteo, aunque no aceptó el criterio de que esa violencia tuvo un fuerte contenido de género y que todos los delitos sexuales son autónomos a los de tormento.
El castigo, la humillación contra las mujeres incluía los abusos y ataques sexuales y eran acciones cotidianas sin sanción para sus ejecutores, conocida por todos los estamentos militares y formaban parte del plan aún sin la existencia de órdenes expresas y servían para doblegar a la víctima y para aterrorizar al resto.
Tanto la violencia sexual como el miedo a ella constituyen parte integral del “control social de las mujeres”, volverlas sumisas y obedientes, y está motivada por el deseo de dominar y castigar antes que por el deseo sexual. por lo tanto, el delito de violencia sexual ocurrió en un contexto de Plan Sistemático contra la población civil y es un crimen de Lesa Humanidad.
Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido invisibilizadas durante mucho tiempo, por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas. Si la sociedad post dictadura no estaba dispuesta a escuchar y mucho menos a comprometerse en este reclamo, y tuvo que pasar mucho tiempo para poder romper el silencio y poder testimoniar este horror vivido, ahora es tarea de la justicia recepcionar de una vez por todas estos hechos para dar cuenta completa de o que sucedía en los CCD.

La Corte y las domiciliarias
En septiembre pasado la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle domiciliaria a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno.
Para la Cámara de Casación y la Corte los más de setenta años del represor y sus problemas cardíacos, convalidados por el dudoso Cuerpo Médico Forense, ameritan su cómodo alojamiento domiciliario. El cambio de criterio es patente, porque hasta ahora la Corte Suprema priorizaba la cárcel común al contemplar que tuvieron y conservan poder y capacidad de escaparse y complicar las investigaciones. La desaparición aún impune de Jorge Julio López no ha sido suficiente aviso de la capacidad operativa de para los cortesanos.

Tampoco fueron suficientes los casos del represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado por apropiación y enviado a un geriátrico abierto hasta que la propia nieta apropiada lo denunció; ni el de Juan Antonio Azic, sentenciado a 14 años como apropiador de Victoria Donda, que se pegó un tiro en el mentón cuando ordenaron detenerlo en la clínica adonde el tribunal lo había enviado; o el caso del médico de Jorge Magnacco, condenado como entregador de Javier Viñas y Evelyn Bauer, y descubierto violando la domiciliaria con caminatas por el centro porteño; o el de Juan Miguel Wolk, procesado en causa Pozo de Banfield y enviado a su casa para profugarse unos meses con ayuda de su hija policía; o el escándalo de los genocidas Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que tras ser condenados en San Juan se fugaron mientras eran traídos al Hospital Argerich con ayuda de la esposa de uno de ellos, a la sazón enfermera del lugar. Entonces, no sólo se avalan beneficios no otorgados al resto de los condenados comunes, sino que no se controla su cumplimiento, lo que ya generó un precedente aplicado en otros casos (Carlos Mulhal y Miguel Gentil en Salta) y un reguero de pedidos de otros genocidas.

La Plata sigue impune
Para La Plata el año 2014 sumó condenas en el juicio por La Cacha, uno de sus CCD más importantes en cantidad de compañeros que por allí pasaron como en coordinación represiva. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, el juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter se dedicaron a fragmentar la causa y parcializar las imputaciones. El resultado fue que en marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos del año ’77. Así quedaron fuera de este proceso decenas de compañeros cuyo paso por este campo está denunciado hace décadas, igual que un grupo de penitenciarios que nunca fue procesado.
Antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 de los mayores responsables del campo: el gobernador militar, Ibérico Saint Jean y el jefe del Destacamento 101, Alejandro Arias Duval. En la causa continúa prófugo el represor Teodoro Gauto, y fue detenido fuera de término en Panamá Ricardo Von Kyaw.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se perdió la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona (no formaron parte de la acusación casos de apropiación), el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva para el exterminio entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército (tampoco se contemplaron la mayoría de los homicidios probados).
Con esto suman 62 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas (ver tabla 2 adjunta en PDF), la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una ciudad que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.
Pero además hay en la jurisdicción federal de La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a 90 represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 150 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone, al menos sobre el circuito represivo de la Policía Bonaerense en dictadura.

Conclusión
En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Eso se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar.

