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Corrección a Jorge Zabalza

10.10.15

del Blog El Informante | Leonardo Haberkorn

Jorge Zabalza fue entrevistado por el periodista Gerardo Tagliaferro, en su ya tradicional espacio en Montevideo.com llamado "Las 40". Allí el periodista le hace 40 preguntas a su entrevistado y en este caso la pregunta 18 fue:
-En el marco de la llamada "tregua" del año 72 estuvieron los trabajos conjuntos de militares y tupamaros en el Florida contra los "ilícitos económicos", por los cuales se llegó a detener gente. ¿Tenés constancia de que tupamaros hayan participado en torturas a detenidos por este motivo?


Zabalza respondió:
-No tengo testimonio directo de eso. Hubo gente que participó en el levantamiento y análisis de las declaraciones. Eso sí lo tengo claro. El que dice eso es el coronel Agosto (en el libro Milicos y tupas, de Leonardo Haberkorn). No he oído a ninguno de los compañeros que estuvo detenido en esos lugares -que fueron el Batallón Florida, el cuartel de La Paloma, el 9.º de Caballería y el Ingenieros I- hablar de que hayan participado en la tortura

La respuesta de Zabalza es equivocada, lo que dice no es cierto, y eso me obliga a escribir esta aclaración. 

Milicos y tupas no fue escrito para denunciar que hubo tupamaros torturadores, que los hubo.  

El libro ha tenido lectores atentos y críticos que han captado bien su espíritu general. Invito a los que tengan curiosidad a leer aquí las críticas de Guillermo Zapiola en El País y de Salvador Neves en Brechapor ejemplo.

la presentación que hizo del libro el historiador Gerardo Caetano.


Pero el tema de los tupamaros torturados-torturadores vuelve una y otra vez.
Y entonces Zabalza dice lo que dice. Y lo que dice no es verdad.


Lo que el hoy coronel retirado Luis Agosto, que en 1972 era capitán, afirma en el libro respecto a la colaboración de tupamaros a la hora de interrogar a los detenidos por supuestos "ilícitos económicos" está en la página 156 del libro.


Cito en forma textual:

"Según el coronel Agosto varios tupamaros ayudaron en la tarea de teatralizar la tortura:
-Los tupas se prestaban para estar en celdas cercanas y gritar en esos momentos. Desde la pieza de al lado a la que usábamos para interrogar a los ilícitos, los tupas gritaban: '¡No, no me mates!, ¡no me mates!', y los tipos se asustaban y declaraban sin que les hiciéramos nada. Los tupas gritaban y los tipos se cagaban y pedían para confesar".

Es decir, lo que Agosto recordó en el libro es que hubo tupamaros que colaboraron para interrogar a los supuestos delincuentes económicos, pero él no dijo que hayan torturado junto con los militares.
Los que sí dijeron eso, y no puedo entender cómo Zabalza lo olvidó, fueron otros tupamaros, asqueados por los recuerdos de aquella situación.
En Milicos y tupas se recoge el testimonio del contador Carlos Koncke, preso en aquel entonces por tupamaro. Su testimonio está en la página 157:

"A mí los militares quisieron llevarme a interrogar, pero yo les dije que de ninguna manera, que eso era cosa de ellos. Pero recuerdo a un tupa que sí aceptó interrogar a los ilícitos, y fue. Yo lo vi. ¡Lo vi yo mismo! Era un tipo muy especial, un verdadero rico tipo. Y cuando volvió se ufanaba: '¡Yo le metí la cabeza en el tacho, sí!'. Estaba orgulloso de lo que había hecho".


También en el libro se incluye el testimonio de una tupamara que no quiso presentarse con su nombre verdadero, el único caso en el libro. Yo acepté su anonimato porque conozco los problemas que le sobrevendrían si se presentara en público con su nombre, Ojalá se hubiera atrevido a hacerlo, pero no se animó.
La llamé "Mónica" en el libro y su testimonio coincide con el de Koncke. Sus dichos refieren al trato que recibió en el cuartel de La Paloma el contador León Buka, uno de los detenidos durante la tregua entre militares y tupamaros.
El testimonio de "Mónica" está en la página 158:

"Buka fue torturado por gente del MLN. La idea era mostrarle al resto de los compañeros que la cosa iba en serio, que eso era una nueva revolución que se estaba llevando adelante. 'A estos hijos de puta les va a pasar esto de ahora en más'. Ese era el mensaje. Cuando lo devolvían de la tortura, una compañera que sacaba medicamentos de la enfermería le daba analgésicos y Valiums a Buka. '¿Qué estás haciendo?', le decían. 'Estoy ayudando a un pobre tipo' -respondía ella; la tortura nunca es admisible'"

En Milicos y tupas se recoge también el testimonio del tupamaro Pedro Montero, incluido en el libro Ecos revolucionarios (2003), de Rodrigo Vescovi.

Montero coincide con Koncke y con Mónica.
La cita está en la página 158 de Milicos y tupas. Le dijo Montero a Vescovi:

"Después se torturó a toda la gente de Jorge Batlle y participamos nosotros en la tortura. Recuerdo que dentro del batallón Artillería 2 viví la tortura de civiles de derecha y a eso me opuse. El contador de Peirano fue detenido por mí dentro de Artillería 2 (...) Y lo que no puede ser es que hubiese compañeros nuestros haciendo, digamos, de soporte asistencial a los torturadores y preguntando. Y eso para mí, que me disculpen, no lo paso ni lo dejo pasar, lo denuncio. (...) Era infame"

Espero que la memoria de Zabalza se haya refrescado.
No es el coronel Agosto quien dice en mi libro que hubo tupamaros torturadores.


Son otros tupamaros quienes lo cuentan

- postaporteñ@ 1485 - 2015-10-14 17:23:15
postaporteñ@_______________________________

TROPA DE ELITE/ La Guardia Republicana crece

La Guardia Republicana crece: en atribuciones, en armamento, en personal

Como dependencia policial cada vez más militarizada, interfiere con las responsabilidades domésticas que las Fuerzas Armadas buscan atribuirse desde el fin de la Guerra Fría. Ese conflicto entre el Ministerio del Interior y el de Defensa parece dirimirse en la discusión presupuestal, aunque algunos actores acusan al gobierno de carecer de una política definida sobre seguridad interna. Con esta investigación Venancio Acosta vuelve al tema con el que ganó nuestro primer concurso para periodistas jóvenes: el cambio de mentalidad de quienes enfrentaban la represión en los años 60 pero ahora la comandan.

Venancio Acosta 

Revista Lento |TROPA DE ELITE [LENTO #29, AGOSTO 2015]

Sergio Lemos. 19 años. Enfila en moto por la calle Víctor Hugo hacia el Almacén 28, en el barrio Santa Catalina, que fue asaltado minutos antes y acusó pérdida de unos puchos y la recaudación del día. Lleva en el bolsillo de la campera Nike un porro, un encendedor y 12 pesos. Acelera. Un agente de la Guardia Republicana que busca a los responsables del asalto asocia el aspecto de Lemos al de uno de ellos. Le da la voz de alto y no espera respuesta: le balea una pierna. Vehículo y tripulante se conmueven sin perder la marcha. El policía ensaya puntería, ahora con la espalda del joven como blanco. Dispara varias veces. La moto se desploma y Sergio Lemos muerde el polvo de una cuneta. Ya tiene rota la cadera. El tirador avanza la distancia que lo separa del blanco inmóvil. Descarga finalmente su 9 milímetros contra el caído y el disparo surca vértebras, pulmones y vasos sanguíneos.

—¿Es clave 50 el pichi ese? —le pregunta por radio un colega que quiere saber si el joven está muerto. Morirá desangrado instantes después.

Aquellos fogonazos a quemarropa tuvieron la inusual capacidad de dar en dos blancos a la vez: en la espalda de un inocente de 19 años y en la gestión frenteamplista de los aparatos armados en tiempos de militarización de la Policía y del recurrente FarWest de la seguridad pública.

***

Fines del siglo XIX. Dado a extirpar las conductas de agitación esquivas a la norma, en 1895 el novel Estado uruguayo instituyó, en el seno de la Jefatura de Policía de Montevideo, un órgano bautizado Escuadrón de Seguridad. Distinto de la Policía ordinaria, era un cuerpo de caballería compuesto por un puñado de hombres que debían guardar el orden en las calles de la ciudad. Su primera gran hazaña fue romper una huelga de los trabajadores del transporte. Nacían así, juntos, un antepasado de todas las fuerzas especiales de choque auspiciadas por la Policía y uno de sus enemigos predilectos, las organizaciones obreras.

En 1916 el Escuadrón de Seguridad pasó a llamarse Guardia Republicana. Por esos años se creó también la Guardia Metropolitana, unidad de infantería con la cual quedó asentado el esquema de las fuerzas especiales de la Policía que funcionó hasta la aprobación de la primera Ley Orgánica Policial en 1972 (que, a sable y fuego, ya se había impuesto en las calles). A partir de allí, la vieja Republicana y la Metropolitana pasaron a denominarse, respectivamente, Guardia de Coraceros y Guardia de Granaderos (aunque en 2004 ésta recuperaría su antiguo nombre). Ambas quedaron incluidas en el órgano Guardia Republicana, restringido a la jurisdicción de la Jefatura de Policía de Montevideo, e investido con el mote castrense de “regimiento”. Así volvió a funcionar jurídicamente a la salida de la dictadura.

Fines del siglo XX. En medio de un clima de descontento popular con el gobierno del Partido Nacional, en julio de 1994 ingresó a la Asamblea General un proyecto de ley, firmado por el presidente Luis Alberto Lacalle y por su ministro del Interior Ángel María Gianola, cuyo propósito era convertir a la Guardia Republicana en una fuerza especializada con cobertura nacional, directamente subordinada al Ministerio del Interior, buscando potenciar su competencia y su eficacia. Era año de elecciones y antes del fin del período legislativo Gianola intentó apurar el trámite.

Por entonces, el comando de la Guardia ya se había instalado cerca del extinto Cilindro Municipal. Allí, en el casino de oficiales consignado a la distensión de la tropa, el ministro fungió el 11 de agosto como anfitrión de una cena reservada a la que asistieron los legisladores Juan Andrés Ramírez, Juan Carlos Blanco, Guillermo Stirling, Daniel García Pintos, Juan Carlos Ayala y Jaime Trobo; Gianola tomó el recaudo de no compartir el lechón asado que engalanó el banquete cuartelero con parlamentarios frenteamplistas. Pero no fue lo suficientemente cauto: habían sido plantados micrófonos que grabaron todo lo dicho en el encuentro, pretendidamente secreto. Por eso, al poco tiempo se supo algo de lo que dijo allí Gianola:

—¿Quién puede contener esas grandes manifestaciones populares en que a veces se generan disturbios? Bueno, la Guardia Republicana, que es una verdadera Guardia Nacional. Eso es lo que queremos. Pero no se la reconoce en los hechos.

Masculló luego algunas otras palabras de relleno, y retomó:

—La Guardia Republicana no es la Policía común, el uniforme azul; es el uniforme verde. Y eso tiene un sentido por los casos de emergencia en que generalmente actúa, ya sea para combatir disturbios, grandes manifestaciones, como ha sido en otros tiempos, pero también para cumplir una serie de misiones que no se fundamentan sólo en la represión sino en la prevención del delito.

Fue develando así la razón de aquel cónclave. Pero antes del chin chin y el aplauso final, espetó:

—Y además, lo digo claramente: en esta ?reunión hemos convocado a legisladores blancos y colorados. Y esto ha sido deliberado. El destino del país está entre blancos y colorados. La formación del regimiento Guardia Republicana con ámbito nacional, dependiendo del Ministerio del Interior, creo que va a ser una institución, un organismo de gran utilidad para cualquier partido que gobierne a partir del 1o de marzo.

Se ha especulado sobre la identidad de los que malograron los ánimos confidenciales del ministro. Lo cierto es que un casete con la grabación de todo lo sucedido allí fue difundido, en setiembre de ese mismo año, por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), en una conferencia de prensa en la que Eleuterio Fernández Huidobro llevó la voz cantante. El hecho sirvió para que el gobierno blanco disparara contra el mensajero, intentando disimular el bochorno al que había sido expuesto su secretario de Estado, sorprendido moviendo piezas por fuera del tablero.

Los tupamaros juraron no haber tenido nada que ver con la grabación, a la que según su versión accedieron mediante “una misteriosa llamada” a CX44 Panamericana (radio de su propiedad) que los guió al casete. La única tesis que quedó en pie, y que algunos medios no dudaron en dar por cierta, era que el espionaje había sido perpetrado por algún sector de la inteligencia militar, que a menos de diez años del fin de la dictadura se incomodaba al ver opacado al Ejército ante el crecimiento de una fuerza militarizada dentro de la Policía. Y utilizaba a viejos conocidos como canal de difusión

“Esto es un Watergate al revés”, improvisó para Búsqueda el ministro Gianola, que padeció el escarnio público por segunda vez. La primera y más conocida había tenido lugar días antes, cuando el 24 de agosto la Guardia Republicana cargó contra la multitud ?desarmada que concentraba frente al Hospital Filtro, resultando asesinados Fernando Morroni y Roberto Facal, además de varios heridos graves. Cuando tomó estado público lo dicho por Gianola en la cena, el MLN declaró que los hechos del Filtro habían sido el “bautismo de sangre” de la nueva Guardia Nacional, aunque el proyecto naufragó en el Parlamento.

Por el episodio de la cena, el Frente Amplio pidió en el Parlamento la renuncia de Gianola, que continuó en el cargo hasta el final de la administración Lacalle. Aunque el ministro se equivocó al aseverar que el destino del país estaba en manos de blancos y colorados, acertó al vaticinar que su idea de la Guardia Nacional le sería útil a cualquier partido que llegara al gobierno. Sólo sería cuestión de tiempo.

Con el fin de la Guerra Fría, el escenario mundial obligó a las nuevas potencias hegemónicas a replantear sus doctrinas militares en virtud de las hipótesis de conflicto de última hora. Robert McNamara, secretario de Defensa de Estados Unidos en los 60 y luego presidente del Banco Mundial durante una década, fue uno de los gurús del nuevo orden en gestación. En 1991 planteó sin tapujos la necesidad de disminuir los presupuestos militares de los países subdesarrollados y confiar la seguridad global a las grandes potencias militares bajo el mando de Estados Unidos. Lo hizo en una conferencia en el Banco Mundial, y meses después, ratificó la idea en la revista Finanzas y Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional. Su tesis no tardó en arribar a Uruguay.

En junio de 1992 la Comisión de Defensa del Frente Amplio, presidida por el general Víctor Licandro, había sometido a consideración de la Mesa Política de ese partido un documento que despotricaba contra las políticas de defensa que Estados Unidos seguía imponiendo a los países latinoamericanos. Entre ellas, la llamada “acción cívica” de las Fuerzas Armadas, entendida como su intervención en asuntos de la sociedad civil (obras públicas, agricultura, educación, salud) con el fin de ganar prestigio. A juicio de la Comisión, este concepto se originaba en la época de auge de la Doctrina de la Seguridad Nacional y estaba volviendo a ser introducido de forma velada por el gobierno de Lacalle

Las tareas de apoyo al desarrollo nacional no deben ser competencia de las Fuerzas Armadas […] esa permanencia compromete la posibilidad de ahondar en la democratización de la relación cívico-militar en el país.

