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Ante La Muerte De Mi Hijo

La muerte de mi hijo me ha provocado una serie de reflexiones. Escrita esta línea, compruebo que por primera vez me refiero a él como lo que fue, un fruto de mis amores juveniles, sangre de mi sangre, como dicen los clásicos, en vez de nombrarlo por su nombre de pila, que ni siquiera fue el primero, ya que su nombre era Héctor Daniel. Héctor como yo, que estuve orgulloso de ser su padre.

Con el paso del tiempo, diversas circunstancias, entre las que se cuenta el abandono que ambos sufrimos nos convirtieron en dos seres que lucharon por algo tan elemental como ganarse un lugar en este mundo.

Por aquellos años yo era uno de los cientos de quijotes que creímos que debíamos cambiar el mundo para que nuestros hijos no sufrieran las injusticias de la sociedad en que habíamos nacido. Ignoro qué sienten o sintieron quienes ayer me acompañaron en esa empresa inútil, pero hoy sé que lo abandoné, privándolo de su pequeña felicidad de crecer junto a un padre al que quería. El abandono era loable, me dije entonces, porque mi lucha, nuestra lucha, era por la felicidad de todos los hijos. La suya incluida.

Nunca me lo perdonó. Yo quise compensarlo de varias maneras, ayudándolo en sus momentos de necesidad, que aunque fueron muchos nunca pudieron compensar el dolor inicial.

Como toda mi familia sufrió el escarnio de llevar mi apellido. Cuando en 2013 inicié el intento de reivindicarlo denunciando la mentira histórica con que una generación de uruguayos ha crecido, no me apoyó y desde entonces no tuve noticias de él.

Una llamada el miércoles 29 me anunció su muerte. A punto como estoy que nuestro nombre no sea usado más como insulto, soy consciente de que ese esfuerzo, que ha servido para que esa misma generación de uruguayos  que crecieron en la mentira comience a ser conscientes de ello, me doy  cuenta que no me compensa del dolor de nuestra separación.

Vos y yo sabemos que ya es tarde y que todo lo que nos han contado sobre el más allá es mentira, así que sólo puedo decirte adiós, hijo.

Amodio - postaporteñ@ 1748 - 2017-04-03 21:10:24
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El fin del Bloqueo a Cuba y la abolición de la ley "Pies Secos Pies Mojados":

Una visión desde la perspectiva de sistemas-mundo

de Immanuel Wallerstein

Rodolfo Crespo

A Ana Belén Montes, la lucha por cuya libertad después de la liberación de los CINCO no debe olvidarla el pueblo cubano, ni nadie que se precie realmente de ser tan sólo persona progresista.

A Immanuel Wallerstein, que nos ha enseñado que la verdadera unidad de análisis no son las economías nacionales, sino la economía-mundo capitalista como un todo.

A mi hijo, que siendo apolítico como es supo comprender la esencia sistémica: “papá para ti la culpa de todo lo que ocurre la tiene el capitalismo”. ¡Pues sí!, en todos los casos y no sólo en la archipolémica “última instancia”.

A la recepcionista del Centro Internacional de Buceo María La Gorda, que a una pregunta nuestra nos dio una magistral definición empírica de Geocultura liberal: “la playa que esta frente al establecimiento es pública, pero sólo tienen permitido el acceso a ella los turistas y clientes que estén alojados en el mismo”.

Lo que se conoce como el bloqueo a Cuba es un conjunto de medidas económicas, financieras, comerciales y políticas que EE. UU. impuso a la Isla caribeña tan pronto triunfa la revolución que llevó al poder a Fidel Castro y un grupo de “barbudos” el 1 de enero de 1959. Casi todos los historiadores se ponen de acuerdo en que fueron las nacionalizaciones a ingenios azucareros, industrias generadoras de electricidad, una ley de reforma urbana que otorgó la propiedad del inmueble a quien vivía en él y sobre todo la reforma agraria que, además de entregar la tierra a quien la trabajaba, expropió los grandes latifundios cañeros que controlaban las mejores tierras del país, muchas en manos norteamericanas, las que motivaron lo que algunos medios han tratado de desvirtuar considerándolo un embargo.

¿Qué significó para Cuba como Estado y para el pueblo cubano el bloqueo económico que EE. UU. le impuso a la Isla desde la perspectiva de sistemas-mundo?

En primer lugar, Cuba fue parcialmente expulsada del sistema-mundo capitalista, impidiéndole mantener relaciones económicas con la potencia hegemónica del sistema la que, como agravante, había moldeado su estructura económica durante más de un siglo/1, privándole comerciar con la nación que en la época en que triunfa la Revolución era responsable de más de un tercio del PIB mundial, a lo que se suma el desventajoso hecho de no poder disponer del mercado no solo mayor del mundo, sino tan cercano al mismo como es a escasos 120 kilómetros de sus costas

En segundo lugar, el bloqueo norteamericano a Cuba la echó en brazos de la otra potencia mundial (no tuvo otra alternativa) la Unión Soviética, la que como resultado de los acuerdos de Yalta, había creado una zona de influencia en torno suyo. De ese bloque, pero fundamentalmente  de la URSS llegaría el petróleo que EE.UU. le negó, el mercado que compró el azúcar (principal y casi único producto de exportación) que EE. UU. le había comprado durante casi 200 años, el transporte que circuló en la Isla, las piezas de repuesto, medicinas y sobre todo las armas con las que  se defendería de la agresiones del país capitalista más poderoso de la tierra. En resumen Cuba siguió siendo, aunque con algunos matices, casi igual que antes: monoproductora y monoexportadora de azúcar, dependiente de un solo mercado y multiimportadora de mercancías y productos de todo tipo de un solo país.

En tercer lugar, Cuba comenzó a conocer un tipo de relaciones económicas (que desarrollaría durante 30 años) en las que estaría casi completamente ausente la todopoderosa ley del valor que con su omnipotencia y salvajismo característico rige los destinos del mundo del que Cuba se había semiapartado.

Sin embargo, la parcial proscripción de Cuba de la economía-mundo capitalista, y esto es bueno destacarlo, no impidió que la misma superara la estructura económica propia que caracteriza a los países que integran la periferia del sistema capitalista: producciones de escaso valor agregado y desarrollo unilateral de una o dos ramas económicas, preferentemente de sectores primarios.

En el caso de Cuba, más de tres décadas después de haber estado ausente de manera activa de los principales espacios de la economía mundial, el país no solo continuaba con una excesiva preponderancia del sector azucarero en su organización económica, en una época en que el azúcar perdía terreno frente a otros edulcorantes en la dieta y la repostería mundial, sino que en el transcurso de esos treinta años la desarrolló aún más, llegando a construir ocho nuevos centrales azucareros que se agregaban a los cerca de 150 existentes, se atrevieran a asaltar la barrera psicológica de los 10 millones de toneladas  de azúcar (casi 4 millones más que en los mejores años del periodo pre revolucionario), con la única salvedad que no importaron cientos de miles de braseros jamaicanos y haitianos y tecnificaron las inhumanas tareas de la fase agrícola del cultivo y recolección de la plantación cañera, lo que además de ser una formidable conquista social era a su vez un imperativo económico y de productividad que tampoco se podía soslayar, pero que no eximió a la producción azucarera de mostrar el enorme gigantismo cuando, una década después de desaparecer el mal llamado campo socialista y la URSS, habían sido desmantelados casi dos tercios de los ingenios /2 y abandonadas muchas de sus plantaciones a su propia suerte.

Este problema que Cuba arrastra desde la época colonial, y vale la pena remarcarlo, no puede imputarse a la irresponsable actitud de unos avaros funcionarios metropolitanos en la época de la colonia, ni achacarse a la corrupción y entreguismo de los gobiernos burgueses, por más que también lo hayan sido, en el periodo neocolonial, ni al hecho de que dentro de la “supuesta” división internacional del trabajo del “bloque socialista” el papel de Cuba fuera abastecer de sacarosa al mismo (el Comandante Fidel Castro se enorgullecía de que Cuba producía calorías en azúcar equivalentes a la alimentación de 40 millones de personas, cuando Cuba sólo tenía once millones), sino al hecho de que en la compartimentación mundial de la única división internacional del trabajo que existe –la capitalista– Cuba, como la inmensa mayoría del sistema-mundo moderno, ocupa los puestos más bajos en la cadena de producción de valor /3 (la esencia, savia, gasolina y carburante del sistema)

Tanto es así, que en la nueva inserción de Cuba a la economía-mundo capitalista tras el fin de los comunismos, a lo más que a podido aspirar es al desarrollo de una economía de servicios (turismo y médicos laborando en el exterior) que, como se sabe, no producen valor, sino tan solo participa en la redistribución del mismo que previamente haya sido creado. Esto no es un asunto de talento ni de astucia de los actuales planificadores cubanos; en la economía-mundo capitalista a la que Cuba ahora se reintegra plenamente “la política no tiene medios autónomos de intervención…en la sociedad del valor la política se encuentra en una relación de dependencia con respecto a la economía”/4

Los efectos del verdadero bloqueo lo sintió la población cubana tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, cuando sobrevino sobre la Isla lo que sus habitantes llamaron “doble bloqueo”; por una parte, se cortaron casi todos sus vínculos forjados durante 30 años, como se ha dicho, con el mal llamado campo socialista; mientras por el otro lado, ante la euforia triunfalista y la creencia ciega en que la “teoría del dominó” también llegaría a Cuba y su peculiar sistema socio-político, el gobierno de EE. UU. arreció las medidas que profundizarían y retorcerían el bloque aún más, llegando a la aberración extrema de prohibir la entrada a EE. UU. de toda persona que anteriormente hubiese visitado Cuba y legislándolo por primera vez, algo que nunca se había hecho, primero en la llamada ley Torricelli y después de forma más acabada en la siniestra ley Helms-Burton, cuya efectividad ha sido tan férrea que impide, incluso a cualquier presidente norteamericano derogarlo con un simple decreto presidencial, pese al inmenso poder que éstos detentan. En efecto, así le sucedió a Obama el que, sin la anuencia del Congreso, no pudo ir más allá de iniciar relaciones diplomáticas y permitir la apertura de embajadas.

No obstante, el hito que significó el  anuncio  simultáneo en La Habana y Washington, el 17 de diciembre de 2015, sobre el inicio de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de EE. UU. y Cuba, que creó las condiciones para que en el transcurso de 2016, 284 937 ciudadanos norteamericanos visitaran la Isla a lo que ayudó el comienzo de los vuelos directos a aeropuertos de distintas ciudades cubanas (que en 2017 serían de manera regular 110 diarios), es desde comienzos del siglo XXI y aprovechando la coyuntura de los devastadores efectos del huracán Michelle a la mayor de las Antillas, que el bloqueo comercial comienza a resquebrajarse, con la licencia que recibe  la empresa cubana Alimport para adquirir ciertos tipos de alimentos en EE. UU., aunque con el obstáculo que representaba el hecho de que había que pagarlos con dinero contante y sonante, sin mediación de ninguna entidad financiera y que seguramente posibilitara el hecho de que su presidente, presuntamente con dinero recibido a cambio de sobornos, traicionara al gobierno cubano y se fugara a hacia EE. UU. donde hoy es un “exitoso” empresario.

Entonces, ¿a quién corresponde el mérito del cese del bloqueo: a la perseverante resistencia y lucha del pueblo cubano que lo ha hecho uno de los más ingeniosos del mundo, a la ocasionalidad de un catastrófico huracán, o a los impulsos congénitos de una economía-mundo que busca por imperativo económico sistémico absorber todos los espacios existentes en su ansia de incesante acumulación de capital?

Sería absurdo no reconocer que hay una mezcla de todos, pero sería necio negar y así se aprecia desde la perspectiva de sistemas-mundo que ha sido cuando EE. UU., la potencia nuclear del sistema, ha decidido incorporar el espacio económico de Cuba, con la apetencia que ofrece su virginidad a la órbita de explotación del capitalismo mundial, el que ha dictaminado el fin del bloqueo sentenciándolo definitivamente a muerte. La lucha de Cuba contra el bloqueo que la ha llevado a presentar durante 24 años consecutivos una resolución contra el mismo en la Asamblea General de las Naciones Unidas puede ser vista, además de un reclamo justo, como un sostenido intento por incorporarse al sistema-mundo del que formó parte desde el siglo XVI, del que después se expulsó, y con el que lleva luchando desde el principio por reintegrarse nuevamente a él, hecho que parece será total entre 2018 y 2020 según el ex ministro de economía de Cuba y articulista de Cuba Contemporánea José Luis Rodríguez García /5

Junto al bloqueo de EE. UU. a Cuba, concomitante con él ha estado siempre y lo ha acompañado desde el principio la “ley de ajuste cubano” /6 conocida también como “pies secos pies mojados”; una relación tan estrecha que si nos atenemos a que los acontecimientos históricos no comienzan ni terminan en un día determinado del calendario, entre uno y otro no hay más que 4 ó 5 años en que fueran promulgados y sí, como se espera, la supresión oficial del primero se produce entre 2018 y 2020, como la segunda (ley de ajuste) se ha derogado definitivamente ya el 12 de enero de 2017, el nexo entre los dos no puede ser más estrecho, casi que ambos serán revocados al mismo tiempo.

¿Por qué esa estrecha relación entre el bloqueo y la ley de ajuste cubano?

¿Por qué la complementación entre uno y otro ha sido tan ceñida que tan pronto el primero se ha visto moribundo y agónico la segunda se elimina y suprime?

Nada explica mejor estas interrogantes que la perspectiva de sistemas-mundo. Cuando una región no pertenece al sistema-mundo (para el caso es igual a cuando se expulsa) éste asume una posición indolente respecto a la fuerza de trabajo en particular (elemento fundamental de las fuerzas productivas de cualquier modo de producción) y de la población en general, sintiéndose “indiferente acerca de las consecuencias económicas para la región de crianza de una sustracción a gran  escala de mano de obra” /7

El ejemplo histórico más simbólico fue la extracción de millones de personas de África durante los siglos XVI, XVII, XVIII para trasladarlos hacia las plantaciones de caña, café y algodón en América. Ese comercio de personas continuó durante el siglo XIX bajo hegemonía española, aunque perseguido implacablemente por los ahora acérrimos humanistas ingleses (¡sic!), y no se interrumpió definitivamente hasta la segunda mitad del siglo cuando África es incorporada a la órbita del capitalismo mundial.

Salvando el espacio, los siglos de distancia y la magnitud del hecho EE. UU. actuó de manera similar con Cuba tras la implantación del bloqueo a inicios de los años 1960. Con la ley de ajuste cubano, transformada después en la ley “pies secos pies mojados” estimuló el éxodo de personas hacia EE. UU. sobre todo de jóvenes, posibilitando a los cubanos que llegaban a pisar tierra en ese país  a recibir permiso de trabajo, pensión alimenticia, seguro de salud y derecho de residencia al año y luego el derecho a pedir la ciudadanía norteamericana.

Desde los años 80 del siglo pasado EE. UU. firmó acuerdos migratorios con Cuba en los que se comprometía a otorgar 20 mil visas anuales, nunca los cumplió, privilegiando los canales de salida ilegales alentaban el robo de embarcaciones y aeronaves, aún al costo de cometer asesinatos para lograrlo, animando a la deserción de profesionales y deportistas cuando salían a competir o en misiones de trabajo al exterior, como la del personal médico y paramédico junto con sus familiares, el conocido “Programa para Profesionales Médicos Cubanos”. Las escasas visas se concedían solo a personas adultas muy mayores que por su naturaleza no solo no eran posibles inmigrantes, sino que por su avanzada edad no eran proclives a cometer fechorías para abandonar el país ni a lanzarse en una improvisada balsa al mar que demostrase, al pisar tierra en un cayo al sur de La Florida, lo que los cubanos eran capaces de hacer y los riesgos que estaban dispuestos  a correr por huir de la “dictadura comunista”; por eso, al director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, le sonaba un poco sarcástico el argumento de unos 400 antillanos alojados en albergues de la Iglesia Católica de ese país centroamericano, de que huían de Cuba porque eran perseguidos por el gobierno de la Isla: razonamiento insólito porque “parece muy extraño que alguien se declare perseguido y salga legal de su país por un aeropuerto” /8 como lo hicieron aquellas personas, eso es algo que “no suena lógico” decía el funcionario panameño.

El impedimento a viajar legalmente primero y el incumplimiento de la promesa de las 20 mil visas anuales después crearon varias situaciones de crisis migratoria: Camarioca en 1966, Mariel en 1981, los balseros en 1994 y el de la frontera de Costa Rica con Nicaragua en 2016.

Toda esta política cumplía dos objetivos: por una parte, no importaba desposeer a Cuba de su fuerza de trabajo, la mayoría muy valiosa y calificada, cuyo costo de formación no había sido precisamente bajo, ya que a ésta la habían proscrito del sistema-mundo, como había ocurrido con el África occidental y subsahariana  durante 300 años; y por el otro, se trataba de derrocar un sistema sociopolítico cuyo ejemplo no era precisamente benigno para los dueños de la economía-mundo capitalista.

La supresión de la ley “pies secos pies mojados” el 12 de enero de 2017 es una muestra de que Cuba, como sucedió con el continente africano a partir del siglo XIX, cuando occidente decidió llegada la hora de incorporarlo de pleno a las distintas cadenas mercantiles y de producción valor de la economía capitalista mundial, de que hay que cuidar la fuerza de trabajo, enviando una señal de que ahora ésta se necesita dentro y no fuera de la Isla; por eso es de vaticinar que la ley migratoria que garantiza 20 mil visas anuales a ciudadanos cubanos siga incumpliéndose, porque hasta el último habitante es necesario en un país con crecimiento demográfico negativo y una población por encima de los 60 años, es decir inservible económicamente, que pronto rondará la cuarta parte de sus habitantes, si se ha decidido explotar económicamente por el capital internacional. Las cifras que se conocen, que son al cerrar 2015, arrojaban escalofriantes datos demográficos, nada atractivos para el capital internacional: una quinta parte de la población mayor de 60 años, es decir no apta para trabajar; las defunciones y migraciones superando a los nacimientos, dando un valor negativo de alrededor de 25 mil personas, y como los migrantes en su mayoría son jóvenes pinta un panorama nada halagüeño para el futuro de la fuerza laboral, pero las cifras pasan de lo impresionante a lo alarmante si a lo anterior sumamos el hecho, de que la población de 0 a 14 años solo representa el 16,5 % del número total de habitantes del archipiélago cubano, y las mujeres cubanas tengan como promedio 1,5 hijos, cuando se considera que al menos 2.1 hijos por mujer es el mínimo necesario para garantizar una capacidad de reemplazo generacional de ambos sexos. Todo esto arroja que si el capital internacional ha tomado la decisión de abrir nuevamente  Cuba a la órbita de la economía-mundo capitalista, hay que controlar los flujos migratorios, abolir la ley “pies secos pies mojados” y cerrar la Isla a “cal y canto”, so pena de llegar a un lugar donde no haya nadie dentro de muy poco para extraerle el excedente, gasolina y carburante del sistema capitalista/9

En una economía capitalista nadie sobra, todos son necesarios, unos para trabajar y valorizar el valor y el resto, como componente de un “ejército de reserva” para mantener disciplinados a los que trabajan y contener los salarios en márgenes rentables para el capital. Magistral jugada la de los planificadores del capitalismo mundial, la misma ley que sirvió en la época del bloqueo para incitar la emigración hacia EE. UU. ahora servirá como muro para contener la salida de una fuerza de trabajo, sin la cual resultaría inaprovechable la explotación del espacio económico cubano.