Hace poco el presidente del TOF 1 de La Plata, Carlos Rosanzki, enunció el gran secreto a voces de los juicios a los genocidas. A la pregunta del portal Infojus sobre cuándo se terminará de juzgar estos procesos afirmó: “El final lo va a marcar la naturaleza, y no algún funcionario del Estado. Yo hice una proyección, hace cinco años, que los juicios tardarían 100 años en terminarse”. (1)
Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia que planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.

Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica” antes de retirarse en 2015 es, además de impracticable, una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.

(1)http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/etchecolatz-se-quiso-parar-al-principio-de-la-audiencia-pero-lo-frene-6277.html

A 38 años del golpe genocida seguimos luchando por:

- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.

- JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN O CIRCUITO REPRESIVO. – RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. NO AL TRASLADO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ. – BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO. – BASTA DE GATILLOCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS. – BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡¡¡PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!


HIJOS LA PLATA

fuente : Agencia Para La Libertad, 

APL - postaporteñ@ 1279 - 2014-11-08 22:39:56
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Uruguay- Sobre la defensa nacional: Quién necesita soldados

¿Uruguay necesita fuerzas armadas? Depende de cómo se defina la defensa nacional, que es tanto civil como militar. Los recursos naturales y el creciente tráfico marítimo agregan una nueva dimensión

Miguel Arregui sáb nov 8 2014  Que Pasa, El Pais

Un pequeño y rudimentario tanque M3 Stuart, que ya estaba superado cuando empezó a producirse en 1941, destaca en el exterior del Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 9. En realidad, en Santa Clara de Olimar, una villa de 2.500 pobladores del departamento de Treinta y Tres, sobre la cuchilla Grande, que decae desde hace más de medio siglo, casi nada destaca, salvo las tumbas de Aparicio y "Chiquito" Saravia y el fantasma de Juana de Ibarbourou, quien vivió allí un tiempo, tras casarse en 1913 con el capitán Lucas Ibarbourou.

Pero el traslado del Regimiento de Caballería Nº 9, que durante un siglo estuvo en Piedras Blancas, Montevideo, le dio un poco de aire y vida: viviendas renovadas para las familias de la tropa, escuelas repletas, almacenes mejor provistos y prostíbulos renacidos.

La mudanza realizada en 2012 forma parte de un redespliegue de varias unidades militares que antes estaban metidas en plena trama urbana de Montevideo. Los regimientos se trasladaron a Durazno, Sarandí del Yi y Santa Clara de Olimar, más cerca de las fronteras y donde es más fácil captar y retener tropa. "Con pleno empleo y pagando los salarios más bajos de la administración central, al Ejército se le hace muy difícil conseguir reclutas", dice a Qué Pasa Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa Nacional.

Gasto militar en contexto

El presupuesto militar en América Latina promedia el 1,3% del Producto Bruto (PBI). Los que gastan más en proporción a sus PBI son Cuba, Ecuador, Panamá, Colombia y Chile. Los que gastan menos son los países de América Central, Argentina y Uruguay. Eso no significa que el gasto uruguayo sea exiguo, pues su Producto Bruto es muy superior al de los países de América Central. Más aún: Uruguay tiene el PBI per capita más alto de América Latina (en torno a US$ 17.000), seguido por Chile (menos de US$ 15.000 por persona), Brasil (US$ 11.000) y Argentina, que ha decaído mucho en el largo plazo. Uruguay además tiene un porcentaje relativamente alto de su población (0,66%) integrado a las Fuerzas Armadas, cifra sólo comparable a las de Cuba y Venezuela.

Pero en términos absolutos, en dinero puro y duro, el mayor presupuesto por lejos es el de Brasil, que sólo en 2014 destinará a Defensa unos 31.600 millones de dólares. Le siguen Colombia, México, Venezuela y Chile, de acuerdo al informe 2014 de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe.

Chile, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú y Nicaragua son los que destinan el mayor porcentaje del gasto a inversión o compra de armamentos, en tanto el gasto de los otros países —en particular el de Uruguay, Paraguay y Argentina— está dominado por el pago de salarios y pasividades.