Pero el documento encontró en Liber Seregni un oponente insalvable. Advirtió que la desaparición de la URSS había llevado a Estados Unidos a modificar sus doctrinas militares, por lo que lo planteado por la Comisión carecía de vigencia. Al tanto de los nuevos vientos, señaló que la nueva estrategia imperial apostaba al debilitamiento de los ejércitos latinoamericanos, a la vez que se alentaba la creación de fuerzas de “rápido despliegue” para el control de la seguridad interna de los países periféricos. El documento de la Comisión no fue aprobado por la Mesa Política.

Por esos días, el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Rebollo, había hecho declaraciones que se alineaban con el alegato de Seregni. Según publicó Búsqueda, dijo:        En el pasado reciente, dos grandes potencias partían al mundo y alineaban aliados para defender sus concepciones hasta en los más remotos confines del planeta […] Ahora la bipolaridad, tal como se manifestaba ayer, no existe, y se han formado corrientes de opinión en torno a los centros de poder mundial que pretenden circunscribir el rol de las Fuerzas Armadas de los países del tercer mundo a funciones más propias de una Guardia Nacional con responsabilidades hacia temas como el narcotráfico, controles ecológicos y apoyo circunstancial a la Policía, en desmedro de su verdadera misión, que es el mantenimiento de la paz y la defensa de la soberanía como fin supremo.

En noviembre de ese mismo año el presidente Lacalle anunció su voluntad de iniciar una restructuración de los servicios militares:

“Los tiempos han cambiado y por eso tenemos que cambiar nosotros. Las hipótesis de conflicto han cambiado […] el mundo bipolar desapareció”. En declaraciones que se filtraron en la prensa, tras juzgar que “ya no se puede pensar en despliegues que están pensados para principios de siglo”, Lacalle asumió el compromiso de iniciar una “tarea sana, rápida, profunda y sincera de análisis del futuro de las Fuerzas Armadas” y aludió a la reducción de recursos y de personal. Según Búsqueda, entre 1984 y 1993, el presupuesto de Defensa ya se había reducido 29% en relación al total del Presupuesto Nacional.

En 1993 El Soldado, la revista del Centro Militar, publicó dos artículos que daban cuenta del panorama global en gestación: uno levantado de la revista estadounidense Military Review y otro de la brasileña A Defesa Nacional. Ambos sintetizaban a la perfección los postulados de McNamara respecto del papel de las Fuerzas Armadas y sus nuevos enemigos de fin de siglo: terrorismo y narcotráfico. Para 1994 la administración Lacalle había enviado dos proyectos de ley al Parlamento. Uno que daba garantías jurídicas a las Fuerzas Armadas para intervenir en el orden interno —que no contó con respaldo político para prosperar— y un segundo para crear la mentada Guardia Nacional, con el ya referido desenlace.

Uno de los principales opositores a las políticas del gobierno blanco en este sentido fue el MLN. El hoy ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, se explayaba así en Mate Amargo:

Si apuran, no tendría inconveniente, después de toda la experiencia sufrida, en declararme pacifista y absolutamente no-violento. Al estilo de Gandhi. En ese supuesto y atractivo caso […] habría que pasar, a renglón seguido, a proponer la disolución de las Fuerzas Armadas. Eso sería ultrarradical. Desestabilizaría. Nos ahorraríamos, de un saque, tanto como lo que habría que destinar a la enseñanza […] El problema es que desde las “usinas” ideológicas de los imperios nos vienen proponiendo lo mismo: que los países del tercer mundo “disuelvan” sus Fuerzas Armadas […] Son más exquisitos: planean sustituirlas [cada país pobre] por una Guardia Nacional creada a partir de los aparatos especializados de la Policía […] Dicho de otro modo: “De la guerra —dicen— nos encargamos nosotros (para dártela en la nuca) y de la represión interna se encarga cada cipayo país por país”. Para eso una simple Guardia Nacional alcanza y sobra […]Es nada más que por esa razón (la pésima mala leche del imperio) que no nos decidimos, filosóficamente hablando, por el ultrapacifismo filosófico y nos mantenemos, quietitos como gurí cagado, en la tesis más o menos cristiana del Uruguay como país independiente: la violencia, a veces, se justifica (y por eso tenemos Fuerzas Armadas en el presupuesto) […] Para eso inventaron al enemigo: a falta del viejo “comunismo internacional” —que tanto “sirvió”—, ahora usan el “terrorismo internacional”. En realidad, les falta agregar cocaína porque la orden que viene desde el Norte es que el enemigo es el “narcoterrorismo internacional”. ¡Alerta a las organizaciones políticas, sociales y culturales del pueblo!: en cualquier momento nos “embagallan” con droga para poder “demostrar” la existencia de esa confabulación.

Días después, escribía:

Si se va a disminuir las Fuerzas Armadas, tiene que aparecer otro cuerpo capacitado para la represión interna. Este cuerpo es la Guardia Nacional […] Una guardia pensada desde el principio contra el pueblo, contra la propuesta que pueda surgir de un pueblo al que cada vez se lo someterá a mayores presiones. Es una Guardia que no alcanza la dimensión de las actuales Fuerzas Armadas, ni en cantidad de efectivos ni en costos presupuestales, que también está pensada para cumplir algunas tareas del Ejército Nacional. En definitiva, es un cuerpo creado en función de una defensa nacional que no es la propia, sino la del país que elaboró la idea y el instrumento en función de sus intereses, más adelante la desarrolló y ahora la está tratando de imponer al conjunto de los países subdesarrollados dependientes. Esta idea es la que está por detrás de la Guardia Nacional que presentó Gianola en la reunión […] Lo que importa es la forma en que coinciden y encajan, como piezas de un rompecabezas, con las otras piezas, para ir haciendo aparecer una nueva figura, que, sin lugar a dudas, se transforma en algo consecuentemente usado contra los intereses de los pueblos y de nuestra gente.

Como saldo de los sucesos del Hospital Filtro el gobierno blanco clausuró CX44 Panamericana, a la que acusó de “instigar a la violencia” durante los hechos. Por esos días, Mate Amargo (donde también participaba el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi) entrevistó al director de la emisora, que dijo:

Sabido es que se intenta, por consejo que viene del Norte, la creación de una Guardia Nacional que se encargue de la represión interna. Cambiar la estructura militar que conocimos en el país por una actividad policial específicamente represiva. Es decir, promoción de una Guardia Nacional en detrimento de la actividad propiamente militar. Parece claro […] que hay quienes apuestan a esa Guardia Nacional con la intención de dejar el logo represivo claramente enfrentado al pueblo y lograr crear en el futuro mejores condiciones para dominarlo […] Hay quienes pretenden congraciarse con esa gente de uniforme, a pesar de que ésta tienda a mirarlos peyorativamente y hasta con desprecio. Y la gente de uniforme tiende a pedir luego su cuota, porque no le gusta oficiar de verdugo sin recibir nada a cambio.

Era José Mujica Cordano

***

Toda la verborragia antiimperial de los dirigentes tupamaros de aquellos años fue barrida como hojarasca por el artículo 231 de la Ley de Presupuesto Nacional No 18.719 para el quinquenio 2010-2014. Se creó entonces la Guardia Republicana Nacional como “cuerpo policial especial con jurisdicción nacional, que dependerá directamente del Ministerio del Interior”; una fuerza que, tras ser definida como prioridad absoluta por la primera gestión de Eduardo Bonomi al frente de esa cartera, no ha cesado de crecer en poderío.

El último decreto que regulaba los cometidos de la Guardia había sido sancionado en 1971 por el presidente Jorge Pacheco Areco. El que lo sustituye, aprobado en 2011, amplía notoriamente los cometidos de la unidad. Además de adquirir jurisdicción nacional, de multiplicar sus funcionarios, de manejar su propio centro de formación y de tener un presupuesto que redobla al de cualquier Jefatura Departamental (excepto Montevideo y Canelones), la Republicana agregó a sus funciones la de actuar como apoyo en cárceles y custodiar las vías de comunicación terrestres y los pasos de frontera. Aunque, en definitiva, los nuevos cometidos del cuerpo quedan librados al último inciso del decreto: es decir, “aquellos otros que la autoridad oportunamente le confiera”.

Acto seguido, el Ministerio del Interior dio otro espaldarazo a su nuevo caballito de batalla. Mediante un decreto de junio de 2011, acomodó el terreno legal para que funcionarios de Defensa pasaran a cumplir funciones para la Policía Nacional. Posteriormente, lanzó un llamado destinado a los soldados para suplir cargos en la nueva Guardia Republicana. Y cumplió. Aunque, en rigor, esta propuesta (junto con la de la creación de una Guardia Nacional bajo dependencia de las Fuerzas Armadas) ya había sido planteada anteriormente por el Partido Nacional, que parece haber estado siempre un paso adelante en esta materia

En 2012 se descubría el velo de la renovada fuerza. En enero, el periodista Roger Rodríguez, desde la revista Caras y Caretas, escribió sobre el avance de “una unidad policial de prevención y represión del delito que, por primera vez en Uruguay, promete constituirse en una cuarta fuerza armada nacional, y que dispondrá de una infraestructura y logística que hasta el momento eran de exclusividad del Ejército, la Armada y la Aviación”. Gracias a fuentes anónimas oficiales, la nota ofrecía detalles sobre las innovaciones armamentísticas en la unidad, luego de que fuera aprobada su jurisdicción nacional.

En 2011 el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, autorizó la compra de tres Tiger (blindados de asalto de última generación). Por cada uno de ellos el Estado pagó 280.000 dólares a la compañía estatal rusa Rosoboronexport, y antes de llegar a Uruguay los vehículos pasaron por Brasil para una prueba de blindaje realizada por el Batallón Especial de Operaciones (el BOPE, popularizado por las películas Tropa de Elite). Meses más tarde, Vázquez y dos asesores del Ministerio viajaron a Moscú y visitaron la fábrica de armas Kalashnikov. Como resultado, proveyeron a la Guardia Republicana de 650 fusiles de guerra AK-103 y Bushmaster M4, más 200 armas cortas. También se mencionaba en la nota de Rodríguez que el entrenamiento de la unidad se estaba llevando a cabo con sistemas similares al del BOPE brasileño y al de los marines estadounidenses. Por otra parte, escribía sobre el reavivamiento de una rivalidad que ya había explotado en 1994: “En los hechos, las Fuerzas Armadas han ido ‘boicoteando’ el surgimiento de la Guardia Nacional Republicana”. Asimismo, varios jerarcas policiales mostraban “sus dificultades de relacionamiento con los mandos militares”.

A principios de 2011, el Ministerio de Defensa brasileño había invitado a Uruguay a participar en la Latin America Aereo & Defence, una feria internacional de equipamientos bélicos. Concurrieron, como era de presumir, representantes de Defensa y de las tres armas. Curiosamente también fue el ministro Eduardo Bonomi, a partir de una resolución del Ministerio del Interior, que en sus considerandos juzgó “de suma importancia para esta Secretaría de Estado la asistencia en dicha actividad”. Las compras de armamento a los proveedores rusos que exponían en aquel evento se produjeron ese mismo año.

Y ya nada más se pudo saber. En setiembre de 2012 el Ministerio del Interior aprobó ocho resoluciones que clasifican de antemano como secreta prácticamente toda la información relativa a las actividades policiales. La Secretaría de Estado se convirtió en una caja hermética que paraliza los derechos consignados en la Ley de Acceso a la Información Pública de 2008. Como fundamento, se alegó la “necesidad” de tales medidas para que el Ministerio pueda cumplir los cometidos que le fueron adjudicados, y se consideró que la divulgación de información pone en peligro la seguridad nacional. Sin embargo, las compras directas de armamento registradas desde el primer gobierno frenteamplista (a las que se accedió con motivo de este informe, a pesar del cerco informativo) confirman el robustecimiento del aparato policial desde la administración Bonomi.

El asesinato de Sergio Lemos en noviembre de 2013 no fue un caso aislado. Lo precedieron meses de denuncias sistemáticas y públicas de abuso policial. En abril varios policías de civil torturaron a un menor de edad en situación de calle. En agosto la Guardia Republicana reprimió la marcha del Día de los Mártires Estudiantiles e hirió a manifestantes y periodistas como corolario de un operativo en el que el Ministerio del Interior infiltró a funcionarios durante todo el recorrido. El mismo mes, antes de la marcha en recordación de los hechos del Hospital Filtro, 12 jóvenes fueron secuestrados y torturados psicológicamente por policías de civil que los detuvieron en el marco de lo que se fundamentó oficialmente como una acción “preventiva”. En setiembre la Metropolitana disparó injustificadamente contra vecinos desarmados del barrio La Teja, hiriendo a una niña de 11 años, cuya madre se enfureció y recibió una descarga eléctrica por parte de los uniformados. El mismo mes la Policía detuvo de forma improcedente a varios jóvenes del barrio Santa Catalina a los que maltrataron física y psicológicamente; los vecinos denunciaron que aquel era un procedimiento frecuente y prácticas de la misma calaña se denunciaron en diciembre en contra de adolescentes del barrio Casabó.

A fines de octubre, los guardias policiales del COMCAR (integrantes de la Guardia Republicana) asesinaron a dos reclusos durante un motín, en acciones que fueron catalogadas por el Comisionado Parlamentario para las Cárceles como “ejecuciones extrajudiciales” con “riesgo objetivo de causar una masacre”.

Las denuncias contra la escalada autoritaria de 2013 incomodaron al ministro Bonomi, quien mantuvo por esos días un cruce de acusaciones con el periodista Samuel Blixen en las páginas del semanario Brecha. El ministro fue acusado por el periodista de minimizar aquella sucesión de arbitrariedades y de protagonizar un “lastimoso remake de Jorge Pacheco Areco” (alusión directa a una época que el acusado y el acusador conocieron de cerca, pues como integrantes del MLN ambos reconocieron ser responsables materiales de la muerte de dos represores insignes de aquellos años).

Bonomi negó estar emulando las mismas acciones que otrora se dedicaba a combatir, eludió asumir los excesos de sus subordinados y expresó que discrepaba con la utilización, en la actualidad, de ciertas formas de la protesta social que la generación de los 60, la suya, empleó notoriamente hace medio siglo. Se posicionó luego, a sí mismo y a su gobierno, como víctimas de un ataque que definió así:

La derecha internacional —desde los países árabes hasta nuestra “América la pobre”— está utilizando una nueva metodología para oponerse a los gobiernos de izquierda, progresistas o solamente opositores a los países hegemónicos: utilizan la duda metódica expresada en todas las formas posibles, desde las redes sociales a la oposición política de la derecha y de la ultraizquierda […] Como ya se dijo hace muchos años, desde ambos extremos se producen políticas que se dan la mano.