Llegado aquí asalta una pregunta: ¿Terminará la emigración ilegal desde Cuba hacia EE. UU. a causa de la supresión de la ley “pies secos pies mojados”? Con toda probabilidad no, porque la causa que la motivaba no era solo, ni principalmente la “ley de ajuste cubano” y los privilegios que a su llegada a EE. UU. gozaban todos los ciudadanos cubanos, por mucho que incitaba, y de hecho animaba, a lanzarse al mar por bravío que estuviera.

Las causas profundas de la emigración de los cubanos hacia EE. UU. son económicas, como las que mueve a la mayoría de la población mundial emigrante desde la periferia de la economía-mundo capitalista hacia las zonas centrales de la misma. ¿acaso eso mismo no ha sido reconocido también por el gobierno cubano? ¿no sigue y seguirá siendo la abismal diferencia de ingresos entre Cuba y EE. UU., el principal impulso y el más poderoso acicate a la emigración de Cuba hacia su vecino del norte, que un acuerdo de 20 mil visas anuales lo hace demasiado estrecho?

Tampoco debemos menospreciar el importante rol que ha desempeñado la enajenación de una buena parte de los jóvenes cubanos que buscan el “sueño americano”, en el que el gobierno cubano y su política cultural tienen una cuota no muy pequeña de responsabilidad: la mayoría del cine que trasmite su TV es norteamericano, y no es nada despreciable el elevado número de telenovelas, donde se enaltecen los valores subculturales de la clase media con su consumismo de pacotilla, ninguno de los cuales tiene nada que ver con la formación de un verdadero “hombre nuevo” para utilizar la expresión de Che. Esto no es sólo de las autoridades políticas, ideológicas y culturales cubanas, en este sentido hay mucha endeblez de toda la izquierda, incluso la antisistémica:

“En la nueva protesta, hay mucha gente que todavía no quiere renunciar a llevar ‘ropa de marca’  ni a los demás paraísos artificiales del consumo, pero que quieren que se les garantice, para la salvación de sus almas, que esa ropa se ha hecho sin explotar a los niños, y para la salvación de sus cuerpos, que ha sido producida con materiales naturales” /10

La característica definitoria de una economía-mundo capitalista es la incesante acumulación de capital, por eso, mientras no se agoten los espacios en los que ésta se realiza lo único que podemos hacer es contribuir a erosionarlo, en ese sentido la perspectiva de sistemas-mundo aboga por una emigración libre y el derribo de las fronteras, para que fluya de manera expedita no solo el capital  y las mercancías, sino también la fuerza de trabajo. Sí existieran flujos migratorios libres la tendencia a la nivelación mundial  de los ingresos de la fuerza de trabajo fuera un hecho, y esto es precisamente lo contrario a lo que necesita una economía capitalista, que se beneficia de la existencia de un sistema interestatal para disimular la asquerosa y brutal apropiación de excedente que se esconde, cuando las cadenas mercantiles atraviesan varios estados, de ahí que, los flujos migratorios libres son defendibles como un arma contra el capitalismo, una manera de sobrecargarlo, ya sean de cubanos, africanos, asiáticos, latinoamericanos, etc..

Lo que si no podemos aceptar es, los falaces argumentos de aquellos que justifican su partida de la Isla, bien porque son acosados políticos bien porque huyen amenazados por su gobierno, por ser un argumento hipócrita, aunque ese razonamiento cínico que hoy rechazan las autoridades panameñas, hasta ahora lo admitían todos en el mundo (panameños inclusive), no importaba lo desvergonzado y falso que era, por eso, tampoco podemos culpar mucho a los enajenados emigrantes cubanos que lo utilizan para justificar la salida de su país, tratando de llegar al ansiado american way of life.

Las prebendas que gozaron los cubanos durante cuarenta años tras su arribo a EE. UU. (derecho a trabajar, asistencia médica, residencia y nacionalidad estadounidense) pueden considerarse prebendas porque atañían solo a una nacionalidad: los cubanos; pero no son prebendas, deberían ser derechos inalienables de todo ser humano del llamado Tercer Mundo cuando llega a los países centrales de la economía-mundo capitalista que, primero los condenó eternamente al subdesarrollo, y después, a través de los medios de comunicación y difusión cultural, les “venden” las bondades de vivir en el paraíso de los países ricos del norte, esto hace que la izquierda (y sobre todo la cubana) que, como dice la perspectiva de sistemas-mundo “no ha desarrollado todavía una teoría social clara que explique la prolongada resistencia del sistema social existente en el mundo o que indique claramente qué hay que hacer para transformarlo” /11, tenga ante sí espinosas interrogantes: ¿qué hacer cuando dentro de un grupo de indocumentados que vayan a ser expulsados de EE. UU. se encuentren entre sus integrantes, además de guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, hondureños también cubanos: solidarizarnos con los primeros y no hacerlo con los últimos?, ¿son tan desagradecidos y desgraciados los emigrantes cubanos cuando hasta su mismo gobierno reconoce que, al menos en los últimos cuarenta años, ha sido y es  una emigración económica, la misma motivación por la que emprenden marcha de su país de origen la mayoría de los emigrantes del mundo?

¿No será que, como se desprende de la perspectiva de sistemas-mundo, la reserva de fuerza de trabajo en un lugar como Cuba, elegido por el capital global como nicho presente de su proceso de acumulación es escasa, y deficitaria si siguen los actuales niveles de emigración, dado sus altos índices de mortalidad y baja natalidad como se ha visto más arriba?.

Notas

1.  Fue tanta la influencia de la nación norteña sobre el rumbo económico de la Isla que muchos historiadores consideran que ya para mediados del siglo XIX Cuba seguía siendo colonia política de España pero en realidad era colonia económica de Estados Unidos. En El Ingenio el después malogrado historiador Manuel Moreno Fraginals aporta datos que lo demuestran: Cuba era el segundo comprador mundial de EE. UU. y el tercero que más le exportaba. Sin embargo, Moreno Fraginals concluyó su vida como un degenerado intelectual que de ser elogiado por el Che Guevara, terminó afirmando aberraciones históricas como que “uno de los axiomas inviolables de Estados Unidos ha de ser su concepto de América para los americanos que no necesariamente ha de ser interpretado como América para los norteamericanos. Hay que ser muy canalla para afirmar eso. Moreno Fraginals, Manuel. Cuba/España España/Cuba. Historia común. Editorial Grijalbo Mondadori 1995. Barcelona. Página 241.

2.  De 156 ingenios que llegó a contar en 1990, en la zafra 2016-2017 participan solo 54 http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/02/28/produce

-cuba-mas-de-un-millon-de-toneladas-de-azucar/#.WM67HzU861s

3. Sintomático ha sido el hecho de que el primer producto que Cuba exporta a EE. UU. en 50 años sea carbón de marabú; ¡e ironías del destino!, los funcionarios cubanos encargados de firmar el contrato rebozaban de alegría porque “a la par se limpian los campos cubanos” de tan malévola planta, aunque el alborozo era tanto que se regocijaban de “tener otros productos listos para exportar como la miel y el café” ¡sic! http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/01/05/carbon-de-marabu-primer-

producto-que-cuba-exporta-a-eeuu-en-50-anos-fotos/#.WM_A8DU861s

4. Jappe, Anselm. Las aventuras de la mercancía. Editorial Pepitas de Calabaza. Logroño. 2016. Página 142.

5. “tomando en cuenta que el bloqueo deberá ser levantado por acuerdo del Congreso de EEUU, la mayoría de los analistas no esperan que la supresión del mismo se produzca antes de 2018 o 2020” José Luis Rodríguez. La Conceptualización del Modelo: Análisis de sus características y perspectivas (II). Cubadebate 10 noviembre 2016. http://www.cubadebate.cu/opinion/2016/11/10/la-

conceptualizacion-del-modelo-analisis-de-sus-caracteristicas-

y-perspectivas-ii/#.WNmBxDVDO1s

6. La misma consistía en que los cubanos que llegaban a pisar tierra en ese país y así lo solicitaran, recibían permiso de trabajo, pensión alimenticia, seguro de salud y derecho de residencia al año y un día y luego tenían derecho a pedir la ciudadanía.

7. Wallerstein, Immanuel. El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Editorial siglo XXI. 2ª Edición. Madrid 2010. Página 124.

8. Panamá obliga a los cubanos a cumplir su ley migratoria. Cubadebate. 14 de marzo de 2017. Disponible en:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/03/14/panama-ordena-

inmigracion-y-obliga-a-los-cubanos-a-cumplir-la-ley/

9. Los datos están disponibles en:  http://www.granma.cu/cuba/2016-05-11/

el-194-de-los-cubanos-tienen-60-anos-o-mas-11-05-2016-22-05-22  

10. Jappe, Anselm. Las aventuras de la mercancía. Editorial Pepitas de Calabaza. Logroño. 2016. Página 229.

11. Wallerstein, Immanuel. Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo. Editorial Akal 2012. Página 53.

RC - postaporteñ@ 1748 - 2017-04-03 21:04:58
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LA TRAGEDIA DE VENEZUELA

Rolando Astarita [Blog]

En los últimos días se agudizó la crisis política en Venezuela. Recordemos que ya en agosto de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato, debido a la jura, que había sido prohibida por el TSJ, de tres diputados opositores del estado de Amazonas. Los tres diputados luego fueron desincorporados por la AN. En enero de 2017 la AN declaró que el presidente Maduro había incurrido en “abandono del cargo”. En respuesta, el TSJ declaró nulas todas las actuaciones de la AN desde principios de enero de 2017. El conflicto se siguió profundizando cuando el 28 de marzo el TSJ retiró la inmunidad a los legisladores de la AN. Y al día siguiente estableció que, en tanto persista la situación de “desacato” de la AN, las funciones parlamentarias serán ejercidas por una Sala del mismo Tribunal.

Pero al momento de escribir esta nota, 1 de abril, se anuncia que el presidente Maduro dio marcha atrás con estas dos últimas resoluciones. La decisión del TSJ parece haber provocado fisuras incluso al interior del chavismo: la fiscal general, Luisa Ortega, consideró inconstitucional la decisión del TSJ. En los medios se señala también que varios aliados internacionales del gobierno venezolano –Cuba en primer lugar- no respaldaron la disolución de la AN.

La tendencia a un régimen cada vez más represivo

De todas maneras esta revisión de la medida tomada por el TSJ no parece que revierta el curso cada vez más represivo del chavismo. Repasemos algunos hechos.

En febrero de 2014 estallaron manifestaciones de protesta ante la grave crisis económica y el desabastecimiento; murieron 43 personas, cientos fueron heridas y hubo 3500 detenidos; también se denunciaron maltratos y torturas. Luego, en enero de 2015, por una resolución del ministerio de Defensa se estableció que la Fuerza Armada Nacional –Ejército, Armada, Aviación militar y Guardia Nacional- podía participar del control de las manifestaciones y usar armas de fuego.

Por otra parte, desde mayo de 2016 rige el Estado de Excepción y Emergencia Económica, que establece la militarización del país y la cesión de tareas de orden público a las organizaciones de base del llamado Poder Popular. El decreto otorga facultades discrecionales al presidente para tomar cualquier medida que considere necesaria para enfrentar “la guerra económica”. Luego, el 20 de octubre de 2016, el Consejo Nacional Electoral paralizó el proceso de recolección de firmas para solicitar el referéndum para sacar a Maduro del gobierno. También se aplazaron hasta el segundo semestre de 2017 las elecciones a gobernadores que debían realizarse en diciembre de 2016. Muchas encuestas dicen que el gobierno perdería las elecciones. En febrero de este año Maduro anunció que desplegará las Fuerzas Especiales de Acción Rápida de la Milicia en barrios, campos, universidades, fábricas, en todo el país.

Rol preponderante de las Fuerzas Armadas

Todo lo anterior ocurre en paralelo al crecimiento del rol de las Fuerzas Armadas en el Estado y la economía. En este respecto, en julio de 2016 Maduro sostuvo que era necesario “un poder militar cada vez más grande” para librar “una guerra no convencional” en Venezuela. De hecho, los militares han tenido, y siguen teniendo, amplia injerencia en muchas esferas de la administración, lo cual también dio oportunidades para negociados y enriquecerse. Por ejemplo, en el actual gabinete de Maduro, sobre 32 ministros, 11 son militares (cuatro retirados y siete activos). Además, los estados de Carabobo, Apure, Bolívar, Guárico, Zulia, Yaracuy, Trujillo, Nueva Esparta, Portuguesa, Vargas y Táchira tienen gobernadores militares. Y a comienzos de este año Maduro reforzó la presencia militar en PDVSA. En una nota anterior decíamos:

“Los militares pueden comprar en mercados exclusivos (por caso, en bases militares), tienen acceso privilegiado a créditos y compras de automóviles y departamentos, y han recibido sustanciales aumentos de salarios. También han ganado lucrativos contratos, explotando los controles cambiarios y los subsidios. Por ejemplo, vendiendo en los países vecinos la gasolina comprada barata en Venezuela, con enormes beneficios.

Pero también tienen un fuerte poder económico, ya que la FANB dirige y controla toda una serie de empresas: el banco BANFANB; AGROFANB, de agricultura; EMILTRA, de transporte; EMCOFANB, empresa sistemas de comunicaciones de la FANB,; TVFANB, un canal de TV digital abierta; TECNOMAR, empresa mixta militar de proyectos de tecnología; FIMNP, un fondo de inversión; CONSTRUFANB, constructora; CANCORFANB, empresa Mixta Bolivariana; Agua Tiuna, embotelladora de agua; y CAMINPEG, compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, la última creada, el 10 de febrero de 2016, y que algunos han llamado la PDVSA paralela. El decreto presidencial que dispuso su creación dice que la duración de la sociedad será de 50 años; que será “autónoma”, no estará sujeta al Ministerio de Petróleo ni a PDVSA, y no estará sujeta al control del Parlamento”.

Crisis, hambre y criminalización de la pobreza

Como telón de fondo de la crisis política está la crisis económica. Solo en 2016 la economía cayó, según el FMI, un 12% y caería otro 6% en 2017. La inflación en 2016 habría superado el 750% (el gobierno no entrega cifras oficiales), y el FMI pronostica una inflación del 2000% para el año en curso.

La carencia de alimentos y medicamentos es un drama diario e ineludible. Por eso hay emigración masiva, abandono de casas y hambre. La pobreza creció exponencialmente. Según el  Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en 2015 habría sido del 33%. Pero un estudio llamado Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2015), realizado por las universidades Católica Andrés Bello (UCAB), Central de Venezuela (UCV) y Simón Bolívar (USB) reveló que la pobreza, en 2015, comprendía al 73% de los hogares.

En 2016 alcanzó casi al 82% de los hogares; nueve de cada diez familias afirman que sus ingresos son insuficientes para comprar alimentos, en tanto que siete de cada diez entrevistados reportaron haber perdido peso, en el período analizado, en un promedio de 8,7 kilos. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros  se necesitan al menos 17 salarios mínimos para comprar la canasta alimentaria básica. La gente más pobre sobrevive con harinas, arroz, hortalizas y tubérculos; muchos viven con las sobras que recogen de los tachos de basura.

No es de extrañar que en este cuadro haya aumentado la inseguridad y la violencia. Pero la respuesta del gobierno “socialista” ha sido la represión y la criminalización de la pobreza. Desde hace años se llevan adelante los Operativos de Liberación del Pueblo, realizados de forma conjunta por las fuerzas policiales y las fuerzas armadas –la Guardia Nacional Bolivariana- que supone una estrategia militar de combate a la delincuencia: ocupación militar de territorios con poblaciones empobrecidas, violaciones indiscriminadas de derechos humanos, desalojos y demolición de viviendas, detenciones arbitrarias y decenas de asesinatos (ver aquí).

PDVSA en problemas

La misma PDVSA está en serios problemas. Tiene una deuda con Rusia por 1500 millones de dólares, garantizados a la mitad con acciones de Citgo, su filial en EEUU. Además, la deuda con China, que se debe pagar con petróleo y dólares, es de 40.000 millones de dólares. El TSJ acaba de disponer la autorización al presidente Maduro para constituir empresas mixtas de gas y petróleo, sin tener que contar con la aprobación parlamentaria. Significa dejar la puerta abierta para la privatización de la empresa.

Interludio para luchadores nacionales “contra el neoliberalismo y el capital financiero”

Recordemos también que Venezuela paga puntualmente –al menos hasta ahora lo ha hecho- su deuda externa. El rendimiento de los bonos del Gobierno y de PDVSA es, en promedio, del 25% anual (“Para amantes del riesgo, Venezuela rinde casi 30% anual en dólares”, El Cronista Comercial, 20/02/2017). Leemos también en la nota:

“Aunque Venezuela nunca defaulteó y a pesar de ver al petróleo en niveles de 18 dólares el barril nunca dejó de honrar su deuda ni reestructurarla de manera amigable. Con los valores actuales del petróleo la idea de default se aleja para muchos. Sin embargo está latente la idea de que más allá del 2017 no puedan soportar la carga de su deuda. Los bonos tienen una probabilidad de default según el mercado (los CDS, credit default Swap) del 50%, y hace poco la calificadora Moodys le asignó una probabilidad de cesación de pagos del orden del 70% para este año.

“Esto lo venimos escuchando desde hace tres años cuando se empezó a caer el petróleo, pero acuerdos con China de inversiones a cambio de petróleo, más la ventas a EE.UU. lo mantienen con vida”, advierte Ezequiel Fernández, director de Natal Inversiones. Todos los traders en Miami que son de Venezuela dicen que los mismos chavistas tienen la deuda como inversión, generando altas ganancias. Hubo momentos que en tres años recuperabas la inversión, y lo demás que cobraras era ganancia”, agrega.

A su juicio, no hay país en el mundo que con caídas del PBI del 15% como en el 2016, con hiperinflación y sin productos básicos de alimentación siga pagando una deuda que es externa” (El Cronista Comercial, citado).

Naturalmente, las divisas que se destinan al pago de la deuda externa tienen como contrapartida la reducción de importaciones de comida, medicamentos o insumos industriales imprescindibles. Seguramente es parte del proyecto de construcción socialista… ¿siglo XXI?

No hay salida progresista para la clase trabajadora

En este panorama, no hay salida progresista para la clase trabajadora. El programa económico y social de la oposición aglutinada en el MUD es el tradicional de la “burguesía seria”: reforma de la Ley de Trabajo, privatización o re-privatización de empresas del Estado, reformulación de las “reglas de juego” para la inversión privada (esto es, garantizar una elevada tasa de explotación del trabajo) y, por supuesto, el levantamiento de los controles de precios y la reunificación cambiaria. En el marco de las relaciones capitalistas, la aplicación de este programa impondrá enormes sacrificios a los trabajadores y sectores populares.