Todo se transforma

En el caso de Uruguay, alrededor del 80% del gasto es para retribuciones y pensiones, en tanto sólo el 20% se destina a funcionamiento e inversión. Por eso, porque hay poco dinero para comprar cosas, los viejísimos y casi inútiles tanques M3 Stuart, como el que adorna el frente del Regimiento de Santa Clara de Olimar, fueron usados más allá de lo razonable y luego guardados por las dudas. Ahora los tanques de "primera línea" son un puñado de viejos T-55 soviéticos, capturados y remodelados por Israel en sus guerras con los árabes de 1967 y 1973, y los livianos y antiquísimos M-41 Walker Bulldog y M-24 Chaffee, con más de 60 años de uso, además de algunos EE9 Cascabel sobre ruedas comprados a Brasil en 1981.

En las Fuerzas Armadas uruguayas nada se destruye y todo se transforma

En 30 años el dinero destinado a la Defensa ha crecido casi siempre por debajo del Producto Bruto Interno e, incluso, de la inflación. En el largo plazo es una caída abrupta y un empobrecimiento cierto. Refleja una política de Estado de reducir el presupuesto y la cantidad de personal y equipo de las Fuerzas Armadas, que había alcanzado un alto nivel en torno a 1980, en plena dictadura militar.

En la última década Uruguay ha destinado entre el 1% y el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) a la Defensa nacional, o alrededor del 7% del presupuesto del Estado. En 2014 se prevé que el gasto sea del 1,1% del PBI (y de 2,5% si se incluye también la Seguridad, que involucra al Ministerio del Interior y a la Policía)

El Ejército uruguayo cuenta con unos 15.400 efectivos, hombres y mujeres; la Armada alrededor de 4.650 y la Fuerza Aérea unos 2.500. Total de efectivos militares: 22.550. Hay además cerca de 1.500 empleados civiles, desde Sanidad Militar hasta Meteorología.

El armamento procede de las más variadas fuentes: de cada pueblo un paisano, todo un lío logístico y técnico.

De hecho Uruguay no participa en una guerra contra otro estado desde la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, en 1865-1869. Declaró la guerra a Alemania y Japón en febrero de 1945, cuando la derrota de ambos países era un hecho, y fue una acción meramente simbólica. En torno a 1950 las relaciones con la Argentina de Juan Domingo Perón fueron en extremo tensas. Uruguay adquirió material moderno a Estados Unidos, excedente de la Segunda Guerra Mundial, desde aviones a fusiles, y estrechó su alianza política con Washington.

La última guerra civil data de 1904, aunque los militares intervinieron para sofocar intentos de revueltas políticas en 1935 y contra la guerrilla de los Tupamaros y otros grupos a partir de 1971.

Es cierto que las misiones de paz en el exterior, en las que Uruguay tiene una participación muy amplia en proporción a sus fuerzas, permiten matar varios pájaros de un tiro. Hay 1.190 efectivos en la República Democrática del Congo y 615 en Haití. Ganan un buen dinero extra, mantienen cierto nivel de entrenamiento y se adquiere algún armamento relativamente moderno. La joya es el fusil de asalto austríaco Steyr AUG, que comenzó a utilizarse en 2008. Pero también cuentan con cerca de 40 transportes blindados de personal Mowag Cougar, sobre seis ruedas motrices, comprados a Canadá y restaurados en Chile, que permitieron pasar a retiro a un montón de trastos muy usados que se compraron a precio vil a ejércitos de los ex países socialistas del Este de Europa.

El lío que se va a armar

Pero la defensa nacional es un asunto bastante más complejo que la compra de fusiles y blindados y el entrenamiento para una defensa heterodoxa.

En América Latina no se registran conflictos armados directos entre Estados vecinos desde la década de 1990, cuando Perú y Ecuador se tomaron a los golpes por última vez. Las tensiones fronterizas no han desaparecido, ni por asomo, pero la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la defensa de los recursos naturales marcan un nuevo escenario de la defensa de la región.

De hecho Uruguay tiene un montón de obligaciones en su plataforma oceánica que no está en condiciones de cumplir: asistencia y defensa de las plataformas de prospección petrolera que ya están trabajando, control de la pesca clandestina, auxilio al tráfico marítimo, control del tráfico ilegal y hasta lucha contra la piratería.

La situación de la Armada uruguaya es más bien desastrosa. Su moral fue minada por los escándalos de corrupción sin fin que llevaron a la cárcel a varios oficiales y a un ex comandante en jefe, mientras otros continúan bajo investigación. El presupuesto es exiguo, el nivel de entrenamiento muy bajo, y las viejas fragatas de origen luso-francés, con casi medio siglo de uso, no están en buenas condiciones y no son muy adecuadas para sus tareas.