Blixen fue conciso: la tortura, y más cuando proviene de los aparatos del Estado, es siempre condenable, en 1968 y en 2013. No hay tortura buena porque proviene de un gobierno de izquierda. La tortura no es mucha ni poca, ni suave, ni dura, es tortura. Y el gobierno que la justifica no es de izquierda.

En la misma edición del semanario, la ex ministra del Interior Daisy Tourné —predecesora de Bonomi—, entrevistada a raíz de los mismos hechos, admitió que una “concepción de derecha en el enfoque de la seguridad” le había “ganado la cabeza” a su partido

—Cuando tú tenés los perritos atados a la cadena y los soltás, los soltaste. Después no hay como domarlos —dijo

Tourné parecía coincidir entonces con Rafael Paternain, sociólogo y primer suplente de Constanza Moreira al Senado por el sublema frenteamplista Casa Grande, que en 2010 renunció a su cargo de director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, a raíz de discrepancias en el manejo de los datos por parte de la cartera de Bonomi. Consultado, Paternain juzgó que el proceso de militarización de la Policía data, en rigor, de antes de la dictadura; con la primera Ley Orgánica Policial de 1972 que impuso una “lógica castrense” en su organización y funcionamiento. Luego de 1985, expuso, la Policía era una mezcla de cuerpo represivo militarizado con una impronta fuerte de discrecionalidad y desorganización, acompañada de una notoria precariedad. José Díaz, primer ministro del Interior del Frente Amplio, intentó abordar estos problemas apuntando a la interna policial y generó lealtades inmediatas, según el sociólogo:

—Cuando llega 2010, hay un giro. Fue una lástima. Tanto que hablamos de un giro a la izquierda, cuando todo el mundo estaba expectante de que el gobierno de Mujica tuviera la posibilidad de dar ese giro, hubo claramente un giro a la derecha

La Guardia Republicana, síntoma del proceso, pasó a ser, según Paternain, “algo más que una fuerza reactiva de choque o de reserva”, que empezó por cumplir un rol determinante en el “rotundo fracaso” de los megaoperativos de saturación.

Bonomi ha insistido con que las políticas represivas de su Ministerio se complementan necesariamente con concepciones de tipo “social”. Pero según el sociólogo, el saldo de la situación actual es un mosaico de modelos y de discursos sin orientación clara.

—Si me dicen que soy muy estricto y hago operativos de saturación, muestro la Policía comunitaria; si me dicen que en realidad uso la fuerza bruta y hay casos de violencia institucional, muestro que estoy mejorando la tecnología o utilizo los sistemas que tienen en Estados Unidos y hago convenios con la Policía Metropolitana de New York. Es muy interesante ver esa ambigüedad estratégica. Hay para todos los gustos, discursos adaptables en un equilibrio que no es sistémico.

Paternain concluye que el segundo gobierno del Frente Amplio se caracterizó por la expansión de la capacidad punitiva del Estado, lo que incluye el fortalecimiento de la Policía, la aplicación de la Ley de Faltas y una fuerte apuesta a la tecnología que ha dado lugar a una “sociedad de vigilancia”, en el país de América Latina con más policías por habitante —indicador con el que los últimos gobiernos no han dejado de contribuir—. Respecto del proceso de militarización, el sociólogo disparó:

—Nosotros hemos ido en esa dirección, y la derecha ahora plantea cosas mucho más radicales. Estamos lejos de tener a las Fuerzas Armadas patrullando las calles como en muchos lugares de América Latina. Creo que por suerte hay resistencia a que eso ocurra. Pero vamos en un camino de aproximación. Se empiezan a ver ciertos fenómenos de presión.

Cree, no obstante, que el peor debe de la gestión de su partido es no haber sabido generar una alianza con sectores populares que permita llevar adelante una política de seguridad de izquierda, y sí haberla generado con otros actores que no precisamente comulgan con esas ideas. Se trata de acuerdos con “algunos sectores corporativos, algunos medios de comunicación, algunas embajadas”.

—Que un ministro del Interior vaya a firmar un contrato con William Bratton no parece ser una cosa de rutina, que la oficina de la Administración para el Control de Drogas [DEA por su sigla en inglés] se haya reinstalado en Uruguay tampoco parece ser un dato secundario —dice en referencia al empresario y actual jefe de Policía de Nueva York y a la agencia estadounidense de combate a las drogas.

Efectivamente, en 2014 el Ministerio del Interior firmó un “memorándum de entendimiento” con el Departamento de Policía de Nueva York. Paralelamente, en los últimos años, autoridades del Ministerio han asistido a múltiples conferencias, cursos y visitas informativas organizadas por la Embajada de Estados Unidos. El Ministerio también envía agentes a Israel, a realizar cursos de Policía Comunitaria, y a El Salvador, a las International Law Enforcement Academies, centros formativos creados por el Departamento de Estado estadounidense, considerados la “nueva escuela de las Américas”. Brasil es otro de los destinos frecuentes de la Policía uruguaya en sus misiones oficiales: “Prevención de violencia en áreas urbanas marginales”, “Operaciones policiales especiales” y “Seguridad para grandes eventos”, son algunos de los cursos auspiciados por el vecino norteño. Con Rusia el Ministerio también ha hecho migas: participa regularmente en cursos de capacitación y le compra armamento; además, el ministro Bonomi concurre anualmente al país para asistir a un difuso evento llamado Foro Internacional de Altos Representantes que Supervisan los Asuntos de Seguridad

***

Cuando recientemente algunos sectores del Frente Amplio se atrevieron a pregonar en favor de la reducción presupuestal de las Fuerzas Armadas, Eleuterio Fernández Huidobro, ya como ministro de Defensa, supo ser coherente con su posición de hace más de una década y se mantuvo leal al camuflado. Despotricó entonces contra Constanza Moreira, nueva portavoz de la idea, pero el ministro y ella —entonces precandidata a la presidencia de la República— confluían en un punto: se permitieron hacerle la vista gorda al petit batallón que leudaba en los despachos del Ministerio del Interior.

No obstante, las plegarias antimilitaristas de Moreira no hacían sino contribuir a lo que Julián González Guyer, sociólogo especializado en temas de defensa, definió como “muerte lenta” de las Fuerzas Armadas. El indicador principal de este proceso es la rebaja constante en sus asignaciones presupuestales desde 1985, en correlación inversa con las del Ministerio del Interior, que aumentan.

Cuando en 2010 el gobierno intentó por primera vez transferir militares a la Policía, el ex presidente José Mujica, en una de sus audiciones radiales, indicó:

¿Cuál es el pecado abominable de que algunos soldados de este país pasen a servir y reciban educación policial para intentar dar más seguridad en las calles al pueblo? ¿Está mal? No, nos parece que es manera de buen gobierno en el sentido de que damos una prioridad sobre algo que nos impone la realidad hoy, pero lo usamos para mejorar también la situación económica de los militares.

Lo cierto es que, lejos de desaparecer, las Fuerzas Armadas ganan en atribuciones domésticas a la par que la Policía crece en jerarquía. “De a poco se va produciendo un proceso de maridaje en la relación policial y militar”, indica González Guyer, que integró la extinta Comisión de Defensa del Frente Amplio. Pero, a la vez, recuerda el viejo recelo de los militares hacia la Guardia Republicana y afirma que últimamente esta unidad ha pasado a funcionar como “contrapeso” del Ejército.

—Está la Republicana y está el Batallón 14. Pero hay una zona gris donde son intercambiables —dice, parodiando con los brazos el vaivén de una balanza.

En el mismo sentido una fuente con altas responsabilidades dentro del Frente Amplio y el Ministerio del Interior especuló acerca de la capacidad de la Republicana para equipararse a los militares, al tiempo que calificó de “ingenuo” el impulso dado a esta unidad por la gestión Bonomi:

—La Policía no se puede vestir de verde con esos camuflados que parece que les sobraron a los gringos de la Guerra del Golfo y que en la ciudad los distinguen desde cuadras a la redonda. Tampoco puede usar un fusil AK-47 o AK-103, que son armas de guerra, que disparás desde 200 metros y atravesás a 15 personas.

Que todo depende de la conducción política del aparato represivo, es lo que opina González Guyer. “El Estado está dejando hacer”, dice, en referencia a los fenómenos de equiparación de funciones entre Fuerzas Armadas y Policía. “En algún momento alguien va a tener que decir: señores, esperen un poquito”, agrega. Según González, hay fenómenos contemporáneos “complicados” vinculados a la criminalidad que amenazan al Estado y que requieren de actualizaciones. Sin embargo, estima que hay una suerte de indefinición programática en ese sentido. Y concluye: “El Frente Amplio está criando cuervos”

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Con la anuencia de todos los partidos con representación parlamentaria, la Guardia Republicana cumplió con la voluntad de sus mandos políticos. Actualmente, es el aparato represivo de elite más importante del país. Su presencia en las zonas metropolitanas, suburbanas y rurales aumenta desde 2011 a la par que su capacidad armamentística, vehicular, tecnológica y que su cantidad de efectivos. En diciembre de 2014 el Ministerio del Interior licitó, por 99 millones de pesos, la construcción de nuevos alojamientos para la unidad.

En tanto, las “hipótesis de conflicto” que manejan los jerarcas para justificar el avance de este cuerpo se centran en la afirmación de que los delitos se complejizaron y de que existen grupos criminales con un alto poder de fuego. La tesis es alimentada, entre otros, por medios de prensa que aluden a la “favelización” de los barrios periféricos y por el Departamento de Estado de Estados Unidos que en su último informe anual sobre lavado de dinero y delitos financieros señala que Uruguay constituye actualmente una vía de paso del narcotráfico internacional.

En consonancia, la Guardia Republicana abandonó su práctica de intervenir en situaciones específicas y retraerse al cuartel: ahora está en la calle. En la capital se encarga de recorrer las “zonas complejas”, de apalear hinchas en los estadios y de vigilar las embajadas donde se prevé consumación de atentados. En el interior, custodia —ante la incomodidad de los pobladores— un predio de 900 hectáreas de costa oceánica entre Valizas y Aguas Dulces, propiedad del Ministerio de Defensa, recorre balnearios del Este en temporada estival, realiza patrullaje fluvial y terrestre en municipios que empalman los departamentos de Maldonado y Canelones y hasta ha llegado a participar en asuntos aduaneros en la frontera Norte. Abandonó también su uniforme negro: desde 2014 utiliza un verde camuflado. Pero, por otra parte, no parece estar dispuesta a renunciar a su vieja costumbre de reprimir manifestaciones callejeras, para lo cual continúa instruyendo a sus nóveles aprendices.

Cuenta con varios “comandos especiales”: motociclistas, jinetes, perros y francotiradores. Entre sus pertrechos, estos últimos disponen de un fusil calibre 50 de fabricación nacional, bautizado “El Peregrino”, un arma cuyo disparo —según palabras de Bonomi en el Parlamento— puede despedazar el cuerpo de una persona. Su utilización está prevista para detener vehículos y aviones antes de despegar. En junio de este año, Rovert Yroa, su actual director, dijo a la diaria que se están haciendo gestiones para anexar helicópteros al caudal de la unidad.

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Sergio Lemos no estaba armado y los guardias involucrados en su muerte plantaron un arma para inculparlo. Según las declaraciones que constan en el expediente, el agente que lo asesinó declaró que disparó porque temió por su vida. El hecho volvió a poner en entredicho otro argumento que desde el Ministerio se esgrime frecuentemente: que la Guardia Republicana es un cuerpo preparado y confiable para operar en democracia. Visto el panorama regional y mundial en relación a la militarización policial, la sociedad uruguaya —mal que le pese al ministro del Interior— tiene motivos suficientes para arrogarse el derecho a la duda. Hacer una visita a las varias páginas no oficiales que los integrantes de esta milicia montan en las redes sociales quizá ayude.

“Lo cierto es que los sueños de la ‘seguridad’ crean monstruos. Y eso, desde la noche de los tiempos”, escribió recientemente el periodista Ricardo Ragendorfer, uno de los más experimentados conocedores del tema en Argentina. Aquí, el abuso policial es el principal motivo de las denuncias presentadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, según recientes declaraciones públicas de sus representantes (Brecha, 24 de abril), que también acusaron al Ministerio del Interior de demorar en responder informes requeridos. El ministro Bonomi desestimó esas faltas (la diaria, 22 de mayo) al asegurar que no le constan.

Sin embargo, en una resolución de junio de 2014, la Institución denunció el asesinato impune del joven Álvaro Sosa a manos de un policía, ocurrido en 2012 en el barrio Marconi. En el mismo documento demandó que “en un plazo de 60 días hábiles” el Ministerio informara a la población acerca de avances en las medidas contra el abuso policial. Ha pasado más de un año. No se comunicó ningún avance. []

V.Acosta - postaporteñ@ 1485 - 2015-10-14 17:14:37
postaporteñ@_______________________________

Dueño de La República quedó detenido el viernes en Carrasco y fue liberado el mediodía del 11/10

SE LO ACUSA DE APROPIACIÓN INDEBIDA fue liberado, pero con cierre de fronteras

 Breve historieta  de cómo los amigos de Mujica y del FA no pagan BPS y Pagan salarios chatarras mangueando al Estado!

En base a La Nacion El País y posta 11/10/15

El empresario argentino Gustavo Yocca, "dueño" del diario La República, fue detenido por Interpol en la noche del viernes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, cuando se disponía a abordar un vuelo rumbo a Buenos Aires,  y fue liberado este mediodía tras acordar el pago de una cuota con haberes pendientes al BPS; deuda que tiene hace más de dos años con el Estado y  porque el plazo legal para privarlo de su libertad vencía anoche. El plazo máximo establecido para concretar el pago fue el 19 de octubre, pero se espera poder hacerlo antes. "Es una suma importante", afirmaron las fuentes; se habla, algo más de medio millón de pesos uruguayos, según informó el portal "Subrayado".
 

Según dijo el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, Yocca fue detenido por una denuncia del Banco de Previsión Social (BPS) por apropiación indebida, ya que no realizaba los aportes de los trabajadores del diario desde el año 2013. Yocca declaró ayer durante varias horas en el juzgado Penal de 10º Turno ante la jueza Dolores Sánchez.

Fuentes vinculadas al caso dijeron que la defensa del empresario, que está a cargo de los abogados Jorge Barrera y Alejandro Balbi, intentaba demostrar que Yocca tuvo intención de pago.

Las mismas fuentes dijeron que hay más de una denuncia y que tiene otros problemas financieros vinculados a cheques sin fondo.
Pese a la liberación del empresario, el juicio penal sigue vigente.

Trabajadores del diario consultados dijeron que en la noche del viernes se vivieron momentos de tensión en la redacción ya que no habían recibido sus haberes correspondientes al mes de septiembre. Al final de la jornada recibieron la mitad del sueldo. Además, seguían la situación de Yocca con preocupación por el futuro de sus fuentes laborales.