Sin  embargo, el programa del chavismo no es una alternativa aceptable para las masas explotadas. Es el programa que condujo al actual desastre. Hay que decirlo con todas las letras: el  conjunto de milicos, burgueses bolivarianos, burócratas y arribistas de toda laya encaramados al régimen se dedicaron a saquear y dilapidar la gigantesca renta petrolera que posibilitaron los altos precios del petróleo durante los 2000.

Esto sucedió a la par que gran parte de la izquierda venezolana y mundial –incluidos muchos marxistas- aplaudía el “socialismo del siglo XXI” y al comandante Chávez. Algunos llegaron a decir que el chavismo recomponía el objetivo y la estrategia del socialismo. ¿Hay límites para la tilinguería intelectual?

En cualquier caso, con el cuento del “anti-imperialismo”, los “marxistas nacionales” y los tercermundistas y estatistas nacionalistas colaboraron al fraude ideológico y político.

Hoy el balance es brutal y despiadado. El resultado del “experimento socialismo siglo XXI” es la desmoralización y la frustración de millones. El saldo material, que ningún discurso puede tapar, es el hambre generalizada, la descomposición social, el retroceso infinito de las fuerzas productivas y la desarticulación económica. ¿Qué tiene de progresivo todo esto? La respuesta es que nada, absolutamente nada.

En Venezuela se desarrolla una tragedia social. Es pura tontería seguir discurseando sobre “las potencialidades del proceso revolucionario”. Por eso tampoco tiene sentido reclamar a Maduro, como hacen algunos oportunistas incorregibles, que “vuelva a la fuente” del proyecto chavista. Ese discurso alimenta la confusión y el engaño. Jamás estuvo en el proyecto chavista fortalecer el poder real de los obreros y de los oprimidos. Por eso mismo tampoco había ninguna intención de avanzar a forma alguna de socialismo, entendido este como un régimen en el que los productores deciden y rigen sus destinos.

En base a lo desarrollado hasta aquí, pensamos que no hay soluciones progresistas, más o menos factibles, para la clase trabajadora venezolana.

Hay que mirar de frente esta realidad. Los burócratas-milicos-“socialistas” provocaron una profunda derrota en la conciencia de la gente (y no solo en Venezuela). Esto no se revierte de un día para el otro. Ahora, el rol de la crítica pasa al primer plano. Por supuesto, esto no niega que haya que defenderse frente al avance represivo del régimen. Una dictadura bonapartista, con el agravante de estar montada sobre una economía en crisis profunda, es una amenaza de primer orden. Pero se tratará de luchas defensivas. Hoy no se atisba siquiera alguna expresión de independencia de clase medianamente representativa. Incluso si se convocara a una Asamblea Constituyente, como pide alguna gente de izquierda, las fuerzas mayoritarias serían burguesas o estatistas burguesas. Insisto, hay que reconocer la derrota a que han llevado al movimiento.

El único punto de apoyo en este momento es partir de balances objetivos, y avanzar sin concesiones ideológicas. Es imperioso entender lo  que sucedió

rolando - postaporteñ@ 1747 - 2017-04-02 12:11:32
postaporteñ@_______________________________

La sombra de Stroessner

Por Carlos Iaquinandi Castro

Redacción de SERPAL  01 de abril de 2017 

La maniobra de 25 senadores para aprobar una enmienda constitucional que permita la reelección del actual presidente paraguayo Horacio Cartes,  provocó la noche del viernes una revuelta popular en Asunción que dejó un saldo de un muerto, varios heridos y más de 200 detenidos.

Todo comenzó al conocerse que  25 senadores gubernamentales se habían reunido a puertas cerradas en el local de “Frente Guasú” agrupación del ex presidente Fernando Lugo, (derrocado en 2012) y dieron allí media sanción a  una enmienda constitucional para permitir la reelección del actual presidente Horacio Cartes.

Los paraguayos, que a pesar de los años de formalismo democrático tras la dictadura del Gral. Stroessner ( 1954-1989)  no han podido liberarse de la herencia de corrupción, desigualdad y clientelismo estructural, ocuparon indignados las calles de Asunción. Tras varias escaramuzas violentas lograron quebrar la custodia y penetrar en el Congreso. Allí provocaron daños y un incendio que afectó la primera y la segunda planta del edificio. Los incidentes se extendieron por el microcentro de Asunción, causando daños diversos.

Mientras en las calles la situación estaba fuera de control, fuerzas policiales irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico ( de oposición), donde se hallaban dos centenares de dirigentes y militantes. Allí fue muerto de un balazo el dirigente juvenil Rodrigo Quintana, de 25 años. Según los testimonios el disparo lo efectuó a corta distancia uno de los policías. El médico Herminio Ruiz, que atendió al joven baleado, certificó esa circunstancia, añadiendo que el impacto fue en la cabeza del joven opositor.

La dirigente liberal Reggina Ríos afirmó que los policías actuaron con extremada violencia, provocando situaciones de pánico. Añadió que el grupo policial  se retiró al advertir la llegada de las cámaras de los periodistas.

El presidente quiere repetir

Desde hace meses que el presidente Cartes y sus partidarios intentan modificar la constitución de 1992, que  fue aprobada con la limitación del ejercicio de los cargos de presidente y vice por un único período. ( Durante la dictadura la Carta Magna autorizaba la reelección indefinida para perpetuar a Stroessner) . Está claro que el objetivo de Cartes es mantenerse en el gobierno. Pero el obstáculo es que ahora, en su artículo 229 la constitución reformada afirma taxativamente que “no podrán ser reelectos”. ( Eso explica la complicidad de partidarios de Lugo con la maniobra oficialista, ya que el ex presidente también tiene aspiraciones de volver a postularse).

Pero ¿quién es Horacio Cartes?

Cartes es un empresario que en 1985 fue condenado por un caso de estafa al Banco Central del Paraguay por un monto de unos 34 millones de dólares.

Estuvo prófugo de la justicia durante 4 años. Según informaciones reveladas por Wikileaks, también fue investigado por la DEA ( Administración norteamericana para el control de drogas ) por supuesto lavado de dinero. En el 2009 ingresó en el Partido Colorado ( al que perteneció el dictador Stroessner) y logró el apoyo de las distintas corrientes internas para postularse y ganar la presidencia.

La larga sombra del dictador

Los años de democracia tras el derrocamiento de Stroessner no han logrado alterar las constantes de corrupción, ni mejoraron la situación de los campesinos que soportan la ocupación de sus tierras, la presión de los empresarios sojeros y otras constantes históricas de postergación.

Paraguay es un país de antigua tradición rural, donde la unidad económica que produce gran parte de la riqueza es el campesinado. Como citaba el investigador argentino Juan Carlos Garavaglia (*) en su estudio de 1987, “esa riqueza sería impensable sin la existencia del campesinado.”   Allí reflexionaba: “en realidad el campesino derrocha trabajo, pero tiene una imposibilidad casi total de acumular ”. Y se preguntaba:  “Su drama es que su pobreza está causada por el “sistema”, palabra que al final no dice nada; se puede saber qué es el sistema , pero, ¿quién es el sistema?”.  Hoy quizás podríamos responder que el sistema es la trama de intereses políticos y económicos que viene perpetuándose desde hace tantas décadas en el Paraguay. Los componentes de esas tramas son quienes dictan las leyes y quienes ordenan reprimir cuando lo consideran necesario para mantener su poder y sus privilegios.

La lucha sigue

Las historias de corrupción, desigualdad y postergación vuelven a repetirse en Paraguay. Pero el movimiento de resistencia popular hunde sus raíces en los tiempos de la Conquista. Desde las rebeliones comuneras de los campesinos, que luego tendrían un papel decisivo en las luchas por la independencia, los sectores populares han peleado por sus derechos y sus libertades. Y el estallido del viernes en Asunción, recuerda que ese movimiento sigue vivo. Que no acepta mansamente la injusticia de sus gobernantes. Por eso camina y lucha junto a gran parte de sus hermanos del continente latinoamericano.

(*)  Estas citas pertenecen a uno los más serios estudiosos de nuestra sociedad histórica, el investigador argentino Juan Carlos Garavaglia, en su artículo: “Campesinos y soldados: dos siglos en la historia rural del Paraguay” incluido en el libro Economía, sociedad y regiones (Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1987, p. 193-260) 

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Paraguay: La enmienda nacida del atraco tuvo su primer referéndum en las calles

Repudio y condena a la represión policial

 La represión contra manifestantes registrada en la tarde y noche frente al Congreso, donde a tambor batiente y con una alevosía inimaginable, se estaban cocinando la enmienda impulsada por la alianza cartista-luguista-llanista.

Todo lo que está sucediendo en torno a las ambiciones electorales de los representantes de la narcopolítica como Cartes, el genuflexo Llano y el cínico y oportunista de Lugo, y de esa manera se abre una peligrosa senda regresiva en cuanto al régimen político.

Una masa enardecida expresa su descontento. Miles de personas, principalmente jóvenes, ante tamaño atropello, ganaron las plazas del Congreso expresando no sólo su rechazo ante la arremetida reaccionaria, sino también la rabia contenida contra todo el régimen y, principalmente, contra el gobierno de Cartes.

Esta furia e ira contenida de amplios sectores avasallados por el rampante autoritarismo del gobierno y la desvergonzada corrupción del Parlamento se expresó en la quema de partes enteras del edificio del Congreso.

Más retroceso en el régimen es intolerable. La arremetida enceguecida contra normas y procedimientos básicos de la institucionalidad burguesa, expresa la onda avasalladora del gobierno de Cartes en artera conspiración con Lugo y Llano que buscan sacar sus ventajas de claque y de rosca.

Los actos como los vividos advierten que éste escenario es apenas la ante sala de un mayor endurecimiento del régimen. Ante la inminencia de la apertura de una etapa con mayores ribetes reaccionarios, entendemos que el recurso que queda es la clara y contundente manifestación del rechazo como de la realizada en la tarde y noche de furia del 31 de marzo.

El Luguismo como peón de la estrategia cartista

Las encuestas obnubilan a quienes tienen meros intereses electoralistas. El luguismo se juega a asegurar los puestos de sus legisladores y justifica su movida con el discurso ingenuo de que lo derrotarán electoralmente. Lugo, se llama al silencio dejando el trabajo sucio a sus senadores quienes acompañan fanáticamente un proceso que nos lleva hacia un pasado al cual no queremos regresar.

La oposición que queda por fuera de la mesa de Cartes y sus barones. Sin dar ningún apoyo a la actual oposición política, que son otros ilustres sinvergüenzas, representantes de intereses del otro bando capitalista (Marito, Alegre y compañía), condenamos los sucesivos atropellos que acomodan la Constitución Nacional para continuar con el saqueo y la miseria de la mayoría del pueblo trabajador.

Ambos bandos capitalistas nada tienen que ver con nuestras vidas y nuestros intereses. Llamamos al pueblo trabajador a que rompa con los partidos tradicionales y con los que propugnan ser el cambio mientras negocian y conviven con lo peor de la política paraguaya. Esta disputa inter-burguesa nos interesa en la medida en que no se vuelva hacia un régimen autoritario como el vivido con el estronismo.

Convocamos al pueblo trabajador a organizarnos y movilizarnos para frenar este proceso autoritario

Comité Ejecutivo Nacional del PT, 31-03-2017

Partido de los Trabajadores de Paraguay

- postaporteñ@ 1747 - 2017-04-02 12:02:19
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COLOMBIA: La rebelión local a la imposición extractivista

Consultas Populares en Colombia

La consulta popular en Cajamarca demuestra que existen caminos para una democracia participativa que atienda los deseos de los ciudadanos.

Por Sandra Hincapié - Marzo 2017 - Nueva Sociedad

Colombia es uno de los países más peligrosos del continente para la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Las amenazas, hostigamientos y asesinatos sistemáticos de activistas, denunciados en diversos informes e investigaciones, han convertido en riesgo inminente la defensa de los bienes comunes. A pesar de ello, la ciudadanía movilizada de Cajamarca, un pequeño pueblo enclavado en la cordillera de los Andes, a través de una consulta popular ha ganado una batalla por el agua y los bienes comunes a los «poderes salvajes» extractivistas que amenazaban con imponerse desde el gobierno central.

¿Qué se decidió a través de esta consulta popular y por qué es importante para Colombia?

El domingo 26 de marzo la ciudadanía fue convocada para responder la siguiente pregunta: « ¿Está de acuerdo sí o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?». Los resultados obtenidos no dejaron lugar a dudas sobre la decisión de la ciudadanía, ya que el 97.92%, equivalentes a 6.296 votos, se pronunció negativamente frente a la realización de proyectos mineros.

La implementación de este mecanismo de democracia directa fue posible gracias a la movilización que, desde 2009, vienen encabezando diversos colectivos sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos y organizaciones campesinas en contra del proyecto minero La Colosa de la empresa multinacional AngloGold Ashanti.

Este proyecto minero pretende explotar un yacimiento de oro que se estima en 26 millones de onzas, uno de los diez más grandes del mundo, a través de una mina a cielo abierto en una Zona de Reserva Forestal en la cuenca alta del río Coello. En esta Zona de Reserva Forestal se encuentra una gran diversidad de ecosistemas como páramos, bosques de niebla y zonas forestales protectoras y productoras, es rica en recursos acuíferos, ya que se encuentran 160 nacimientos de agua y la cuenca del río Coello, que abastecen de agua a los municipios de Cajamarca, El Espinal, la ciudad de Ibagué y al distrito arrocero más grande del país.

La consulta popular de Cajamarca se convirtió en referente de la movilización y acción colectiva que se está llevando a cabo en los escenarios locales, a lo largo y ancho del país, frente a la imposición del extractivismo como política económica del gobierno nacional. Para su realización los diversos colectivos tuvieron que enfrentarse no sólo a los intereses corporativos de la empresa multinacional, sino también a diversas autoridades del gobierno nacional, incluido el propio Presidente de la República, que encabezó una dura batalla en contra de las aspiraciones de la ciudadanía movilizada.

Diseños institucionales, derechos y acción colectiva

América Latina asistió, durante las últimas décadas, a procesos democratizadores que llevaron a cambios constitucionales, a través de reformas o procesos constituyentes. Estos procesos incorporaron diversas formas para el ejercicio de la participación ciudadana, combinando mecanismos de democracia representativa y democracia directa. En las investigaciones comparadas sobre la utilización de los mecanismos de democracia directa, se ha señalado que éstos han sido poco aplicados y en su mayoría convocados «desde arriba», bien por el ejecutivo o por los parlamentos 1/

En Colombia, después de una agitada década de movilizaciones por la exigencia de apertura y democratización del sistema político, la Constitución de 1991 sentó las bases para una democracia participativa. Desde el primer artículo de la nueva Constitución se declaró una República «democrática, participativa y pluralista». La participación apareció transversalmente en toda la Constitución considerada como principio, como derecho y como mecanismo de «empoderamiento» ciudadano /2

El capítulo IV específicamente fue dedicado a la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas. En ese sentido se hacía referencia a «formas de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía», con diversas medidas para fomentar las iniciativas populares, el control y la vigilancia del poder político como: «el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato» (Artículo 103), que fueron reguladas posteriormente por medio de la Ley de mecanismos de participación ciudadana en 1994.

En lo que atañe a la democracia local, la valoración de la democracia participativa en el proceso constituyente buscó generar procesos organizativos alrededor de la descentralización y gestión del desarrollo a través de la planificación local participativa, fortaleciendo el municipio como entidad territorial y jefatura del gobierno local (Ley 60 de 1993). Una gran apuesta no sólo constitucional sino también legislativa, reglamentó una amplia gama de instancias donde se buscaron crear las condiciones por acercar lo público al ciudadano, como pilar fundamental en el que se legitimaron las nuevas condiciones de modernización estatal /3

Las reformas democráticas inusitadas sobre la participación que promovió la Constitución de 1991, fueron la respuesta institucional más clara a las movilizaciones sociales constituyéndose en una gran oportunidad de transformación del orden estatal. Sin embargo, mientras las conquistas jurídicas prometían un cambio para la democracia local, las dinámicas del conflicto armado interno marcaron una tendencia de auge y degradación de la confrontación a todo lo largo y ancho del territorio nacional que impidió en los hechos la democratización de los escenarios locales. Por el contrario, a través de la guerra fueron construidas las hegemonías regionales que, al calor del fusil, crearon las condiciones económicas —gracias al despojo y la concentración— y sociales —de contención y eliminación de las resistencias— que hacen posible hoy la explotación intensiva de los recursos naturales.

Democracia local frente al centralismo extractivista

A pesar del contexto adverso que impone la presencia de organizaciones armadas asociadas al paramilitarismo en buena parte del territorio nacional, a partir del 2010 se está viviendo una renovación de la democracia local y los procesos participativos, como respuesta colectiva a la imposición que desde el nivel central de gobierno se hace de proyectos extractivistas.

En el año 2009 comenzaron las tareas de exploración del proyecto La Colosa en el Tolima y, con ellas, las movilizaciones sociales en contra del proyecto, en la medida que amenaza las fuentes de agua, los ecosistemas y la vocación agrícola de la región. Encabezados por el Comité por la Defensa de la Vida, diversos colectivos sociales y organizaciones campesinas realizaron sostenidas acciones colectivas en oposición a la construcción de La Colosa, sin encontrar respuestas favorables por parte del gobierno nacional que otorgó la licencia de exploración.

Como antecedentes fundamentales a la consulta popular de Cajamarca-Tolima, encontramos una activa movilización local en la región y otros lugares del país por la defensa de los bienes comunes, donde se reivindicó el derecho a decidir a través de los mecanismos de democracia directa.

Primero, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a través de intensas movilizaciones, diversos colectivos se opusieron a los proyectos mineros de la empresa canadiense Greystar en el Páramo de Santurbán. Defendiendo su derecho a participar, exigieron la posibilidad de llevar a cabo consultas populares para declarar como bienes de interés público los ecosistemas que proveen de agua a la región e impedir el desarrollo de proyectos megamineros. Sin embargo, la petición de consulta popular fue negada por el Tribunal Administrativo de Santander en 2011 y en el departamento de Norte de Santander, donde sí fue aceptada su realización, la Registraduría Nacional argumentó falta de presupuesto y no fue llevada a cabo.

Posteriormente, en el municipio de Piedras, municipio que también se encuentra en el área de influencia del proyecto La Colosa, por primera vez logró realizarse una consulta popular convocada por el alcalde municipal en julio de 2013. Como resultado de la consulta popular, el 92,2% de la comunidad votó en contra del megaproyecto minero. En diciembre del mismo año, en el municipio de Tauramena, departamento del Casanare, a través de otra consulta popular, el 96% de los votantes se manifestó en contra de las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en sus territorios.

Sin embargo, a pesar de las disposiciones constitucionales, el gobierno nacional intentó frenar la realización de Consultas Populares al establecer que no pueden oponerse al desarrollo de proyectos mineros gobiernos locales, regionales o sus comunidades (Decreto 0934 de mayo de 2013). El propio presidente Santos fue claro al expresar que la consulta era «ilegal» ya que «el subsuelo es de todos los colombianos». En ese sentido, por medio del decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014, el gobierno nacional facultó al Ministerio de Minas para tomar medidas concluyentes frente al desarrollo de los proyectos mineros. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación «advirtió» a los funcionarios locales sobre su «incompetencia» para decidir sobre la posibilidad de la Consulta. En los casos de Piedras y Tauramena la Procuraduría decidió abrir investigaciones disciplinarias a los funcionarios locales.