En términos relativos al resto de los países del continente, el Parlamento uruguayo tiene un fuerte control sobre las Fuerzas Armadas, ya que aprueba el presupuesto y la designación de oficiales superiores.

En junio la Comisión de Defensa del Senado, integrada por referentes de los principales partidos políticos, resolvió recomendar al próximo gobierno la compra de "patrulleros oceánicos adecuados". Se habló de tres unidades nuevas, capaces de llevar misiles y helicópteros para controlar el enorme territorio marítimo uruguayo 

"Les va a volar la bata cuando se discuta el próximo presupuesto nacional. ¿Sabe lo que sale eso, no? Comprar algo que sirva para el control del territorio marítimo cuesta algunos centenares de millones de dólares; lo otro es mentira", dice Fernández Huidobro. En tanto ministro, él es el conductor político de la defensa nacional. "Ahora estamos discutiendo qué vamos a hacer con las plataformas de prospección petrolera —dice—. Tenemos responsabilidades internacionales por las perforaciones. Un derrame por impericia o falta de seguridad puede causar un desastre que afecte también a países vecinos".

"En la entrada de los canales de navegación que conducen a Montevideo, Buenos Aires y Nueva Palmira tenemos ciudades flotantes en espera. Además recibimos 240 cruceros por verano, con 600.000 personas a bordo. Es como el cruce de Giannattasio con la Interbalnearia pero sin un policía que toque el pito", ironiza.

Una patrullera de zona marítima (OPV: offshore patrol vessel) de última generación, de entre 1.500 y 1.750 toneladas de desplazamiento, cuesta entre 50 y 100 millones de dólares, y los helicópteros que las equipan (por lo menos el AS365 Dauphin, similar al que posee la Fuerza Aérea Uruguaya para servicio médico y transporte presidencial) suman al menos otros 10 millones por unidad. Total: entre 200 y 330 millones de dólares, sin contar el entrenamiento de la tripulación, la compra de misiles y municiones, repuestos y mantenimiento.

El sueño F-5. Si el uso y mantenimiento durante décadas de los viejos tanquecitos M3, como ese que engalana la puerta del Regimiento de Santa Clara de Olimar, fue una hazaña, qué decir del mantenimiento de los aviones de ataque de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), modelos que no se producen desde hace décadas.

Los pequeños jets Cessna A-37 Dragonfly han volado durante 40 años y podrán hacerlo durante dos o tres más gracias a la donación de repuestos y algunos fuselajes que realizó Ecuador. Los Pucará comprados a Argentina en torno a 1980 son sencillos biturbohélices COIN (Contra Insurgencia, o guerrilla) cuyos motores de origen francés no se fabrican más.

Pronto Uruguay contará con cobertura radar de todo su territorio, incluyendo el marítimo, gracias a una red de radares fijos y móviles. Pero no dispone de aviones rápidos como para interceptar un pequeño aparato, como los que usan contrabandistas y narcotraficantes, desde que es detectado traspasando la frontera hasta que se retira tras dejar su carga. Los A-37, los Pucará o los entrenadores Pilatus PC-7 tampoco podrían amenazar seriamente a un barco que ingrese en aguas territoriales, a 300 o 600 kilómetros de la costa.

Desde hace décadas la Fuerza Aérea Uruguaya sueña con los caza-interceptores Northrop F-5. Es relativamente sencillo y fácil de mantener pero tiene prestaciones supersónicas. Se produjo en la década de 1960 y, en plena Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos fomentó su venta a naciones aliadas bajo del nombre de Freedom Fighter ("Caza de la Libertad"). Brasil y Chile cuentan con ellos, entre otros países de la región.

Uruguay alcanzó un principio de acuerdo para comprar a Suiza una decena de F-5 a un costo total de unos 100 millones de dólares. "Son sencillos, indestructibles y están muy bien —explica el ministro Fernández Huidobro—; son Ford A mantenidos por los suizos: se puede almorzar sobre sus motores".

Sin embargo, según informó el 4 de noviembre el portal Infodefensa, el Ministerio de Defensa suizo emitió un comunicado en el que desmintió cualquier tipo de negociación pues toda transferencia de armas debe ser resuelta por el Parlamento. De hecho, hace unos meses los suizos rechazaron en un referéndum la compra a Suecia de los modernos cazas Saab 39 Gripen (que sí adquirió Brasil), por lo que su fuerza aérea deberá estirar el uso de los F-5.