El empresario y escribano Yocca -un escribano santiagueño de militancia peronista- había comprado en 2011 un grupo de medios de izquierda, diario "La República", radio "1410-Am Libre", portal web y televisión para abonados (TV Libre ,;afín al kirchnerismo en Argentina, llegó a Uruguay hace cinco años luego de una negociación impulsada por Néstor Kirchner durante el gobierno de José Mujica.

El empresario kirchnerista, que maneja ese grupo de medios en Uruguay, ha dicho que no puede sostener esas empresas, reprochó al gobierno la falta de respaldo publicitario a medios que defienden la gestión de la izquierda, y ha advertido que si lo presionan a pagar, puede dejar decenas de familias en la calle ( claro este escribano Yocca ya viene desde origen en cuanto a medios se habla , sabiendo currar de la torta publicitaria, la pauta oficial , y la venta de silencios ) Recordemos que  cuando los empresarios argentinos Gustavo Yocca y Miguel Jorge adquirieron el 60% del paquete accionario del diario La República, tras la entrega de US$ 1 millón al director Federico Fasano, según se dijo. Los empresarios destinaron ¿? otros US$ 5 millones para saldar las deudas del diario y mejorar el producto.

En septiembre de 2009, La República tenía deudas por US$ 4 millones, según la investigación de un estudio jurídico, el diario mantenía en 2005 deudas por $ 5 millones con la empresa de papel Fanapel, de $ 12 millones con el Banco de Previsión Social y de más de un millón de dólares con el Banco Central. Ese año, La República solicitó un concordato preventivo extrajudicial que luego fue homologado por la justicia.

El diario también mantuvo  en ese momento de la “venta” deudas por unos US$ 144.000 con ANTEL, de US$ 300.000 con UTE y adeudaba unos US$ 120.000 a sus empleados

Ante la sede judicial  ahora Yocca asumió su compromiso de pagar la mitad de lo adeudado al BPS La suma no parece ser el problema, pero lo que está en juego es el mantenimiento del multimedia de izquierda que fue creado por el empresario periodístico argentino Federico Fasano en 1988 y que fue comprado por Yocca en 2011, en realidad siempre se “sospecha” que este personaje  de Santiago del Estero , se ha especializado en ser testaferro de los testaferros ….. en verdad él era escribano-testaferro como por ejemplo en la fraudulenta quiebra  El Liberal y FM Exclusiva  de Santiago por culpa de los manejos mafiosos de su dueño el number one  de mafia de los empresarios de Santiago del Estero, el Ing. Victorio Curi vinculado a un episodio hoy no aclarado como el conocido caso en el doble crimen de La Dársena  este grupo empresarial estrechamente ligado a la obra pública, el narcotráfico, a la desaparición de personas mediante los servicios de Musa Azar Curi y más recientemente comprometido en el doble crimen de la Dársenadel cual Yocca  ha sido testaferro y a pesar de estar vinculado al hecho mismo de la desaparición de una de las chicas , nunca fue llamado a declarar

Hoy en Montevideo  este argento “exitoso”  dice  "Estoy invirtiendo cinco millones de dólares en este país y voy a terminar preso. Estamos todos locos. Esta empresa está en concurso desde el 2003, los balances dan pérdida todos los años, tengo doscientas familias que darle de comer. ¿Qué quieren? ¿Qué le pague al BPS? Bueno, pongo la quiebra, cierro y me voy a casa. Yo voy a comer igual en Argentina. Ahora, las doscientas familias no, y además hay un medio que es importante para la democracia", declaró Yocca al semanario "Voces", mientras transcurría el trámite judicial por la denuncia de su deuda.

Con la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno, el Estado realizó un recorte drástico de publicidad oficial y los medios dirigidos por Yocca han visto agravada su situación financiera, El diario de Yocca mantuvo un estilo oficialista, defensor de las políticas del gobierno de Mujica y en general del Frente Amplio, y ha reprochado a funcionarios gubernamentales porque no tuvo compensación de publicidad como correspondía.

Yocca había contado que llegó a Uruguay por "una oferta" que le hicieron "los compañeros del Frente Amplio de Uruguay para hacer una inversión en el tema medios". Dijo que antes de concretar el negocio fue a consultar a Néstor Kirchner, porque aunque "Cristina era la presidenta" en realidad "Néstor en aquel momento era quien manejaba la política".

Opinó sobre la jefa de Estado argentino: "Yo admiro a la presidenta en su capacidad, en su inteligencia, en su terquedad".

Para concretar el negocio, Yocca dijo que hizo "la negociación natural a través de la embajada uruguaya, con Guillermo  - el cabezón- Pomi ". ¿Por qué hizo eso? "Porque nosotros en el peronismo, con sus más y con sus menos, sabemos manejar el poder", respondió el empresario santiagueño.

TESTAFERROS Y MAFIOSOS

 Como se ve  este es otro ladri-progre, igual que Fasano, amigos de Mujica, alcahuetes de la dinastía k del otro lado del Plata.  Nos preguntamos 2 años sin hacer aportes al BPS???, el Sr. Murro y  su barra para donde miraban todo este tiempo que hacían  o es porque en esta mafia son progresistas y compañeros del el Diario "plural"...  si lo defienden o no denuncian  será porque son sus cómplices?? COMO  se hace … para estar AÑOS SIN PAGAR BPS , y cobraban  LA PROPAGANDA ESTATAL SIN CERTIFICADO RARO NO....Y eso que la publicidad oficial en La República siempre fue de la más generosa

 Las corrupciones de estos tiempos de la "izquierda incorruptible”

 Durante años y años nos dijeron esas cosas en el paisito no pasan  ¡!! Pero si vichamos un poco nos damos cuenta  que en el diario progre, esa  es la línea de la REPÚBLICA desde FASANO Y SONIA,  que se declaran defensores de los trabajadores y hace años que les roban salarios, aumentos, sindicato etc. ambos grandes amigos del PEPE

Ahhh y que pasó con la deuda millonaria que tenía Fasano con UTE por el suministro de energía eléctrica....?

Claro que giles…recién nos damos cuenta que el petiso cagón y mentiroso hoy vive como un jeque en Punta del Este y sale a la TV a hacer el mandado de acusar a Amodio, cómo no va a hacer el mandado si tiene tanto para agradecer a sus padrinos

Posta

Yocca, enviado de Cristina, testaferro de poderosos

y la sombra de un crimen

Quién y qué relaciones políticas tiene el dueño de La República, detenido por liberar cheques sin fondo y evasión al BPS

Por Gabriel Pereyra

 Observador 11/10/15

Un día a finales de 2010, en un bar de Buenos Aires, reunido con el entonces embajador uruguayo en Argentina, Guillermo Pomi, él  y con un enviado directo de la presidenta Cristina Fernández, el empresario Gustavo Yocca recibió el apoyo del gobierno kirchnerista para instalarse en Uruguay adquiriendo el diario La República, lo cual hizo en 2011 desplazando así al entonces director del matutino Federico Fasano. Así lo relataron personas allegadas al negocio, que tenía claros ribetes políticos: el kirchnerismo quería una cabeza de puente en medios de comunicación en Uruguay.

El viernes, cuando fue detenido por la Policía en el aeropuerto de Carrasco por cheques sin fondo y evasión al Banco de Previsión Social (BPS), Yocca no se cuidó de decirles a los oficiales que él estaba acá porque lo trajo "el Pepe", en alusión al ex presidente José Mujica.

Incluso el propio Yocca contó los entretelones de su llegada al país en una entrevista que el semanario Voces le hizo en 2013: "Yo tengo vinculaciones políticas y personales con el gobierno nacional argentino, y me dijeron: 'Gustavo, hay una oferta de los compañeros del Frente Amplio de Uruguay para ir a hacer una inversión en el tema medios. ¿Te interesa?'. Yo primero lo hablé con Néstor (Kirchner). Cristina era la presidenta pero esto que dijo Mujica de que el tuerto era más político es la verdad. Yo admiro a la presidenta en su capacidad, en su inteligencia, en su terquedad, como ha dicho Mujica, pero Néstor en aquel momento era quien manejaba la política. Ahora Cristina también ha demostrado capacidades políticas. Después hice la negociación natural a través de la embajada uruguaya, con Guillermo Pomi. Porque nosotros en el peronismo, con sus más y con sus menos, sabemos manejar el poder".

En medios opositores argentinos se manejaba que la presencia de Yocca tenía que ver más con aspiraciones vinculadas a la construcción –la posibilidad de acceder a alguna licitación pública- que al medio de comunicación en sí mismo.

Es que a Yocca, que dirige el diario El Liberal de Santiago del Estero, se lo considera el testaferro de Victorio Curi, empresario constructor, conocido como "el padrino" en esa provincia argentina. A fines de los 90 Curi vio impactadas sus finanzas con la quiebra del Banco Platense, lo que provocó un embargo multimillonario contra su grupo económico.

El nombre de Curi y también el de Yocca aparecieron vinculados al llamado doble crimen de la dársena. El 6 de febrero de 2003 se encontraron los cuerpos de dos mujeres jóvenes en un descampado de Santiago del Estero.

Testigos dijeron que esa noche vieron a Yocca en un local nocturno con una de las mujeres asesinadas. Una prostituta declaró en la causa que Yocca estaba esa noche y lo acusó de haberla golpeado. Víctor Nazar, abogado de las víctimas, solicitó varias veces que el hombre fuera citado a declarar para indagarlo sobre el supuesto pago de sobornos, junto a Victorio Curi, a testigos truchos de la causa Dársena. Por ese caso terminó procesado Musa Azar Curi, secretario de información y ex jefe de Inteligencia de Santiago del Estero, como autor intelectual y tres policías como autores materiales.

¿Trabajadores o BPS?

En mayo de 2013, en la entrevista con Voces, Yocca también habló del pago de aportes al BPS, asunto por el que fue detenido este viernes y, como se ve en estas declaraciones, ya había pasado por los estrados judiciales: "En una empresa que gasta quinientos pesos y recauda cien. Tomen los ingresos, lo que me paga el Estado por publicidad, que es mucho menos que a los medios de la derecha, y las ventas. ¿Con qué me voy a quedar? Si esto vive es por lo que yo pongo. ¿Cómo retener lo que no te entra? Si me decís que tengo tres Mercedes en la puerta y me paso las noches con mujeres y champagne, y no les pago a los trabajadores o no aporto al BPS, sí, mandame en cana. Pero entre pagar a los trabajadores y pagarle al BPS, ¿qué hacés? Sueldos, papel, chapas, tinta, luz y teléfono, y después, lo que podamos. Le dije al juez: "Estoy invirtiendo cinco millones de dólares en este país y voy a terminar preso. Estamos todos locos. Esta empresa está en concurso desde el 2003, los balances dan pérdida todos los años, tengo doscientas familias que darle de comer. ¿Qué quieren? ¿Qué le pague al BPS? Bueno, pongo la quiebra, cierro y me voy a casa"

posta - postaporteñ@ 1484 - 2015-10-12 10:42:37
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En relación a la nota ALTA TENSIÓN de Blixen y los Archivos Castiglioni

 Chocolate por la noticia ¡!!! Ahora Blixen descubre , y reproduce  viejas denuncias que circulaban por ahí,  y que tanto acá y en otros medios alternativos daban vueltas, o sea recién se aviva??  Y larga lo de las copias de los archivos por parte de Castiglioni , que en vida demostró ser un gran acumulador y mejor copión de los rollitos… rollos que son microfilm y en algunos casos tienen como 250 mil hojas , así que imaginen la cantidad de esos microfilm o rollos; que de haber existido alguna vez en alguien  verdadero interés en saber la VERDAD lo hubieran  tomado como  un trabajo de bibliotecarios e historiadores  especialistas en su organización

Si lo de Castiglioni son copias  quiere decir que  HACE AÑOS QUE EL GOBIERNO  del FA YA TIENE LOS ARCHIVOS OCOA!!!¿?

Todos esos documentos los rollos de la OCOA que a su pie dicen Ministerio de Defensa Nacional .Documentación del Organismo de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaria de Seguimiento de la Comisión para la PAZ .Rollos tal tal y tal ; pueden ser copias pero de originales no ¿?

Que pasa que hay siembra de archivos por todos lados y NO SE CONOCEN??

O empiezan ahora a trascender porque  son venta de humo o intentos de algunos de despegarse de cierto destape y hacerse una pequeña autocrítica  lo concretito es como se desprende del escrito de Blixen en Brecha las comisiones de DD.HH. del gobierno ya poseen parte el archivo OCOA desde hace rato, y si a esto le sumamos  que recién ahora aparece Azucena Berrutti a decir algo después de tanto silencio y surge lo de de Bayardi, Rosadilla, Huidobro continuidad de complicidades  que nos hace decir que hace rato que estos personajes  que poseen los originales, y los ocultan ...mira si va a dar a conocer quiénes son los informantes!!!

 Cuando decimos comisiones de DD.HH. hablamos de todas, desde la de la de Tabaré 2005 que Mujica la disolvió y se formo otra y ahora hay como tres aquí laburaban  la Mara, María del Carmen Martínez,y la Graciela Jorge  la  ex  mujer de EFH, es ahora , va hace años oficialista y responde al Pepe, ( será por eso que en el curso de este año dejo la comisión de secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente)

Comisión de  paz que Mujica disuelve y se forma en la Comisión  del Pasado Reciente y Comisión de Seguimiento y ahora es todo junto a su vez funciona la comisión de CIDH y Tabaré nombro la Comisión por la Verdad y la Justicia, que en verdad es  un mecanismo para “prolongar” los tiempos y permitir que “desaparezcan” quienes continúan en la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos en dictadura (1973-1985).

María del Carmen Martínez era compañera del  secuestrado y desaparecido  Hugo Méndez Donadio, ( Méndez, de 31 años, era militante de los GAU, y dirigente del Congreso Obrero Textil y del Ejecutivo de la CNT.)Mara, será detenida posteriormente y conducida junto a Méndez a Automotoras Orletti. María del Carmen Martínez identifica en su detención e interrogatorios a Hugo Campos Hermida y al oficial uruguayo, Maurente

Quien puede pensar que toda esta gente no conoce las carpetas los rollos  y que los van a poner a disposición del proceso en Italia, como se van a terminar en algunos casos incriminar ellos mismos No ¿?

A CADA AMODIO LE LLEGA SU CARPETITA!!

HAP,AFIRMÓ que leyó la carpeta de Huidobro de la OCOA y ahora resulta que Castiglioni l tenía una copia, Amodio dijo la verdad?? Castiglioni chantajeaba al Huidobro?