En este contexto, la fuerza de la movilización y la acción colectiva no cesó y a través del litigio estratégico como forma de movilización, fueros interpuestos recursos que culminaron con históricas sentencias de la Corte Constitucional en 2016. A través de la sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016, la Corte Constitucional colombiana declaró que ante la presencia de títulos mineros, debe prevalecer el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales

Así mismo, prohibió la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos, y reiteró la autonomía constitucional que tienen los municipios para decidir sobre sus suelos y ordenar el territorio, sentando un precedente fundamental de legitimidad para las Consultas Populares. Más adelante, en agosto de 2016 la Corte Constitucional reiteró su postura a través de la Sentencia T-445/2016 al señalar que las entidades territoriales hacen parte del Estado y por tanto son propietarias del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, precisando que: «los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera».

Cajamarca: las lecciones aprendidas

Después de los históricos fallos de la Corte Constitucional y de una intensa batalla jurídica —debido a múltiples recursos interpuestos ante el Consejo de Estado— fue posible realizar la consulta popular en el municipio de Cajamarca, que permitió expresar democráticamente el contundente rechazo de la comunidad a los planes y proyectos mineros.

Todo el proceso alrededor de la consulta popular en Cajamarca deja lecciones fundamentales para Colombia, donde la acción colectiva de comunidades locales, apoyadas por diversos colectivos sociales, ha permitido las condiciones para la generación de un amplio debate donde se discuten las posibilidades reales de participación ciudadana en el planeamiento del desarrollo local-regional, como promesa de las sociedades democráticas en general y de los principios constitucionales colombianos en particular.

Gracias a la acción colectiva local, la creación de redes de movilización y la convergencia de diversos sectores de la sociedad civil, se ha demostrado que es posible construir un lenguaje enmarcado en derechos, en el que la defensa de los bienes comunes prevalezca frente a los intereses privados y corporativos. Los resultados obtenidos a través de la utilización de mecanismos de democracia directa como estrategia de movilización, no dejan lugar a dudas sobre la ilegitimidad de la política extractivista, a favor de los intereses corporativos, e impuesta desde el gobierno nacional a las regiones y localidades que son, en últimas, quienes asumen los inmensos costos y pasivos ambientales inconmensurables que deja la minería.

En toda América Latina, un continente sumido en el consenso extractivista, los gobiernos nacionales se oponen de manera decidida a la implementación de los mecanismos democráticos de participación para consultar a las comunidades afectadas directamente por los proyectos extractivos. Basta observar los graves incidentes ocurridos hace poco en proyectos mineros de Brasil, y esta misma semana en Argentina, para advertir que los planes y programas de gobierno en los cuales se sustentan las políticas extractivistas, difícilmente se ajustan a los marcos constitucionales que garantizan derechos fundamentales a sus ciudadanos. La intensidad de los daños ya causados en el deterioro de la calidad de vida las comunidades locales donde se han desarrollado grandes proyectos —como La Guajira en Colombia, el Gran San Juan en Argentina, Zacatecas en México, Cajamarca en Perú—, hacen evidente las graves violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos intergeneracionales y el detrimento patrimonial de toda la ciudadanía por la explotación de los recursos naturales.

Por todo lo antedicho, es fundamental la fuerza de la movilización exigiendo más y mejor democracia, así como el desarrollo de múltiples mecanismos de democracia directa que hagan posible la participación ciudadana efectiva en el planeamiento del desarrollo local. La reivindicación de la participación democrática en los escenarios locales forma parte de las promesas no cumplidas en los procesos de democratización asociados a la descentralización del poder, como parte fundamental de las reformas promovidas en las últimas décadas. Es preciso recordar que el derecho a decidir, como condición del ejercicio de la ciudadanía, es una aspiración legítima en un orden democrático.

 1/ Alicia Lissidini. Yanina Welp y Daniel Zovatto (Comp.) Democracias en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participación en América Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre Democracia Directa, Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, 2014. Alicia Lissidini: «Democracia directa en América Latina: avances, contradicciones y desafíos» en Minnaert y Endara (Coord.) Democracia participativa e izquierdas. Logros contradicciones y desafíos, Quito, FES-ILDIS, pp.120-189, 2015

2./ Fabio Velázquez, La institucionalización de la participación en Colombia: notas para su interpretación En: Política & Sociedade. Revista de sociología política. v. 10, n. 18, pp. 155-186, 2011

3/ Fabio Velázquez y Esperanza González, ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Bogotá: Fundación Corona. 2003

NUSO - postaporteñ@ 1747 - 2017-04-02 11:56:56
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ECUADOR : Las políticas correístas que dividieron a la Amazonía

Las elecciones presidenciales sacaron al aire divisiones internas en el movimiento indígena amazónico. La región que ha votado mayoritariamente por el banquero Guillermo Lasso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales vive un verdadero fraccionamiento, aguzado por el escenario electoral. El candidato opositor disputa la preferencia del electorado amazónico, ofreciendo concesiones ecologistas puntuales, como la consulta previa vinculante y la amnistía a dirigentes que han resistido a la actividad extractivista

Por Mallu Muniz periodista y PhD en Sociología, autora de La búsqueda de la palabra robada: estrategias de comunicación y articulación de pueblos y nacionalidades indígenas en la Amazonía Ecuatoriana.

SERVINDI 31 de marzo, 2017

 “¿Qué pasa con la Confeniae?”. La pregunta fue compartida en una red social, después de que un grupo, autoidentificado como representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador, anunciara su apoyo a Lenín Moreno en la internet y en los periódicos.

Abrigado bajo el paraguas del reconocimiento legal otorgado por el gobierno de Rafael Correa, el sector presidido por Felipe Tsenkush no es reconocido por la Conaie ni por organizaciones indígenas internacionales, como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

El sendero trazado por las nacionalidades amazónicas empezó a bifurcarse con la implantación de proyectos desarrollados por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) –subordinada a la Presidencia– y por otros órganos del gobierno de Rafael Correa, como la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (SHE) y el Ministerio de Minas. Mientras Tsenkush ha gozado de reconocimiento inmediato desde su elección, en septiembre de 2015 –incluyendo asesoría mediática en medio del conflicto con el pueblo Shuar Nankintz–, el dirigente achuar Marlon Vargas comanda otro sector de la Confeniae sin respaldo legal.

“Lo que se hizo fue dividir y entregar una legalidad a esta organización –defiende Severino Sharupi, dirigente de Territorios de la Conaie–. La Confeniae, que estuvo presidida por Franco Viteri y que ahora está con Marlon Vargas, es una Confeniae legítima, pero la otra, que está presidida por Felipe Tsenkush, carece de legitimidad y apoyo. Por esto, nosotros como Conaie habíamos otorgado un nombramiento a la nueva directiva (de Vargas), porque la Constitución nos faculta este derecho”.

El gobierno ha actuado como juez y parte

A lo largo de la trama organizativa de los últimos años, el gobierno ecuatoriano ha asumido un doble rol de juez y parte. Con el decreto presidencial 691, promulgado en junio de 2015, la SNGP ha sustituido al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe). Bajo el comando de la abogada Viviana Bonilla, el brazo de la Presidencia para una “gestión de la política” junto a organizaciones y movimientos sociales, pasó a legalizar y registrar estatutos, directivas y consejos de gobiernos de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. La Secretaría debió reconocer legalmente, desde este momento, a las organizaciones que, como la Confeniae, mantienen su derecho propio y consuetudinario para la elección de sus dirigentes.

Dos meses después del decreto presidencial, la Conaie convocó a sus bases para el levantamiento de agosto de 2015, caracterizado por la SNGP como “días de violencia”. En aquella ocasión, Bonilla declaró: “Derecha y movimiento indígena juntos. Opresores y oprimidos unidos. ¡Cuánta contradicción!”. Según la abogada, “el anuncio del paro nacional, lejos de ser una expresión espontánea del pueblo indígena”, constituía “una estrategia más de la oposición, por crear un clima de malestar en el país”.

A su vez, Andrés Tapia, Dirigente de Comunicación de la Confeniae, afirmó que el levantamiento fue un divisor de aguas. “En la Asamblea Anual de la Conaie, en mayo de 2015, en Salasaca, se resolvió ir a un levantamiento y paro nacional en contra de las políticas desfavorables a los pueblos indígenas. La Amazonía tuvo una participación protagónica y firme en estas jornadas –dijo, refiriéndose a las movilizaciones de agosto, cuando indígenas amazónicos ocuparon las calles de Morona Santiago, Pastaza, Zamora y Orellana durante algunos días.

Tapia, que estuvo al lado de Franco Viteri e integra actualmente el Consejo de Gobierno presidido por Marlon Vargas, opina que “el gobierno vio que ya no podía de manera alguna tener injerencia en la agenda política de la Confeniae, y tomó la decisión de dividirla”.

‘Somos Amazonía’ hizo propaganda de la unidad amazónica

Pasado el paro nacional de 2015, llegó el día de la supuesta destitución de Franco Viteri –expresidente de la Confeniae reconocido por la instancia máxima nacional del movimiento indígena, la Conaie–, en septiembre del mismo año.

Dos días después de la supuesta destitución de Viteri, un funcionario de la Secretaría Nacional de Hidrocarburos (SHE) registró su viaje a Puyo para identificar a los “actores del nuevo Consejo de Gobierno de la Confeniae”. Tsenkush, exdiputado y exmiembro de Pachakutik, brazo político de la Conaie, fue expulsado del MUPP en 2004, después de abandonar su bancada y apoyar al grupo gobiernista que seguía al lado del entonces presidente Lucio Gutiérrez, en el Congreso Nacional.

“Está paralizada la Confeniae, por lo que debemos buscar nuevas estructuras. Si no dialoga con el Estado, ¿qué vamos a hacer?”, cuestionó el dirigente kichwa de Pastaza Antonio Vargas, poco antes de apoyar la destitución de Viteri. En noviembre, otro grupo de dirigentes amazónicos se reunió en la comunidad Unión Base, en Puyo, para ratificar la legitimidad de un presidente en contra de la legalidad del otro.

La división entre organizaciones amazónicas, mapeada años antes por la SNGP, fue consumada

La postura de las organizaciones frente a la exploración petrolera fue destacada en un mapeo realizado por el gobierno desde años anteriores. Esta tarea fue ejecutada por la misma SNGP en uno de sus principales proyectos, destinado al “fortalecimiento organizativo” en las distintas regiones del Ecuador.

Fueron señalados aquellos más o menos cercanos políticamente al gobierno. La Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), que también ha enfrentado procesos de división entre 2015 y 2016, fue descrita como “vinculada al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik” y “opositora a los programas del Gobierno Nacional, [como la] XI Ronda Petrolera [y la exploración en el bloque] Yasuní ITT”.

En 2014, la NAE estaba bajo el comando de Jaime Vargas, primo de Marlon y una de las principales voces opositoras a la XI Ronda Petrolera, desde su anuncio en 2012. Marlon Vargas en este momento ejercía el rol de director de la Radio La Voz de la NAE, una de las catorce frecuencias de radio que el gobierno ha concedido a las respectivas organizaciones indígenas del país, a partir de otro proyecto emblemático de incidencia político-comunicativa conducido por la SNGP.

Para desarrollar el “fortalecimiento organizativo”, la Secretaría se ha enfrentado con algunas barreras, como la imposibilidad de diálogo con dirigentes de la NAE que, según el propio texto de la SNGP presentado a Senplades, no ofrecían “opción de diálogo” frente al tema extractivo.

El acercamiento a las nacionalidades amazónicas se dio por medio de “convenios de Cooperación Interinstitucional” firmados principalmente con grupos favorables a los “proyectos estratégicos del Gobierno”. Según Tapia, “lo que se ha visto fue una inversión clientelar por parte del Estado”. El Dirigente de Comunicación de la Confeniae defiende que la provincia de Pastaza estuvo “desatendida en términos de infraestructura” por su tendencia “anti-correista”. Para él, “esto intensificó los procesos de división porque unos tienen a su lado todo el aparato gubernamental y otros somos perseguidos y criminalizados por el mismo régimen”, se quejó el dirigente.

A su vez el gobierno ha tratado las tendencias “anticorreístas” como parte de los “intentos de desestabilización”.

En marzo de 2015, en el cantón de Archidona, provincia de Napo, la SNGP y representantes de varios ministerios asistieron a un evento con el objetivo de “neutralizar los intentos de desestabilización a la actual dirigencia de la NAWE (Nacionalidad Waorani del Ecuador), evidenciando el trabajo articulado del Ejecutivo con la dirigencia”. Una de las diapositivas presentadas a los funcionarios del gobierno en reunión preparatoria decía: “Moi Enomenga, presidente de la NAWE, es un actor estratégico a favor del gobierno en temas de explotación petrolera”.

Nuevos intentos de “neutralizar” a sectores opositores se dieron a lo largo de 2015, a partir de los eventos Somos Amazonía I y II, respectivamente en febrero y agosto. La SNGP ha colaborado con la organización del evento, a través de una comisión de funcionarios asignados por cada subsecretaría. “Somos Amazonía fue una iniciativa para transmitir un mensaje de los logros que se pueden conseguir cuando se trabaja articuladamente, haciendo primar el interés de la comunidad sobre los intereses particulares. Porque juntos somos invencibles, juntos somos Amazonía, juntos somos Ecuador”, dijo Bonilla en Morona Santiago, durante Somos Amazonía II, realizado poco antes del paro nacional anunciado por la Conaie. La abogada destacó el “subsidio del 35% a los municipios amazónicos para obras de saneamiento”, y en el caso de las juntas parroquiales, el “7% de los valores que por la Ley 010 se transfieren al ECORAE (Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico)”.

Para el dirigente de Territorios de la Conaie, “a la Revolución Ciudadana solo le sirven las organizaciones que se sometan o que beneficien a su proyecto, pero apenas cuando no tienen otros planteamientos o críticas, por lo tanto el tema de la división de la Confeniae es un conflicto político entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena”, opinó Sharupi.

Asesoría mediática fue impulsada por el Ministerio de Minas

“El poder está en la sapiencia, no en la lanza”, dijo el Shuar Felipe Tsenkush en un video publicado el día 1 de diciembre de 2016 en Youtube, quince días antes del enfrentamiento entre integrantes de la nacionalidad Shuar y las fuerzas policiales, por resistencias a la explotación minera al sur de la Amazonía ecuatoriana. “Todos hemos coincidido en que necesitamos la unidad. Igualmente hemos identificado desde dónde vienen las apuntaladas de la división”, dijo el mismo dirigente en otro video, publicado el 2 de diciembre del mismo año. La página de Confeniae Oficial en Youtube, ha publicado apenas estos dos videos y no tenía ningún inscripto en la página hasta el día de ayer.

Entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre últimos, funcionarios del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MCSE) y del Ministerio de Minas estuvieron en Puyo para apoyar a Tsenkush. Con la Coordinación Estratégica de Intervención Social, subordinada al MCSE, se ha realizado una “reunión de trabajo con la Confeniae y su presidente Felipe Tsenkush, para trabajar en un diálogo para los procesos de paz en la zona de los Proyectos Estratégicos Nacionales

A su vez, una funcionaria de la Dirección de Comunicación Social describió sus funciones en un informe de servicios abonados por el Ministerio de Minas. El Informe de servicios institucionales presentado por la servidora pública indica el objetivo de su visita a Puyo: asesorar “en cuanto a logística, manejo de redes sociales y discursos del presidente de la Confeniae Sr. Felipe Tsenkush”. Como “productos alcanzados”, el mismo informe revela que se ha logrado aportar con “publicaciones en la página oficinal de Twitter y Facebook de la Confeniae, free press en los medios de comunicación de territorio”, “ruedas de prensa realizadas en Puyo y en Quito”, además de la elaboración de “un vídeo con Declaraciones del Presidente Felipe Tsenkush”.

Un expresidente de la Confeniae lanza su voz desde la clandestinidad

“Nadie denuncia como ellos hicieron callar a los líderes, como intimidaron a los líderes. Por esto yo tengo que seguir hablando, no importa que me busque donde sea”. Estas son palabras de Domingo Ankuash, líder Shuar histórico, antiminero y expresidente de la Confeniae. Sus declaraciones e imágenes fueron divulgadas en una red social. Son videos cortos, atrapados por Alba Crespo y Edu Leon en medio a la selva, donde el dirigente se encuentra escondido hace más de tres meses. Su nombre y el de otras 70 personas se encuentran en una lista de sospechosos de envolvimiento en el enfrentamiento con las fuerzas policiales que protegían al campamento de la empresa minera china EXSA. La muerte de un policía ha llevado el gobierno a declarar Morona Santiago en Estado de Excepción por sesenta días. Fueron ofrecidos hasta 50 mil dólares de recompensa.

Desde el 2009, hay un saldo de cuatro muertos en la región: un policía y tres líderes Shuar (José Tendetza, Bosco Wisum, Freddy Taish), además de varios heridos. Desde su Enlace Ciudadano 505, el presidente Correa ha atribuido los últimos acontecimientos a “un grupo minúsculo de extremistas de la etnia Shuar; con dirigentes irresponsables, que siempre ha demostrado comportamientos muy violentos”. Se trataría, dijo el presidente, “de un grupo de paramilitares y semidelincuenciales que no están luchando por ideales, están luchando por imponerse a la fuerza”.

- postaporteñ@ 1747 - 2017-04-02 11:56:48
postaporteñ@_______________________________

¿De quién se trata cuando hablamos de una conspiración histórica?

 Roland Denis | Viernes, 31/03/2017 Aporrea

Primero que todo:

¿Cuándo hablamos de conspiración a qué nos referimos?

No es la conspiración cuya permanente acusación ya parece propaganda de farándula; la conspiración de la derecha goda. Claro, en un país como el nuestro siempre la conspiración oligárquica está latente. De hecho es una realidad que desde el siglo XIX no hemos podido superar, precisamente por todas las debilidades nacionales y en qué medida cada etapa de gobierno, cada régimen en curso, siempre tendrá metida la mano de una clase que parasitariamente garantiza su reproducción colonial.

Conspiraciones que en el caso de Brasil por ejemplo, de Honduras y Paraguay, recordando el viejo caso del 11 de Abril por acá y los intentos e Ecuador y Bolivia hace seis y ocho años, siempre están latentes. Son parte de la idiosincrasia política de nuestras oligarquías algunas con éxito otras no. Lo de Brasil y el golpe parlamentario contra Dilma, dada la degradación burocrática y derechista del PT, y donde sí están metidas las manos de la socialdemocracia global en esta deformación burocrática e ideológica, al igual que acá como veremos, ha sido su trofeo mayor en décadas y que cambia toda la geopolítica continental. Pero aquí esto ya no les funciona dado el plan absorbente de todo el marco institucional de Estado que se elaboró después de los golpes del 2002 y sobretodo de la institución militar. Diríamos en nuestro caso que esa misma conspiración de todas formas sigue latente pero se juega fundamentalmente desde dentro. No se conspira en sí contra el gobierno, se ejerció de facto contra una revolución que buscó hacerse gobierno y a los años se entendió que solo desde ese mismo gobierno-Estado podía ser al menos neutralizada. Y como ya vimos en las anteriores entregas -el dónde y cómo de esta paralización del proceso transformador-, eso está funcionando perfectamente.