"La Aviación, vanguardia de la Patria", el lema de la Fuerza Aérea Uruguaya, tiene mucho de espejismo

Pequeño contra gigantes

A lo largo de la historia Uruguay se respaldó en Gran Bretaña o Estados Unidos cuando sintió en riesgo su integridad territorial. Poco después del 900, cuando Argentina bajo el canciller Estanislao Zeballos se mostró muy agresiva, se recostó en Brasil; y cuando Brasil miró para otro lado a partir de 2003 durante las diferencias por la fábrica de Botnia, tanto Jorge Batlle como Tabaré Vázquez acudieron a George W. Bush.

La posibilidad de un conflicto bélico por ese asunto fue sondeada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires en 2007, según cables confidenciales divulgados por WikiLeaks en 2011. También en 2011 Tabaré Vázquez admitió que, cuando las diferencias por la fábrica de Botnia se agravaron, solicitó apoyo político a Washington. Vázquez recibió a Bush en Uruguay en marzo de 2007. “Si me necesitas, llámame”, le dijo Bush, y también afirmó en público: “Si Uruguay necesita alguna cosa sólo tiene que levantar el teléfono y pedirlo, porque cuenta con Estados Unidos”. Esa cercanía también se dió en torno a 1950, durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

Militares uruguayos se entrenan en técnicas de guerrilla para enfrentar conflictos con países más poderosos: una “resistencia nacional” que una a civiles y militares. Los ejemplos son variados: argelinos contra Francia, Vietcong contra estadounidenses, chechenos contra rusos y más.

Una nueva frontera

Las aguas territoriales uruguayas se extienden hasta 200 millas náuticas de la costa (370 kilómetros). Suman más de 120.000 kilómetros cuadrados, que equivalen a casi el 70% de la superficie terrestre del Estado, y puede ser extendida hasta las 350 millas, un territorio enorme cuyo límite exterior estaría a 650 kilómetros de la costa.

La probable existencia de grandes yacimientos de gas y petróleo bajo el océano aumenta considerablemente su valor estratégico. Se requieren nuevas unidades navales y aéreas.

- postaporteñ@ 1279 - 2014-11-08 22:23:30
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Diosdado y el drama en el PSUV

Por: Sebastiana Barráez Pérez
 semanario Quinto Día Edición 928 - 11/07/2014 ( extractos)

CABELLO. Es el presidente de la Asamblea Nacional. Su propuesta de “díganme dónde están los chavistas designados en cargos que estén cometiendo actos de corrupción”, trajo ruido. Pero sobretodo puso en alerta a más de un pillo y más de una bandida que con el cuento de que “la revolución está en peligro” han vivido por años a costa de la revolución y creyéndose que gozan de patente de corso disfrazándose de rojo

Cabello dijo, palabras más palabras menos, que ningún funcionario tenía que sentirse ofendido porque se le investigara, ni era delito proponerlo. Si algo ha perjudicado al Psuv y al gobierno es la certeza de que la corrupción avanza y no se sanciona a nadie, que la Contraloría General hace mutis cuando se trata de funcionarios chavistas. Pero además, que tras el chavismo se escudaron jueces como Aponte Aponte, narcos como Mackled, gobernadores como Isea, Jiménez, Gallardo, Manuit, etc. A eso súmele funcionarios militares y policiales. Si se hubiesen oído las señales de alerta de los propios militantes chavistas, mucho de esos actos de corrupción no hubiesen quedado impunes.