Llegarán a Italia los archivos de Castiglioni???

posta - postaporteñ@ 1484 - 2015-10-12 09:42:19
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Pobreza K y el yelmo de niebla

Rolando ASTARITA

La cuestión de cuánta pobreza hay en Argentina sigue metiéndose en los debates de campaña electoral. Es que todo indicaría que el índice de pobreza, medido según los criterios del viejo INDEC, estaría cercano al nivel de los finales del gobierno de Menem (que era del 27%). De ahí el empeño kirchnerista de tapar el asunto. Así, el 26 de marzo pasado el ministro Kicillof declaró que “no tengo el número de pobres, pero me parece una medida bastante estigmatizante”. Luego, a mediados de septiembre, y en respuesta al amparo que presentó la diputada Victoria Donda para que la Justicia ordenara al Gobierno difundir los datos de pobreza, el ministro dijo: “Si quiere [Donda] salir en los diarios, que se ponga plumas, se vista de algo, grite”. Y cuando la jueza María José Sarmiento dio lugar al pedido de Donda, la Dirección de Legales del Ministerio de Economía respondió que no podía entregar los datos porque no se mide la pobreza desde finales de 2013

Pues bien, dado que en muchos círculos se asocia a Kicillof con las ideas de Marx, es conveniente refrescar la importancia que este último daba a las estadísticas sociales, y a la honestidad intelectual y valentía moral con que se elaboren. En el Prólogo de la primera edición de El Capital, escribía:

“Comparada con la inglesa, la estadística social de Alemania y de los demás países occidentales del continente europeo es paupérrima. Aun así, se descorre el velo lo suficiente para que podamos vislumbrar detrás del mismo una cabeza de Medusa. Nuestras propias condiciones [se refiere a Alemania] nos llenarían de horror si nuestros gobiernos y parlamentos, como en Inglaterra, designaran periódicamente comisiones investigadoras de la situación económica; si a esas comisiones se les confirieran los mismos plenos poderes de que gozan en Inglaterra para investigar la verdad; si a tales efectos se pudiera encontrar hombres tan competentes, imparciales e inflexibles como los inspectores fabriles ingleses, como sus autores de informes médicos acerca de la “Public Health” (salud pública), sus funcionarios encargados de investigar la explotación de las mujeres y los niños y las condiciones de vivienda y alimentación, etcétera. Perseo se cubría con un yelmo de niebla para perseguir a los monstruos. Nosotros nos encasquetamos el yelmo de niebla, cubriéndonos ojos y oídos para poder negar la existencia de los monstruos”.

Por supuesto, el objetivo en Argentina es mantener, a como dé lugar,el yelmo de la niebla. Para eso, los “amigos del pueblo” no vacilaron en echar o silenciar a los trabajadores “competentes, imparciales e inflexibles” del INDEC. Ni ahora les mueve un pelo apelar a cualquier bajeza, incluso al ataque sexista y reaccionario. Todo vale para disimular el “horror de los monstruos”, las llagas abiertas de este capitalismo dependiente y atrasado.

Pero incluso desde el punto de vista ético, el ocultamiento de las cifras de la pobreza no tiene punto que ver con el ideario socialista. En este respecto, Marx decía que “cuando un hombre trata de adaptar la ciencia a un punto de vista que no deriva de la ciencia misma, (por erróneo que pueda ser), sino de afuera, de intereses ajenos o exteriores, lo califico de ruin”. Y hoy estamos ante “la bajeza absoluta”, puesta al servicio del yelmo de la niebla.

rolando - postaporteñ@ 1484 - 2015-10-12 08:53:52
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La agenda del nuevo ciclo se aparta del ?proyecto? K

 Panorama político nacional de los últimos siete días

Jorge Raventos

9/10/15

Pese al interés que despertó el espectáculo televisivo del módico debate entre candidatos del último domingo, la indiferencia y el desapego mayoritario por la política aún siguen prevaleciendo. Para el uommo cualunque resultan más convocantes los contrastes de la selección de fútbol o hasta el Mundial de rugby que la costosa propaganda electoral.

En este paisaje se produce, paradójicamente, un hecho singular:  la existencia de un consenso fáctico sobre puntos fundamentales de la agenda a poner en práctica en el ciclo político que se inicia el 10 de diciembre. Pocas veces ha existido antes una convergencia semejante en vísperas de una nueva etapa presidencial.

Con su insistencia en  mostrar desamor  o  desprecio por los candidatos (un elenco  en el que se consideran  mal  representados inclusive por el propio), la señora de Kirchner y el círculo que la rodea insisten en  su propia  consigna: “el candidato es el  proyecto”. Es el tema que repiten en cadena.

La agenda en la que convergen los candidatos para poner en práctica a partir del 10 de diciembre tiene muy poco que ver con el “proyecto”  al que alude el kirchnerismo

La agenda del nuevo ciclo

Los consensos sobre políticas de Estado no siempre se manifiestan con pompa y circunstancia o adquieren el rango de pactos con muchas firmes al pie. A  veces  se expresan  apenas  con  coincidencias prácticas. Y a veces (obsérvese Brasil) la agenda es puesta en práctica por quien menos  la  compartía en campaña.

Hoy en el país puede observarse, sin mengua de la natural competencia  de la elección,  una  agenda compartida de modo explícito o tácitamente, a través del consentimiento de los  silencios y la ambigüedad. Como en el truco, aquí se juega hablando y haciendo señas.

Véase un  ejemplo:  Sergio Massa formula enérgicos  proyectos  relacionados con la seguridad y la pelea contra el narcotráfico, que incluyen temas como la participación de las fuerzas armadas, la  sanción de una ley de derribo  para combatir los vuelos clandestinos de los que se sirve el  crimen organizado o, en otro plano, la  reducción de la edad de imputabilidad.

Lo significativo es que esas posturas  pasen  sin  que  se desate un escándalo  fundado en la corrección política.  Durante el debate del  último domingo, Massa reiteró esos puntos y sólo Margarita Stolbizer esbozó un reparo (suave) sobre  la penalización  de adolescentes, .

Si Scioli, cuyo probable ministro de Seguridad sería el teniente coronel Sergio Berni ,  no se hubiera ausentado del debate del domingo, probablemente  habría  optado por el consentimiento silencioso de estos puntos, como hizo  Mauricio Macri, que estuvo presente.  He allí   un tema de consenso  en la agenda que viene. Un punto que también  habla de la necesidad de que el país saque a las Fuerzas Armadas del rincón de las penitencias y les otorgue el  rol  institucional y profesional que requiere una gran política.

Buitres y otras aves de rapiña

Las declaraciones de Juan Manuel  Urtubey en Nueva York sobre  la necesidad de un rápido acuerdo  con los fondos buitre son, en rigor, parte del  discurso que el candidato Scioli no pronuncia pero suscribe,  buscando que, a través de sus voceros, se  adivine  su pensamiento íntimo. 

Ese no es el programa “del proyecto”, como ociosamente aclaró Aníbal  Fernández.

Macri está tan de acuerdo  con los dichos de Urtubey que reivindica su propiedad intelectual y   asegura que  el salteño (y, por carácter transitivo, Scioli)  lo  plagia. Roberto Lavagna,  gurú económico  de  Massa,  hace años que viene planteando que Argentina,   con su insuficiente  tasa de ahorro interno, debe  procurarse inversión extranjera.   La resolución rápida del pleito con los hold outs  es   una clave para cumplir con otro punto de consenso: la necesidad de  convocar rápidamente  a inversores  y  acceder  al financiamiento  del mercado  en condiciones  más benignas que las  actuales.  Buscar en un endeudamiento razonable  las formas  de  suavizar  o postergar  el  ajuste  con el que amenazan  los economistas más ortodoxos  es otro consenso de la agenda que viene.

Hay más: por caso, la urgencia de  que el Estado  deje de pelear  con “el campo” y, en cambio, se asocie  dinámicamente con  ese  sector, el  más competitivo de la producción argentina  y el gran  proveedor de  divisas.

En fin, hasta las cuestiones de estilo (el no considerar al adversario político un enemigo, la capacidad de dialogar) son señales  de una nueva etapa y del fin de la estrategia  de confrontación permanente con que el kirchnerismo procuró (en parte con éxito) construir poder.

El nuevo consenso (alentado, por otra parte, por la prédica del Papa y de la Iglesia) parece orientado  por la idea  de la reconciliación, la unión nacional,  palanca esencial para que el país pueda crecer y reinsertarse en el mundo.

Observada  con esta óptica,  la elección  dirimirá un plebiscito implícito: por “el proyecto”  que enarbolan la Presidente y sus huestes, o por el nuevo consenso, sea quien sea el  escogido para encarnarlo.

Hay pues, ante la sociedad, un dato de la realidad (el fin del ciclo K, determinado por la Constitución y por la imposibilidad política de la re-reelección de Cristina Kirchner) y una agenda compartida para el ciclo nuevo.

Detalles a definir

Quedan algunos detalles. Uno, que obviamente no es despreciable (sobre todo para los protagonistas), es quién protagonizará el ciclo que viene. Otro, el interrogante sobre si, pese a aquella agenda compartida, podrá garantizarse la gobernabilidad con la permanencia en puntos clave del Estado de un kirchnerismo residual. Son  dudas legítimas.

A la primera, la que hace a los candidatos, ellos mismos deben desarrollar sus estrategias y aventar las dudas en los días que restan hasta la elección.

El punto vulnerable de Scioli (que está a poca distancia de un triunfo sin necesidad de segunda vuelta) sigue centrado en su aparente dependencia de Cristina Kirchner y la perspectiva de que un triunfo suyo establezca un gobierno de doble comando..

Sergio Massa es golpeado en dos puntos. El no peronismo lo acusa de ser funcional al oficialismo  por su insistencia en seguir en carrera: su pecado residiría en su éxito en no  resignarse a la polarización. Desde otros ángulos, se lo cuestiona por ser joven (“tiene tiempo”, “este no es aún su momento”), argumento frente al que él se vacuna blindándose con la experiencia de Roberto Lavagna y José Manuel De la Sota, con quienes ha constituido una suerte de triunvirato de gobierno.

En cuanto a Macri, y a Cambiemos, su vulnerabilidad está en la evocación de la Alianza y de las dificultades que se presentan a una fuerza no peronista para garantizar gobernabilidad. Al encabezar la inauguración del monumento a Juan Perón  en la ciudad de Buenos Aires, el jueves último, con la asistencia de algunos justicialista emblemáticos (Eduardo Duhalde, Hugo Moyano) Macri intentó exhibir  su capacidad de diálogo con el peronismo. Sin duda tiene esa capacidad, pero la prueba que él necesita atravesar es un poco más exigente que un acto público.

Pero lo determinante es la agenda del nuevo ciclo que sintonice con la realidad, la que guiará a la Argentina  a partir del 10 de diciembre

Eso quedará sancionado el 25 de octubre, haya o no ese día definición sobre el  nuevo Presidente

JR - postaporteñ@ 1484 - 2015-10-12 08:49:18
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Veladero: Los derrames de la década ganada

R. Gómez Mederos

Rebelión 9/10/15

A Javier Rodríguez Pardo


Cuando allá por la década del noventa el pueblo nación Huarpe, a través de su guía espiritual, la Amta Paz Argentina Quiroga se oponía y denunciaba el proyecto estratégico imperial que se avecinaba sobre nuestros territorios, la preparación de toda una legislación elucubrada en las usinas de pensamiento global, al servicio del poder colonial y sus huestes de acólitos locales; muchos creyeron que solo se trataba de un enunciado y que solo era la propaganda de los que siempre no oponemos a tanto atropello contra nuestro pueblo.

Después de mucho tiempo y de haber pasado agua bajo el puente, vemos que no solo era como la Amta decía, sino que han ido mucho más allá y que el daño es irreversible.

El poder de destrucción del capitalismo y su actual modelo EXTRACTIVISTA, ha superado largamente lo imaginado por nosotros hasta ahora y ha demostrado en la práctica que no existe capitalismo sin explotación de los trabajadores y sin destrucción de la naturaleza, el brutal derrame de cianuro en las aguas de la cuenca del Río Jáchal en la provincia cuyana de San Juan ,con la consiguiente contaminación de estas, no solo con el temido cianuro sino además de contenidos como el mercurio, plomo, aluminio, cobre, níquel, zinc, manganeso, arsénico y boro, pero además de eso, presentando una cantidad de Cloruro el doble de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo el valor medido por la Universidad Nacional de Cuyo, trabajo inclusive encargado por la municipalidad de Jáchal, da un valor de 468 cuando la OMS solo permite 250, para el caso de los sulfatos la medición es de 370 y lo permitido por la OMS es de 250, pero en algunos casos, casi lo cuadriplica, como es la medición en el cauce del Rio Blanco , parte de la misma cuenca.

Pero el daño producido por la mina Veladero sobre el cauce del Rio Jáchal trasciende la contaminación con metales pesados y cianuro sobre sus aguas, porque la enorme destrucción producido a los glaciares hasta el momento, datan del inicio de este proyecto y se extienden al proyecto Pascua lama, de la misma minera Barrick. El glaciar almirante Brown, destruido casi por completo por la minera con polvo en suspensión y por la apertura de un camino de paso. La gravedad de lo ocurrido recientemente, y cotejado a través de los análisis del agua efectuado por la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, pero también, a pesar del gobierno de la provincia, por la Universidad Nacional de San Juan, es que la región central de los valles cordilleranos, suministran en 70 % del caudal de los ríos, y en el caso de Mendoza y San Juan se incrementa hasta el 85%. Es decir que el peligro de la contaminación se extiende más allá de las fronteras de San Juan y el tamaño de escombros y detritos es tan grande , que para sacar un gramo de oro se necesitan remover cuatro toneladas de roca, que para el caso es más o menos 1806 millones de toneladas, de los cuales el 82 % es estéril.

Es imposible siquiera imaginar que este modo extractivo puede siquiera traer algún beneficio para la provincia y mucho menos para el país, la enorme cantidad de agua que requieren estos proyectos, y este, Veladero en particular, ronda los 15 millones de litros diarios, según la empresa , aunque nosotros creemos, en base a la literatura académica especializada, es mayor, aproximadamente 1000 litros por segundo, una cantidad muy alta teniendo en cuenta que los valles de San Juan son semidesérticos.

Los proyectos mineros de Barrick Gold, de Veladero y Pascua Lama, se hallan asentados sobre las nacientes del río Las Taguas que con ese nombre se une al río Valle del Cura, luego Blanco, hasta el dique Cuesta del Viento y a partir de allí nace el río Jáchal, que se extiende hasta las “Ciénagas Verdes”. Desaparece de la superficie y su cauce seco transporta agua en forma esporádica, integra la subcuenca subterránea del Río Bermejo (Superior e Inferior) hasta el Desaguadero del Bermejo (barrales o lagunas temporarias) y pasa a formar parte del río Desaguadero. Todo este conexionado de cuencas hídricas termina escurriendo como lo afirma el reconocido ingeniero en minas Hugo Gonzales “La cuenca endorreica más importante de Argentina, en cuanto a su superficie, es la del río Desaguadero, que pertenece a la vertiente Atlántica. El intenso aprovechamiento de sus aguas hace que en la actualidad su caudal superficial se agote antes de desembocar en el río Salado, tributario del río Colorado, que es quien entrega en el Atlántico”, por lo tanto, la dimensión del desastre se extiende geográficamente mas allá de las fronteras de San Juan. 