Tampoco, mucho menos, estamos hablando de las pequeñas y traidoras conspiraciones internas. Eso es el pan de todos los días entre las peleas tribales entre grupos de poder, tomando en cuenta que estos estados nunca dejaron de estar asentados sobre una historia pre estatal, ligada a los caudillos y los jefes de grupos que se internan en el Estado, sin ninguna visión nacional sino de tribu saqueadora y secuestradora. Por supuesto le serán muy importantes a la conspiración de fondo ya que se trata de los sectores más fácilmente sobornables y corruptos aguardando su momento y lleguen los contactos pertinentes a sus intereses tribales.

Ni siquiera estamos hablando de esa otra conspiración que ya tiene una lógica planetaria y es la de los servicios secretos del "imperio" (NSA, CIA, Departamento de Estado, MOSSAD, inteligencias europeas, y sus respectivas franquicias a través de agencias, ONGs, personajes infiltrados dentro de los estratos del poder, integración de estas con las compañías transnacionales, medios de comunicación, partidos, estructuras militares, gerencias de Estado, etc.). Ese es otro capítulo, más tradicional dentro de la denuncia de izquierda e importante de ubicar, y que ahora suelen identificarlo en el espacio de las guerras de "cuarta generación".

Pero no es este caso lo que quisiéramos empezar a develar, no porque lo desestimemos sino porque se trata de algo que permanente esta mostrándose y no soy el más especialista al respecto; no participo del aparato de contraespionaje interno si algo aún existe al respecto, veo como simplemente el imperialismo sigue siendo quien es. Lo que sí estamos seguros es de la conexión de esta "inteligencia imperial" con los ejes conspirativos internos que trataremos, como aparatos globales de poder de orden político y geoestratégico. Muy interesante la manera en que se utilizan todas las perspectivas de estas nuevas teorías de la guerra, pero a través de agentes que no son la IV Flota norteamericana, o las bases militares continentales, sino las redes geopolíticas que se han venido configurando en el mundo, sobre todo después de la caída de la URSS, y la imposición del proyecto unipolar de dominio.

El punto que nos interesa es tan solo una hipótesis, quizás una larga intuición que hemos venido corroborando y que permite comprender mucho mejor en qué medida la acción política internacional juega con nosotros o se va internando hasta convertirse en una directriz que toma la fuerza de los eventos liberadores a frente a los cuales están supuestamente alineados para revertirlos por completo o simplemente descomponer por completo el "agua al pez" donde se fabrica y reproduce la voluntad revolucionaria, siguiente las tradicionales directrices contrainsurgentes. Es decir, nos interesa la conspiración política de fondo a través de las "CONEXIONES" como puntos de intersección de intereses globales con expresiones políticas e ideológicas concretas, y que en su conjunto actúan como grandes hilos nerviosos por donde se anima la contrarrevolución mundial, utilizando cerebros políticos, militares e intelectuales que juegan su partida la mayoría totalmente conscientes, otros hasta de "buena fe izquierdista, o nacionalista, o liberal-democrática".

No nos interesa el juicio ético-político por sí mismo ni la reafirmación de nuestro dogma político propio, sino el papel de cada quien en una historia que se quiso libertaria pero encerrada dentro de una "entropía natural" que hace de este territorio la gula del mundo, no solo de burócratas y parásitos empresariales nacionales, sino de los agentes presentes en esa "otra guerra" de orden estrictamente político por medio de agentes que conforman sus grandes tendencias mundiales.

En este caso solo dejaremos señalados las que son a nuestro parecer las conexiones más importantes y sobre qué personajes de mando político recae su acción, o más bien el efecto final de una acción que comienza siendo o simplemente un trabajo de subversión interna hacia el gobierno o hacia la nación venezolana y su población que luego se extiende hacia la difusión de la violencia y el paramilitarismo, como es el caso de lo que llamamos la "Conexión Uribe", o por los efectos de una nefasta política gestada desde Miraflores la Conexión francesa-española, que busca, entre choques interglobales, la hegemonía política occidental de una izquierda que hereda la influencia pero también todo el revisionismo y el desarme mundial revolucionario que jugó en sus últimas décadas la URSS, posiblemente desde la revolución española en los años treinta.

Cada "conexión" hace su historia dentro la lucha hegemónica mundial y están ligadas a su controversia geopolítica. Pero que se entienda, no es nuestro centro la geopolítica por ella misma que es solo un instrumento de compresión de correlaciones de fuerza a cualquier nivel territorial desde lo más global hasta lo más local, nos interesa su papel propiamente conspirativo, es decir, su capacidad de desmembramiento de la potencia transformadora que genera un acontecimiento revolucionario como verdad, deseo e identidad colectiva conquistada en la lucha victoriosa. Es su capacidad por tanto de neutralización, des-integración, des-organización, caotización, saboteo, y sobre todo de prefiguración de los escenarios finales de manera de poner fin al peligro que supone la subversión liberadora de un orden, utilizando las mismas debilidades de una historia de emancipación, y hasta sus mismos lenguajes.

¿Cómo lo hacen, como se van tejiendo los hilos internos, sus personajes, sus modos de articulación con los grandes centros de dominio mundial?, es todavía una larga investigación que sugiero hacerla entre muchxs. El poder es una relación de fuerza no una cosa, por tanto son muchas las relaciones, personajes, entes nacionales e internacionales, que habrá que seguir develando y descubriendo. Lo único que podemos avanzar hasta los momentos es la identificación de los grandes hilos por donde consideramos se han movido esos agentes globales a nivel nacional.

Pero antes de ubicarlos dejemos algo en claro que el objetivo de esa conspiración una vez derrotada la conspiración de principios del siglo XXI es el quiebre completo de la base material y las consistencias sociales que son bases fundamentales de una subjetividad colectiva dispuesta a dar la pelea libertaria. Qué y cómo han ejercido su labor de destrucción?, de eso se trata los artículos anteriores Quebrar por completo a un país no es solo un problema de solvencia y cartera presupuestaria, es su derrota como pequeño centro de des-orden y subversión de un orden mundial consolidado, hasta llevarlo a las condiciones que hoy se evidencia, tener que venderse al mejor postor. ¿De quién se trata hasta donde nos llega la mirada?, de eso se trata en este caso.

Trabajaremos esas dos grandes conexiones principales que han provocado un verdadero desastre y una tercera que aún no entra a nuestro criterio en la historia de esta larga conspiración pero se abre como una fuerza enigmática en la lucha hegemónica y geopolítica mundial que es lo que llamaremos la conexión "Putin" en el renacer del neoconservadurismo mundial.

La conexión francesa-española.

En nuestro caso esta es la más interesante e intrincada esfera de conspiración, un verdadero cerebro que desde el lenguaje y las intenciones del bien va atando todos los juegos de la muerte. Es una "conexión" porque se trata de un tejido de elementos –personajes, universidades, asociaciones, intelectuales y burócratas- conectados y cada vez más influyentes desde muy temprano con las esferas de gobierno, particularmente el venezolano. Sujetos que se identifican con la izquierda histórica, que no provoca hechos directamente conspirativos sino efectos completamente neutralizadores de todo el propósito de liberación planteado, engendradas dentro del originario gobierno revolucionario o directamente desde el movimiento popular. Es un lagarto que se va comiendo desde dentro la vitalidad de una revolución, le quita potencia, la desactiva, ayuda a crear políticas absolutamente absurdas y destructivas, evita la consolidación de todo pensamiento propio, hasta provocar la imposición de políticas que son un verdadero suicidio a la hora de destrabar los males estructurales de un país como el nuestro.

En otras palabras, su fuerza maligna, su capacidad conspirativa, se juega en el orden de los diseños programáticos y las estrategias transformadoras. Conexión experta en el estrangulamiento e implosión de procesos a partir de sus propias fuerzas (trabajo emprendido en el caso de Europa por ejemplo con el partido Podemos en España que se hace "representante" y a la vez desfigura y neutraliza la insurrección de los "indignados", o el partido Syriza en Grecia que termina quitándole toda potencia al movimiento obrero-popular de insurrección contra la Troika europea), utilizando lenguajes e intencionalidades que a veces deslumbran por su radicalismo y lenguaje anticapitalista. Se trata en definitiva de agentes que se mueven dentro de la palabra, la estrategia y básicamente el pensamiento conjunto de un proceso de liberación. Papel que tan bien han sabido jugar históricamente las más arraigadas cofradías de dominio, desde los sacerdotes que nacen con los reinados sumerios y egipcios, las cofradías de la cábala judaica, la masonería, los jesuitas, etc. Son los nuevos sacerdotes de la opresión en su versión progresiva, en contacto sin duda con todo lo que queda de esta ancestral manipulación enmascarada entre órdenes y religiones.

La ubicamos en sus ramales franceses y españolas por la temprana inserción de los agentes de la socialdemocracia de izquierda latino-europea que pronto entraron en los pasillos de gobierno y Miraflores hasta hoy y pronto supieron hacerse de un universo de aliados internos que terminaron produciendo un polo fuertísimo de poder que utilizó básicamente la cancillería de la República como escenario conspirativo y finalmente a Nicolás Maduro como candidato propio (¿a consciencia de él?, ni idea, pero pieza central del equipo sin duda) que supieron ayudar a convertirse en el hoy presidente.

¿De dónde viene su fuerza?. Está muy ligada con la historia de la caída de la URSS y quien son los herederos de este inmenso imperio con una influencia enorme dentro y fuera de lo que fue el "campo socialista". Una vez caída la URSS, las secciones más de izquierda de la socialdemocracia europea se convierten en herederas directas de sus esferas de influencia política, en general dentro de una izquierda que se mantuvo atada al revisionismo soviético, más allá de los naturales partidos comunistas, sino dentro de movimientos y formaciones izquierdistas que buscaron polos sustitutos de referencia.

Su llegada y sustitución de influencia en Nuestra América se da a través de Cuba que por su lado utiliza sus canales para influir dentro de los mandos conservadores de la socialdemocracia cada vez más cercana al neoliberalismo hegemónico en los años 90 pero decisiva en múltiples sitios de gobierno, y de esa manera salvar una revolución y un Estado de corte netamente stalinista que se desmoronaba si no fuese con la ayuda de gobiernos socialdemócratas europeos básicamente. Cuba le sirve de puente (un personaje como Ramonet, su cercanía a Fidel y su influencia a través del "Le Monde Diplomatique", es pieza clave desde un inicio) para entrar en todo el laberinto de sujetos de izquierda cercanos a Cuba y sobre todo al naciente gobierno bolivariano de Chávez a principios de los años 2000.

La impresionante atadura que aún se mantiene por razones históricas, de la izquierda genérica a la dirección del Partido Comunista Cubano en nuestro continente, sin duda moldeó un criterio geopolítico de apoyo al proceso venezolano como era de esperarse, pero con dos condiciones básicas: actitud absolutamente acrítica y criminalizante de quien la ejerza desde el campo de izquierda. Y luego, el moldeo de una programática de gobierno cada vez más alejada a los a las fuentes propias y libertarias de pensamiento y el regreso a la direccionalidad burocrático-corporativa que en Venezuela funciona a la perfección. Al contrario de países como Bolivia que logra salvarse en gran parte de esta veta mortal, manteniendo los hilos nacional-obrero-indígena de su búsqueda y estrategia propia, aún con todas las deformaciones burocráticas que todo Estado produce.

Integrada mundialmente a personajes como el economista de izquierda Igor Pigasse (que sirve de "gurú intelectual" en este caso, nuevo director de Le monde Diplomatique), a su vez personaje muy cercano a Dominique Strauss Khan, quien por poco termina siendo quien presida el FMI o incluso candidato del Partido Socialista Francés a la presidencia, públicamente asociado al proyecto sionista israelí, las relaciones entre esta conexión y el proyecto hegemónico occidental, en su versión "socialista" (el marxismo que terminó siendo una pieza clave en el proyecto de la modernidad capitalista por tomarle prestadas al líder kurdo Oçalan), se van haciendo cada vez más evidentes.

Grupos como el de "Boston" integrado por sujetos del "liberal" norteamericano y donde han participado conocidos "chavistas" como Cilia Flores o Calixto Ortega o centros como el CELAG (Centro de Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), personajes propios como Temir Porras en sus relación con los agentes franceses internados en la cancillería desde hace años (inventor de una visión "pragmática" de la línea de gobierno más empobrecedora del planeta) y su relación la integración de todos estos asistentes españoles a Miraflores muchos venidos de la Universidad Complutense y viejas militancias en el PSOE, en definitiva para que sirven?: para darle forma y luego del mal hecho, buscar de la manera hasta sínica de convertir el desastre en un paraíso, sembrar de argumentos absurdos la realidad de un país que perdió –por ahora- todas las todas posibilidades materiales y subjetivas de emancipación integral frente al despotismo imperial global y la opresión endógena que subsiste entre nosotros.

El puente más interesante a descubrir son en último término las relaciones no solo con la socialdemocracia europea, sino con el proyecto del "alargement" (Alian Joxe 2009), el expansionismo caotizante y la guerra permanente, sintetizados en las figuras de Obama-Clinton del partido demócrata y sus hilos internacionales. Son líneas que en lo concreto habrían de investigar, pero que ahora, en el enfrentamiento con la sorpresa de la victoria de Trump, se van haciendo más claras. Vemos como se van pegando estos proyectos al enclave de los "liberals" norteamericano-socialdemocracia las redes y escenarios asociativos de difusión de un reformismo fragmentario, impotente, herramienta de profundización de las brechas de desigualdad entre el norte y el sur del planeta. En definitiva, grandes fábricas político-ideológicas al servicio en última instancia del capitalismo financiero más agresivo (¿qué hacen tipos como Soros, y detrás los grandes dueños de la Reserva Federal de EEUU, los clanes Rockefeller y Rothschild, sosteniendo esta versión de los "liberals" gringos actualmente)

La relación de esto con la formación de la "modernidad líquida" (desalmada, virtualizada, hecha dinero y crédito) denunciada por Bauman es muy interesante, pero no es el punto.

Quizás su controversia no resuelta reside en el problema de cómo abordar la soberanía de los Estados estando los europeos en una posición de desventaja estratégica y minoría absoluta frente al complejo militar-industrial norteamericano y su expansión por el mundo. La "izquierda" allí juega a la soberanía mientras que el resto de la social-democracia va desintegrando posiciones, como lo prueba frente a los hechos en el Medio Oriente y el claro apoyo que le ha dado al sionismo y bajo cuerda a la Yihad islámica. La actual controversia de Venezuela con la OEA, la asquerosa posición de la oposición en conjunto con Almagro (hombre criado en esta izquierda reformista uruguaya) es otro ejemplo de una dimensión para nada resuelta. Aquí la coincidencia estratégica en última instancia choca con los intereses del hegemonismo europeísta con el uni-imperialismo norteamericano.

Para cerrar el punto hasta ahora de esta "Conexión", sintetizaríamos la labor conspirativa y contrarrevolucionaria de esta compleja red como una estrategia del "des-valor" del campo de las infraestructuras que quedan despedazas en la corrupción del paso de un Estado corporativo-burocrático a un Estado virtualmente mafioso, desbaratando sus instituciones propias incluidas las FAB. En el campo de la moneda donde utilizan intelectuales para darle hasta sentido revolucionario -¡que genios macabros!- a la desvalorización total de la moneda y por encima de todo de la capacidad autovalorizante que tenga la clase trabajadora en sus luchas por reivindicar el valor de su trabajo, la cual queda atrapada en una espiral inflacionaria que hace imposible la búsqueda al menos de un sueldo justo. Algo que está en su agenda o no los enlaza con la "Conexión Uribe", cuya estrategia también podríamos sintetizar como el llevar las realidades al total des-valor de la nación y de la vida colectiva.

La Conexión Uribe

Tomamos el título de "Uribe" para esta Conexión por tratarse de uno de los representantes más claros de un proyecto imperial que desborda la tradicional estrategia de intervención de los Estados y las economías de los países para transformarse en una intervención directa sobre las poblaciones que necesitan ser debilitadas como naciones y como colectividades, mucho más si se trata de un pueblo en lucha. Dentro de nuestro país ha jugado el papel de un complemento perfecto al proyecto hegemónico y burocrático disolvente que han jugado los agentes de la socialdemocracia europea aunque aparentemente se trata de enemigos declarados en el campo político-ideológico.

Viendo su papel dentro del conjunto continental, el proyecto "Uribe" en Colombia, el cual logra situar al capital mafioso y las formaciones paramilitares a nivel de gobierno, rápidamente se transforma en un modelo indirecto de intervención violenta sobre naciones en conflicto y cuyos gobiernos chocan por una razón u otra con las geoestrategias imperiales. La situación vivida luego de la "primavera árabe" en el medio oriente y la introducción de la yihad islamista como forma de quiebre no solo de las naciones y sus Estados sino de toda posibilidad liberadora a su interno, tiene su contrapartida en nuestro continente y sobretodo en el área de México, Centroamérica, norte de Suramérica y grandes zonas de marginalidad urbana en Brasil, en este modelo violento de la derecha más recalcitrante que sintetiza la figura de Uribe. Por supuesto las potencias imperiales aquí corren el mismo riesgo de la que ha pasado con el terrorismo islámico donde el caos y la violencia inducida luego tienden a devolverse contra ellos mismos, en nuestro caso en la formación de monstruosos carteles mafiosos que van convirtiéndose en poderes independientes. Es el riesgo calculado pero no controlado de un imperialismo postguerra fría completamente alocado.

Su afloramiento y multiplicación con cada vez más fuerza en nuestro continente de formas de "paraestados", ligados a todas las formas del tráfico de narcóticos, tráfico de blancas como llaman, de órganos, blanqueo de dineros, pero además en nuestro caso de la mercancía proveniente del suelo, el subsuelo y el comercio en general que llevan a los mercados internacionales, no es solo una realidad que se extiende sobre nuestro territorio, sino el complemento de un plan conspirativo cuyo objetivo no es el de penetrar y dominar las estrategias de un gobierno, no es burocrático como el anterior, sino de penetrar la sociedad y descomponer sus organizaciones propias, públicas y no públicas, además de órganos de seguridad e inteligencia, agentes de las fuerzas armadas pero directamente en la relación de estos con los espacios sociales donde se desplaza. Es la creación forzada de una situación que tiende a la degradación bárbara y violenta del todo social por lo que supone desde el punto de vista de la acumulación bélica en manos de sujetos criminales, utilizando las mismas debilidades y pobrezas acumuladas por siglos de colonialismo y opresión imperial sobre nuestras naciones.

En su conjunto se trata de un cerco estratégico de violencia sobre la población a través de personas que hacen parte de ella y se multiplican cada vez más como hierba mala incontenible. Esto la debilita desde todo punto de vista, destruye su sentimiento de identidad, posibilidades de comunitarismo, organización autogobernante y capacidad productiva, conspirando deliberadamente contra cualquier manifestación auténtica del proyecto transformador y justiciero.