PSUV. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Cabello trata de detener la crisis y de acercar a aquellos que pueden retornar al partido de gobierno. Son varias las organizaciones que están surgiendo, algunas abriendo tienda aparte y otros por las diferencias con la tolda roja. Entre las organizaciones que surgen está la que lideriza William Izarra, junto con Alexis Campos, José Molleja y Alfredo Aular y quien ha estado solicitando al CNE que le asigne la denominación provisional del partido Democracia Directa. “El movimiento es independiente del Psuv, estaríamos dentro de la corriente de izquierda… rescatará el legado del comandante Hugo Chávez”. En el estado Falcón, les dije en la edición anterior, desde el 2009 surge una organización, nacida a la sombra de la Secretaría de Protección Social de la Gobernación, que quiere ser partido; cuatro de sus fundadores son familiares director de la gobernadora Stella de Montilla. “Nos encontramos en una encrucijada: mantener la disciplina de la irreverencia o pecar de contrarrevolucionarios…”, dicen en el documento de justificación. Otra agrupación la estaría armando Yoel Acosta Chirinos y Carlos Guyón, comandantes del 4-F, a la que se acerca Henry Falcón. Otro grupo es Marea Socialista, una corriente del PSUV que nació en el 2007, presente en varios estados. El coordinador de los Círculos Bolivarianos, Rubén Mendoza, dice que “no somos infiltrados, somos creación de Chávez”. No es casual que la carta del ex ministro Jorge Giordani haya sido recibida con buena aceptación por Marea Socialista. Y de inmediato haya salido Navarro y Ana Elisa Osorio a respaldarlo. MS pretende que el CNE los acepte como partido, para presentar planchas propias en las parlamentarias del 2015. Otros que siguen con la revolución pero lejos del Psuv son Temir Porras, Vanessa Davies, Tovy Valderrama, etc. El tiempo dirá si Diosdado pudo saldar las brechas.

OTRO. Es Ramón Alfonzo Ortega Gamarra. Fue víctima de estafa electrónica con dos transferencias electrónicas. Eso fue el 14 de octubre 2013. Lo supo por una llamada hecha a las 6:20 pm al teléfono de su esposa. Desde su cuenta del BOD N° 0116-0021-56-0007930186 le sacaron Bs. 3 mil y de inmediato Bs. 33 mil 600. El 15/10/2013 hace el reclamo ante el banco, que el 29/10/2014 respondió que no era procedente. Denunciaron ante Sudeban el 20/11/2013, pero la respuesta que les dan desde entonces es: “llame dentro de 15 días”

SENIAT. Es un funcionario adscrito a la Aduana principal de Ciudad Guayana, que iba en una unidad oficial. Fue detenido en flagrancia por contrabando de extracción y desvío de alimentos. Eso fue el 4 de octubre en el municipio Gran Sabana. A este mayor retirado del Ejército, quien era jefe de servicios generales, lo detienen en un punto de control de la Guardia Nacional. Era hombre de confianza, con afinidad familiar, de su compañero de componente, coronel y gerente. Lo pusieron a firmar una carta de renuncia con fecha anterior a su aprehensión. Cuando lo detienen portaba su carné vigente como funcionario del Seniat. ¿Quién autorizó a ese mayor para movilizar una unidad oficial desde Puerto Ordaz hasta la Gran Sabana, que son unos 700Km? No era la primera vez. Lo tenían en Santa Elena de Uairén así como el camión cava.

SUCRE.Es el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. En la sede de Ciudad Bolívar los profesores reciben de pago por hora trabajada de Bs. 10 a 12. Muchas veces los baños no funcionan, el agua falla. Casi todos los semestres aumentan la mensualidad. En el quinto semestre los estudiantes deben defender su trabajo de investigación y la pasantía en el sexto semestre; a los gastos normales tienen que agregarle los festejos para las cuatro defensas. Una constancia de notas certificadas, Bs. 150, una carta de culminación Bs. 500, por inscripción tardía Bs. 300. Y en el núcleo de Punto Fijo crean mecanismos para obligar a los graduandos a pagar Bs. 10 mil para poder graduarse en un acto que monta la institución violando lo dispuesto por el Ministerio de  Educación. Y si el graduando no tiene para pagar le dicen que se graduará por secretaría, pagando un monto que se niegan a especificar y que el título le llegará quién sabe cuándo.

AMADO.Es Nervo, cuyo verdadero nombre es: Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz. Este poeta mexicano quien murió en 1919 a los 49 años de edad, es un exaltador de la melancolía. Un día escribió:  “Cuántos, pues, habrán amado/ como mi alma triste amó…/ y cuántos habrán llorado/ como yo!/ ¡Cuántos habrán padecido/ lo que padecí,/ y cuántos habrán perdido/ lo que perdí!/ Canté con el mismo canto,/ lloro con el mismo llanto/ de los demás,/ y esta angustia y este tedio/ ya los tendrán sin remedio/ los que caminan detrás./…/ Mas tiene cada berilo/ su manera de brillar,/ y cada llanto su estilo/ peculiar”.

Última Hora

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