¿Pero cuál es la explicación en la práctica de esta brutal cirugía de destrucción operada a nuestros territorios? La ganancia, el motor y la dinámica del núcleo de acumulación del capitalismo contemporáneo requieren, no solo un aumento de la productividad, sino también de una intensificación de la extracción de los bienes naturales metalíferos críticos y estratégicos a través del método de la lixiviación con uso de sustancias hidro-toxicas, porque la antigua minería de socavón, que era de alta ley, es decir tenía una cantidad alta de metal presente en la roca por lo que su explotación era directamente en la veta, pero en este caso los metales se encuentra esparcidos en cantidades pequeñas, es decir baja ley ,para lo cual se usa un mortal coctel de tóxicos , incluido el cianuro, “Un siglo atrás, Estados Unidos obtenía cobre de 5% de ley y en la actualidad es inferior al 0,4% de ley”  (1),  es decir cuanto menor es la ley del mineral mayor cantidad de agua se requiere para lixiviar las rocas extraídas de la los cerros y montañas destruidas por la minería hidro-toxica.

Hace unos años atrás Javier Rodríguez Pardo nos advertía de la necesidad del freno a las megas mineras con su método barato de rajo abierto y lo que significa la lixiviación con una sopa química que potenciará la contaminación al liberar los metales encapsulados en los cerros de nuestra cordillera andina.

El daño hídrico producido por las mineras es, además de inminente, irrefutable, pero ante todo inmanejable; el efecto negativo a los arroyos, ríos, glaciares, nacientes de agua, el suelo, generado por el coctel de ácidos producidos por reacción de los reactivos usados , no se puede ocultar ante la evidencia de los hechos.

Aunque el trágico holocausto hídrico producido por las mineras solo aparezca en la cuenca del Rio Jáchal, podemos afirmar de acuerdo a los hechos hasta ahora cotejados, que el desastre alcanza también la cuenca del Rio San Juan, no solamente porque estas, en alguna medida están relacionadas, sino porque el reciente depósito de estériles dejados en territorio argentino, violando soberanía nacional, por la Minera los Pelambres del grupo Luksic, que opera la mina de cobre Los Pelambres del lado chileno , abarca una zona de 52,8 hectáreas sobre humedales y vegas a la vera del Rio Carnicería, parte de la cuenca del Rio San Juan que alimenta el Valle del Tulum, donde vive el grueso de habitantes de toda la provincia.

La desesperante lucha del pueblo sanjuanino y las poblaciones de los territorios aledaños a los espacios geográficos zonificados como territorios para la extracción de materia prima, como Iglesia y Jáchal, viven a diario la disputa de un modelo económico, que persista en el sostenimiento de la biosfera sana para el desarrollo de una cultura económica basada en la sostenibilidad del ambiente sin polución contaminante y que pueda relacionarse con su ambiente de manera armónica y que perdure en el tiempo. Opuesto a esto se vislumbra un desencadenamiento sin control de una forma económica basada en los enclaves económicos itinerantes de capital intensivo y sin un mínimo respeto por el ambiente, sumado a eso un esquema extractivo que desarma de lleno los encadenamientos sociales y culturales que genera un modo de producción basado en la agricultura y el respeto por la tierra.

Envenenar el agua, entregar nuestros cuerpos y territorios al modelo neocolonial primarizador del cartel minero transnacional, acatar el orden establecido de un estado de clase que impulsa una redistribución de los territorios, a partir de una disponibilidad de recursos que resulten estratégicos para la continuidad y el sostenimiento del capitalismo mundial, acotado de hecho al ineludible sistema de consensos generados al interior de una institucionalidad ilegitima en su sentido de cuidar la soberanía territorial, pero también la soberanía de un pueblo que debe y necesita elegir por motu proprio su forma de producir su vida.

Dos mil doscientos millones de personas mueren por año, en el mundo, debido a enfermedades vinculadas con aguas contaminadas unos 6000 no llegan a cumplir los cinco años según la Organización Mundial de la Salud. En los hospitales de África, el Caribe y el Pacífico, en una de cada dos camas está sufriendo un ser humano con diarrea, cólera, hepatitis A, tifus, leptospirosis, disentería, dengue y diversas parasitosis. Toda esta debacle, está relacionada al agua, porque está contaminada o porque falta. El 70 por ciento de la Tierra está cubierto por agua, sólo el 3 por ciento es apto para la vida humana. Contario a lo que debería ser el acceso a un bien común tan preciado, y no contemplada como un derecho humano básico en la reciente reforma del código civil argentino, el 60 por ciento de los habitantes del planeta padece la escasez de agua.

En Nuestramerica, en donde los bienes hídricos y abundantes, son 77 millones los pobladores sin conexión en sus casas, 256 millones dependen de pozos sépticos y letrinas, otros 100 millones no tienen ni eso. Las consecuencias ,153.000 muertes anuales, inaceptables e indignantes.

Las grandes compañías transnacionales y las nacionales subsidiarias de estas, tratan solo el 14 por ciento de las aguas residuales en América latina, según el Consejo Mundial del Agua, hacia el año 2004, es decir la actualización daría seguramente una cifra mayor.

Ríos, lagos, acuíferos subterráneos y océanos con desechos industriales, fertilizantes, pesticidas, combustibles y detritos de la explotación minera, subyacen a una realidad que descabelladamente se naturaliza en los medios de comunicación oficiales y acotados a un pensamiento que prioriza la ganancia a la salud de la población.

No queda otro remedio que entregar lo mejor de nosotros para que eso no ocurra.

O ellos o nosotros.

Nota:

(1) El agua de San Juan tiene los días contados. Javier Rodríguez Pardo

- postaporteñ@ 1484 - 2015-10-12 08:28:44
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OLIGARQUÍA, RAPIÑA Y GENOCIDIO

Artigas versus terratenientes

Denuncia a los terratenientes con pelos y señales

La alianza de comerciantes, militares, banqueros y políticos para desplazar pueblos y registrar tierras, un proceso de siglos que pinta a la Argentina.

El historiador entrerriano Juan Antonio Vilar brindó en Paraná una conferencia inolvidable sobre la propiedad de la tierra en la Argentina.

Con los ingleses, dijo, los terratenientes se adueñaron del país y fueron principales cómplices de la matanza de los pueblos nativos en el siglo XIX para escriturar sus territorios.

“Los grandes propietarios finalmente organizaron este país, esta Argentina, y por lo menos la gobernaron durante 100 años y su influencia socioeconómica sigue siendo trascendente hoy día”, manifestó el estudioso en un relato pormenorizado de las estrategias del gran capital (comerciantes, banqueros, políticos, militares) para acaparar tierras, a sangre y fuego.

Para el autor de la obra “Revolución” y otras de una serie que está publicando gradualmente la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos –Eduner-, la apropiación de inmensas superficies comenzó con la invasión europea y la incursión de los jesuitas, siguió con las leyes impulsadas por Rivadavia (enfiteusis), y se consolidó con otras normas y con las matanzas de pueblos originarios organizadas por Juan Manuel de Rosas y Julio Argentino Roca.

Tras enumerar a los principales terratenientes que marcaron al país ganadero y granero, expresados en la Sociedad Rural Argentina y entidades similares que supieron reunir a lo más granado de la aristocracia, el profesor se detuvo en el contraste de ese capitalismo concentrado con el reglamento de Tierras dictado por José Artigas.

Es que el Reglamento, que cumplió en setiembre 200 años, fue la excusa de la conferencia realizada en la sede de los docentes de Agmer Paraná.

El reparto

“Es 1815 un año de apogeo del federalismo y paz breve de la Banda Oriental, sin la presencia de portugueses, españoles, y porteños que obstinadamente estaban atacando al caudillo federal, porque su proyecto político (el de Buenos Aires) era absolutamente antagónico al proyecto de Artigas de república federal y popular”, dijo Vilar.

“Y precisamente este Reglamento de 1815 muestra a Artigas en toda su dimensión, en este aspecto contradictorio con las políticas porteñas. Establecía la distribución de las tierras entre indios, zambos, negros libres, criollos pobres, viudas, en suertes de estancia de una legua y media de frente por otro tanto de fondo, considerando que los más infelices fueran los más privilegiados”.

“Y qué tierras: las de los malos europeos y peores americanos, es decir, los enemigos de la revolución. O sea que el Estado confiscaría las tierras a los terratenientes de la Banda Oriental para distribuirlas, pero entonces con condiciones, y no como en la enfiteusis de Rivadavia sin ninguna condición más que pagar el canon que no pagaban”.

Un abismo

La conferencia se refería, precisamente, a la comparación del Reglamento de Artigas con las políticas de Rivadavia, Rosas, Urquiza y Roca.

Vilar  repasó la vida comunitaria y complementaria de los pueblos antiguos que no concebían la apropiación del suelo, y luego recorrió las propiedades de los jesuitas y descendientes de Garay  y Hernandarias, pasando por las extensiones del marqués de Yavi (en sus distintas generaciones) que sostuvieron en el noroeste la encomienda de indios hasta el siglo XX; como las estancias de los Vera y Mujica, Larramendi, García de Zúñiga, Barrenechea en el litoral, sostenidas con las armas.

El orador se detuvo en la ley de Enfiteusis dictada por Bernardino Rivadavia, que entregó más de seis millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires con un canon cuyo valor dependía de la opinión interesada, por supuesto, de los mismos enfiteutas, y que aun así no pagaban.

“Con la recaudación del canon el gobierno por lo menos iba a afrontar la amortización y el pago de intereses del empréstito (de la BaringBrothers), que importaba por año 325.000 pesos fuertes… A partir de la entrega de tierras, el estado recaudó algo así como 4.000 pesos”, comparó Vilar.

“Aparecen ya los apellidos de Anchorena, Álzaga, Arana, Díaz Vélez, que en época de Rosas con motivo de una ley de mayo de 1836 se van a convertir en compradores de los grandes latifundios de los que habían sido enfiteutas”.

Las tierras de enfiteusis y las que se quitaron a los pueblos nativos en las primeras campañas fueron para militares, comerciantes, amigos y familiares. “La campaña de Rosas contra los indios no fue tan bondadosa como dicen los historiadores rosistas. En el testamento, Rosas dice que habían dado muerte a más de 20.000 indios, qué bondadoso ¿no?”, ironizó el historiador de Paraná.

Urquiza

En Entre Ríos alcanzó grandes propiedades Justo José de Urquiza, siendo gobernante. Si bien en el litoral se iniciaron colonias agrícolas (Esperanza, San José, etc.), eso no ocurrió en Buenos Aires, donde siguieron apareciendo familias acaudaladas como las de Pedro Luro o los Peralta Ramos.

Sobre Urquiza, dijo Vilar: “Se considera que tuvo alrededor de un millón de hectáreas, desde la década del 40 hasta su muerte. Las heredaron sus hijos e hijas, y ya divididas las estancias de Urquiza, las conservaron sus descendientes. Por ejemplo la estancia San Pedro, de la que terminó siendo propietario el general Luis María Campos. De ahí los Campos Urquiza. O la estancia Santa Cándida, donde hay un palacete, que terminó quedando en manos de los Sáenz Valiente. Y descendientes de Urquiza fueron los que donaron las tierras acá sobre las barrancas del Paraná, donde Bertozzi después realizara el Parque Urquiza”

Martínez de Hoz

Ya sobre la llamada campaña al “desierto” de Roca, dijo Vilar: “El desierto era la pampa húmeda y semiárida. 60 millones de hectáreas… Esta campaña en parte iba a ser financiada por ‘generosos’ comerciantes y también terratenientes de Buenos Aires que iban a comprar anticipadamente una legua cuadrada por 400 pesos fuertes. Se ponían en venta en total 4.000 leguas cuadradas en 4.000 bonos del estado. Con esto el estado iba a recaudar 1.600.000 pesos fuertes. Eran los adelantados en comprar de antemano las tierras que fácilmente serían ganadas porque ya el indio no tenía la menor posibilidad de enfrentar los adelantos tecnológicos de que disponía el gobierno nacional. Principalmente el Remington, el arma a repetición en el ejército de Roca, pero además el telégrafo y parte de las líneas ferroviarias que avanzaban sobre territorio bonaerense”.

“Algunos comerciantes de Buenos Aires financiaron la campaña a través de la compra de bonos, y se hicieron de algunos ‘terrenitos’. Por ejemplo la familia Martínez de Hoz, hasta ese momento de comerciantes. Compró la friolera de 1.000 leguas cuadradas, dos millones quinientas mil hectáreas”, subrayó Vilar.

La conferencia del historiador giró en torno del despojo y la matanza de indios para desocupar las tierras que entregarían a las altas clases sociales; a las arremetidas del ejército y a las maniobras para hacer enfrentar a los pueblos originarios entre sí, en distintos gobiernos.

Ya con varios siglos de experiencia, la expulsión de habitantes y a la vez la destrucción del ambiente para los negocios de carnes, granos, inmobiliarios o especulativos ha quedado en el ADN del poder de la Argentina, que es en definitiva lo que desbrozó la conferencia de Juan Vilar

Las marquesas pontificias y los marqueses de Yavi

En el abanico de los terratenientes que presentó Vilar aparecen casos curiosos como las encomiendas de Jujuy, o la historia de Adelia Harilaos de Olmos

“Rosas fue comandante de la frontera de Río Cuarto antes de su campaña y ahí intimó con un gran comerciante que se llamaba Ambrosio Olmos.

Fue proveedor del ejército en la campaña. También gobernador de la provincia de Córdoba”.

“Gran visionario y comerciante, Olmos va a comprar pacientemente los pequeños predios que les tocaron a soldados, suboficiales del ejército, y se convertirá en uno de los hombres más poderosos de la Argentina”.

“Era casado con Adelia Harilaos que va a enviudar siendo joven. Esta señora será una de las tres marquesas pontificias en la Argentina, gran beneficiaria del Vaticano. Donó palacios, donó dinero en cantidad al Vaticano, y ahí se fue la herencia que dejó Ambrosio Olmos”

La aristocracia

Terratenientes más o menos déspotas, más o menos ilustrados, más o menos “filántropos”. Oligarcas de uno u otro lado en las luchas fratricidas. Algunos benefactores del Vaticano (con las tierras saqueadas al indio), otros exprimiendo la connivencia con los jefes políticos. Los poseedores de grandes latifundios no encajan en un solo molde. Ni los de ayer ni los de hoy.

La acumulación de propiedades comenzó con la invasión europea y no se sabe cuándo terminará, pero hay momentos clave que definen la historia, como La Forestal de los ingleses en el gran Chaco mencionada por Vilar, como la participación infame de Lucas González; o las extensiones del tamaño de verdaderos países de los Martínez de Hoz.

Ayer ÁlzagaUnzué o Mackinlay, hoy Carlos Pedro Blaquier del imperio Ledesma. Ayer Anchorena o Calvo Menéndez Behety, hoy Eduardo Epstein del imperio Irsa-Cresud o el correntino Lázaro Báez hacendado en la Patagonia. Todos descendientes de viejos encomenderos, o amigos del poder en sucesivos gobiernos, sean dictaduras o “democracias”, y benefactores de distintas religiones y partidos. Ingleses, italianos, argentinos, el gran capital no repara en bandera ni credo.