La "Conexión Uribe" si la vemos desde el punto de vista material, no es más que un derivado directo de la misma dinámica de un capitalismo dominado por los códigos delirantes de la acumulación financiera. La ganancia D-D’-D’’ presagiada por Marx, abre tal cantidad de posibilidades a un movimiento de capitales desorbitado y sin control, sin tiempo ni espacio establecido, movidos por una banca que descubre todos los días nuevas zonas de burla de cualquier control legal a su actividad, y que en cualquier momento iba a transformarse en una estrategia de dominio político más allá de los intereses económicos que allí se mueven.

Habría que ver cuál es el cerebro final de todo esto, ese cerebro final malvado que los rebeldes descubren en la película de los "Juegos del hambre" donde prácticamente entramos en dimensiones esotéricas y milenaristas del dominio, al menos hasta que terminemos de entender el origen y la lógica final de estas grandes conexiones de dominio. Pero en todo caso nuestra tesis, y allí lo macabro de todo esto, es que hubiese sido imposible conspirar a tal nivel sin este complemento directamente violento sobre la sociedad a partir de sus mismas debilidades y los efectos sociales que trate la disolvencia "por arriba" del proyecto de construcción y transformación revolucionaria.

La tesis esgrimida por la izquierda de que es el modelo del "Plan Colombia" el que va introduciendo todo el paramilitarismo y a la vez arma el contexto militar-estratégico dentro de Colombia (bases militares norteamericanas, estrategias contrainsurgentes) para contener la revolución popular que empieza en Venezuela a comienzos de los años 2000, es correcta y muchas veces explicado, pero tiene como defecto el tratamiento de tal estrategia como si se tratase de un plan aislado, dedicado a la realidad que en Venezuela se abre para esos años. Ciertamente el "plan" como tal se centra en Colombia y Venezuela, pero el paso de Uribe es el de haberlo integrado a un modelo mucho mayor de poder paraestatal, que Santos ahora trata de contener y a la vez continuar desde una visión mucho mas "aristocrática" del mismo (fue al fin y al cabo uno de sus creadores como ministro de defensa de Uribe). La formación de los paraestados es un hecho en expansión en Nuestramérica como mecanismo de fragmentación nacional y formación de nuevos dispositivos de poder criminales totalmente disfuncionales y antagónicos frente a toda expresión soberanía de los pueblos.

Ahora, ¿de dónde se sostiene esta red nacionalmente?. Obviamente se trata de las conexiones hechas en primer lugar con todos los agentes de una ultraderecha interna, conectada a su vez con los polos más influyentes del campo más reaccionario norteamericano como es el caso del universo político que gira alrededor de los Bush, el senador Marcos Rubio, etc. Todo ello en conexión con el uribismo colombiano y el campo conspirativo que se ha formado luego de los golpes exitosos en Honduras y Paraguay, y que prosiguen en Brasil hasta ganar un gran poder con la victoria de Macri en Argentina. Las "guarimbas" del año 2015, pusieron en claro su unidad estratégica, siendo para entonces una manifestación violenta de calle que intentaba inaugurar la contraofensiva reaccionaria en Venezuela, habiendo hecho su parte la socialdemocracia europea en el debilitamiento absoluto del proyecto revolucionario y todo el campo institucional civil y militar. La torpeza y completo alejamiento de estas manifestaciones del campo popular las hicieron sucumbir por completo, pero ayudaron a crear la imagen de martirio de sus héroes sociales estudiantiles y la creación del "mártir mayor" Leopoldo López, lo que les permite crear un liderazgo sólido y presidenciable dentro de la derecha.

Toda esta situación ha sido perfectamente aclarada por todas las denuncias hechas, ahora, insistimos, no se trata tan solo de "ultraderechas" neoliberales que hace su parte como factores tradicionales y más apegados al juego hegemónico de los EEUU sobre nosotros. Se trata de hace al menos diez años de una avanzada caotizante y violentista donde estos factores políticos combinan fuerzas y estrategias comunes en función del control territorial y la aspiración de todas las fuerzas de Estado y organizaciones sociales (incluidos por ejemplo muchos "colectivos" que se mientan revolucionarios en nuestro país, o el caso de los famosos "sindicatos" en Bolívar impulsados por Rangel Gómez, verdaderas maquinarias de la guerra paramilitar al modelo Uribe de las cooperativas de autodefensa) dentro de esta estrategia de descomposición de la autoorganización, la identidad, la unidad y la colaboración poblacional.

Describir y descubrir todos estos intrinquicados vínculos de tal "Conexión", es una tarea compleja, que en el caso del gobierno chavista solo ha utilizado como propaganda contra la oposición y la avanzada de fuerzas represivas terribles como es el caso de las OLP’s, pero en ningún momento ha hecho un desmontaje y una guerra a fondo con verdadero sentido de defensa revolucionaria contra este fenómeno dada la cantidad de personeros suyos, militares y civiles de altos cargos y medianos cargos, líderes nacionales y regionales del PSUV, gobernadores, alcaldes, altos funcionarios, que por igual han sido absorbidas por estas fuerzas casi demoníacas. Esto es parte de todas las tareas autodestructivas que estas conexiones han trabajado junto a sus respectivos agentes "revolucionarios" y "protofascistas".

No podemos dejar de lado que esto se combina con fuerzas mucho más sutiles que hablan desde su lado "bueno y religiosos"; como todo hegemonismo tiene que presentar el paliativo de su cara buena y moral. Nos referimos en nuestro caso a sus vínculos explícitos con sectores de la iglesia católica en sus cúpulas nacionales y regionales como sectores de la derecha jesuítica que desde la UCAB, trazaron toda una estrategia para la formación de una juventud realmente comprometida con el legado colonial-liberal que estos promulgan. Pero los más importantes y peligrosos factores que realmente han metido la mano dentro de las comunidades pobres en un mega diseño continental, trazado desde los años 80 por el grupo Santo Domingo, es la agresiva entrada del evangelismo más fundamentalista, propio de una devoción sumisa que en algunos casos empiezan a ser determinantes en el fortalecimiento incluso electoral de los factores más derechistas que en muchos casos voltean las correlaciones de fuerzas tanto militares como políticas, como el caso Brasil y su influencia dentro de las grandes favelas. Ese diseño está operando en Venezuela creando verdaderas estructuras de mucho poder y capacidad manipulante de juventudes como es el caso del Grupo Maranata, comandados por jefes aquí, en Brasil y EEUU, algunos de ellos ya denunciados por sus vínculos con el lavado de dinero y el capital bancario. Una verdadera maquinaria fundamentalista que poco a poco repite con otros métodos y estrategias la experiencia del fundamentalismo islámico.

Podríamos, y es la tarea, seguir descubriendo y aclarando las redes de esta Conexión terrible. Se trata en definitiva de una hiedra que va extendiéndose bajo una lógica que como aclaramos en el caso de la anterior Conexión socialdemócrata no es burocrática, signada por el viejo modelo de los socialismos de Estado, sino viral y terriblemente autoritaria y déspota, de acuerdo al modelo genérico neoliberal, virtual y desterritorializada, donde se impone sin miramientos de derecho la lógica del más fuerte. Actúan como un virus destructivo y expansivo que van profundizando su tarea destructiva dentro de un intrincado entramado de relaciones que se van chupando y "desalmado" las sociedades.

La Conexión Putin

Pasamos por dos Conexiones que a nuestro punto de vista constituyen el cordón básico de una conspiración contra la lucha del pueblo venezolano. Ahora no queremos dejar este análisis respecto a las grandes zonas de conspiración contrarrevolucionaria, sin llamar la atención de respecto a una conexión ligada obviamente a la figura líder de una federación rusa que solo en esta década ha abierto su boca al mundo. Conexión que posiblemente aún no tenga fuerzas propias en nuestro país de importancia, ni tiene mayor papel ni sujetos propios en la tarea demoledora de la esperanza revolucionaria en nuestra tierra a pesar del gran acercamiento que a través de la presidencia de Chávez se produjo y sigue manteniéndose con Putin y Rusia. No obstante, más allá de los acercamientos estratégicos entre Venezuela y Rusia (aquí no estamos juzgando la pertinencia o no de una postura en favor de una alianza con Rusia que es otra cosa), esta última, como nuevo hegemonismo conservador podría jugar a futuro un rol muy particular en tanto mural de bloqueo frente a las inevitables tareas de reconstrucción nacional y liberación social que tendremos que asumir en los tiempos venideros si en algo nos interesa nuestra tierra.

Le damos el nombre a esta Conexión de "Putin", por el papel muy especial que viene jugando Rusia a través de la figura de Putin, no solamente por su renacimiento como potencia mundial luego de la debacle de la URSS, sino como polo hegemónico de una cosmovisión político-ideológica que frente al discurso y la política disolvente de naciones y pueblos que vienen jugando los hijos políticos directos tanto del socialismo real de Estado como del neoliberalismo, se alza contra estas procurando un discurso de la unidad de los pueblos, la identidad, la tradición, la nación, la soberanía, el mundo multipolar. Incluso haciendo puentes con muchos novedosos intelectuales que de manera muy interesante se enfrentan al liberalismo y donde suman a su crítica feroz las líneas libertarias de la izquierda, buscando la reconstrucción del pensamiento conservador y nacionalista, en un mundo de naciones que frenen la caotización globalizante "atea, bancaria y posmoderna" que producen según estos el quiebre de las identidades humanas. Es el caso de intelectuales como el ruso Alexander Duguin y el francés Alain Benoit. Es la contraposición de la que se ha venido llamando el "euroasiatismo" al mundo unipolar de la OTAN-Europa-EEUU.

Se trata de un nuevo polo hegemónico naciente que ya tiene sus efectos en la renovación del nacionalismo de derecha europeo antiUE (Unión europea), que busca en estas nuevas síntesis deslastrarse del manto nazi-fascista con que se le sigue acusando con razón, pero que también rebota sus ecos en personajes tan díscolos como Donald Trump en su xenofobia, su racismo, y su aparente confrontación con los capitales transnacionalizados, banqueros, mediáticos. De allí la acusación que se le ha hecho de ser "un agente de Putin". El encuentro de Putin con Marie Le Pen previo a las elecciones presidenciales venideras (más importante representante de esta extrema derecha europea por el peso de Francia) lo hace evidente, pero su extensión no se queda allí. El criminal y fascista de Erdogan, presidente de Turquía, en sus juegos geopolíticos y su obsesión por consagrarse como el nuevo sultán Otomano, para el actual referéndum donde intenta constitucionalizar su dictadura, también ha hecho suyo este nuevo nacionalismo, hablando de soberanía, independencia, poder del pueblo –¿ecos de un chavismo desarmado?-, buscando así mismo alianzas con Rusia que podrían ser estratégicas y una postura de encuentro con el euroasiatismo.

Si a ver vamos se trata de un renovación de los viejos ríos del fascismo, pero que en este caso menos delirantes, totalitarios y ambiciosos. Como todo nacionalismo conservador a la final es la otra cara de un mismo despotismo del capital queriendo lavar las consecuencias de la obra empobrecedora, caótica y destructiva en su alma exclusivamente imperial y globalizante, no por el reformismo sino por el conservatismo enclavado en el pueblo pobre. Pero al renovar también genera seducción y enseñanza, de allí lo interesante de la radicalidad crítica de sus intelectuales. Y es por esta razón donde simplemente advertimos de su entrada entre nosotros en su versión más reaccionaria, utilizando posiblemente no una derecha goda ignorante y archineoliberal, sino pedazos de un chavismo empobrecido espiritualmente que tiene todas las condiciones para que muchas de sus partes más plebeyas busquen inclinarse y salvarse en estas posturas de unidad, sangre, nación, identidad, como pasa en otros lados del mundo. ¿Serán personajes como Diosdao Cabello y el mundo cívico-militar que gira sobre ellos, sus candidatos a "conectar"?. Vaya a saber, de estos personajes de gobierno ya es muy difícil saber qué líneas de mundo pasan por sus cabezas, cuando todo debate está desde hace mucho tiempo cancelado.

Al haberse perdido la profundización política, programática, teórica, del pensamiento propio revolucionario y libertario, se busca en la cabeza del amo nuestra propia salvación, cuando es en realidad el enterramiento más hondo y seguro. Todas estas conexiones, la que ya han hecho sus terribles juegos conspirativos, y las que podrían ser como esta última, tienen en realidad una razón de haberse impuesto y destruir hasta donde han podido: la ausencia de una capacidad de contraofensiva nuestra, como pueblo y nación en lucha, contra estas "conexiones" que siempre estarán presentes. Una contraofensiva que haya permitido la reafirmación de un camino propio y jugarnos también nosotros la posibilidad en el mundo y el continente de una conexión potente y contra hegemónica. Nada que hacer por ahora, ya la primera obra revolucionaria, soñada entre los años ochenta y noventa del siglo pasado, la han destruido casi por completo en estos juegos del hambre, la destrucción y la conspiración completa.

Debilitados como estamos los tiempos que vienen van a ser muy duros, de una injusticia hacia las condiciones materiales, de dignidad y libertad de nuestro pueblo que todos los días son más asombrosas. Aún así el ave fénix de la respuesta espera su momento hasta con cierta felicidad porque demasiadxs sabemos y segurxs estamos de que aquí no acaba la historia…esperamos haber contribuido con estos tres trabajos de "Notas al margen" a aportar algo a esa inteligencia rebelde que sigue construyendo su tiempo.

- postaporteñ@ 1747 - 2017-04-02 11:56:36
postaporteñ@_______________________________

De nuevos y viejos fujimorazos

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Se caía de maduro

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"Fujimorazo": el Tribunal Supremo de Justicia se declaró representante de los 30.000.000 de venezolanos.

Con una sencilla y quirúrgica medida se obtienen varias cosas importantes: menos blablá + simple llegar a la sanción de las leyes y + ahorro en dietas de legisladores.

Antes de Fujimori en Perú, en Uruguay, el 27 de junio de 1973, otro presidente que había llegado por las urnas disolvió las Cámaras legislativas.

Lo demás ya se sabe (eeeh... huuum...: ¿se sabe?).

Ese presidente, Bordaberry, dijo en la ocasión:

Afirmo nuestra profunda vocación democrática y nuestra adhesión sin reticencias al sistema de organización política y social que rige la convivencia de los uruguayos.

Este paso no va a limitar las libertades ni los derechos de la persona humana.

Para ello y para su vigilancia estamos nosotros mismos...

Espero que al leer la palabra presidencial todos hayan exhalado un suspiro de alivio.

¡Continuar!

 Juan del Sur

@juandelsur2

 

CEJIL | Condenamos que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela deje Asamblea General sin competencias

30/83/17

El Tribunal Superior de Justicia venezolano le quita las facultades democráticas al Parlamento, rompiendo con esta decisión la separación de poderes.

San José y Washington D.C., 30 de marzo del 2017.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra preocupación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia venezolano de arrogarse facultades legislativas rompiendo con esta decisión la separación de poderes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venezolano decidió —en una sentencia del pasado 29 de marzo de 2017­— que la “Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por [dicha] Sala o por el órgano que ella disponga”. Dos días antes de esta sentencia, el TSJ realizó un pronunciamiento declarando inconstitucional el respaldo a la Carta Democrática Interamericana, por parte de la Asamblea General, y estableciendo que sus miembros incurrieron en el delito de traición a la patria, despojándolos de su inmunidad parlamentaria.

El fallo del 29 de marzo es contrario al espíritu de la Carta Democrática Interamericana que consagra expresamente en el artículo 3 como elementos fundamentales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, […] y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Desde CEJIL exhortamos al Estado venezolano a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y a restablecer el Estado de derecho en el país.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Repudiamos sentencias del TSJ que profundizan la

restricción a las libertades democráticas

Partido Socialismo y Libertad (PSL) 

En los últimos dos días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio nuevos zarpazos antidemocráticos, profundizando la restricción a las libertades democráticas que el gobierno de Nicolás Maduro viene realizando, amparado por el TSJ, el cual viene siendo controlado por el propio gobierno de Maduro.

Con estas decisiones del TSJ, el gobierno en los hechos, disuelve la Asamblea Nacional en la medida en que formaliza la eliminación de sus atribuciones constitucionales y levanta la inmunidad a los parlamentarios, dejándolos sin el fuero correspondiente y a merced de las decisiones arbitrarias del gobierno y el TSJ.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) repudia categóricamente todas estas acciones que evidencian que el gobierno de Maduro se constituye en un régimen semidictatorial. Un gobierno autoritario basado en el respaldo de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, y apoyado por amplios sectores empresariales, los banqueros, las transnacionales petroleras y la burocracia sindical.

El PSL rechaza este nuevo ataque a las libertades desde una consecuente posición de izquierda y de defensa de los derechos de los trabajadores. No reconocemos a este gobierno como un gobierno socialista. Maduro viene gobernando hambreando al pueblo trabajador y haciendo acuerdos con el empresariado y las transnacionales. 

Tampoco confiamos ni apoyamos a la MUD. Nuestro repudio a la disolución de hecho de la Asamblea Nacional no es un apoyo político a la MUD sino un rechazo a una acción antidemocrática contra la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del 6D. De ninguna manera sembramos esperanzas en la MUD, la oposición patronal y proimperialista, quienes también son responsables de los males que aquejan a todos los venezolanos. Ellos sólo quieren ser los sucesores de Maduro en Miraflores, apropiarse de la renta petrolera y seguir con el ajuste a los trabajadores.

Estas medidas del TSJ son continuación de las restricciones antidemocráticas del gobierno de Maduro, el cual viene instrumentando las llamadas OLHP, un operativo criminal con el cual se han perpetrado varias masacres de personas inocentes y sin antecedentes penales. Se conformó el Comando Antigolpe, el cual procedió a detener a varios diputados y dirigentes políticos de la oposición burguesa agrupada en la MUD. El gobierno se niega a realizar elecciones regionales y de alcaldes, así como elecciones sindicales, siendo el caso más emblemático el de la federación sindical petrolera, Futpv. Y el pasado año hizo malabares para evitar que se activara el referendo revocatorio, solicitado por un importante sector de la población.

Mientras el gobierno de Maduro muestra su cara más antidemocrática, avanza en acuerdos económicos con el empresariado en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, y más recientemente, en la Expo Feria Venezuela Potencia 2017, donde otorgó más de 45 millones de dólares a empresas nacionales y transnacionales. Por otra parte, entrega el Arco Minero del Orinoco, y paga puntualmente la deuda externa a la banca internacional. Este año se apresta a pagar 17 mil millones de dólares, y en el 2016 pago 18 mil millones.

Es evidente que el gobierno, con este avance totalitario busca allanar el camino para seguir aplicando el brutal paquete de ajuste con el cual se hace pagar al pueblo trabajador el costo de la crisis, y continuar entregando nuestras riquezas minera y petrolera a las transnacionales a través de la empresas mixtas.

Asimismo, el gobierno pretende perpetuarse en el poder. No es de extrañar que se esté preparando declarar el estado de conmoción nacional para suspender todas las elecciones, inclusive las presidenciales del 2018, y tomar acciones más drásticas contra los diputados, contra el conjunto del movimiento de masas y los sectores que se movilicen por sus derechos, y contra los que disientan o se opongan al gobierno.

Nuestra organización rechaza todo tipo de injerencia de la OEA, en asuntos que deben ser resueltos por los venezolanos. Nos oponemos a la implantación de la Carta Democrática, porque esta representa la injerencia de fuerzas e intereses imperiales respecto a nuestra soberanía, así su llamado sea la justa realización de elecciones.

Rechazamos a este represivo y hambreador gobierno, que sólo ha sembrado miseria en el pueblo trabajador y se ufana de la entrega de nuestros recursos petroleros y del Arco Minero del Orinoco. Hay que salir ya de este gobierno.

En ese sentido, la salida estratégica es un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo que revierta la debacle social y política que vivimos. En ese camino debemos luchar en defensa de las libertades reclamando una inmediata convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde el pueblo trabajador pueda decidir todo.

El PSL llama a la Plataforma en Defensa de la Constitución, a la Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico, a Marea Socialista, y a todos los sectores democráticos, a los sindicatos, organizaciones populares, campesinas y estudiantiles a movilizarnos y pronunciarnos unificadamente en contra de estas medidas, antes que se terminen de liquidar todas las libertades democráticas.

31 de marzo 2017

 

Transparencia Venezuela | Siete magistrados dejan sin Estado de Derecho a más de 31 millones de venezolanos al poner en manos del Presidente Maduro todos los poderes públicos

Mar 30, 2017 

Transparencia Venezuela hace un llamado a los representantes de los poderes públicos que fueron despojados de sus funciones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a defender la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y la vigencia plena de la Constitución. De no hacerlo y obedecer o ejecutar algún acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución, no sólo serán cómplices de la ruptura del orden democrático, sino que incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso.
Caracas, 30 de marzo de 2017. Siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ), 5 de ellos designados en procesos viciados de irregularidad, acabaron con la separación de poderes —condición sine qua non de la democracia— al entregar al presidente Nicolás Maduro la potestad de tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias, sin consulta de ningún otro Poder, para “evitar un supuesto estado de conmoción”.

Los autores materiales

Los magistrados Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo (en suplencia de Gladys Gutiérrez) firmaron en ponencia conjunta, la sentencia 155 de la Sala Constitucional del TSJ, que entrega todo el poder al Presidente de la República y declara traidores de la Patria a los diputados por solicitar la activación de la Carta Democrática.

Estos magistrados se convirtieron en incondicionales aliados de los intereses del gobierno nacional y, finalmente han acabado con la democracia, sostenida en el Estado de Derecho y en la separación de los Poderes. Llama la atención que la magistrada Gladys Gutiérrez, por más de 4 años presidenta del TSJ y miembro de esta sala, no haya tomado parte en una sentencia tan crucial como ésta.

Estos siete magistrados coronaron a Nicolás Maduro como el Jerarca de Venezuela, traspasaron a él la soberanía nacional y le entregaron las funciones de todo el Poder Público Nacional. 

Transparencia Venezuela 

CIDH | Condenamos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y la alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela

31 de marzo de 2017

Washington, DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional.

El 28 y 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos decisiones a través de las cuales levanta las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional, establece que sus actos constituyen traición a la patria, otorga al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales, y, por otra parte, arrogándose las competencias del Poder Legislativo, decidió que dichas competencias serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que dicha sala disponga. Además establecen otras afectaciones al funcionamiento de un Poder Legislativo independiente en Venezuela.

La Comisión condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado. La CIDH expresa su absoluta preocupación ante decisiones mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido funciones y decisiones sobre asuntos políticos y legislativos que son ajenos a la función judicial, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular. Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático. Anteriormente, en septiembre de 2016, la CIDH había condenado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mediante la cual dicho tribunal declaró nulas y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea Nacional, a la cual declaró en desacato.

La Comisión Interamericana condena el uso del derecho penal -del delito tipificado como traición a la patria-, como un medio para silenciar, intimidar y criminalizar la crítica al Gobierno realizada por los diputados de la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, la Comisión observa que la primera decisión del Tribunal Supremo de Justicia dota al Presidente de la República de poderes discrecionales, que través de un lenguaje amplio y ambiguo permite la adopción de medidas de toda índole. Esta situación tiene la potencialidad de generar limitaciones a los derechos humanos.

La CIDH ha establecido reiteradamente que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto.

La relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción  al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho. En particular, la Comisión urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación en la vida política en el país de todos los sectores.

La CIDH se pone a disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país. En este sentido, la CIDH reitera la solicitud de anuencia del Estado de Venezuela para realizar una visita de observación, que la Comisión viene solicitando desde el año 2004.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Foro por la Vida | Denunciamos golpe a la soberania popular

31 Mar 2017

Las organizaciones no- gubernamentales de derechos humanos que suscribimos el presente pronunciamiento, integrantes de la coalición “Foro por la Vida” rechazamos categóricamente las sentencias N° 155 del 28 de marzo de 2017 y 156 del 29 de marzo de 2017 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) . Estas decisiones desconocen el mandato constitucional de los diputados libremente elegidos en votación popular y golpean las garantías constitucionales relativas a la separación y autonomía de los poderes públicos.

Las referidas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante TSJ)  confirman la preocupación manifestada por los distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos ante la ausencia de institucionalidad democrática, separación de los poderes y ruptura de las garantías democráticas básicas  La actuación del TSJ confirma la ausencia de una institucionalidad democrática en el país.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 156, dá un golpe certero a los restos de soberanía popular que quedan en el ordenamiento político e institucional venezolano al abolir de facto las competencias de la Asamblea Nacional (en adelante AN). Las sentencia usa como pretexto un supuesto desacato a fallos anteriores del propio tribunal; con este nuevo fallo queda abolida de hecho la voluntad del pueblo venezolano que libremente eligió a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público de Elección Popular.

El TSJ con su  sentencias 155 y 156 destruye el Estado de Derecho al otorgar al Ejecutivo atribuciones que son exclusivamente de la Asamblea Nacional contempladas en el artículo 187 de la Constitución; declara la “omisión institucional parlamentaria” y decidió que ” mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Estas sentencias de facto constituyen la consumación de la disolución o cierre jurídico de las competencias constitucionales de la AN, lo cual es una ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el funcionamiento de la democracia. Configura un secuestro de la soberanía popular representativa de la AN que es la esencia de una democracia: el respeto a la voluntad popular.

Con estas sentencias la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia transgrede y da la espalda a sus atribuciones constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en los distintos instrumentos de protección de derechos humanos.

De acuerdo a la Fiscal General de República, Luisa Ortega Díaz, “estas sentencias tienen varias violaciones del orden constitucional ydesconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

El Foro por la Vida recuerda que estos principios y normas constitucionales son transgredidos precisamente por el órgano llamado a ser su intérprete y garante de su supremacía y efectividad. Por ello señalamos que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos; de igual modo la Constitución no pierde su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza.

Por más que desde el poder recrudezca la conducta criminalizadora y estigmatizante, destinada a silenciar la crítica y el debate democrático, seguiremos firmemente cumpliendo el deber y el derecho de todo ciudadano a exigir la plena vigencia del orden constitucional y el respeto íntegro e indivisible de todos los derechos humanos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales.

La grave situación social derivada del rápido empobrecimiento de la población, la crisis de los servicios de salud publica, las altas tasas de violencia criminal, el deterioro de la educación pública y la desnutrición no pueden enfrentarse efectivamente sin plenas garantías para las libertades y derechos humanos.

Ante tan delicada situación que afecta la vigencia de la institucionalidad republicana establecida en la Constitución, las organizaciones del Foro por la Vida reafirman la importancia del estricto apego a las normas del derecho internacional de los derechos humanos como mecanismo para alcanzar la justicia y dignidad para todas las personas.

Exigimos que se reestablezcan inmediata y plenamente los derechos y libertades de la personas que habitan en el territorio venezolano y ello implica ceñirse con estricto apego a lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y las  garantías establecidas en la Constitución venezolana.

Requerimos a las altas autoridades del gobierno nacional el cese de la violencia institucional en contra del Poder Legislativo y que se respeten los mecanismos instititucionales para avanzar en la resolución de la grave crisis política nacional.

Agradecemos la solidaridad expresada por diversos gobiernos, personalidades y organizaciones de derechos humanos que igualmente rechazaron estas sentencias y reclaman la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela

Acción solidaria
Accion Ciudadana contra el SIDA (ACCSI)
Caritas Los Teques
Centro de DDHH de la UCV
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Cofavic
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
Comisión de Justicia y Paz de la Conver
Coprodeh
Espacio Público
Observatorio Venezolano  de Derechos Humanos de las mujeres
Servicio Jesuita a Refugiados
Vicaria de Dd.hh de Caracas

BOLIVARIANA

INDISCIPLINA PARTIDARIA,
la columna de Hoenir Sarthou en Voces 29/3/17

Venezuela se ha convertido en un problema para quienes se proclaman “de izquierda”


Como ejemplo, basta ver el abanico de posturas existente en el oficialismo uruguayo, así como en fuerzas que se consideran más a la izquierda que el Frente Amplio. Hay desde quienes apoyan la postura agresivamente intervencionista adoptada por Luis Almagro como Secretario General de la OEA, hasta quienes consideran que cualquier crítica al gobierno venezolano es un acto desleal de apoyo al imperialismo.

¿Quién tiene razón? En caso de que alguien la tenga.

El análisis de este asunto requiere responder no una sino dos preguntas.
La primera es si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas, es decir las garantías constitucionales que el mismo chavismo promovió en su momento, y si tiene o no válidamente cuestionada su legitimidad democrática.
Si la respuesta a esta primera pregunta es “sí”, se abre otra interrogante: ¿qué actitud deberíamos asumir ante eso como uruguayos y en particular cómo debería actuar nuestro gobierno?
Esta segunda pregunta es importante porque la respuesta no puede ser dada desde la pura abstracción. Por un lado, porque es claro que cualquier intervención que se produzca, ya sea política, económica o incluso de fuerza (no es la primera vez que se incentivan conflictos fronterizos en la zona), no será hecha por la mano de Dios, sino por intereses y gobiernos muy deseosos de intervenir, directamente o a través de organismos internacionales, en su propio beneficio

Y, por otro lado, porque opinamos y actuamos desde un país chico de Sudamérica, para el que el principio de “no intervención” debería ser una regla sagrada.
Sobre la primera pregunta (si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas y tiene válidamente cuestionada su legitimidad democrática), mal que nos pese a muchos, sólo puede darse una respuesta afirmativa. La crisis económica, la corrupción, el desorden administrativo y el desabastecimiento de productos esenciales han erosionado el apoyo popular inmenso que Maduro heredó de Chávez.

La fractura política del país, la manipulación y luego la desconsideración del poder ejecutivo hacia los otros poderes del Estado, el encarcelamiento de líderes opositores y finalmente la suspensión de las elecciones son la prueba del desgaste del gobierno, que no posee ya la capacidad de hegemonizar en grado suficiente ni siquiera a los sectores populares de la población venezolana. Cada vez más recostado en el ejército y en el núcleo duro de sus militantes, funcionarios y prebendarios, el gobierno de Maduro ha perdido esa condición de marea popular, tal vez no muy escrupulosa en las formas pero sin duda mayoritaria, que caracterizó al chavismo de Chávez.
Más allá del debate constitucional sobre la suspensión de las elecciones, esa suspensión es un símbolo claro de lo que está pasando en Venezuela.

Si algo caracterizó a Chávez y a la segunda ola de gobiernos de intención revolucionaria en América Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia) es que sus pretensiones revolucionarias de “socialismo bolivariano” no se fundaron en los fusiles ni en focos insurreccionales. Nacieron, vivieron, intentaron cambiar la ecuación de poder y cambiaron sus respectivas constituciones a golpes de urna, en base a apoyos populares masivos verificables en sucesivas elecciones. Si algo caracterizó al chavismo de Chávez fue la confianza absoluta en su capacidad de enfrentar elecciones y plebiscitos

Por alguna razón, el chavismo no produjo material teórico sobre este punto (como sí lo hizo el castrismo con la guerra de guerrillas y la teoría del foco), pero a estas alturas es evidente que la capacidad de legitimarse popularmente mediante instancias electorales y plebiscitarias, no rehuyéndolas nunca y sometiéndose a ellas con considerable honestidad, fue parte sustancial de la concepción de Hugo Chávez Frías, para quien el ejército y el aparato estatal no podían sustituir al calor popular en que fundaba su liderazgo y el futuro de su régimen.
Hoy vemos a Maduro en la posición opuesta. Aunque intenta seguir las políticas sociales populares del chavismo, ha perdido la legendaria confianza de Chávez en las expresiones políticas de su pueblo. Por eso rehúye una elección en la que casi seguramente saldría derrotado. No saber soportar una derrota, y -como lo hizo mil veces el peronismo- conformar un movimiento opositor que seguramente llevaría de nuevo al chavismo al poder en poco tiempo, es la prueba de la debilidad e incapacidad política de Maduro y de los cuadros que lo rodean. Incapacidad para entender y promover el funcionamiento democrático, pero también para entender la premisa estratégica y política sobre la que se edificó el chavismo: un gobierno popular no puede temer a las elecciones.

Esa incomprensión probablemente lleve a la ruina a Maduro y a su gobierno, pero sobre todo compromete el futuro de la tradición política chavista.

¿Esa debilidad democrática del gobierno de Maduro justifica la intervención externa y la actitud de Almagro que la promueve?

Por cierto que no. Sea cual sea la situación política de Venezuela, sólo los venezolanos tienen legitimidad para buscar alternativas y luchar para imponerlas. Detrás de la idea de que los organismos internacionales, como la OEA, tienen facultades para supervisar el carácter democrático de los Estados que la integran late una noción muy peligrosa: la de que la democracia y las garantías institucionales pueden ser impuestas a presión o por la fuerza. Una noción que encierra una contradicción básica.

¿Qué legitimidad democrática tiene un organismo como la OEA para decirles a los gobiernos qué deben hacer?

¿Qué autoridad democrática, otorgada por qué pueblo, tiene el Sr. Almagro para discutir de igual a igual con cualquier presidente? Y más aún: ¿qué autoridad moral y política tienen los gobiernos de los Estados que respaldan a Almagro en su gestión contra el gobierno de Venezuela? ¿La tienen los EEUU, que han invadido y bombardeado a países enteros, siguen enredados en guerras inadmisibles y espían hasta a sus socios? ¿La tienen Estados fallidos, incapaces de asegurar la vida de sus habitantes, como México? ¿La tiene Brasil, presidido por un suplente acusado de delitos peores que la presidente a la que sustituye?


El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, principio clásico del derecho internacional, no es una formalidad del pasado. Está hoy en discusión justamente porque es un freno a la idea de que las decisiones políticas pueden ser impuestas o supervisadas por organismos tecnocráticos carentes de todo respaldo y control popular, organismos, en todo caso, dominados por los Estados más fuertes y, lo que es aún peor, por los intereses financieros y corporativos que controlan a su vez a los gobiernos de esos Estados.
En el caso de Uruguay, muy especialmente, nos va la vida en ese principio. Porque carecemos del poder económico, el territorio y la población como para resistir por la vía de los hechos el poder de las corporaciones y de los organismos internacionales que operan para ellas.

¿Por qué el caso de Venezuela inquieta a la OEA y al Sr. Almagro, que nada dicen sobre las guerras y el espionaje de los EEUU, ni sobre las masacres impunes en México, ni sobre el carnaval político en medio del cual se destituyó a Dilma Rousseff y se instaló a Temer?

La respuesta es obvia: a pesar de todos los pesares, los poderes e intereses que están detrás de organismos como la OEA no se mueven con comodidad en la Venezuela de Maduro. Al menos no con tanta comodidad como en los EEUU de Obama y Hillary (no sabemos todavía qué pasará con Trump) en el México de Peña Nieto, en el Brasil de Temer, o en la Argentina de Macri. 
Sumarnos a la cruzada de Almagro y de la OEA no favorece a los venezolanos, por más que los venezolanos tengan todo el derecho a estar hartos de Maduro. Pero, sobre todo, sumarnos a esa cruzada equivale a trenzar una cuerda con la que un día podríamos ser ahorcados.

posta - postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01 10:00:11
postaporteñ@_______________________________

Como el Uruguay no hay...!!! Campeones en concentración de la tierra en pocas manos

¿La Tierra para el que la trabaja o para las S.A.?

Editorial periódico La Verdad 107 marzo 2017

Los  gobiernos seudo progresistas del Frente Amplio han sido responsables no solo de una extranjerización y concentración de la tierra histórica, sino de facilitar su propiedad a través de las S.A.

Según un trabajo detallado, publicado en el suplemento Campo, del semanario Búsqueda del 23/3/17, basado en cifras oficiales, unas 90 empresas, en su mayoría S.A, fueron autorizadas, durante estos 10 años(bajo los gobiernos de Tabaré y Mujica) a ser propietarias nada menos que de 5,7 millones de hectáreas.

Esta barbaridad la realizaron reglamentando la Ley 18.092, del año 2007, que tenía supuestamente como objetivo justamente prohibirle a las S.A., la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles y explotaciones agropecuarias. El decreto reglamentario estableció el régimen de excepciones a la obligatoriedad de identificar a los propietarios de dichas explotaciones, sobre la base de que “sean proyectos prioritarios para el desarrollo productivo del país”.

En el listado de las principales empresas autorizadas aparecen, Union Agriculture Group(UAG) con 320.000 has., Stora Enzo con 308.000, Agronegocios del Plata con 156.994, Guanaré(Forestal Atlántico Sur) con 118.000 has., Forestal Oriental(UPM) con 115.709has., a las que se suman las de Uruwood subsidiaria de la antedicha, con 115.000 has. Eufores adquirida por Arauco y Stora Enzo (Montes del Plata) joint venture con 369.000 has. Con decenas de miles de hectáreas figuran MSU, Pérez Companc, Hudson Investiments, Inglebay, Louis Dreyfus, Soros, Bulgheroni y Weyerhaeuser.

Todos son monopolios de los países imperialistas y asociados a ellos, que tienen sus inversiones fundamentalmente en los monocultivos forestales y sojeros, depredadores y contaminantes, aunque abarcan también la explotación de la ganadería, la lechería y también la minería, y cuya instalación en nuestro país se ha incrementado explosivamente, junto a la profundización de la dependencia y la cada vez mayor sujeción a la división internacional del trabajo imperialista, que han promovido a rajatabla los gobiernos del Frente Amplio.

En esta política, que ha venido expulsando a miles de pequeños y medianos productores del campo, que mantiene a la lechería en una larga crisis, afectando a miles de tamberos y a la industria láctea, estos gobiernos entreguistas han  tenido el apoyo político de la derecha tradicional, y han sido sostenidos a nivel social por la mayoría oportunista de la dirección del PIT-CNT, que maniata las luchas y apoya abiertamente las plantas de celulosa, como en su momento a Aratirí, la Regasificadora, etc.

La ocupación de tierra en Bella Unión

Vaya desde estas páginas nuestro saludo y solidaridad con la justa lucha que han emprendido trabajadores cañeros de Bella Unión, Artigas, nucleados en UTAA, con la ocupación de una fracción de tierra que lleva 50 días y la huelga de hambre en Montevideo. Denuncian valientemente la crisis social que se está viviendo en esa zona del país, donde se siguen súper explotando a los trabajadores y cerrando fuentes de trabajo.