Los nombres cambian, el destierro (cuando no la muerte) de muchos indios, obreros, campesinos, por la avaricia de unos pocos es lo que permanece. De hecho, el despoblamiento de vastos territorios y el hacinamiento es marca registrada de la Argentina.

Sin embargo, no faltaron advertencias, alertas y acciones contra la concentración de la propiedad de la tierra a lo largo de la historia, y entre ellas resplandece el Reglamento de Artigas. Allí se paró Juan Vilaren la conferencia convocada por Agmer Paraná y el centro de estudios artiguista Junta Abyayala por los Pueblos Libres, para analizar el problema ocasionado, en las antípodas, por la burguesía terrateniente

En el noroeste

“Es algo excepcional lo sucedido con el más grande propietario de este subcontinente que fue el marqués de Yavi (marquesado del Tojo). A través de distintas encomiendas el marqués de Yavi fue señor de toda la Puna argentina y boliviana”, recordó Vilar.

“No deja de ser curioso también que el cuarto marqués de Yavi adhirió a la revolución de 1810 y después de luchar al lado de Güemes, sobre todo, fue tomado prisionero y murió en el cautiverio (Ese marqués era Juan José Feliciano Fernández Campero Pérez de Uriondo Martiarena). Pero finalmente hubo un quinto marqués de Yavi que reconquistó, o se le devolvieron las tierras. Y en ese gran latifundio por muchísimo tiempo, mucho más allá de mayo de 1810, de la Asamblea del año XIII con sus reformas, los indios que habitaban esas tierras siguieron pagando tributo, derechos, al señor de Yavi. Hacia la década de 1870 los pueblos indígenas y algunos criollos que habitaban esas encomiendas se revelaron y se produjo un enfrentamiento mezclado con la lucha de mitristas y federales. El asunto fue a recalar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que finalmente resolvió que los fundos de Cochinoca y Casabindo eran de la provincia. Pero resulta que los otros fundos de los marqueses de Yavi o sus descendientes continuaron siendo de su propiedad y los habitantes siguieron pagando tributo ¡hasta entrado el siglo XX!”.

“Señalo esto que puede ser una referencia muy colateral porque aquí en nuestro país se sancionan leyes solemnemente, las estudiamos, por ejemplo la actitud de la soberana Asamblea del XIII que eliminó las encomiendas… y pasado un siglo los descendientes seguían cobrando tributos”

Tierra, colonia y capital financiero

Afirmó Juan Vilar que los terratenientes “fueron sí los dueños del país junto con los ingleses”, y mostró la casta terrateniente en presidentes y ministros

Tras el atropello europeo se dio el atropello ya “argentino” con los Rivadavia, Rosas, Urquiza, Roca, y con alta presencia de la diplomacia y la banca extranjera. Una vez consolidado el reparto en enormes estancias, los presidentes, vicepresidentes, ministros estuvieron en su mayoría ligados a esa casta.

“Fueron casi todos grandes propietarios. Por ejemplo, Francisco Madero, Norberto Quirno Costa (vicepresidente), Carlos Pellegrini (presidente), Luis Sáenz Peña (presidente), Bernardo de Irigoyen (gobernador de Buenos Aires), Eduardo Racedo (gobernador de Entre Ríos y compañero de Roca). Carlos Tejedor (gobernador de Buenos Aires)…”.

“A partir de este momento, la clase dirigente argentina fue casi toda terrateniente. Hayan sido militares, comerciantes, intelectuales, etc.

Estas grandes familias se convirtieron en la clase alta de Buenos Aires y se apoderaron del país. Las propiedades sufrieron subdivisiones con el tiempo. Pero entonces llegamos a la época actual en que todavía estos apellidos de la clase alta siguen siendo grandes propietarios”.

“Los ingleses en esta ápoca de gran reparto van a ser  también grandes propietarios. Con Rosas muchos comerciantes y dueños de predios en la provincia se van a convertir también en acaudalados. Los ingleses harán los ferrocarriles y quedarán como dueños. Propietarios de grandes empresas, por ejemplo de frigoríficos, empresas de telégrafos, de electricidad. Además, el crédito Baring Brother todavía no se terminaba de pagar pero desde Mitre, para financiar fundamentalmente esa guerra que bien merece llamarse de la Triple infamia, del Paraguay, habrá un nuevo período de endeudamientos, de préstamos otra vez con la Baring Brother y con otros bancos de Gran Bretaña”.

De los Alvear al Petiso orejudo

“Entonces, quiénes fueron favorecidos por la distribución de tierras expropiadas, confiscadas, saqueadas, a los nativos por Roca en su campaña”, se preguntó Juan Vilar en la conferencia, y respondió: “Por ejemplo: Diego y Torcuato de Alvear recibieron 97.500 hectáreas cada uno. Saturnino Unzué, gran propietario antes de esta generosidad que tuvo Roca con él, 250.000 hectáreas. Cambaceres 120.000, Eduardo Casey 270.000. Un personaje interesante Casey que terminó fundido debido a sus arriesgados negocios. Aparece el hermano de Roca con 42.000 hectáreas. Roca se quedó con la estancia La Larga, 60.000 hectáreas. Marcelino Ugarte, que después fue apodado el Petiso orejudo, gobernador gran fraudulento de la época conservadora, 175.700 hectáreas…”

Daniel Tirso Fiorotto. Diario UNO de Entre Ríos. Domingo 11 de octubre.

- postaporteñ@ 1484 - 2015-10-12 08:18:05
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Archivo Castiglioni: los informantes de izquierda, el rollo 8 y las carpetas sobre Fernández Huidobro

Alta tensión

El archivo incautado en el domicilio del coronel Castiglioni despertó preocupaciones varias por las consecuencias de su contenido, y plantea interrogantes sobre la actuación de varios ministros de Defensa

Brecha  8 de octubre 2015
Samuel Blixen

NO HUBO QUE REVOLVER MUCHO,el viernes 2, cuando la jueza Beatriz Larrieu, el fiscal Carlos Negro y un grupo de policías especializados iniciaron el allanamiento del domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni en busca de un archivo militar oculto. Entre las primeras cosas que se encontraron había dos abultadas carpetas grises, a modo de expedientes rotulados a mano. “Fernández Huidobro”, decían con trazos gruesos. Por alguna razón, fácil de imaginar, el ex oficial de inteligencia, ex director del Calen, había recopilado una considerable información sobre el ministro de Defensa Nacional, cuyo contenido, seguramente, fue alimentado con los documentos referidos al ex tupamaro que estaban en el archivo militar incautado en ese allanamiento. Después, en las ocho horas que duró el procedimiento judicial, los magistrados ubicaron decenas de cajas con miles de hojas impresas que corresponden, verosímilmente, al archivo microfilmado del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) cuya versión DEPURADA fue ubicada en 2008 por la entonces ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti. A vuelo de pájaro, los magistrados confirmaron que algunos de los documentos incautados eran los originales de las microfilmaciones. Con cierta ingenuidad, la dueña de casa, viuda del coronel, quiso restar importancia al hallazgo. “Mi marido tenía toda la información en su cabeza. Estos papeles no son nada, estuve a punto de quemarlos.”

El coronel Elmar Castiglioni era un hombre temido en las Fuerzas Armadas. El temor se originaba en la voluminosa información que manejaba, secreta o reservada, tanto de la época de la dictadura como de períodos más recientes

Por cuenta de otros, o estimulado por otros, Castiglioni era depositario de un archivo –uno de los tantos de origen militar, aún no ubicados– con material sensible. Pero, además, el temor surgía de la manera en que el coronel hacía uso de esa información, para presionar, para generar situaciones, para operar políticamente, para crear coyunturas en su propio beneficio o del grupo con el que mantenía afinidades, tanto en la organización Foro Libertad y Concordia como en la cárcel de Domingo Arena, donde están recluidos algunos de los más notorios oficiales del SID y el OCOA. La existencia de las carpetas con información sobre el ministro de Defensa podría confirmar el montaje de uno de esos operativos políticos. La incógnita se despejará cuando la jueza Larrieu y el fiscal Negro analicen su contenido, pero en todo caso revela que esos “juegos de inteligencia” pueden tener como objetivo a los más altos funcionarios del gobierno.

El rumor, al menos en el ámbito del Ejército, de que el coronel Castiglioni ocultaba información de archivos militares era algo más que una simple presunción. Esos insistentes rumores fluyeron hacia el despacho de la ministra Berrutti, en el momento en que se realizaban las consultas con los mandos superiores para impulsar una reestructura de los servicios de inteligencia del Estado. Básicamente, la idea consistía en reducir de 250 A 100 LOS EFECTIVOS DE INTELIGENCIA,de los cuales 80 serían profesionales, preferentemente de nivel terciario, tanto militares como civiles, y los 20 restantes personal militar operativo. Para entonces, dos asistentes de Berrutti impulsaban la reestructura, y otros dos habían sido contratados para la tarea de digitalizar los documentos microfilmados que la ministra había ubicado en las dependencias de inteligencia que funcionaban en el antiguo cuartel del Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR)

Una de las primeras tareas de esa nueva estructura incipiente fue determinar el grado de veracidad de aquellos rumores que daban cuenta de la ubicación de uno de los archivos escondidos. La doctora Berrutti, consultada el lunes 5 por La Diaria, explicó que una tarea prioritaria de su gestión era ubicar la parte que faltaba del archivo del ex CGIOR. Dijo que la información apuntaba a un coronel, pero que ella no sabía quién era. “No era tan fácil”, explicó a La Diaria. Sin embargo confirmó que el contenido de los documentos incautados el viernes 2 “arrojará luz sobre todo el proceso de integración al Plan Cóndor” y sobre las “situaciones que derivaron en la muerte o desaparición de ciudadanos del país”

Lo que la ex ministra llama “el faltante” de las microfilmaciones es, precisamente, toda la documentación que se refiere a las actuaciones de los militares y los informes sobre los operativos que derivaron en detenciones, muertes y desapariciones. Además de los “huecos” y “saltos” que evidenciaban las microfilmaciones,un indicio de que el archivo había sido “DEPURADO” es precisamente la comprobación de que no hay ningún documento que INVOLUCRE DIRECTAMENTE a los oficiales actuantes o a los superiores que ordenaron dichos operativos

En el despacho de la ministra se acumularon indicios sobre la identidad del coronel que supuestamente había “robado” lo que faltaba del archivo. Un grupo de oficiales tomó a su cargo el trabajo de contrainteligencia y comenzó a realizar seguimientos al coronel Castiglioni y a montar una vigilancia de su domicilio de la calle Luis Alberto de Herrera. Castiglioni detectó esa vigilancia y realizó una denuncia judicial.

En enero de 2008 estaba todo pronto para realizar un allanamiento, a cargo de dos coroneles. El general Rosales, comandante del Ejército, estaba al tanto del operativo. En esas circunstancias, Azucena Berrutti renunció. “Yo tuve que dejar el ministerio”, dijo Berrutti a La Diaria, sin explicar qué eventos la obligaron a tomar esa medidaimprevista. “Hay un hecho, me fui y la cosa se paró, no pasó más nada”, agregó. Indicó que “para saber cuáles son las razones habría que preguntar a las personas. Incluso al actual ministro. ¿Por qué no hace nada? Porque si él hubiera querido, para él hubiera sido, pienso yo, muy sencillo. A lo mejor hay razones importantes que uno no conoce”

Azucena Berrutti fue sustituida por el entonces subsecretario, José Bayardi. En el despacho ministerial, como confirma la ex ministra, el operativo de contrainteligencia estaba a la espera de una decisión. Bayardi optó por congelar el episodio, con lo que de alguna manera quedaron en evidencia los coroneles responsables de la investigación. “Eran oficiales de alta graduación que se involucraron en la defensa de la institucionalidad, de los derechos humanos y de la verdad”, comentó una fuente a Brecha, quien aventura que Bayardi debe de haber manejado razones políticas para tomar esa decisión. Sin embargo, Bayardi desmintió a Brecha, en enero pasado, cuando en un informe que dio cuenta de ese trabajo de ubicación del archivo se consignaba la negativa del entonces ministro a autorizar el allanamiento. El ex ministro afirmó, en una carta dirigida a este semanario, (1) que nunca tuvo conocimiento de un expediente de contrainteligencia, afirmación que contiene una porción de verdad, porque no había un expediente, aunque sí había sido debidamente informado de la situación, que prefirió ignorar. Berrutti, por su parte, lo confirma al señalar que habría que preguntar el porqué a los que vinieron después de ella. Un último intento de defender la actuación del ex ministro de la Vertiente Artiguista estuvo a cargo del ex senador Enrique Rubio, quien, después del allanamiento, escribió en Twitter: “La verdad que si no aportan algo probatorio distinto a lo afirmado por Bayardi, otro gallo cantará ¡y no va a gustar!”, lo que parece una amenaza en la dirección de Berrutti

Bayardi no sólo detuvo ese operativo; también congeló la reestructura de la inteligencia del Estado y se abstuvo de re contratar a aquellos civiles que estaban realizando el trabajo de digitalización de las microfilmaciones, cuando el paso siguiente era comenzar a analizar la documentación y establecer las relaciones y vínculos que permitirían obtener nueva información. Esa tarea no fue realizada hasta el momento

Este intrincado y desconcertante proceso tuvo, siete años después, un resultado inesperado. Fue la justicia la que decidió allanar el domicilio del coronel Castiglioni, acción que evitaron cuatro ministros de Defensa. El disparador fue el fallecimiento del coronel de 61 años. Quienes sabían –y eran muchos, civiles y militares– de los indicios que apuntaban a Castiglioni, se preguntaron qué pasaría ahora con toda esa documentación que quedaba huérfana de custodio.En esas circunstancias, semanas después del fallecimiento, el actual secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura,Javier Miranda, elevó a la jueza Beatriz Larrieu un escrito en el que denunciaba que documentación oculta en poder del coronel Castiglioni podía contener información sobre la detención, tortura y asesinato de su padre, el escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron ubicados en diciembre de 2005 en los predios del Batallón 13 de Infantería. Aunque la jueza aún tenía pendiente la firma del secretario Miranda ratificando anteriores declaracionesaportadas en su calidad de testigo, se incorporó el escrito al expediente y se dio curso al allanamiento.

La incautación de las decenas de cajas con material militar secreto SUPONE UN GRAN SALTO EN LA BÚSQUEDA de documentación que permita avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos y las torturas. Una prueba del valor de la documentación incautada es la descacharrante crónica publicada por El Observador, con base en declaraciones de varios ex oficiales, cuyo objetivo es minimizar la importancia de los documentos (“es muy poco probable que la información requisada tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar”) o desviar la atención (“lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente”)

Hay, por un lado, una confesión patente en esos ex oficiales: ¿cómo saben lo que hay o no en esos documentos, a menos que ellos también los tengan o los hayan visto?  Y además, un invento disparatado: la documentación sobre los informantes había sido incautada antes, en las microfilmaciones. En la Secretaría del Pasado Reciente se puso a recaudo un rollo, EL ROLLO NÚMERO 8, que rezaba, precisamente: “Informantes”

(1)   Cabe aclarar que la carta que Bayardi asegura haber enviado vía mail a Brecha para ser publicada nunca llegó a la redacción ni a la dirección de correo electrónico del director. Es política del semanario publicar siempre las respuestas enviadas por personas aludidas en nuestras notas. Este caso no sería la excepción, y por tanto queremos dejar en claro que si no publicamos el texto en su momento fue porque jamás supimos de su existencia.

envió, subrayo y tituló:

PIRINCHO - postaporteñ@ 1483 - 2015-10-11 09:23:29
postaporteñ@_______________________________

La identidad del progresismo, su agotamiento y los relanzamientos de las izquierdas

Eduardo Gudynas

07/10/2015 alainet.org

Las circunstancias que afectan a los gobiernos progresistas en América Latina siguen despertando mucha atención. Algunas reflexiones recientes señalan una crisis, un final o un agotamiento del progresismo, mientras que otros rechazan cualquier debilidad o retroceso (1). Intentando salir del ruido en este debate, se confirma la divergencia entre izquierdas y progresismos, donde éstos últimos muestran una condición propia de un agotamiento antes que un final. Sorpresivamente, unos cuantos defensores de los progresismos en lugar de repotenciarlo confirman esta situación.

El reconocimiento que los progresismos tienen una identidad política en sí misma es evidente desde los dichos y prácticas de esos gobiernos y sus bases de apoyo. Estos usan ese rótulo, lo defienden, e incluso lo usan en sus coordinaciones continentales (como los Encuentros Latinoamericanos Progresistas, ELAP)

Esta distinción del progresismo como un régimen político distintivo, que resulta de una “gran divergencia” con las izquierdas desde las cuales se originaron, ya fue señalada poco tiempo atrás (2). En efecto, las izquierdas de fines de los años noventa, entre otras cosas criticaban las bases conceptuales del desarrollo, se comprometieron a terminar con la corrupción en el estado y la política, defendían la ampliación de los derechos y la justicia, buscaban una radicalización de la democracia con más participación y consultas, y estaban estrechamente vinculadas a diversos movimientos sociales.

Los progresismos actuales, en cambio, abrazan las ideas del desarrollo aunque disputan la apropiación de sus excedentes, parecen haberse rendido ante la corrupción, recortan algunos derechos ciudadanos, insisten en una mirada economicista de la justicia, detuvieron o retrocedieron en los mecanismos de democracia participativa y deliberativa para volcarse hacia el hiperpresidencialismo, y poco a poco se fueron desconectando de muchos movimientos sociales hasta terminar enfrentados con algunos de ellos

Los progresismos se reconocen a sí mismos como una familia política y establecen claras distinciones con otras posturas. Se presentan como parte de un mismo agrupamiento progresista gobiernos que van desde Nicolás Maduro en Venezuela hasta Tabaré Vázquez en Uruguay. A la vez se consideran distintos, por un lado de los gobiernos conservadores (otro amplio conjunto que incluye a O. Humala en Perú o J.M. Santos en Colombia), y por otro lado, del resto de las izquierdas, a las que varios califican como infantiles, ultra, radicales o trotskistas. Por todo este tipo de razones, las diferencias entre izquierdas y progresismos se han vuelto fáciles de capturar y las organizaciones ciudadanas las usan cada vez más

Es comprensible que existan muchos entusiastas del progresismo, pero también hay que aceptar que sus ideas y prácticas merecen ser sopesadas críticamente. Si eso se hace con seriedad, está claro que estos progresismos no se han vuelto neoliberales. Calificarlos de esa manera no sólo me parece exagerado, sino que muestra problemas conceptuales en entender el concepto de neoliberalismo

Pero los progresismos también son diferentes de las posiciones de las izquierdas plurales, independientes y democráticas de las que partieron a finales de los años noventa. Los progresismos rehúyen de las pluralidades y prefieren los pensamientos únicos, no les gusta mucho la independencia ya que reclaman obediencia, y privilegian la delegación democrática hacia el hiperpresidencialismo antes que radicalizarla localmente.

En cuanto a sus ideas sobre el desarrollo, cuando se analiza lo que dicen y hacen los progresismos, si bien hay matices en sus estrategias, todas ellas buscan el crecimiento económico a partir de la exportación de recursos naturales y la atracción de inversiones, apoyan la ampliación del consumo popular y aplican algunas medidas compensatorias con los sectores más pobres. Sus Estados conceden al capital en varios frentes para conseguir estabilidad económica e inserción comercial, mientras que intenta controlarlo en otros, en especial allí donde puede aumentar la captura estatal de excedentes. Supieron aprovechar una coyuntura de altos precios de las materias primas y crisis en las naciones industrializadas para crecer económicamente

Fin de ciclo o agotamiento

Esas estrategias están enfrentando variados problemas, y que son especialmente evidentes en Venezuela y Brasil. Bajo ese contexto resurgió el debate sobre si esos progresismos están en una crisis terminal o se están agotando. La distinción entre las dos condiciones no es menor, ya que sería muy arriesgado hablar de un final de ciclo. Aún bajo condiciones muy adversas, los agrupamientos políticos progresistas pueden ganar una elección y retener el poder (como sucedió con la reelección de Dilma Rousseff en 2014 en Brasil). Incluso hay progresismos que por ahora tiene buen respaldo y son estables (como el Frente Amplio en Uruguay).

Pero más allá de si retienen o no los gobiernos, es más claro que se ha debilitado la reflexión teórica que los sostenía, están perdiendo sus capacidades de innovación, de responder a las nuevas circunstancias, y les cuesta mucho mantener alineada a su propia militancia por lo que deben recurrir asiduamente a las adhesiones de sus propios funcionarios o a impresionantes campañas publicitarias. Se le hace más difícil explicar los pactos económicos para sostener sus estrategias de desarrollo (como las concesiones al capital extranjero, las flexibilizaciones sociales y ambientales o los acuerdos con la vieja derecha). Siguen pendientes problemas serios, como la violencia urbana o agudos deterioros ambientales. La conclusión es que no estamos ante una crisis final sino que presenciamos un agotamiento

Al sumarse los problemas, la conflictividad retoma en varios países, pero ya no se logra apaciguarla fácilmente apelando al encantamiento con ideas y sensibilidades progresistas. A la vez, hay menos opciones para revertirla por medio de compensaciones económicas. El Estado progresista se ve forzado a lidiar con la conflictividad mediante otros instrumentos, como recortando algunos derechos, criminalizando la protesta, e incluso ha llegado a cruzar algunas líneas rojas de la represión (como ha ocurrido recientemente contra movilizaciones indígenas en Ecuador y Bolivia). Son medidas que alejan a esos gobiernos todavía más de la izquierda y los vuelve aún más progresistas.

Las defensas progresistas

Es bajo esta coyuntura que aparecen las recientes defensas a los progresismos. En muchas de ellas los alcances son limitados y se repiten ideas comunes, pero lo que más impacta es que en su propia formulación refuerzan esta percepción de agotamiento

Algunos ejemplos ilustran esta situación

Como los argumentos escasean, posiblemente las defensas más comunes están en afirmar que cualquier cuestionamiento expresa pensamientos conservadores o sirve a los intereses de la derecha. No se analizan las puntualizaciones de la izquierda, sino que el progresismo inmediatamente la rotula de conservadora. O bien, se afirma que las prédicas de la izquierda son funcionales a las ideas conservadores. Tampoco hay argumentos, sino que se parte de un juicio previo donde cualquier crítica al progresismo siempre serviría a intereses conservadores y por ello debe ser rechazada

Otras defensas se centran en destacar hechos positivos, como la reducción de la pobreza o el control nacional sobre algunos recursos naturales. Sin duda allí hay avances progresistas, y esas son sus herencias más positivas. Pero parece que no se asume que ese tipo de justificaciones están perdiendo su fuerza, y que las contradicciones actuales de ese tipo de desarrollo son cada vez más claras. La insistencia en reducir la justicia al campo de los instrumentos de compensación económica parece estar chocando son sus límites, y se hace evidente que por ese sendero se vuelve a caer en una mercantilización de la vida social y la Naturaleza, un extremo que las izquierdas rechazan pero los progresismos parecen aceptar bajo ciertas condiciones

Están los que afirman que los progresismos no pueden ser culpados por los problemas actuales ya que ellos se deben a lo que ocurrió diez o quince años atrás, bajo los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, la desindustrialización en Brasil sería culpa de las administraciones Collor o Cardoso, y se evita analizar en detalle las responsabilidades de los dos gobiernos de Lula da Silva o Dilma Rousseff. En la misma línea, otros van todavía mucho más atrás, sosteniendo que contradicciones actuales, como los extractivismos, no se pueden resolver porque venimos haciendo lo mismo durante cinco siglos

Aquí el agotamiento se expresa como fugas al pasado que desnudan las trabas en asumir un análisis crítico sobre el presente. Siguiendo con el ejemplo de Brasil, hay dificultades para evaluar el papel del progresismo en exacerbar la PRIMARIZACIÓN de las exportaciones, el desmedido apoyo gubernamental a las grandes corporaciones (los llamados “campeones nacionales”, algunos de los cuales ahora se sabe participaban en redes de corrupción con el mundo político), las resistencias a lograr cadenas productivas compartidas con los países vecinos, o las medidas financieras que sobre todo beneficiaron a la banca.

Otras defensas, en cambio, se atrincheran en la dimensión internacional, aunque por momentos se cae en simplificaciones fenomenales. Los progresismos por cierto han tenido momentos estelares, como la derrota del ALCA, y que debemos reconocer. Pero eso no impide analizar problemas actuales, como los roles concedidos a China, las razones que explican la ausencia de políticas regionales comunes en rubros claves como energía o agroalimentos en espacios como UNASUR, o las incapacidades en concretar efectivamente el Banco del Sur o el SUCRE

Por último, hay defensas progresistas que son bastante sinceras en dejar al desnudo este agotamiento. Como no hay argumentos piden adhesión y obediencia. Esto se puede ver, pongamos por caso, en los cuestionamientos de Emir Sader a los que denomina como mesiánicos escritores de misivas (tal vez en alusión a una carta pública donde varios intelectuales alertábamos sobre el hostigamiento del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, a un puñado de ONGs). Sader dice, con mucha acidez, que los que firman esas cartas públicas son personas sin “ninguna capacidad de influencia en la realidad”, sin “ningún vínculo con la izquierda latinoamericana realmente existente”, y que cuando fueron candidatos partidarios tuvieron “votaciones irrisorias” (3). Su posición es clara: abandona el sitio de un intelectual independiente y crítico, para reclamar disciplina y adhesión partidaria

Si se apelara a una defensa basada en argumentos y explicaciones, habría que fundamentar qué tiene de izquierda amenazar con cerrar a organizaciones ciudadanas que trabajan en temas de desarrollo o ambiente, o que apoyan a sindicatos o indígenas. O analizar si un gobierno es realmente tan pero tan débil que siente que cuatro pequeñas ONGs lo amenazan. O explicar cuál es la lógica política de entender que una carta pública será cierta o errada según el caudal de votos que pudieron tener algunos de sus firmantes. Uno de los adherentes en defensa de esas ONGs fue Noam Chomsky, de donde habría que preguntarse si lo que ha escrito ese académico debe ser desechado por no haber ganado nunca una elección

Cuando el único camino que queda para este tipo de defensas es apelar a una incondicional y disciplinada adhesión al gobierno, es evidente que estamos ante un agotamiento conceptual. No se analiza si lo que hace un gobierno está bien o mal, sino que se exige no hacer públicas las críticas.

Relanzando debates en clave de izquierdas

¿Cómo lidiar con esta situación?  Las izquierdas que son plurales e independientes no pueden quedar atrapadas bajo estas circunstancias. El debate de ideas sigue siendo fundamental, el entendimiento de las prácticas y urgencias de los movimientos sociales es indispensable, y el antídoto ante los slogans sigue siendo manejos serios y rigurosos de la información y los análisis. Las voces de las izquierdas son necesarias, aunque sin duda deberán navegar bajo condiciones adversas ya que en muchos casos serán hostigadas desde los progresismos como por la derecha

Las izquierdas plurales, democráticas e independientes siguen teniendo un papel crítico, tanto para evitar retornos a gobiernos y posturas conservadoras, como para alertar sobre consecuencias negativas de los progresismos actuales. Muchas medidas que están tomando estos gobiernos ante la presente crisis tienen efectos casi contrarios a los supuestos beneficios que dicen sus defensores. Por ejemplo, la adicción progresista a los extractivismos, está dejando economías todavía más dependientes de las materias primas, un viejo sueño de las corporaciones transnacionales que manejan el comercio en esos rubros, y a la vez se traban las exploraciones de alternativas postextractivistas, otro sueño de las empresas mineras y petroleras

Las izquierdas plurales y democráticas también deben estar atentas a no caer en reflejos conservadores, ni ser partícipes de una restauración neoliberal. El antídoto está en permanecer siempre enfocadas en los compromisos con la justicia social y ambiental. Pero tampoco deberían caer en guerrillas intelectuales donde la diferencia es personificada en enemigos a combatir, o en una lucha para ver quién es más de izquierda.

Muy por el contrario, las izquierdas deben relanzar sus propias miradas críticas, que rescaten los aportes positivos de los progresismos, pero que también sean capaces de entender sus contradicciones y retrocesos. Ellas dejan en claro que los progresismos no son el final del camino, sino una etapa en procesos de cambio que necesitar proseguir. No pueden quedarse calladas, y todos tenemos que escuchar sus reflexiones sobre justicia social y ambiental. 

Notas

1. Algunas defensas conocidas son: ¿El final del ciclo (que no hubo)?, Emir Sader, ALAI (Quito), 14 setiembre 2015; Diagnosticadores de la capitulación, Aram Ahoronian, Nodal (Buenos Aires), 15 setiembre 2015; Geopolítica de América latina: entre la esperanza y la restauración del desencanto, Alfredo Serrano M., ALAI (Quito), 15 setiembre 2015. Entre las críticas recientes se pueden señalar a: El fin del relato progresista en América Latina, S. Schavelzon, Animal Político, La Razón, La Paz, 21 junio 2015; Hora de hacer balance del progresismo en América Latina, R. Zibechi, Brecha (Montevideo), agosto 2015; Venezuela: ¿crisis terminal del modelo petrolero rentista?, E. Lander, Aporrea (Caracas), Octubre 2014.

2. Esta distinción fue adelantada, por ejemplo, en Izquierda y progresismo: la gran divergencia, E, Gudynas, ALAI, Quito, 24 diciembre 2013, http://alainet.org/active/70074

3. Os missivistas messiânicos, E. Sader, Carta Maior (S. Paulo), 30 agosto 2015.

- Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Este artículo adelanta algunas ideas de un libro en preparación sobre la divergencia entre las izquierdas y los progresismos en América del Sur. Twitter: @EGudynas

- postaporteñ@ 1483 - 2015-10-11 08:45:04
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