Esto demuestra una vez más la necesidad de una verdadera Reforma Agraria, con expropiación de los latifundios de más de 2.500 has, que reparta la tierra a los campesinos pobres, asalariados agrícolas y todo el que quiera trabajarla, que promueva la cooperativización y que instale también grandes explotaciones estatales, para impulsar un nuevo desarrollo agropecuario. Esto podría generar decenas de miles de puestos de trabajos estables y dignos en el campo, garantizar la soberanía alimentaria y proveer de materias primas a la industria nacional. La Reforma Agraria es parte fundamental del programa revolucionario, para romper la dependencia del imperialismo y marchar al socialismo.

El gobierno del FA en problemas

El tercer gobierno del FA enfrenta desde el 2015 los efectos de la crisis económica internacional en la región y el país. Hubo un pobre crecimiento del PBI, del 1,5% en el 2016, pero con  sectores fundamentales de la economía, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio, en recesión.

Esto lo ha llevado a un déficit fiscal del 4%, a un aumento de la desocupación y el trabajo no registrado (alrededor de 300.000 trabajadores según recientes cifras oficiales) a un salto en la deuda externa, al ajuste fiscal, a los tarifazos y a la rebaja de salarios.

Al mismo tiempo tiene una situación política cada vez más complicada por las luchas obreras y populares que a pesar del oportunismo, y la dispersión y carencias de los sectores clasistas entre los que nos contamos, se ha abierto paso estos años y se puede incrementar en este año, como lo demostró la histórica marcha del 8/3, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde las reivindicaciones por los derechos de la mujer y contra la violencia doméstica y los feminicidios, se unieron claramente con reivindicaciones sociales y duros cuestionamientos al gobierno y al sistema explotador.

Luchas como las que están protagonizando estos días los obreros del Molino de Dolores por su reapertura, los obreros gráficos de la Impresora Polo, los trabajadores camioneros del SUTCRA por salarios y condiciones de trabajo. Luchas que se vienen en el sector público cuando se plantee la Rendición de Cuentas con el Presupuesto que quedó pendiente.

Está complicado también por la acción de la derecha tradicional que apoya la política de Astori en general, pero lo picanea por derecha por más “seguridad”, más apertura al exterior etc., y lo viene golpeando por la corrupción y el despilfarro de ANCAP, realiza interpelaciones permanentes e impulsa comisiones investigadoras que lo exponen ante el pueblo y le generan cada vez más contradicciones en una interna en la que ya juegan también las candidaturas y alineamientos para las elecciones del 2019.

Muestra de ello es la pérdida del diputado 50, y la polémica pública entre Darío Pérez y De los Santos de Maldonado, cuando cerró el Cambio Nelson, que además de una mini crisis financiera con importantes derivaciones, comprometió al BCU que “no sabía nada” y se expusieron incluso los vínculos de sectores del FA con su dueño, Francisco Sanabria, secretario del Partido Colorado en Maldonado, fugado a  Miami.

Complicado también por la persistencia de la Unidad Popular-AP, que aparece ya como fuerza de izquierda consecuente y factor político nacional en un proceso que lleva ya 11 años, y que avanza a su 7° Encuentro Nacional de Militantes el 13/5.

Hacia un 1° de Mayo clasista contra el gobierno y el oportunismo

En estas condiciones marchamos a un nuevo 1° de Mayo, con la necesidad de la mayor unificación posible de las luchas obreras y populares, para evitar que el gobierno descargue la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, y para enfrentar también esta amenaza represiva surgida a partir del decreto que posibilita la represión policial, sin participación judicial de los cortes de calles y rutas. Decreto que supuestamente no se aplicaría a las luchas sindicales pero que al otro día de su promulgación debuta con la detención policial de trabajadores camioneros por un piquete frente a Montes del Plata, en Colonia.

Para unificar las luchas y abrir una nueva situación en el movimiento sindical, en la perspectiva de doblarle el brazo al gobierno del oportunismo y poder derrotar su política de entrega,  el ajuste y la rebaja salarial, es fundamental fortalecer el clasismo y sus agrupamientos en cada sindicato y avanzar en la coordinación y unidad de acción de las corrientes clasistas que persistimos pero estamos dispersos.

¡Por la Unidad de los que luchan!

  Ricardo Cohen

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NdeR: en nota  siguientedonde se reproduce, también  en forma completa el estudio de la revista Campo del semanario Búsqueda.

 

Concentración de la propiedad de la tierra bate records


En contra de su prédica ideológica, el Frente Amplio ampara la mayor concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se registra en la historia del país

.Correo de los Viernes 664-31/3

Cuando hizo su campaña electoral en 2004, el actual presidente Dr. Tabaré Vázquez prometió que iban a temblar hasta las raíces de los árboles, dando cuenta de que un gobierno del Frente Amplio significaría un cambio radical, sobre todo en materia económica.

En su prédica histórica, el Frente postuló la nacionalización de la banca, la reforma agraria, el no pago de la deuda externa y la ruptura con el Fondo Monetario Internacional.

Nada de eso se hizo –por suerte para el país– y se ratificaron las orientaciones económicas que históricamente tuvo el país.

Pero en algunos casos hay situaciones extremas. Eso es lo que ocurre con la concentración de la propiedad de la tierra, que ha alcanzado un registro record, según un reciente estudio de la revista Campo que se publica con el semanario Búsqueda.

En la actualidad y como consecuencia de la forestación y la extensión de las actividades agrícolas, 90 empresas son propietarias de predios que abarcan 5.700.000 hectáreas, equivalentes a los territorios de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.

Una ley del año 2007 intentó prohibir que las sociedades anónimas fueran propietarias, pero a la vez se estableció un régimen de excepciones al que se ha acudido reitera y abusivamente.

Según Campo, la nómina de excepciones es realmente enorme.

Reproducimos acá el listado.

Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union Agriculture  Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.

Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.

En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en conjunto.

Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.

El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas pertenece a Hudson Investment Holding, constituido en las Islas Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de Ganadería y Economía en 2011.

Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000 hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos, y que opera en diferentes países.

Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000 hectáreas.

El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes: Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación y arándanos.

En el listado figura además la estatal Alcoholes del Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.

RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500 hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.

Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.

Como se ve, tanto la vieja prédica frenteamplista como la propia ley del año 2007 –que tenía el objetivo de limitar la concentración de la propiedad– han quedado por el camino.

- postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01 09:44:10
postaporteñ@_______________________________

POSTALINAS

A propósito del decreto del Ejecutivo y UPM

Recibimos y publicamos. Por Ignacio Stolkin.

Fuente: la diaria 30/3

A quien haya observado en los últimos tiempos la desesperación del gobierno por promover la instalación de una nueva planta de celulosa a orillas del río Negro -que traerá millones de dólares de pérdida al país- y conozca la existencia del acuerdo de inversiones Finlandia-Uruguay, no le llamará la atención la aparición del decreto presidencial del 20 de este mes dando no sólo libertad de acción a la Policía para disolver por la fuerza manifestaciones que puedan interrumpir el tráfico “normal” de caminos y carreteras, sino habilitando el llamado al Ejército si esta lo cree necesario. “De inmediato” daría aviso al juez. Nada se dice de para qué se le avisa.

Y es que el acuerdo (más bien, el contrato leonino) Uruguay-Finlandia fija la obligación de nuestro gobierno de dar “una total y constante protección y seguridad” a las inversiones finlandesas (artículo 2º inciso 2) y de compensar al inversor “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones en el territorio de esta Parte Contratante” (artículo 6º inciso 1)

¡De más está decir en qué forma se obliga al Estado uruguayo a pagar!

Es claro que el apresuramiento por decretar la acción policial sin intervención judicial y de hacer mención al derecho de huelga (consagrado por el artículo 57 de la Constitución de la República) dejando su alcance a la libre interpretación de la autoridad es, justamente, demostrar a los inversores que somos un “país serio” (yo diría genuflexo) y que vamos a obedecer el acuerdo internacional y todas sus órdenes y prepotencias, incluso determinando cuál es el lugar del puerto de salida de sus productos, independientemente de que el tránsito o la belleza de nuestra capital esté en juego.

Llama la atención la intervención de la ministra Marina Arismendi, sugiriendo en forma subliminal que el conocido levantamiento de camioneros que condujo a la caída de Salvador Allende en Chile puede precipitar la caída del gobierno porque se puede interrumpir la salida de la producción de arroz. Y, en general, aceptando que se impida demostrar a cualquier grupo social. ¿Hubiera preferido la señora ministra que la Policía (acompañada del Ejército) hubiera “sacado del forro” a las 300.000 personas que interrumpieron el 8 de marzo ni más ni menos que nuestra principal avenida?

Pero si necesitamos una confirmación de a quién va dirigido este decreto, veremos que su primera aplicación fue la detención de dos trabajadores. ¿Dónde? Ni más ni menos que frente a una productora de celulosa a la que se otorgaron las mismas condiciones de inversión que a BOTNIA -hoy UPM-, sin que mediara ningún acuerdo o contrato comercial que obligara a nuestro país. Mejor no aplicar el dicho “más claro, echale agua”, porque de ese elemento hacen uso sin pagar un céntimo.

Y aquí no hago mención al problema de las pérdidas económicas -que alcanzarán los miles de millones de dólares-, porque eso ya es poco frente a las pérdidas de carácter moral que estamos sufriendo con este ataque a la libertad de nuestro pueblo y el abuso de autoridad de nuestro Poder Ejecutivo, que, en aras de favorecer intereses externos, ha llegado a quitar autoridad a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debe dar cuentas al Parlamento, instrumentando por decreto una secretaría sobre cambio climático que estará a la orden del presidente de la República y que podrá decidir, sin consulta alguna, sobre temas de importancia nacional, entre los cuales se encuentran las concesiones sobre la no adopción de medidas correctivas a métodos de producción que sean negativos para el medioambiente.

Es de hacer notar que eso ya lo había intentado el presidente José Mujica por la instalación de Aratirí, que finalmente no funcionó.

 

Organizaciones internacionales denuncian amenazas de muerte a defensores y defensoras de derechos humanos en Uruguay

Washington D.C. y Buenos Aires, 29 de marzo del 2017—

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciamos las amenazas de muerte hechas a autoridades estatales, personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, que trabajan por la justicia en casos ocurridos durante el régimen militar en Uruguay.

Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los amenazados y las amenazadas, realizar una investigación efectiva para identificar a todos los responsables por este crimen, y tomar medidas para asegurar que no ocurran de nuevo hechos similares.

La amenaza de muerte fue dirigida a 13 individuos, incluyendo al ministro de Defensa de Uruguay Jorge Menéndez; el fiscal de la Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ex fiscal Mirtha Guianze, que presentó cargos en contra de varios violadores de derechos humanos, incluyendo el antiguo dictador Juan María Bordaberry y el general retirado Gregorio Álvarez; la ex ministra de Relaciones Exteriores y defensora de derechos humanos Belela Herrera; los abogados de derechos humanos que han representado a las víctimas de crímenes durante la dictadura: Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Dirigida en un correo electrónico, la amenaza exponía que “el suicidio del General Pedro Barneix no quedará impune”. El General Pedro Barneix fue nombrado por el Presidente Tabaré Vásquez para dirigir a un grupo que investigó el destino de personas que fueron desaparecidas de manera forzada durante la dictadura. Barneix se suicidó el 15 de septiembre del 2015, después de conocer que sería arrestado por la ejecución extrajudicial del militante de izquierda Aldo Perrini, en 1974. El mensaje también establecía que: “No serán aceptados más suicidios o persecuciones. Desde ahora en adelante, por cada suicidio, asesinaremos tres personas al azar de la siguiente lista”.

Además de estas amenazas, hace menos de un año, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) de la Universidad de la República, quien desde el 2005 ha tenido un papel clave en localizar e identificar los restos de las víctimas de desaparición forzada en Uruguay, fue amenazado de manera similar y fueron víctimas de un ingreso forzoso en su laboratorio. Hasta la fecha, la investigación del robo y amenazas en contra del GIAF no ha producido ningún resultado tangible.

Jo-Marie Burt, asesora principal en WOLA, declaró que “amenazas como estas buscan intimidar a todos aquellos que persiguen la rendición de cuentas por graves violaciones a derechos humanos, y demuestra la persistencia de la impunidad institucionalizada en Uruguay. Su objetivo es asegurar que casos de violaciones a derechos humanos de la pasada dictadura permanezcan impunes. Esto contribuye en la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado que administran e imparten justicia

Por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, apuntó que, en el caso Gelman—CEJIL representó a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos—Uruguay aún tiene pendiente cumplir con varias de las reparaciones ordenadas por este Tribunal, “incluyendo su deber de organizar la estructura del Estado para superar la impunidad que rodeaba los crímenes cometidos por Uruguay durante la última dictadura (1973-1984). Es fundamental que el Estado tome todas las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir las amenazas a quienes ocupan un papel clave en la búsqueda de justicia en estas causas, y no queden impunes”.

WOLA y CEJIL expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de las amenazas quienes, como defensores y defensoras de derechos humanos y oficiales de gobierno, llevan décadas luchado por la justicia y por acabar con la impunidad. Hacemos un llamado al Estado uruguayo para que enérgica y públicamente condene estas amenazas y se comprometa a asegurar la seguridad de los operadores y las operadoras de justicia y de las personas defensoras de derechos humanos. Para asegurar la protección, el Estado debe investigar a fondo las amenazas, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en las Américas.

Uñac BASTA de advertencias, FUERA BarricK Gold YA!!!

San Juan / Nuevo derrame en Veladero de la minera Barrick Gold

29/03/2017

La multinacional admitió que sufrió la rotura de un caño. Aseguró que el líquido no es de solución cianurada, aunque no detalló qué clase de "material rico" se derramó. Advertencia del gobernador.

La minera canadiense Barrick Gold admitió ante el gobierno sanjuanino que sufrió un nuevo incidente, el cuarto de la compañía desde 2015, al producirse la rotura de un caño, lo que provocó un derrame de líquidos, informó hoy el subsecretario de Información Pública provincial, Osvaldo Lima.

El funcionario dijo que anoche la compañía multinacional indicó que "se desconectó un caño no con solución cianurada, sino con material rico", aunque no especificó a qué tipo de desecho se refirió la empresa.

Lima informó que "anoche se hicieron los trabajos de contención necesarios" y puntualizó que se están "pidiendo las imágenes de las cámaras de seguridad que nos dan la hora del incidente y qué trabajos se hicieron para remediar esa situación"

Mientras se aguardaba que el ministro de Minería, Alberto Hensel, brinde una conferencia de prensa en las próximas horas, una comisión de la Policía Minera partió esta mañana a la mina Veladero, ubicada en Iglesia, 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo que la Barrick "no tenía margen de error después de los derrames anteriores", que "se tendrá que poner a la altura de las circunstancias" y que van a ser "inflexibles en las sanciones que correspondan", tras conocerse el nuevo derrame.

El 13 de enero último se produjo un derrame en otro yacimiento en San Juan a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold, que admitió un "incidente" en Lama provocado por "deshielo".

En esa oportunidad, la organización Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron en un comunicado el "cierre definitivo de las operaciones en la zona Lama/Veladero" y advirtieron que "es el gobierno nacional el que debe ponerse los pantalones y defender nuestro ambiente"

La empresa canadiense informó entonces que el evento en Lama fue "a raíz del deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera"

"El evento se originó por la crecida del río Turbio cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación", explicó.

La empresa canadiense debió detener en septiembre último las actividades en la mina Veladero, donde se registró un derrame de agua cianurada, al igual que en el mismo mes de 2015.

(Fuente: Dyn) envió FACUNDO

 

Declaración de la Unidad Popular contra el decreto “antipiquetes”

Manifestamos nuestro más enérgico rechazo al decreto 76/017 que sancionó el gobierno seudoprogresista del Frente Amplio, el 20 de Marzo, y que permite a la policía dispersar cualquier manifestación popular que corte calles, sin orden judicial y con el argumento de garantizar la libre circulación.

Con este decreto se limita el derecho de reunión (art. 38 de la Constitución) y a la libre expresión (art. 7 sobre la libertad y específicamente la libertad de protesta). La Constitución establece que sólo se pueden limitar derechos y libertades a través de una ley fundada en el interés general (art. 7 inciso 2). Por lo tanto, el decreto es inconstitucional. Más grave aún es la posibilidad de recurrir a otros organismos públicos (art. 1 del decreto), donde por ejemplo podrían entrar las Fuerzas Armadas a pedido del Ministerio del Interior.

El artículo 4 del decreto  establece que éste no se aplicaría en caso del ejercicio del derecho de huelga, pero el texto es demasiado vago, lo cual le da un margen de discrecionalidad al gobierno para reprimir las manifestaciones sindicales. Así pasó con trabajadores del SUTCRA, el 21/3, a quienes se detuvo por hacer una asamblea en una ruta.

En los hechos este decreto va contra la actividad sindical y otro tipo de manifestaciones populares en un momento donde persiste la crisis económica, con cierres de fábricas, se perdieron 50.000 puestos de trabajo en 2 años, se agrava la situación social del pueblo y se viene la Rendición de Cuentas, con ajuste fiscal y rebaja salarial.

Se profundiza con este decreto al estilo del “pachecato”, el espíritu represivo de la Ley de Procedimiento Policial de 2008, usada por la policía para “disuadir” una manifestación de trabajadores del transporte frente al Ministerio de Trabajo en 2011, o las amenazas (“disuasión”) en un piquete del FOICA, en el puerto de Montevideo en 2010. Este decreto busca “blanquear” este tipo de actuaciones con un sustento jurídico.

El gobierno quiere dar una señal de mano dura a UPM, con la que negocia la  instalación de su segunda mega-planta contaminante de celulosa y a los monopolios imperialistas que potencialmente puedan hacerlo.

El gobierno pro imperialista del Frente Amplio se prepara para imponer su política antiobrera y antipopular con más represión. Hay sectores del FA que vienen acompañando el conjunto de esa política desde el 2005 y que se quieren distanciar de la cara represiva para no perder su base social, pero esta es inseparable de esa política económica y social, y estos sectores son también  responsables de ella.

Desde la Unidad Popular llamamos al pueblo oriental a resistir con lucha este decreto represivo y desarrollar la lucha por todas sus reivindicaciones en el camino hacia un auténtico gobierno antiimperialista y popular.

UNIDAD POPULAR –AP     27/3/17

 

PROGRAMADE LA SEMANA DEL APARTHEID ISRAELÍ 2017

3 AL 7 DE ABRIL - MONTEVIDEO

LUNES 3, 19 hs. -AFFUR (Canelones 2033):
Video debate: "La historia sionista",de Ronen Berelovich.


MARTES 4, 19 hs. -AFFUR: Charla debate: Sobre los orígenes de la limpieza étnica de Palestina, a 100 años de la Declaración Balfour. Laura Lema.


MIÉRCOLES 5, 19 hs. -SAG(Durazno 972):
Video debate: "Hoja de ruta al Apartheid", de Ana Nogueira y Eron Davidson.


JUEVES 6, 19 hs. -SAG:
Charla-debate: Del 'proceso de paz' a la lucha contra el apartheid: el necesario cambio de paradigma. María Landi.


VIERNES 7, desde las 15 hs. -Plaza LIBERTAD: Exposiciónfotográfica sobre Palestina de las activistas españolas Sandra Barrilaro y Estela Vidal, y del colectivo RebelArte.
Música y materiales de difusión.


Coordinación x Palestina

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